13 marzo, 2025

Cerraron 12 mil empresas en los últimos 3 años, un promedio de 80 por semana

La desaparición de pequeñas y medianas empresas alcanzó a casi el doble durante la pandemia y se recuperó apenas la mitad.
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La gestión del presidente Alberto Fernández se encamina a cerrar su ciclo económico con un contundente saldo negativo en términos de cantidad de empresas funcionando en el sector privado: desde que asumió, se perdieron 12 mil micro, pequeñas y medianas empresas según los registros de la AFIP que recabó la LERAL, de la Fundación Mediterránea. Esa disminución, impactada por el cierre de actividades durante meses ante el surgimiento de la Pandemia, implica un promedio de 80 empresas por semana, casi 12 por día.

“El Gobierno actual comenzó con un total de 533 mil MiPymes, según datos de AFIP, en enero de 2020. A menos de un año de terminar su mandato, acumula una pérdida de 12 mil empresas de esa envergadura hasta enero de 2023, lo que implica 80 empresas menos por semana en todo el período”, se explicó en el informe elaborado por el economista de la fundación, Marcos Cohen Arazi.

Es que la Pandemia, y particularmente las extensas y duraderas restricciones que se impusieron a la actividad económica, hicieron morir a varias empresas, y, si bien luego se produjo una recuperación, ésta no fue suficiente.

De acuerdo al recuento del Ieral, en el primer año, por efecto de la Pandemia, se había registrado una merma de 22 mil MiPymes, que luego pudieron recuperarse parcialmente, en torno la mitad de esa cifra. Lo notorio, se advierte, es que al mismo tiempo, la cantidad de monotributistas creció fuertemente, al sumar 270 mil nuevos inscriptos desde 2020. El número, que especialistas laborales adjudican en gran medida a la proliferación de los planes Potenciar Trabajo, implica 1700 nuevos por semana.

Marcos Cohen Arazi on Twitter: “A nivel país se cuentan 11 MiPyMEs por cada mil habitantes, pero hay varios países en uno: Formosa y Santiago del Estero tienen 4 y 5 cada mil habitantes, mientras que Córdoba y Santa Fe tienen 13 y 14, respectivamente pic.twitter.com/xEbuXR9Xis / Twitter”

A nivel país se cuentan 11 MiPyMEs por cada mil habitantes, pero hay varios países en uno: Formosa y Santiago del Estero tienen 4 y 5 cada mil habitantes, mientras que Córdoba y Santa Fe tienen 13 y 14, respectivamente pic.twitter.com/xEbuXR9Xis

El informe de Cohen Arazi también revela que la creación y destrucción de empresas no fue pareja entre provincias en los últimos años y tampoco la densidad empresarial resultante en la actualidad. A nivel país se cuentan 11 MiPymes por cada mil habitantes, pero hay varios países en uno: Formosa y Santiago del Estero tienen 4 y 5 cada mil habitantes, mientras que Córdoba y Santa Fe tienen 13 y 14, respectivamente.

En el caso de Córdoba, se perdió el 1 por ciento de las empresas desde diciembre de 2019, lo que implica 500 compañías menos MiPymes (micro y pequeñas empresas de hasta 100 empleados), para terminar en 51.200 las que quedaron, lo que representa un 10 de las que hay en el país.

https://twitter.com/mCohenArazi/status/1661423983038693389

En tanto, las provincias que más empresas perdieron fueron Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires, donde se desapareció el 3,6 de las empresas existentes a enero de 2020 mientras que le siguieron Salta, San Juan, Mendoza y la provincia de Buenos Aires, donde se perdió 1,9 de las empresas existentes hace 3 años.

En el extremo opuesta, algunas provincias vieron crecer la cantidad de empresa radicadas: es el caso de Catamarca, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego, con un avance de 8,5 a 6,4 por ciento en el número total de compañías.

