13 mayo, 2025

¿Cómo afectaría al agro el impuesto a la riqueza?

¿Cómo sabe un productor si es alcanzado por este impuesto? El proyecto prevé un "aporte solidario y extraordinario".
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Según el oficialismo, la iniciativa alcanzaría a menos de 11 mil personas. Sin embargo, el cálculo es mayor: los inmuebles rurales quedan alcanzados -por el incremento de la base imponible, con principal impacto de aquellos adquiridos de 2018 en adelante- y el tipo de cambio considerado para valuar los bienes en dólares -brecha entre diciembre 2019 y la fecha de promulgación de la ley.

Bajo el título del “Impuesto a las grandes fortunas”, el oficialismo instaló en la agenda política y social la creación de una nueva contribución –adicional a las obligaciones tributarias vigentes-que, además, tiene altas chances de convertirse en Ley antes de fin de año.

Para ello, el Gobierno nacional está avanzando en un nuevo Consenso Fiscal, a negociar con los gobernadores, y solicitando el apoyo del impuesto a las grandes fortunas para lograr la sanción en el Congreso. De todos modos, en la Cámara de Diputados no habría grandes obstáculos ya que el oficialismo tendría el aval de los bloques aliados. En el Senado, el Frente de Todos cuenta con una amplia mayoría de bancas, por lo que se descuenta que encuentre mayores dificultades para lograr alzarse con la sanción definitiva.

Durante su debate en Comisión, y luego de cinco reuniones informativas, el texto del dictamen sufrió algunas modificaciones, entre ellas, que la fecha que se tendrá en cuenta para el cálculo del patrimonio será la de la sanción de la ley y no el 31/12/2019, como estaba originalmente propuesto.

Este cambio, como señalamos al inicio, es clave, ya que impacta en el tipo de cambio a utilizar, en las valuaciones fiscales de los inmuebles rurales (el impacto en muchas provincias es enorme) y en la revaluación de todos los bienes en general, que deberán ser calculados a la fecha de promulgación de la Ley y no al 31/12/19.

¿Quiénes se verían alcanzados por este aporte obligatorio?

Todas aquellas personas humanas y sucesiones indivisas que hayan declarado, a la fecha del dictado de la Ley, un total de bienes que sea igual o mayor a los $200 millones de pesos, incluyendo muchos de los bienes que hoy están exentos según la Ley de Bienes Personales, como los inmuebles rurales, las cajas de ahorro, los plazos fijos, la casa habitación, los bonos argentinos y algunos bonos extranjeros

Las alícuotas para bienes en el país son de entre el 2% y el 3.5%, que dependerá de si el patrimonio ronda los $200 millones de pesos, los $300 millones o incluso supera esa cifra. El pago mínimo sería de no menos de $4 millones de pesos.

¿Cómo sabe un productor agropecuario si es alcanzado por este impuesto?

La Ley de Bienes Personales es la base del cálculo para la valuación de los bienes.

Pero también es el origen del debate de uno de los puntos más controversiales del proyecto: según el texto, la base imponible de este aporte considerará todos los bienes, independientemente de aquellos bienes exentos en la Ley de Bienes Personales, como son los inmuebles rurales. Además, tampoco se permite la deducción de los eventuales pasivos que tenga el contribuyente y no se aplicaría el mínimo no imponible.

De esta manera, al valor del Activo que se obtenga por la Valuación del Inmueble rural, debe sumarse el Patrimonio o Capital de la empresa unipersonal o de la sociedad de capital que lleve adelante la producción en el campo ya que quedan alcanzadas también las sociedades. Recordemos que, en el impuesto a los Bienes Personales, las sociedades de capital quedan exentas ya que pagan por vía de responsable sustituto.

¿Cómo calculo la valuación de los inmuebles rurales?

Dentro de la producción agropecuaria, los inmuebles rurales son uno de los bienes más importantes y se valuarán de acuerdo a la Ley de Bienes Personales, a su costo de compra, adquisición o herencia, o a su Valuación fiscal -el mayor de ambos.-.

