14 mayo, 2025

Caputo le cerró la puerta a la prórroga de retenciones pero prometió bajar el impuesto al cheque

El ministro de Economía se reunió con los dirigentes rurales. El Gobierno afirmó que, si hay superávit fiscal, podría impulsar nuevas reducciones impositivas y llamó a aprovechar la baja temporal de las retenciones.
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El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, recibió a los referentes de la Mesa de Enlace en el Palacio de Hacienda en un encuentro que duró alrededor de una hora. Los dirigentes del campo pidieron la extensión de la baja temporal de los derechos de exportación —principal reclamo del sector—, pero el funcionario sostuvo que, por el momento, no existían las condiciones para prorrogar el beneficio más allá del 30 de junio. A la vez, deslizó que analiza reducir el impuesto al cheque “en la medida que haya superávit fiscal”, según coincidieron en señalar tanto el propio Caputo como fuentes de las entidades agropecuarias.

El Gobierno buscó que los productores “aprovecharan” la ventana de venta de soja con retenciones reducidas. Caputo asistió a la reunión junto con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo. Por la Mesa de Enlace estuvieron presentes Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina), Carlos Castagnani (Confederaciones Rurales Argentinas), Lucas Magnano (Coninagro) y Andrea Sarnari (Federación Agraria Argentina).

“Fue una reunión protocolar, nos comprometimos a seguir trabajando juntos, hablamos retenciones y el alivio fiscal que necesita el sector, esta temporalidad de las retenciones, lo pusimos en consideración”, dijo Sarnari a la salida de la reunión. Agregó: “Nos dijo que el impuesto al Cheque es el próximo impuesto en la mira y es un reclamo que venimos haciendo hace tiempo”.

Según Castagnani, el ministro afirmó que “viene bien el plan, mejor de lo esperado” y que bajar impuestos estaba dentro de las proyecciones oficiales, aunque “en ninguno de los dos casos dio fecha”. Añadió que Pazo expuso una serie de cuentas que mostraron una “oportunidad —para comercializar la soja— que antes no había”. En ese sentido, Castagnani sostuvo: “Ahora hay una oportunidad que antes no había”. Sarnari coincidió: “Se trabajaron algunos puntos que de acá en adelante nos hemos comprometido a seguir trabajando juntos, principalmente en cuestiones que necesita el sector. Hablamos de retenciones, y en el alivio fiscal que necesita el sector. Hemos conversado sobre la temporalidad y se ha puesto en consideración”. La Mesa de Enlace también presentó una propuesta general de eliminación de retenciones y pidió a las autoridades “salir al interior productivo” para explicar la medida, detallando la baja de las alícuotas de 33% a 26% para la soja.

El decreto oficializado la semana pasada redujo un 20% los derechos de exportación para la soja, sus derivados, el trigo y el maíz hasta el 30 de junio, con la condición de que las divisas se liquiden 15 días después de presentadas las declaraciones juradas. Desde el Gobierno remarcaron que esta decisión buscó incentivar el adelanto de exportaciones en un contexto de caída de reservas. Tras la reunión, Pino apuntó: “Se habló de cómo se tomó la medida, por qué se tomó. El ministro ratificó que claramente en la medida que el déficit se vaya controlando y tenga permanencia en el tiempo, este tipo de medidas se van a seguir tomando, pero que hay que ir de a poco y ver cómo reacciona la macro”.

A su vez, las autoridades indicaron que precisaban apuntalar la recaudación para sostener el déficit cero, un compromiso sensible en las negociaciones con el Fondo Monetario, donde se discute un crédito por hasta 12.000 millones de dólares. En 2024, la recaudación cayó 5,5% en términos reales, pero en enero subió 5,6% al restituirse el impuesto a las Ganancias, incrementarse las contribuciones sociales y sumarse el alza del impuesto a los Combustibles. Estos cambios, sin embargo, deben compensar el bache de 800.000 millones de pesos que el Estado afronta por la baja temporal de retenciones.