Fundación Mediterránea on Twitter: “Argentina perdió más de 12 mil empresasEl dato lo aportó este miércoles un informe de @mCohenArazi, economista del #IERAL, según el cual la peor parte se la llevaron las micro y pequeñas empresas (mipymes). @davila_diego @LAVOZcomarhttps://t.co/ONDVwNAbX9 / Twitter”

Argentina perdió más de 12 mil empresasEl dato lo aportó este miércoles un informe de @mCohenArazi, economista del #IERAL, según el cual la peor parte se la llevaron las micro y pequeñas empresas (mipymes). @davila_diego @LAVOZcomarhttps://t.co/ONDVwNAbX9

La Ciudad de Buenos Aires, en tanto, es la jurisdicción con mayor cantidad de empresas cada mil habitantes al sumar 38, mientras que La Pampa es la segunda con 18. Por debajo de la mediana nacional, en tanto, se encuentra la provincia de Buenos Aires, con apenas 9 empresas cada mil habitantes. Entre las que menos MiPymes tienen se cuentan Formosa, Santiago del Estero y Jujuy.

Redacción

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Peretta explotó contra los laboratorios por el aumento de los medicamentos: “Son financistas de todos los gobiernos”

En una entrevista reciente con Eduardo Prestofelippo —más conocido como El Presto—, el Secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, cuestionó la relación entre la industria farmacéutica y el Estado, denunciando un entramado de intereses que impacta en el precio y el aumento a los medicamentos.

“Cuando a vos te financia un laboratorio, después ya perdés autonomía. No podés legislar para bajar el precio y eso es lo que le pasa a este gobierno; en honor a la verdad, no solo a este”, destacó el candidato a legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante la conversación, el especialista y dirigente político expresó su preocupación por la “connivencia” entre ambos sectores y el “acuerdo” que, según este, beneficia a las grandes corporaciones en detrimento de la población. Peretta explicó que los laboratorios financian campañas políticas con “millones de dólares” y, en consecuencia, “se aseguran de que el Ministro de Salud de turno, que el Director de PAMI, que el Titular de la ANMAD, sean ellos”.

“El PAMI tiene una fórmula especial para que no aumente tanto como la inflación, pero tampoco se cumple”, enfatizó Peretta, añadiendo: “El Precio de Venta al Público (PVP) tiene una evolución determinada, pero en el caso del PAMI, ese valor no se aplica directamente. En su lugar, se utiliza una fórmula especial cuya lógica es difícil de comprender, ya que es establecida por la propia industria farmacéutica, es decir, los laboratorios y las empresas de publicidad”.

Para el sindicalista, este vínculo entre los sectores impide la toma de decisiones que frenen el encarecimiento de los medicamentos, un mercado “totalmente concentrado” y “oligopólico”. Peretta reveló que de los 300 laboratorios existentes en el país, solo 60, es decir, el 20%, controlan el 80% o 85% del mercado.

“De los 8 mil millones de dólares que factura la industria farmacéutica argentina por año, los 60, o sea, este 20%, tienen el 85%… Es una locura”, declaró de forma contundente.

Como doctor en Farmacia y Bioquímica por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Peretta también se refirió al aumento de los medicamentos durante la gestión de Javier Milei. En este sentido, denunció que “durante el primer año de gestión aumentaron un 220%, mientras que la inflación fue de 117,8%”.

“Vos no podés sacar hoy en el 2025 una fórmula que no se condice con la verdad”, cuestionó Peretta, agregando: “Hablando de medicamentos, decís que aumentaron 2,8% y el que menos aumentó fue de casi 6,2% y nosotros tenemos que poner la cara en la farmacia. Estás mintiendo”.

En su análisis, aprovechó para destacar su visión de que el sindicalismo ha estado históricamente “muy atado a los gobiernos y muy alejado de los trabajadores”, lo que ha devenido en problemas estructurales como los antes mencionados y la alta informalidad laboral actual. Como ejemplo, mencionó la existencia de “9 millones de trabajadores en negro en la República Argentina”, de los cuales “500.000 (son) trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

“Hay poca competencia, hay 18 prepagas nada más, cuando da para mucho ser un mercado. Especialmente ahora que vos podes segmentar los planes en diferentes niveles: básico, intermedio y full. Pero el Estado tiene que estar para no olvidarse del paciente”, remarcó Peretta.

El aumento de las cuotas de las prepagas también es otro factor crítico, con muchos afiliados que terminan recurriendo al sistema público de salud, lo que genera una “saturación” en el sistema de salud público de CABA, que solo cuenta con 35 hospitales.

