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Tan pronto fue anunciada la intención de llevar a debate el análisis de la medida para el próximo año, estallaron los diferentes sectores políticos a favor y en contra.
En este contexto, el Gobierno nacional, a través del presidente Alberto Fernández, firmó este lunes el Consenso Fiscal 2022 junto a los distintos gobernadores del país. De esta manera, se fijará el régimen impositivo para el año entrante, además, desde la Casa Rosada hay intenciones de ingresar en el debate al “impuesto a la herencia”.
Así lo confirmó este domingo una funcionaria del Ministerio del Interior y dio por hecho que desde la Casa Rosada buscarán relanzar el gravamen. Asimismo, lanzó fuertes críticas al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por imponerse al Consenso Fiscal 2022.
“Venimos trabajando con las provincias hace dos o tres meses, cada provincia nos hizo una devolución. La única jurisdicción que no va a firmar es la Ciudad (de Buenos Aires), que no hizo ninguna devolución de la propuesta” declaró Batakis, y señaló: “En esa propuesta surge la idea de analizar el año que viene el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, coloquialmente ‘la herencia’, que está en todos los países desarrollados”.
El Impuesto alcanzará el enriquecimiento que se obtenga en virtud de toda transmisión a título gratuito, incluyendo Las herencias, los legados, las donaciones y los anticipos de herencia. Así, también, Cualquier otra transmisión que implique un enriquecimiento patrimonial a título gratuito.
Al respecto, cabe dejar en claro que el compromiso asumido por las provincias es para debatir este impuesto en el ámbito legislativo de cada jurisdicción. Son las legislaturas provinciales el ámbito en donde deberá discutirse eventualmente la introducción de este nuevo impuesto. En otras palabras, no quiere decir que por el solo hecho de haber firmado el Consenso una ley vaya a ser sancionada en cada jurisdicción firmante. Tampoco quiere decir que aquella jurisdicción que no haya suscripto el Consenso no pueda remitir a su propia legislatura un proyecto de ley introduciendo precisamente este tipo de impuestos, ya que es una potestad propia de cada jurisdicción provincial independientemente de la firma o no del Consenso Fiscal.
Plantado el debate en la sociedad, varios lados políticos se mostraron a favor de la propuesta alegando que no corresponde a ninguna actividad del contribuyente ya que se trata de una renta “no ganada” por lo que no es parte de su esfuerzo, siendo sinónimo de equidad.
Por otro lado, varias voces se levantaron en contra de esta iniciativa, sosteniendo, en base al antecedente de Provincia de Buenos Aires (i.e.: jurisdicción que ya tiene este impuesto vigente desde hace 10 años) que resulta confiscatorio, inconstitucional además de resultar de difícil gestión y recaudación.
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El gobierno dio inicio el pasado martes 15 de abril un despliegue militar sin precedentes en las fronteras norte y noreste del país. La “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, también conocida simplemente como “Operación Roca”, muestra un cambio en la estrategia de seguridad fronteriza, otorgando a las Fuerzas Armadas un rol más activo que busca combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en zonas consideradas críticas.
Una característica distintiva del operativo es la creación de un Comando Conjunto específico para dirigir las acciones militares. Según lo trascendido, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Isaac, será responsable de ejecutar el accionar conforme al planeamiento militar vigente. Este Comando Conjunto contará con un comandante designado para la conducción directa de las tareas en terreno, quien coordinará los esfuerzos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en las zonas delimitadas.
La maniobra se sustenta en un marco jurídico que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad fronteriza bajo circunstancias específicas. Esta iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 11 de abril y firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri.
Este se integra adyacente con el Plan Güemes, otra actividad de seguridad fronteriza que ya venía ejecutándose desde el año pasado. En un acto realizado en Tartagal, Luis Petri y Patricia Bullrich, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzaron la segunda fase del Plan Güemes simultáneamente.
“Esta es una zona crítica de nuestra frontera, y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas”, afirmó el gobernador Sáenz.