– Sergio Iraeta, Carlos Castagnani, Andrea Sarnari, Luis Caputo, Nicolás Pino, Lucas Magnano y Juan Pazo

La agenda incluyó la posibilidad de avanzar en obras de infraestructura. Según expusieron los dirigentes, Caputo se comprometió a realizar licitaciones de rutas nacionales con posible participación privada. “Van a poder participar todos los que quieran”, indicaron fuentes de una de las entidades rurales. Magnano, de Coninagro, precisó que también se trató el desarrollo de la cuenca del Río Salado y la Hidrovía. Además, los productores plantearon inquietudes sobre el cepo cambiario y sobre el futuro de organismos como el INTA y el Senasa, dado que se habló de 50 entidades nacionales que podrían sufrir fusiones o eliminaciones. “No nos indicaron que estos estuvieran en alguna lista específica; al contrario, solicitamos que, ante cualquier medida o decisión, se nos comunique o se nos informe”, comentó Magnano.

Si bien algunos empresarios señalaron que Pazo había sugerido en reuniones anteriores la posibilidad de hacer “carry trade”, Castagnani aclaró: “Esa es una opinión que emitió el funcionario. Los productores van a vender en la medida que tengan que vender para cumplir sus compromisos”. Por su parte, Sarnari cerró: “No dieron fecha. Las fechas no las van a decir, sino que van a hacerlo en el momento adecuado en que se puedan realizar. Manifestaron optimismo y se han comprometido en que, mientras las señales sean claras y las respuestas buenas, vamos a ir conversando cómo se puede avanzar en que vengan medidas que fomenten el desarrollo productivo”.

Redacción

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Frigerio exigió eliminar las retenciones y pidió más rebajas impositivas para el campo

La Jornada Nacional del Agro (Jonagro), organizada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, reunió a los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes) para exponer sus estrategias de apoyo al sector productivo. Ante productores y autoridades —entre ellos el presidente de CRA, Carlos Castagnani, y el secretario nacional de Agricultura, Sergio Iraeta—, Frigerio calificó de prioritario “dialogar y pensar en una Argentina a largo plazo, más allá de la coyuntura electoral”.

El mandatario entrerriano recordó que, tras un pedido directo en una exposición rural, destinó el 100 % del impuesto inmobiliario rural a caminos: “Arranqué en una exposición rural y planteé una política que era destinar el 50 % del impuesto inmobiliario rural a los caminos rurales. Un productor me dijo: ‘¿Y por qué no el 100 %?’. Bueno, este año vamos a destinar el 100 %”. Añadió que la provincia eliminó trámites: “Eliminamos la guía, hoy tenemos un documento único de tránsito que agiliza muchísimo los procesos y respeta el tiempo del productor”.

Frigerio afirmó que en 18 meses de gestión mantuvo “más reuniones con los representantes del campo que en los últimos 20 años” y detalló las rebajas impositivas: “Nunca estuvo en la cabeza de los gobernantes aumentar los impuestos. Y de hecho los bajamos. Quitamos a más sectores el tributo de ingresos brutos, un pésimo impuesto. Aumentamos el impuesto inmobiliario por debajo de la inflación, es decir, lo bajamos en términos reales, lo mismo que las patentes”. Recordó que los ingresos provinciales cayeron 23 % en términos reales en 2024 y, aun así, “Hicimos un esfuerzo increíble para que por lo menos una vez el peso de la crisis no recaiga sobre la espalda de los productores”.

Al abordar problemas sanitarios, señaló el “drama compartido con Corrientes, como es el tema de la garrapata” y anunció financiamiento conjunto con el CFI para construir baños de inmersión bovina: “Estamos haciendo un enorme esfuerzo en la provincia para conseguir financiamiento junto con el CFI, para generar créditos para poder construir los baños indispensables para enfrentar esta problemática”.

En materia nacional, insistió en la eliminación de los derechos de exportación: “Nos hemos puesto al frente varios gobernadores de la lucha contra las malditas retenciones. Esperemos que el gobierno entienda que en este camino y en esta política que han manifestado de darle alivio fiscal a la gente y a los sectores de la producción, no puede haber otra prioridad que bajar las retenciones”. Subrayó que la discusión debe darse sin quebrar el superávit: “El Gobierno está dando la pelea contra el déficit, y eso por lo menos da para un voto de confianza”.

Frigerio remarcó la urgencia de un pacto fiscal federal: “Hoy las provincias son responsables de la salud, la educación, la seguridad, la Justicia y crecientemente la infraestructura. Es necesario sentarnos con el Gobierno y acordar cómo se distribuyen los recursos”. Cerró su intervención convocando a un acuerdo de futuro: “Tenemos que dialogar, tenemos que sentarnos en una mesa y consensuar un camino, un rumbo de largo plazo”.