“Las guardias están colapsadas y los trabajadores de la salud no reciben una remuneración adecuada. Mientras tanto, el ministro de Salud, Fernán Quirós, totalmente ausente”, puso de relieve Peretta.

Durante el año pasado, las empresas de medicina privada subieron sus tarifas en un 124%, casi el doble de la suba registrada. A pesar de las denuncias y sanciones impuestas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), las subas continúan sin regulación efectiva. En este sentido, se critica la falta de intervención del Ministerio de Salud, cuyo titular, Mário Antonio Russo, está vinculado a una empresa de medicina prepaga.

Redacción

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La soja, el cultivo con la mayor caída de poder adquisitivo

La campaña agrícola 2024/2025 atraviesa un panorama complejo marcado por la baja de los precios internacionales, un factor que impacta directamente en la capacidad de los productores para afrontar insumos, costos e inversiones. En su informe mensual, CONINAGRO advierte que la soja es el producto que más poder de compra ha perdido en el último año y también en comparación con el promedio de los últimos cinco años.

El documento, que analiza el poder de compra de seis productos agropecuarios —soja, maíz, trigo, ternero, novillito y leche—, mide la capacidad de estos cultivos para adquirir una amplia gama de costos, insumos y servicios del sector, como herbicidas, fletes, maquinaria y otras 20 variables. El objetivo principal de este indicador es evaluar la competitividad de los productores a través de un análisis insumo-producto que relaciona los precios de los bienes con los costos que estos deben cubrir.

La soja, además de ser una referencia para la producción agrícola, “es el cultivo que mayor pérdida de poder adquisitivo ha tenido en el último año y respecto al promedio de los últimos 5 años”. El informe destaca, por ejemplo, la comparación con la maquinaria agrícola: en enero de 2025 se necesitaron un 20% más de toneladas de soja para adquirir una cosechadora que en el mismo mes del año previo. En términos absolutos, se requieren 1.650 toneladas, 270 más que un año antes.

Si se toma en cuenta el promedio de los últimos cinco años, el panorama es aún más negativo: se precisa un 39% más de soja para comprar una cosechadora, 42% más para una sembradora y 38% más para un tractor.

La apreciación cambiaria encarece en dólares algunos componentes de la estructura de costos que se expresan en pesos, como los fletes. Según el informe, en enero de 2025 se necesitó un 34% más de kilos de soja para costear un flete que en enero de 2024. Parte de esta suba se vincula al aumento en el precio del gasoil: se requirieron un 40% más de kilos de soja para adquirir un litro de combustible respecto al año anterior.

En el caso de los fertilizantes, la relación de intercambio entre soja y DAP (fosfato diamónico) muestra una leve mejora con respecto a 2024: en enero de 2025 se necesitaron 2,9 kg de soja para obtener 1 kg de DAP, frente a los 3,1 kg de un año antes, lo que implica una disminución del 6%. Sin embargo, en comparación con el promedio de los últimos cinco años, la diferencia sigue siendo desfavorable, con un 14% más de soja requerida.

Entre los pocos insumos que registran una mejora relativa para la soja, el glifosato sobresale: “En enero de 2025 se requirieron 34% menos kilos de soja respecto a enero de 2024, y cayó 22% con respecto al promedio de los últimos 5 años”. Este comportamiento responde a la baja internacional en los precios del herbicida, tras los récords alcanzados en 2022.

También destaca la reducción en el costo relativo de la tierra: en enero de 2025 se necesitaron 58,9 toneladas de soja para adquirir una hectárea, una mejora respecto de las 61,4 toneladas de un año antes (-4%). Al confrontar los valores actuales con el promedio de los últimos cinco años (65,2 toneladas), la disminución llega al 10%. Este fenómeno se explica en buena medida por la reducción de la brecha cambiaria, que mantiene el precio de los campos (en dólares MEP/Blue) relativamente estable frente al valor oficial de la soja.

Con este panorama, la soja se consolida como el cultivo más afectado por la pérdida de poder adquisitivo dentro de la producción agropecuaria argentina, reflejando el desafío que enfrentarán los productores durante la campaña 2024/2025 para mantener su competitividad. El informe de CONINAGRO ofrece una valiosa herramienta de análisis y alerta sobre la necesidad de estrategias que contemplen los efectos de la baja de precios y la apreciación cambiaria en los costos del sector.

