Desesperados por remontar los resultados: El Gobierno destinará $700 mil millones a piqueteros y planes sociales
Sergio Massa anunció otro paquete de medidas como método de estrategia para la campaña electoral, incrementando un 65% en programas como Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar.
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Debido al fracaso electoral de las últimas elecciones PASO, el actual ministro de Economía, Sergio Massa, informó sobre las próximas medidas que aplicará el gobierno de cara a finales de octubre, entre ellas, despilfarrar un poco más de $700.000 millones con el propósito de seguir manteniendo a los movimientos piqueteros.
A menos de dos meses de las generales, Nación giró una cifra de $410.000 millones al programa Potenciar Trabajo y $290.000 millones para Tarjeta Alimentar. El cúmulo total de este derroche de dinero es de $776.300 millones, que previo a ello ya había tenido un aumento de casi $50.000.000.
Sergio Massa, durante el anuncio de las medidas.
“No es el plan platita, es el plan justicia; que los que más tienen mejor repartan. No es otra cosa”, aseguraba el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, durante conferencia de prensa, luego de que Massa incrementara un 65% las partidas presupuestarias. “Piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en su bolsillo. Con esto estamos haciendo un poco de justicia”, siguió.
“Les pido que piensen en estos momentos electorales. Nosotros escuchamos a la gente y leemos lo que nos dicen”, enfatizaba el mandatario. “Por favor despertemos, yo entiendo el malestar que están viviendo. A ese malestar, con las medidas que Sergio anunció el otro día estamos tratando de aplacarlo, de hacerlo más llevadero”, continúo.
Por último, sentenció: “Todo lo que pudimos aportar a las provincias, lo hemos hecho en silencio. Nosotros no es que estamos poniendo la plata ahora, lo hicimos en silencio, convencidos de que ese es el camino para hacer una Argentina grande”.
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En una sesión polémica y tensa, la Cámara Alta vivió un controversial momento cuando el senador de La Libertad Avanza (LLA), Juan Carlos Pagotto, introdujo modificaciones escandalosas en el proyecto de ley destinado a aumentar las penas por la compra y venta de niños.
Desde su banca, el legislador riojano —miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales— propuso que las familias que vendan a sus hijos por necesidad queden exentas de pena. Pagotto, conocido aliado de Lule Menem, leyó estas modificaciones como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría, generando una inmediata y feroz reacción y confusión de la oposición.
Durante la sesión, Pagotto enunció: “Se impondrá prisión de 4 a 10 años a quien reciba o entregue un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”. Sin embargo, agregó: “Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad”.
La senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, lo interrumpió inmediatamente: “No está leyendo el dictamen, ¿no, senador Pagotto? Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas pero no es el dictamen”. La aclaración de Di Tullio desató una ola de críticas hacia Pagotto, quien intentó excusarse diciendo que el dictamen de comisión era solo una “guía” y que la discusión debía darse en el pleno.
El debate giraba en torno a la modificación del artículo 139 bis del Código Penal, inicialmente impulsada por la senadora radical, Carolina Losada, y el peronista, Antonio Rodas. El proyecto buscaba endurecer las penas por la compra y venta de menores, aumentando las condenas de “4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.
La “trampa” de Pagotto y la inclusión de la excepción para familias en estado de necesidad provocaron un escándalo mayúsculo: “Hay familias enteras que tienen ocho o nueve hijos, que alguna vez han dando, como quien dice, algún chico y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección”, expresó, intentando justificar su polémica modificación.
Pagotto junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem
La organización Militamos la Adopción denunció la maniobra del senador libertario a través de Twitter, señalando que los cambios propuestos hubieran implicado la aprobación de un código penal que legalizaba la venta de menores de edad. La reacción de los senadores y la presión de la sociedad civil lograron evitar la aprobación de esta modificación, devolviendo el proyecto a la comisión para un análisis más exhaustivo. “Los niños no son mercancía, ni puede equipararse la apropiación con adoptar. No existe la adopción ilegal, si no es legal es apropiación”, puede leerse en el texto.