El despliegue abarca una extensa área limítrofe con Bolivia, Paraguay y Brasil, considerada especialmente vulnerable por su geografía y por la histórica presencia de actividades ilícitas transnacionales. Entre las regiones específicamente mencionadas en los planes, se encuentran las provincias de Salta (Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza), Corrientes (departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, Paso de los Libres y Monte Caseros), Formosa y Chaco, junto con algunas zonas de Misiones.
El despliegue inicial incluye tropas del Regimiento de Monte 28 de Tartagal, unidad especializada en operaciones en terrenos de difícil acceso y con amplia experiencia en la región. Progresivamente, se sumarán efectivos y equipamiento de las tres fuerzas armadas, con especial énfasis en las zonas rurales y de frontera seca.
Históricamente, las Fuerzas Armadas habían participado en operativos con un papel secundario, proporcionando principalmente apoyo logístico, transporte y comunicaciones a las fuerzas de seguridad. Luis Petri, ha impulsado desde su asunción “la necesidad de emplear el instrumento militar con mayor participación en funciones de cooperación con las fuerzas de seguridad en escenarios críticos de la frontera del país”.
Se ampara principalmente en dos instrumentos legales, como la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y la Ley de Seguridad Interior N° 24.059. La primera define a la defensa nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas”, enfatizando su papel en la protección de la soberanía territorial y los intereses vitales de Argentina. Por su parte, la Ley de Seguridad Interior establece el marco para la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en zonas de frontera, especialmente ante riesgos que afecten la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos argentinos.
Adicionalmente, el operativo se fundamenta en el Decreto-Ley N° 15.385/44 y el reciente Decreto Reglamentario N° 1112/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que habilita al Ministerio de Defensa a “tomar las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y control en las Zonas de Seguridad de Fronteras por parte de las Fuerzas Armadas”.
Jorge Capitanich, exgobernador chaqueño y actual candidato a diputado provincial por el peronismo, denunció recientemente que en la provincia del Chaco existía un “colapso sanitario”. Para respaldar su denuncia, difundió fotografías en medios a fines que mostraban situaciones críticas en el Hospital Perrando, una de las principales instituciones sanitarias de la región. A su vez, rápidamente se descubrió que estas eran de hace 7 años atrás.
“Es un caradura, después de gobernar 16 años y destruir la provincia”, afirmó el actual gobernador, Leandro Zdero, quien salió al cruce con duras críticas.
Las imágenes utilizadas por Capitanich para ilustrar la supuesta crisis fueron tomadas en mayo de 2018 por el Diario Norte, durante el gobierno de Domingo Peppo, quien también pertenece a su mismo espacio político. Irónicamente, muchos de los destinatarios de su mensaje, incluyendo al doctor Daniel Pascual, reconocido dirigente peronista que durante el último gobierno de Capitanich se desempeñó como director del mismo hospital Perrando, compartieron estas imágenes sin verificar su fecha de origen.
Pese a las críticas, el equipo de prensa de Capitanich, que compartió las fotos en un comunicado de su coalición, el Frente Chaco Merece Más (FCHMM), no aclaró que se trataba de material de archivo ni precisó si hubo o no una intención deliberada de desinformar al electorado. Sin embargo, esta controversia se desarrolla en un momento político particularmente sensible para la provincia del Chaco. El próximo domingo 11 de mayo de 2025 se celebrarán elecciones provinciales donde se elegirán 16 bancas de diputados provinciales.
– El exgobernador y candidato utilizó fotos del año 2018 para denunciar una “crisis sanitaria”
Zdero, quien asumió el gobierno provincial tras la gestión de Capitanich, ha denunciado repetidamente la “dramática herencia” económica y administrativa dejada por su predecesor. Según declaraciones del Ministro de Economía de Chaco, Alejandro Abraam, la administración de Capitanich dejó compromisos por 116.000 millones de pesos con una disponibilidad real de apenas 1.300 millones en caja, definiéndolo como “un maestro del dibujo”.
“Sigue mintiendo como lo ha hecho todo este tiempo”, subrayó, agregando: “A la provincia hoy le faltan 40 mil millones, y si le sumamos los 30 mil millones de las cuentas de otros sectores del Estado, ese faltante alcanza a los 70 mil millones”.