La clave para saber si el inmueble queda contemplado dentro del aporte extraordinario es la fecha de su incorporación al patrimonio.

De esta forma, cuanto más antigua es la fecha de adquisición, menor será su valor, y, por ende, se considerará el valor fiscal. Por el contrario, los inmuebles adquiridos más recientemente – entre 2 y 4 años atrás- van a ser valuados al valor de compra, y posiblemente queden alcanzados.

¿Qué pasa con los inmuebles donados y las acciones de sociedades?

Respecto a la donación de inmuebles rurales con reserva de usufructo, la Ley de Bienes Personales define que deben ser declarados por el usufructuario, y no por el nudo propietario. Es por esta razón que, en el nuevo impuesto a la riqueza, los inmuebles rurales donados formarán parte de la base imponible de aquel que haya realizado la donación. La clave es revisar la base imponible en estos casos, incluyendo el impacto del Inmueble rural, ya que en la Ley de Bienes Personales están exentos.

Otras exenciones en Bienes Personales son las acciones de sociedades que cotizan en Bolsa y las que no cotizan en Bolsa -sociedades de familia, por ejemplo-, pero dada la redacción de este proyecto también se verían alcanzados por el impuesto.

De esta manera la sociedad que lleva adelante la producción en el campo, la que tiene los tractores, maquinaria, sementeras, y todos los activos necesarios para desarrollar la actividad, queda gravada con este impuesto, nuevamente sin tener en cuenta su exención en Bienes Personales. Es muy importante entender el impacto por el valor del Patrimonio Neto ajustado por inflación en las sociedades agropecuarias.

Un ejemplo: un inmueble rural, de 500 hectáreas, en zona núcleo, que fue adquirido en los últimos dos años, cuando el dólar tenía un valor de $37, por ejemplo, sería alcanzado. A diferencia de un inmueble, recibido por herencia o adquirido treinta años atrás, de dos mil hectáreas, posiblemente no lo sea.

Sintetizando

Este proyecto de Ley atenta de manera directa sobre los bienes productivos del sector agropecuario, al no permitir deducciones ni contemplar las deudas, utilizando una base imponible totalmente irreal, aplicándole al patrimonio alícuotas excesivas.

Sumado a la carga fiscal que ya pesa sobre los inmuebles rurales que pagan el impuesto inmobiliario provincial y las tasas viales de cada municipio, este nuevo aporte sería un tercer impuesto, recayendo sobre el mismo bien.

En caso de aprobarse el impuesto, generará un verdadero impacto financiero en las empresas agropecuarias, ya que se trata de activos, en general, con poca liquidez, afectados a actividades productivas, con toda la inversión realizada, tanto en agricultura como ganadería, y con un ciclo de ventas ya presupuestado.

Qué tendrá que vender el productor agropecuario para poder hacer frente: ¿activos fijos, producción sin terminar o endeudarse a las tasas actuales del mercado totalmente inaccesibles?

Por último, habrá que realizar un análisis individualizado de cada situación particular, para identificar la confiscatoriedad de este tributo que podría llegar a acreditarse en línea con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

*Fuente: Agrofy News


Redacción

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Malestar del campo tras el anuncio de Milei sobre el regreso de las retenciones

El lunes pasado, el presidente Javier Milei sorprendió al sector agropecuario al confirmar que la reducción de retenciones vigente desde enero terminaría el 30 de junio. “A las exportaciones tradicionales les bajamos las retenciones transitoriamente, vuelven en junio [hay una reducción que, en rigor, vence el 30 de junio próximo]. Porque dijimos que eran transitorias, así que avísenle al campo que si tiene que liquidar que liquide ahora porque vuelven en junio”, enfatizó el mandatario.