El proyecto original de Losada y Galaretto contemplaba la eximición de la pena a los progenitores en “situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas”, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en el Capítulo. Esta redacción más cuidadosa buscaba evitar la criminalización de las familias más vulnerables sin abrir la puerta a la legalización de la venta de niños.
Finalmente, el Senado aprobó la ley en general por unanimidad, pero la intervención —señalada como “maliciosa”— de Pagotto, y la necesidad de un debate más profundo sobre el articulado, obligaron a los legisladores a regresar el expediente a comisión. La votación final, sin embargo, reafirmó el compromiso del Senado con la protección de los menores y el endurecimiento de las penas por su comercialización.
El diputado nacional y flamante presidente de la asamblea partidaria del Pro, Martín Yeza, criticó duramente a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificándola de “desagradecida con Mauricio Macri” y con el partido.
El exintendente de Pinamar también acusó al grupo cercano a Bullrich de haber “larretizado” la interna partidaria.
Yeza recordó un acto reciente donde el excandidato presidencial, el intendente de Tres de FebreroDiego Valenzuela y su esposa, la senadora bonaerense Daniela Reich, propusieron una fusión con referentes libertarios sin consultar al partido. “No hace falta ser así de despectivo, de desagradecido”, criticó.
El diputado también destacó que, en 2015, Bullrich no tenía antecedentes en seguridad, pero Macri confió en ella para liderar el Ministerio de Seguridad, destacando su apoyo en crisis como el caso de Santiago Maldonado y el incidente de Chocobar. “Mauricio la bancó”, afirmó.
Yeza señaló que, en 2020, Bullrich fue elegida titular del PRO “sin asamblea ni votación” debido a la confianza interna. Sin embargo, criticó su falta de gratitud y enfatizó que su enfoque político no funcionó. También mencionó que los liderazgos de Bullrich y Rodríguez Larreta durante la última elección causaron perjuicios al partido.
En esa línea, el ex intendente de Pinamar reconoció las figuras emergentes de los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) como ejemplos de renovación dentro del partido. También hizo un llamado a una renovación generacional en la política, destacando la necesidad de nuevas ideas.
Sobre el futuro de Mauricio Macri, Yeza afirmó que el expresidente está enfocado en “formar nuevos cuadros” y expresó su deseo de que Macri no se vea obligado a postularse nuevamente. “Si tiene que volver, es que hicimos mal las cosas”, enfatizó.
Los funcionarios del Ministerio de Economía, la Secretaría de Legal y Técnica del Gobierno y técnicos de la AFIP están trabajando intensamente para finalizar los decretos reglamentarios correspondientes a la Ley Bases y al paquete fiscal.
Según fuentes cercanas al proceso, se espera que los decretos empiecen a ser publicados en el Boletín Oficial a partir de la próxima semana. Este paso es crucial para que la AFIP pueda concluir las resoluciones necesarias y así implementar los cambios propuestos.
En el ámbito fiscal, la AFIP está desarrollando aplicativos que incorporan modificaciones en las escalas y alícuotas del monotributo, ajustes en el impuesto a las Ganancias, la implementación de una moratoria impositiva, un nuevo esquema para liquidar el impuesto a los Bienes Personales y la regularización de activos mediante un blanqueo.
Por su parte, el Ministerio de Economía busca tener todo listo lo más rápido posible para comenzar a incrementar la recaudación por diversas vías. La reintroducción del Impuesto a las Ganancias implicará que aproximadamente 800.000 asalariados vuelvan a tributar bajo este impuesto, con la establecimiento de nuevos umbrales desde los cuales se aplicará el gravamen.
Para los asalariados, estos umbrales serán de $1.800.000 y $2.300.000 de salario bruto para trabajadores solteros y casados con dos hijos respectivamente. En el caso de los autónomos, el monto de ganancia imponible sujeto al gravamen será $335.000 menor que los montos mencionados anteriormente.
En el año 2024 se actualizan diversos parámetros del monotributo, incluyendo el límite de facturación de cada categoría, el monto del impuesto integrado, los alquileres devengados, y las contribuciones a Obras Sociales y al Régimen Previsional. Además, las categorías superiores no tendrán restricciones según el tipo de actividad realizada, permitiendo a quienes realicen locaciones o servicios inscribirse en categorías actualmente restringidas como I, J o K.