La pulseada legislativa por modernizar el mecanismo de selección de jueces volvió a dar un paso adelante. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento —que encabeza la diputada radical Gabriela Lena— firmó este martes por la tarde un dictamen de mayoría que respalda el proyecto del Poder Ejecutivo para actualizar la Ley del Consejo de la Magistratura. La iniciativa regresa así al recinto con retoques puntuales, después de que la propia comisión pidiera la semana pasada revisarla artículo por artículo.
En diálogo con la prensa, Lena explicó las razones del giro: “Después de hablar con el Ejecutivo, vimos que podíamos tener algunos inconvenientes con algunos artículos. Hicimos algunas consideraciones y cambiamos en el proyecto dos incisos del artículo 2° que tienen que ver con la conformación del Consejo de la Magistratura. También hubo una corrección de redacción en otro artículo”. Según detalló, la representación de los distintos estamentos dentro del órgano seguirá atada a lo que marca la Constitución provincial; lo que varía es la modalidad de elección de esos delegados y el universo habilitado para votar.
La revisión también incorpora cambios que buscan destrabar los concursos, hoy empantanados. “Rescatamos que la ley actual funcionó en algunas cosas y en otras no. Lo que funcionó se dejó y lo otro se trató de modificar”, subrayó la legisladora. Entre los ajustes más sensibles aparecen la eliminación del recurso directo ante el Superior Tribunal de Justicia —al que recurrían aspirantes disconformes con los puntajes— y la supresión del llamado “banco de casos”, un repositorio de expedientes que, en la práctica, demoraba los exámenes y frenaba la cobertura de vacantes.
Otro eje destacado por Lena es la habilitación de concursos anticipados. Esa figura solo se activará cuando las vacantes pendientes estén cubiertas, pero permitirá iniciar con tiempo la selección de reemplazos para jueces, fiscales o defensores que hayan anunciado su jubilación. El objetivo, remarcó la diputada, es que “exista un listado de personas que ya han concursado y no sea necesario hacer todo el procedimiento” cada vez que se produce un retiro.
La reforma crea además la Escuela Judicial, concebida para nivelar la formación de los postulantes. El nuevo instituto ofrecerá capacitación obligatoria tanto a abogados del ámbito privado como a quienes ya se desempeñan en el Poder Judicial, de modo que todos compitan con herramientas académicas y prácticas equivalentes.
Se mantiene, eso sí, la veda que impide a un profesional presentarse simultáneamente a concursos en distintas circunscripciones. Sin embargo, si un postulante resulta ganador, quedará habilitado a competir luego por un cargo de mayor jerarquía, una flexibilización pensada para retener talento dentro del sistema.
Con el dictamen firmado, el proyecto vuelve a la Cámara baja y podría tratarse en el próximo plenario. El oficialismo confía en que la redacción consensuada logre el respaldo necesario para convertirse en ley y, así, poner fin a los retrasos que desde hace años afectan la cobertura de juzgados y fiscalías en toda la provincia.
El lunes pasado, el presidente Javier Milei sorprendió al sector agropecuario al confirmar que la reducción de retenciones vigente desde enero terminaría el 30 de junio. “A las exportaciones tradicionales les bajamos las retenciones transitoriamente, vuelven en junio [hay una reducción que, en rigor, vence el 30 de junio próximo]. Porque dijimos que eran transitorias, así que avísenle al campo que si tiene que liquidar que liquide ahora porque vuelven en junio”, enfatizó el mandatario.
La medida original, que redujo la alícuota de la soja del 33% al 26% en enero pasado, se había presentado como temporal y se sumó a otras disposiciones gubernamentales. Aun así, el anuncio de Milei desató inquietud entre los productores, que esperaban mayor continuidad. Cabe recordar que, según el informe técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno se había reservado la posibilidad de modificar los gravámenes aplicados a las exportaciones.