La medida original, que redujo la alícuota de la soja del 33% al 26% en enero pasado, se había presentado como temporal y se sumó a otras disposiciones gubernamentales. Aun así, el anuncio de Milei desató inquietud entre los productores, que esperaban mayor continuidad. Cabe recordar que, según el informe técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno se había reservado la posibilidad de modificar los gravámenes aplicados a las exportaciones.

La declaración presidencial generó reacciones inmediatas de la dirigencia rural. “Estamos sorprendidos, no esperábamos esa medida sobre las retenciones en este momento, esperamos una comunicación oficial para trabajar sobre este tema tan importante para el campo. Insistimos que el productor necesita previsibilidad y políticas a largo plazo”, dijo Lucas Magnano, presidente de Coninagro.

Andrea Sarnari, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), recalcó que el productor mediano y pequeño vende su grano a medida que necesita cubrir costos y no por especulación: “Eso es inminente, siempre es así. No es el productor agropecuario el que especula guardándose el cereal y que tenga que salir a liquidar, va a ser [la venta] en la medida que sea necesario para vivir y para pagar los costos”. Sobre la urgencia de eliminar los derechos de exportación, sostuvo: “Así se lo hemos hecho saber no solo al ministro de Economía [Luis Caputo] sino también al secretario de Agricultura [Sergio Iraeta] en todas las oportunidades que hemos tenido”. Además, insistió en la necesidad de que la baja transitoria sea definitiva, sobre todo para la próxima campaña de trigo.

– Lucas Magnano, presidente de Coninagro

Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), interpretó que el mensaje de Milei estaba dirigido más bien a los exportadores que al productor. “No es un mensaje para el campo, sino más dirigido a los exportadores. El Presidente sabe que los productores no liquidamos, que nosotros entregamos nuestro producido a exportadores y acopios y demás”, subrayó.

En una entrevista posterior, Pino cuestionó que no se hubiera incluido la eliminación de retenciones en la denominada Ley Bases y apuntó contra el oficialismo: “Llama la atención que no esté incluida”. Además, acusó cierta “angurria del sector libertario por querer ir por todo, incluso por lo que se considera ya ganado” y remarcó que “el Estado no puede seguir sacándonos como si fuésemos una caja sin fondo”. A su criterio, las razones fiscales del Gobierno están “desfasadas de la realidad del campo” y consideró que “no se puede gobernar desde el prejuicio”. Según Pino, la producción no está detenida y “cada dólar que entra por exportaciones viene del trabajo del productor”.

– Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina

Sobre la insistencia oficial para que el agro “liquide”, Pino fue categórico: “El campo no va a liquidar porque lo hacen los exportadores”. También apuntó que “los números marcan lo contrario” a la supuesta falta de ventas.

Pablo Ginestet, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), advirtió que “los dichos del Presidente hacen acordar a otras épocas de la política que se pensaba que habían quedado atrás” y calificó el anuncio como una “amenaza” de volver a subir impuestos si el sector no vende: “Si no logramos bajar los DEX, este tipo de política económica que está llevando adelante el Presidente lo único que garantiza es que en el 2026 haya menos dólares del sector agropecuario porque la producción va a caer claramente con este nivel de precios”.

En una línea similar, Patricio Kilmurray, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), consideró que los dichos de Milei “no se sabe si es una medida, una propuesta o una amenaza” y alertó: “Sería muy lamentable de que las retenciones volvieran a los porcentuales anteriores, a pesar de que se sabía de que eran temporales”.

Por su parte, Nicasio Tito, titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), recordó que en el sector se presumía una continuidad de la baja más allá de junio. Sin embargo, resaltó que el mismo Gobierno había tomado medidas que benefician al sojero con la eliminación del dólar blend y el salto de la cotización de $1080 a $1200 tras levantarse el cepo cambiario. “Es muy prematuro tomar una postura al respecto con lo que dijo el Presidente hoy, sobre todo sabiendo que el viernes le dio una zanahoria y media al sojero”, puntualizó.