En cuanto al impuesto sobre Bienes Personales, se introducen cambios significativos. Se propone una reducción progresiva de las alícuotas, eliminando la diferencia entre bienes situados en el país y en el exterior. La alícuota máxima para el ejercicio fiscal 2023 será del 1,5%, reduciéndose gradualmente hasta alcanzar el 0,25% en 2027. Además, se permite a los contribuyentes pagar de manera anticipada el impuesto correspondiente a los períodos 2024-2027 de forma unificada.
El régimen de blanqueo se presenta como una oportunidad amplia para regularizar activos existentes hasta el 31 de diciembre de 2023. Incluye a residentes y a personas jurídicas vigentes a esa fecha, con excepciones para quienes hayan ejercido funciones públicas en los últimos diez años y sus familiares, así como para individuos declarados en quiebra o condenados por delitos tributarios y aduaneros, entre otros.
Además, se establece una extensa moratoria para obligaciones impositivas y de la Seguridad Social vencidas hasta el 31 de marzo de 2024. Esta moratoria abarca incluso el Aporte Solidario y Extraordinario establecido por la Ley 27.605, permitiendo la regularización de obligaciones incluidas en planes de pago caducados o no, así como aquellas en discusión administrativa y judicial, con la condición de que la cancelación total de la deuda resulte en la extinción de la acción penal correspondiente.
En el día de hoy, el gobierno publicó en su boletín oficial el Decreto 599/2024 en el que se establece una nueva reglamentación en el acceso a los mercados aerocomerciales. Esta medida busca transformar la dinámica actual en la aviación nacional, a través de la fomentación de la competencia y la mejora de los servicios a los ciudadanos.
La desregulación implica la eliminación de restricciones que anteriormente limitaban la entrada y operación de nuevas aerolíneas en el mercado argentino. Con esta medida, se espera una mayor oferta de vuelos, precios más competitivos y un incremento en la calidad del servicio, beneficiando tanto a los pasajeros como a la industria en general.
La entrada de nuevas aerolíneas podría traducirse en una mayor variedad de destinos, frecuencias de vuelo y tarifas más accesibles. Esto no solo facilita los viajes de negocios y turismo dentro y fuera del país, sino que también puede estimular el crecimiento del turismo interno y la conectividad regional.
Los nuevos reglamentos del sector aerocomercial en Argentina se regirán por principios que incluyen: acceso libre al mercado con procedimientos administrativos rápidos; estímulo a la competencia leal; desregulación tarifaria y libertad de precios; seguridad operacional y vigilancia continua; libertad comercial en frecuencias y rutas aéreas bajo criterios operativos; intervenciones gubernamentales limitadas y digitales; otorgamiento inmediato de frecuencias solicitadas; incentivos para nuevas rutas y transportadores; declaración y transparencia en niveles y capacidad aeroportuaria; asignación justa de servicios aeroportuarios; y participación ad honorem de actores de la industria en la toma de decisiones, coordinados por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
En conferencia de prensa, el vocero Manuel Adorni agregó que “con esta medida se reforman normativas arcaicas que tienen décadas en la Argentina, esto es un paso muy importante para la modernización y la liberalización del espacio aéreo. Esto va a incluir la digitalización y automatización de trámites, la desregulación de los servicios de rampas, agilizar los procesos para otorgar nuevas rutas, liberar trabas para impulsar nuevos negocios y permitir que los dueños de pequeñas aeronaves no pasen por los mismos procesos burocráticos que una gran aerolínea.”
Esta política de “Cielos abiertos” va en consonancia con lo anunciado recientemente por el gobierno nacional a partir de la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que las personas que recibieron ayuda salarial del Estado durante la pandemia a través del programa ATP y aquellos que cuentan con subsidios en las tarifas podrán adquirir dólares en el mercado financiero mediante las cotizaciones MEP y contado con liquidación.