Redacción

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La baja de retenciones impulsó las ventas de soja, pero la liquidación de divisas registró un crecimiento limitado en febrero

La reciente baja transitoria de los Derechos de Exportación establecida por el Decreto 38/2025 generó un aumento en las operaciones de granos, especialmente soja, aunque el ritmo de liquidación de divisas no mostró una suba marcada. Según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las agroexportaciones ingresaron USD 2.181 millones durante febrero, lo que significó un incremento del 45% en comparación con el mismo mes de 2024 y un alza mensual de 5,2% respecto de enero. Con este aporte, el acumulado de divisas en lo que iba del año ascendió a USD 4.254.787.089.

Las entidades explicaron que “el ingreso de divisas del mes de febrero es el resultado del inicio del Decreto 38/25 que implica una baja transitoria de derechos de exportación para el complejo cerealero-oleaginoso y que recién empezó a tener efectos a mediados de mes cuando se finalizó con las reglamentaciones del mencionado Decreto”. También señalaron que “el crecimiento de las compras de soja a precio y a fijar durante el mes de febrero marcaron el ritmo de ventas del productor”. El precio pizarra de la oleaginosa alcanzó los $331.000 por tonelada.

La reducción en las alícuotas de exportación se aplicó de forma diferenciada. El poroto de soja pasó de un 33% a un 26%, mientras que sus derivados retrocedieron del 31% al 24,5%. El maíz, el trigo, el sorgo y la cebada se redujeron del 12% al 9,5%, y en el caso del girasol, la semilla y el aceite bajaron del 7% al 5,5%; para los pellets, la tasa cayó del 5% al 4%.

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que, desde la publicación del decreto en el Boletín Oficial el 27 de enero, el volumen promedio semanal negociado de trigo, soja y maíz pasó de 1,82 a 1,98 millones de toneladas, lo que implicó una suba del 8,5% en comparación con las 10 semanas previas. El crecimiento se evidenció de manera dispar: en el caso del trigo, el volumen semanal descendió cerca de un 30%, con alrededor de 320.000 toneladas frente a las 460.000 anteriores. “La medida fue anunciada cuando ya se habían trillado casi la totalidad de los lotes y el arribo masivo de granos al mercado ya había cesado su presión. Además, el mercado internacional del trigo se enfrentó a una demanda poco dinámica”, explicaron.

– REUNIÓN, 27 de febrero: el Canciller, Gerardo Werthein junto al presidente del Consejo Agroindustrial Argentino, José Martins.

Por su parte, el maíz registró un alza del 13,6% en su volumen semanal, al pasar de 795.000 a 905.000 toneladas. Este incremento respondió al buen desempeño exportador, que dominó destinos en Sudamérica, norte de África, Oriente Medio y Sudeste Asiático, además del comienzo anticipado de la cosecha del maíz temprano. La soja, en tanto, mostró un crecimiento del 32% en el volumen semanal, con más de 185.000 toneladas adicionales en las últimas diez semanas.

A pesar de este repunte en las ventas, un estudio de Portfolio Personal Inversiones observó que “pese a que la baja de retenciones al agro entró en vigor el 27 de enero, la buena performance del BCRA no se explicó por una aceleración en la liquidación del sector. Por el contrario, la media móvil de cinco días de la liquidación del agro recortó de USD 117 millones la semana previa a anunciarse la medida a USD 107 millones en la última semana”. Según este reporte, la reducción del plazo de 365 a 15 días para acogerse a las menores alícuotas “habría trabado en cierta medida la liquidación del sector, ya que evitó la liquidación anticipada de la cosecha gruesa”.

CIARA y CEC aclararon que no existieron retrasos en la liquidación de divisas y remarcaron que el complejo oleaginoso-cerealero aportó el 45% del total de las exportaciones argentinas. “El principal producto de exportación del país es la harina de soja, seguido por el aceite de soja, y el maíz”, precisaron los exportadores. También recordaron que “la mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de los granos y alcanza hasta 90 días para aceites y harinas proteicas”.

Según los datos empresariales, el volumen de ventas de soja, acompañado por la baja transitoria de retenciones, impulsó la comercialización de los productores. Aun así, CIARA y CEC destacaron que la Argentina continuó estancada en su producción y en su crecimiento exportador, dependiendo de las fluctuaciones de los valores internacionales para modificar su estructura de ventas al exterior.