En Jonagro, los gobernadores coincidieron en fortalecer el agro con reglas claras y previsibilidad, destacaron la relevancia de la competitividad provincial y defendieron la reducción de la carga tributaria como vía para apuntalar la producción y el empleo.

Redacción

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Malestar del campo tras el anuncio de Milei sobre el regreso de las retenciones

El lunes pasado, el presidente Javier Milei sorprendió al sector agropecuario al confirmar que la reducción de retenciones vigente desde enero terminaría el 30 de junio. “A las exportaciones tradicionales les bajamos las retenciones transitoriamente, vuelven en junio [hay una reducción que, en rigor, vence el 30 de junio próximo]. Porque dijimos que eran transitorias, así que avísenle al campo que si tiene que liquidar que liquide ahora porque vuelven en junio”, enfatizó el mandatario.

La medida original, que redujo la alícuota de la soja del 33% al 26% en enero pasado, se había presentado como temporal y se sumó a otras disposiciones gubernamentales. Aun así, el anuncio de Milei desató inquietud entre los productores, que esperaban mayor continuidad. Cabe recordar que, según el informe técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno se había reservado la posibilidad de modificar los gravámenes aplicados a las exportaciones.

La declaración presidencial generó reacciones inmediatas de la dirigencia rural. “Estamos sorprendidos, no esperábamos esa medida sobre las retenciones en este momento, esperamos una comunicación oficial para trabajar sobre este tema tan importante para el campo. Insistimos que el productor necesita previsibilidad y políticas a largo plazo”, dijo Lucas Magnano, presidente de Coninagro.

Andrea Sarnari, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), recalcó que el productor mediano y pequeño vende su grano a medida que necesita cubrir costos y no por especulación: “Eso es inminente, siempre es así. No es el productor agropecuario el que especula guardándose el cereal y que tenga que salir a liquidar, va a ser [la venta] en la medida que sea necesario para vivir y para pagar los costos”. Sobre la urgencia de eliminar los derechos de exportación, sostuvo: “Así se lo hemos hecho saber no solo al ministro de Economía [Luis Caputo] sino también al secretario de Agricultura [Sergio Iraeta] en todas las oportunidades que hemos tenido”. Además, insistió en la necesidad de que la baja transitoria sea definitiva, sobre todo para la próxima campaña de trigo.

– Lucas Magnano, presidente de Coninagro

Por su parte, Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), interpretó que el mensaje de Milei estaba dirigido más bien a los exportadores que al productor. “No es un mensaje para el campo, sino más dirigido a los exportadores. El Presidente sabe que los productores no liquidamos, que nosotros entregamos nuestro producido a exportadores y acopios y demás”, subrayó.

En una entrevista posterior, Pino cuestionó que no se hubiera incluido la eliminación de retenciones en la denominada Ley Bases y apuntó contra el oficialismo: “Llama la atención que no esté incluida”. Además, acusó cierta “angurria del sector libertario por querer ir por todo, incluso por lo que se considera ya ganado” y remarcó que “el Estado no puede seguir sacándonos como si fuésemos una caja sin fondo”. A su criterio, las razones fiscales del Gobierno están “desfasadas de la realidad del campo” y consideró que “no se puede gobernar desde el prejuicio”. Según Pino, la producción no está detenida y “cada dólar que entra por exportaciones viene del trabajo del productor”.

– Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina

Sobre la insistencia oficial para que el agro “liquide”, Pino fue categórico: “El campo no va a liquidar porque lo hacen los exportadores”. También apuntó que “los números marcan lo contrario” a la supuesta falta de ventas.

Pablo Ginestet, secretario de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), advirtió que “los dichos del Presidente hacen acordar a otras épocas de la política que se pensaba que habían quedado atrás” y calificó el anuncio como una “amenaza” de volver a subir impuestos si el sector no vende: “Si no logramos bajar los DEX, este tipo de política económica que está llevando adelante el Presidente lo único que garantiza es que en el 2026 haya menos dólares del sector agropecuario porque la producción va a caer claramente con este nivel de precios”.

En una línea similar, Patricio Kilmurray, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), consideró que los dichos de Milei “no se sabe si es una medida, una propuesta o una amenaza” y alertó: “Sería muy lamentable de que las retenciones volvieran a los porcentuales anteriores, a pesar de que se sabía de que eran temporales”.