En un comunicado difundido el martes por la tarde, la autoridad monetaria, liderada por Santiago Bausili, informó sobre nuevas medidas para flexibilizar los controles cambiarios en las importaciones. “El Banco Central de la República Argentina ha dado un nuevo paso en el proceso de remover y flexibilizar las regulaciones de acceso al mercado de cambios, con el objetivo final de eliminar completamente las restricciones”, declaró la entidad.
Con esta medida, se habilitará a ciertos grupos, anteriormente restringidos, a acceder a operaciones de dólar MEP y contado con liquidación. Estos incluyen beneficiarios de refinanciaciones de saldos de tarjetas de crédito durante la pandemia, diversos créditos a tasa cero y subsidios, entre otros. También se permitirá a estos individuos suscribir créditos hipotecarios en pesos y utilizar el dólar MEP para operaciones inmobiliarias.
El BCRA también decidió reducir los plazos para que las empresas paguen importaciones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y aumentar el monto que los exportadores de servicios no están obligados a liquidar en el MLC. A partir del 1º de agosto, el esquema de pagos de importaciones se reducirá a dos cuotas: una a los 30 días y otra a los 60 días, cada una del 50% del monto total.
Asimismo, se amplió el monto exento de liquidación para las exportaciones de servicios por parte de personas humanas residentes. Ahora se permite cobrar hasta USD 24.000 por año calendario en cuentas locales en dólares sin la obligación de liquidarlos en el MLC, frente al límite anterior de USD 12.000.
En una estrategia para diferenciarse de las políticas económicas del libertario Javier Milei, el gobernador de Entre Ríos, RogelioFrigerio, puso en marcha un ambicioso plan de financiamiento destinado a fortalecer el sector productivo y las economías regionales de mencionada provincia. Este plan contempla una inversión superior a los $8 mil millones en diversas líneas de créditos subsidiados a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Banco Entre Ríos.
Durante su visita al stand del Banco Entre Ríos en la reciente Agroactiva 2024, el gobernador anunció la disponibilidad de créditos destinados a la compra de maquinarias e insumos, con una tasa subsidiada del 16,17% y un plazo de pago de hasta 48 cuotas. Estos préstamos, financiados en parte por el gobierno provincial, se presentan como una herramienta clave para impulsar la capacidad productiva y generar empleo en el sector privado.
Frigerio destacó que la oferta inicial de $5.000 millones en créditos fue ampliamente superada por las solicitudes, que alcanzaron los $7.000 millones. “Este interés manifiesto de unos 100 productores entrerrianos en acceder a la propuesta evidencia la avidez por el trabajo y la producción que caracteriza a nuestra sociedad”, subrayó el mandatario.
En el marco del programa de Reactivación Productiva del CFI, Entre Ríos se posicionó como la provincia que más créditos gestionó, alcanzando un total de $4.686 millones. Esta línea incluye proyectos de financiamiento a cadenas productivas por $2.000 millones, financiamiento verde por $1.000 millones, y un fondo de $300 millones destinado al desarrollo productivo y financiero de las mujeres. “En momentos de escasez de recursos, es fundamental buscar herramientas que permitan salir adelante, trabajando junto a organizaciones como el CFI para mejorar la capacidad de entregar créditos a nuestro sector productivo”, afirmó Frigerio.
Además, el Fondo de Garantía del CFI ha permitido certificar garantías por más de $500 millones, con tres proyectos ya gestionados por un valor total de $1.500 millones, entre los que se destacan Lácteos Tonutti, El Hinojo y Entrenuts. “Estas iniciativas son un claro reflejo del compromiso y la resiliencia de nuestros productores, que no bajan los brazos pese a las dificultades”, señaló el gobernador.
El enfoque de Frigerio contrasta marcadamente con el de Milei, quien adoptó una postura más radical en términos de reducción del rol del Estado en la economía. Frigerio, en cambio, aboga por una ayuda estatal estratégica para fomentar el desarrollo económico y social: “Como gobernante, me inspira la perseverancia de nuestros productores. Es un ejemplo que debemos seguir en el sector público para enfrentar y superar los desafíos actuales”, concluyó.