El lunes 14, los titulares de las cuatro entidades de la mesa de enlace (SRA, Coninagro, Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas) se reunieron con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. El encuentro estaba originalmente programado para abordar temas como barreras sanitarias y el envío de carne desde La Pampa hacia el sur, a raíz de la emergencia tras los incendios en Río Negro durante el verano. Sin embargo, las declaraciones de Milei sobre el regreso de las retenciones alteraron el foco de la discusión.

– El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta

Al término de la reunión, Pino indicó que no se profundizó en la cuestión de la suba de retenciones porque “el Presidente firmó el decreto en enero y dijo que esta medida terminaba el 30 de junio. Lo que hizo fue describir lo que él dispuso. Hay que esperar, hay que dejar que las cosas sigan. El Presidente tiene claro que los productores no liquidamos, los que liquidan son los exportadores”.

Los dirigentes agropecuarios reiteraron en todas sus intervenciones que la previsibilidad y la reducción de la carga impositiva resultan claves en un momento crucial para planificar la campaña de trigo. A la espera de medidas oficiales, manifestaron que continuarán reclamando que la baja transitoria de las retenciones se transforme en definitiva y que no haya un incremento de los gravámenes después del 30 de junio.

Redacción

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Sturzenegger derogó un decreto de 1935 que exigía a productores medir cabezas de ajo

El Gobierno derogó el Decreto 71.178 de 1935, que desde hacía casi un siglo regulaba la tipificación, el empacado y la fiscalización de las hortalizas destinadas a la exportación. La decisión quedó plasmada en los decretos 312/2025 y 318/25, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, y se publicó ayer en el Boletín Oficial.

Según los considerandos oficiales, la norma derogada “generaba restricciones que hoy resultan anacrónicas” y “se traducía en un obstáculo para la eficiencia en los intercambios y en la gestión estatal”. A partir de ahora, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) se limitará a la “policía sanitaria”, mientras que la calidad y el proceso productivo quedarán en manos del mercado.

“Seguimos avanzando en la transformación más profunda de @SenasaAR en décadas”, posteó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El funcionario recordó que, con los años, al organismo “se le fue dando el rol de supervisar tres cosas: la calidad de los productos, el proceso productivo y actuar como policía sanitaria”. Y añadió: “Para un gobierno libertario como el que propugna nuestro presidente @JMilei, tanto la calidad como el proceso productivo son dimensiones que valida y evalúa el mercado. Nada tiene que hacer el Estado metiéndose en eso”.

El ministro destacó que el paso previo fue el Decreto 312/25, que “despejó el camino” para una serie de resoluciones —entre ellas la 328/2025— que “barrieron con la locura de un funcionario queriendo dictaminar qué se debe producir” y suprimieron “la habilitación de plantas de empaque” y “todas las disposiciones de calidad y de envasado”.

Sturzenegger relató que la reforma nació del reclamo de un productor mendocino de ajo: “Para autorizarle la exportación le medían el tamaño de las cabezas, prohibiéndole las que eran pequeñas”. Esa experiencia, dijo, evidenció el “absurdo” de una regulación que “gastaba recursos propios y ajenos midiendo cabezas de ajo”.

El Ejecutivo sostuvo que la eliminación de requisitos “no afectará el estado de salubridad” de los productos, garantía que continuará a cargo del Senasa. “Literalmente dejamos de molestar al productor”, subrayó el ministro, y prometió avanzar “progresivamente y sin pausa” sobre otras normativas del complejo agroalimentario.

Entre los exportadores hortícolas la medida generó entusiasmo por la reducción de “trabas absurdas” y la aceleración de plazos. No obstante, algunas voces advirtieron que la falta de controles sobre los procesos podría dificultar la trazabilidad y el cumplimiento de estándares internacionales. Con la desregulación, el Gobierno buscó modernizar un marco legal que persistía “desde la era del telégrafo”.

Redacción

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