Por su parte, Nicasio Tito, titular de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), recordó que en el sector se presumía una continuidad de la baja más allá de junio. Sin embargo, resaltó que el mismo Gobierno había tomado medidas que benefician al sojero con la eliminación del dólar blend y el salto de la cotización de $1080 a $1200 tras levantarse el cepo cambiario. “Es muy prematuro tomar una postura al respecto con lo que dijo el Presidente hoy, sobre todo sabiendo que el viernes le dio una zanahoria y media al sojero”, puntualizó.

El lunes 14, los titulares de las cuatro entidades de la mesa de enlace (SRA, Coninagro, Federación Agraria Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas) se reunieron con el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta. El encuentro estaba originalmente programado para abordar temas como barreras sanitarias y el envío de carne desde La Pampa hacia el sur, a raíz de la emergencia tras los incendios en Río Negro durante el verano. Sin embargo, las declaraciones de Milei sobre el regreso de las retenciones alteraron el foco de la discusión.

– El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta

Al término de la reunión, Pino indicó que no se profundizó en la cuestión de la suba de retenciones porque “el Presidente firmó el decreto en enero y dijo que esta medida terminaba el 30 de junio. Lo que hizo fue describir lo que él dispuso. Hay que esperar, hay que dejar que las cosas sigan. El Presidente tiene claro que los productores no liquidamos, los que liquidan son los exportadores”.

Los dirigentes agropecuarios reiteraron en todas sus intervenciones que la previsibilidad y la reducción de la carga impositiva resultan claves en un momento crucial para planificar la campaña de trigo. A la espera de medidas oficiales, manifestaron que continuarán reclamando que la baja transitoria de las retenciones se transforme en definitiva y que no haya un incremento de los gravámenes después del 30 de junio.

Redacción

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Sturzenegger derogó un decreto de 1935 que exigía a productores medir cabezas de ajo

El Gobierno derogó el Decreto 71.178 de 1935, que desde hacía casi un siglo regulaba la tipificación, el empacado y la fiscalización de las hortalizas destinadas a la exportación. La decisión quedó plasmada en los decretos 312/2025 y 318/25, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Economía Luis Caputo, y se publicó ayer en el Boletín Oficial.

Según los considerandos oficiales, la norma derogada “generaba restricciones que hoy resultan anacrónicas” y “se traducía en un obstáculo para la eficiencia en los intercambios y en la gestión estatal”. A partir de ahora, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) se limitará a la “policía sanitaria”, mientras que la calidad y el proceso productivo quedarán en manos del mercado.

“Seguimos avanzando en la transformación más profunda de @SenasaAR en décadas”, posteó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El funcionario recordó que, con los años, al organismo “se le fue dando el rol de supervisar tres cosas: la calidad de los productos, el proceso productivo y actuar como policía sanitaria”. Y añadió: “Para un gobierno libertario como el que propugna nuestro presidente @JMilei, tanto la calidad como el proceso productivo son dimensiones que valida y evalúa el mercado. Nada tiene que hacer el Estado metiéndose en eso”.

El ministro destacó que el paso previo fue el Decreto 312/25, que “despejó el camino” para una serie de resoluciones —entre ellas la 328/2025— que “barrieron con la locura de un funcionario queriendo dictaminar qué se debe producir” y suprimieron “la habilitación de plantas de empaque” y “todas las disposiciones de calidad y de envasado”.

Sturzenegger relató que la reforma nació del reclamo de un productor mendocino de ajo: “Para autorizarle la exportación le medían el tamaño de las cabezas, prohibiéndole las que eran pequeñas”. Esa experiencia, dijo, evidenció el “absurdo” de una regulación que “gastaba recursos propios y ajenos midiendo cabezas de ajo”.

El Ejecutivo sostuvo que la eliminación de requisitos “no afectará el estado de salubridad” de los productos, garantía que continuará a cargo del Senasa. “Literalmente dejamos de molestar al productor”, subrayó el ministro, y prometió avanzar “progresivamente y sin pausa” sobre otras normativas del complejo agroalimentario.

Entre los exportadores hortícolas la medida generó entusiasmo por la reducción de “trabas absurdas” y la aceleración de plazos. No obstante, algunas voces advirtieron que la falta de controles sobre los procesos podría dificultar la trazabilidad y el cumplimiento de estándares internacionales. Con la desregulación, el Gobierno buscó modernizar un marco legal que persistía “desde la era del telégrafo”.

Redacción

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