Redacción

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Caputo defendió el nuevo acuerdo con el FMI: “Podremos finalmente terminar de derrotar la inflación”

El Gobierno nacional firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que aprobó un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas (Extended Fund Facility, EFF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un plazo de amortización de diez años y un período de gracia de cuatro años y medio antes de comenzar los pagos. Según el texto oficial, este esquema buscó “cancelar letras intransferibles en dólares estadounidenses en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA)” y cubrir “obligaciones derivadas del Programa de Facilidades Extendidas firmado en 2022, cuyos vencimientos operen en los próximos cuatro años”.

La decisión, impulsada por el presidente Javier Milei, generó críticas de gran parte del arco político opositor y de algunos aliados, quienes cuestionaron la suscripción de una nueva deuda sin debate parlamentario. Mauricio Macri objetó que se recurriera a un decreto en lugar de pasar por el Congreso. Sin embargo, las autoridades defendieron la medida. Entre ellas, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el DNU y afirmó que la refinanciación ayudaría a “sanear el Banco Central” y a trazar “un sendero de crecimiento económico sostenible en el tiempo”.

– El presidente Javier Milei y el equipo económico de Luis Caputo en Olivos

“Es la primera vez que se hará un acuerdo con el Fondo para reparar el daño que la política le ha provocado a los ciudadanos vía el abuso del gasto público y consecuente déficit fiscal”, expresó Caputo desde su cuenta de X. Sostuvo que este nuevo crédito resolvería “el problema de los stocks (déficits acumulados del pasado), que derivaron en la apropiación de las reservas del Banco Central vía deuda del Tesoro Nacional”. Además, aseguró: “Saneado el desequilibrio del flujo y del stock, podremos finalmente terminar de derrotar la inflación”.

El DNU explicó que el programa con el FMI se extendería hasta 2035 y cubriría los pagos de la deuda en los próximos cuatro años, dejando la posibilidad de una renegociación futura. Según se detalló, en diciembre de 2023 las reservas netas del BCRA eran negativas por 11.200 millones de dólares y, al 6 de marzo de 2025, habían aumentado en 7.034 millones, aunque todavía se mantuvieron por debajo de cero en más de 3.000 millones.

El texto oficial defendió la medida para “fortalecer las reservas internacionales, garantizar la estabilidad macroeconómica y reducir la volatilidad financiera”. También indicó que el ajuste fiscal y la política de déficit cero provocaron una baja de la inflación interanual a 84,5 % en enero de 2025 y una disminución de la pobreza del 54,8 % al 38,9 % en el primer año de gestión, según estimaciones del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales basadas en datos del Indec.

No obstante, el decreto omitió detalles relevantes sobre la magnitud y el cronograma de los desembolsos, las tasas de interés aplicables y las metas macroeconómicas. “Omite todos los detalles clave, como la magnitud y el cronograma de desembolsos, las metas y las condicionalidades, entre otros aspectos”, apuntó el economista Gabriel Caamaño, de la Consultora Ledesma. Jorge Neyro, por su parte, resaltó que “el DNU reconoce que el programa con el FMI va a ser uno de facilidades extendidas, no un stand by, lo cual le da más plazo de pago al Gobierno por los fondos que tome”. En tanto, Andrés Reschini, de F2 Finanzas, afirmó que “el texto omite detalles tácticos, como metas específicas y el plan para liberar el cepo”.

– Gita Gopinath, subdirectora del Fondo Monetario Internacional

Otro punto crucial quedó vinculado a la posibilidad de recibir fondos adicionales. La consultora UBS aseguró que el FMI otorgaría 8.000 millones de dólares extra, algo que no figuró en el decreto. De acuerdo con su análisis, esta inyección adicional resultaría clave para que Argentina enfrentara sus próximos compromisos de deuda y fortaleciera las reservas del BCRA.

Caputo, quien también ocupó el Ministerio de Economía durante el gobierno de Cambiemos, confirmó que retomaría las negociaciones con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para definir los términos finales y las condiciones de pago. El decreto en cuestión delegó en el Ministerio de Economía la firma de los acuerdos y especificó que sería remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento legislativo.

Redacción

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