La declaración presidencial generó reacciones inmediatas de la dirigencia rural. “Estamos sorprendidos, no esperábamos esa medida sobre las retenciones en este momento, esperamos una comunicación oficial para trabajar sobre este tema tan importante para el campo. Insistimos que el productor necesita previsibilidad y políticas a largo plazo”, dijo Lucas Magnano, presidente de Coninagro.
Andrea Sarnari, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), recalcó que el productor mediano y pequeño vende su grano a medida que necesita cubrir costos y no por especulación: “Eso es inminente, siempre es así. No es el productor agropecuario el que especula guardándose el cereal y que tenga que salir a liquidar, va a ser [la venta] en la medida que sea necesario para vivir y para pagar los costos”. Sobre la urgencia de eliminar los derechos de exportación, sostuvo: “Así se lo hemos hecho saber no solo al ministro de Economía [Luis Caputo] sino también al secretario de Agricultura [Sergio Iraeta] en todas las oportunidades que hemos tenido”. Además, insistió en la necesidad de que la baja transitoria sea definitiva, sobre todo para la próxima campaña de trigo.
– Lucas Magnano, presidente de Coninagro
Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), interpretó que el mensaje de Milei estaba dirigido más bien a los exportadores que al productor. “No es un mensaje para el campo, sino más dirigido a los exportadores. El Presidente sabe que los productores no liquidamos, que nosotros entregamos nuestro producido a exportadores y acopios y demás”, subrayó.
En una entrevista posterior, Pino cuestionó que no se hubiera incluido la eliminación de retenciones en la denominada Ley Bases y apuntó contra el oficialismo: “Llama la atención que no esté incluida”. Además, acusó cierta “angurria del sector libertario por querer ir por todo, incluso por lo que se considera ya ganado” y remarcó que “el Estado no puede seguir sacándonos como si fuésemos una caja sin fondo”. A su criterio, las razones fiscales del Gobierno están “desfasadas de la realidad del campo” y consideró que “no se puede gobernar desde el prejuicio”. Según Pino, la producción no está detenida y “cada dólar que entra por exportaciones viene del trabajo del productor”.
– Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina
Sobre la insistencia oficial para que el agro “liquide”, Pino fue categórico: “El campo no va a liquidar porque lo hacen los exportadores”. También apuntó que “los números marcan lo contrario” a la supuesta falta de ventas.
Pablo Ginestet, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), advirtió que “los dichos del Presidente hacen acordar a otras épocas de la política que se pensaba que habían quedado atrás” y calificó el anuncio como una “amenaza” de volver a subir impuestos si el sector no vende: “Si no logramos bajar los DEX, este tipo de política económica que está llevando adelante el Presidente lo único que garantiza es que en el 2026 haya menos dólares del sector agropecuario porque la producción va a caer claramente con este nivel de precios”.
En una línea similar, Patricio Kilmurray, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), consideró que los dichos de Milei “no se sabe si es una medida, una propuesta o una amenaza” y alertó: “Sería muy lamentable de que las retenciones volvieran a los porcentuales anteriores, a pesar de que se sabía de que eran temporales”.
Por su parte, Nicasio Tito, titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), recordó que en el sector se presumía una continuidad de la baja más allá de junio. Sin embargo, resaltó que el mismo Gobierno había tomado medidas que benefician al sojero con la eliminación del dólar blend y el salto de la cotización de $1080 a $1200 tras levantarse el cepo cambiario. “Es muy prematuro tomar una postura al respecto con lo que dijo el Presidente hoy, sobre todo sabiendo que el viernes le dio una zanahoria y media al sojero”, puntualizó.
El lunes 14, los titulares de las cuatro entidades de la mesa de enlace (SRA, Coninagro, Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas) se reunieron con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. El encuentro estaba originalmente programado para abordar temas como barreras sanitarias y el envío de carne desde La Pampa hacia el sur, a raíz de la emergencia tras los incendios en Río Negro durante el verano. Sin embargo, las declaraciones de Milei sobre el regreso de las retenciones alteraron el foco de la discusión.
– El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta
Al término de la reunión, Pino indicó que no se profundizó en la cuestión de la suba de retenciones porque “el Presidente firmó el decreto en enero y dijo que esta medida terminaba el 30 de junio. Lo que hizo fue describir lo que él dispuso. Hay que esperar, hay que dejar que las cosas sigan. El Presidente tiene claro que los productores no liquidamos, los que liquidan son los exportadores”.
Los dirigentes agropecuarios reiteraron en todas sus intervenciones que la previsibilidad y la reducción de la carga impositiva resultan claves en un momento crucial para planificar la campaña de trigo. A la espera de medidas oficiales, manifestaron que continuarán reclamando que la baja transitoria de las retenciones se transforme en definitiva y que no haya un incremento de los gravámenes después del 30 de junio.
Micaela Jara, directora de la sede de ANSES en Zapala (Neuquén) y referente local de La Libertad Avanza, generó controversia en redes sociales luego de publicar fotografías de su nuevo Ford Territory, cuyo valor estimado ronda los 47 a 50 millones de pesos.
En su cuenta de Facebook, la funcionaria agradeció el logro: “Si algo aprendí es que los sueños se trabajan. Gracias Diosito”.
Fuentes del mercado automotor consultadas por este medio confirmaron la cotización aproximada del vehículo. Jara, quien se presenta como licenciada en Comercio Internacional y estudiante avanzada de Derecho, mantiene una activa presencia en redes sociales de LLA y responde a la diputada nacional, Nadia Márquez.
El jefe regional de ANSES para Neuquén, Río Negro y La Pampa, Andrés Chialva, presentó oficialmente a Jara a través de un posteo en Instagram el 18 de julio de 2023.
Según trascendidos en redes, este sería el segundo auto 0 km que la funcionaria adquiere, luego de otro vehículo similar mostrado en mayo de 2024.
La Cámara de Diputados de Entre Ríos desembarcó este lunes en La Paz y Santa Elena con dos jornadas de prevención que reunieron a centenares de estudiantes preocupados por el avance de las apuestas en línea. Las actividades, organizadas por la Dirección de Control de Adicciones del Ministerio de Salud provincial, contaron con la diputada Carolina Streitenberger y el diputado Bruno Sarubi como referentes legislativos de una iniciativa que busca dotar al Estado de herramientas para frenar lo que ya califican como “una futura epidemia”.
Streitenberger explicó que “la Cámara lleva adelante una campaña, con el proyecto del cual soy autora y otros que estaban en comisión y han sido unificados”, y detalló que la demanda surgió de establecimientos educativos del Departamento La Paz, motivo por el cual se articularon las charlas con la cartera sanitaria. La primera se realizó en el salón de actos de la Escuela Secundaria N.º 15 Domingo French; la segunda, por la tarde, en el Club Urquiza de Santa Elena.
Según la legisladora, “los jóvenes son muy participativos; conviven con compañeros o familiares atrapados por plataformas ilegales y ya no ven el problema como algo lejano”. Esa realidad, añadió, los expone a “un consumo problemático que puede derivar rápidamente en adicción”.
Mientras tanto, la comisión de Desarrollo Social —que ella preside— pule los últimos ajustes del proyecto de ley que regulará los juegos en línea. “Nos quedan pocos detalles por corregir; en una reunión o dos tendremos dictamen y el texto llegará al recinto para su votación”, adelantó.
Las jornadas contaron también con la presencia de docentes, directivos, la directora departamental de Escuelas Alejandra Marusich y el director provincial de Prevención y Control de Adicciones Pablo Cymbalista. Antes de regresar a Paraná, Streitenberger y Sarubi fueron recibidos por el intendente de La Paz, Walter Martin, y concejales del oficialismo, quienes se comprometieron a respaldar la iniciativa cuando llegue al recinto.
ADOCTRINABAN CON EL DINERO DE LOS ARGENTINOS: LOS DESALOJAMOS
Una redacción kirchnerista usurpó ilegalmente el Espacio de la Memoria Virrey Cevallos: lo convirtieron en un búnker partidario que le costaba $210 millones de pesos a los argentinos, solo en sueldos.
Los…
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) April 30, 2025
