22 octubre, 2024

CAC | Peligra el 70% del comercio tradicional

La CAC advirtió sobre las consecuencias que puede tener el comercio minorista si no se toman medidas que ayuden al sector a mantenerse en niveles mínimos de actividad.
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Mientras las compras online se vuelven cada vez más populares, los comercios minoristas corren el riesgo de cerrar definitivamente si no se toman medidas que mantengan a este sector en niveles mínimos de actividad, según confirmó la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

“Hay un riesgo de cierre definitivo del 70% de los comercios. Esto equivale a tres millones de asalariados. Aun cuando se pueda sobrellevar la situación, un porcentaje no lo logrará”, expresó el secretario de la CAC, Mario Grinman, a un medio local.

En este marco, el representante de la Cámara explicó que “el comercio tradicional de la calle viene con una recesión de hace dos años y una caída de la actividad que se acumula desde hace ocho o nueve años. El sector cayó un 11% en volumen entre 2018 y 2019”.

El vuelco a internet

En las últimas tres semanas, la demanda de productos de consumo masivo en plataformas digitales llegó a niveles impensados. Actualmente, esta actividad se ubica como la única que se impone a la inflación según lo comprueban las cifras de crecimiento de la CAC, que muestran un aumento del 47% en 2018, respecto a 2017; y un incremento del 70% en 2019 contra 2018. “Es una herramienta formidable”, expresó Grinman.

Siguiendo esta línea, el presidente del Ecommerce Institute, Marcos Pueyrredón, comentó que “Todas las proyecciones que teníamos para que se dieran en 2025 se van a dar en 2021. El nivel de digitalización y virtualización experimentado en las últimas tres semanas no se había logrado en los últimos cinco años”. “Esto se va a potenciar por un tema de seguridad y de confianza, porque el hecho de no salir tiene que ver con la responsabilidad. Y el consumidor va a exigir ese cambio”, agregó.

Mario Grinman

Según el INDEC, el comercio electrónico representa actualmente un 2% del total del comercio minorista. Sin embargo, para Pueyrredón, “la penetración del comercio electrónico va a llegar al 10% a fin de año, y en 2021 se va a llegar al 20% en Argentina y en la región, y en los países desarrollados va a alcanzar el 30%”.

En este marco, el presidente del Ecommerce Institute hizo hincapié en las tiendas de barrio, las cuales “tienen altas chances de subirse a esta transformación porque tienen la posibilidad de desarrollar la venta social a través de herramientas como Whatsapp, las redes sociales. Porque conocen al dueño del local y porque esa persona también conoce a ese cliente. Esto se va a potenciar porque el cuidadano va a ser más solidario y más colaborativo”.

*Fuente: BCR news


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HISTÓRICO | Luego de 19 años, Argentina dejó de importar gas desde Bolivia

Casi medio mes antes de la fecha ya pactada para el corte anticipado del contrato de importación de gas natural desde Bolivia, los despachos desde el vecino país cesaron, marcando así el fin de las importaciones desde el vecino país tras 19 años. La clave detrás de este corte es la inminente reversión del Gasoducto Norte prevista para mediados del mes que viene, aunque mientras tanto desde Enarsa se importa gas desde Chile.

La información del corte de los despachos desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) se desprende de los registros oficiales del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que dan cuenta que desde el pasado miércoles 18 los gasoductos argentinos dejaron de recibir moléculas de gas desde el vecino país.

Un corte anticipado del contrato de importación que fue confirmado desde Bolivia por fuentes de YPFB que recordaron que “en la última adenda del contrato de importación ya se había anticipado el fin del contrato al 30 de septiembre, pero en los hechos ya se cerraron los despachos”.

La importación de gas desde Bolivia comenzó en 2006, cuando Argentina enfrentaba una seria crisis de suministro de gas natural por la caída de la producción nacional que mes a mes veía bajar los rindes del megayacimiento Loma La Lata.

La solución que se encontró desde Energía Argentina (Enarsa) fue firmar un contrato de importación con Bolivia que el año pasado implicó importaciones por 900 millones de dólares, y que originalmente se extendía hasta diciembre de 2025.

El corte anticipado de este contrato se debe a los trabajos de reversión del Gasoducto Norte que permitirán reemplazar el gas que se importaba desde Bolivia con producción nacional de Vaca Muerta.

Pero esta obra aún no está completada, y la fecha estimada para la puesta en funcionamiento de la primera parte de la misma es recién el próximo 10 de octubre, aunque ya se habla de mediados de mes.

ARGENTINA IMPORTA GAS REGASIFICADO DESDE CHILE

Para completar la demanda de gas de las provincias del Norte Argentina, desde Enarsa se selló en junio un acuerdo de importación de gas con Chile, que este mes comenzó a ejecutarse, con el ingreso de gas a través del gasoducto Norandino, que vincula al vecino país con Salta.

Dado que Chile no cuenta con producción propia de gas natural, el fluido que está entrando desde el vecino país, que hoy llegará a los 1,4 millones de metros cúbicos en el día según los reportes de Enargas, corresponde en realidad a gas que Chile importa como gas natural licuado (GNL).

Los buques de GNL llegan a Chile a la terminal portuaria de Mejillones, en donde se lo regasifica y se inyecta en las redes de ese país, como se hace en Argentina en el puerto de Escobar. Y de hecho, el pasado viernes 13 tuvieron el récord de inyección hacia la Argentina, ya que se despacharon 2,3 millones de metros cúbicos en el día, casi el máximo de la capacidad del gasoducto que atraviesa la cordillera. El contrato de importación sellado entre Enarsa y las firmas chilenas Engie Energía Chile y ENAP Refinerías comprende un volumen total de 128,5 millones de metros cúbicos de gas natural, con lo cual en los niveles actuales de despacho se trata de un plazo de entre dos y dos meses y medio.


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En octubre podrían bajar los precios de la nafta y el gasoil

El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró este martes que la petrolera estatal analiza aplicar una baja nominal en los precios de la nafta y el gasoil en octubre si se mantiene la tendencia en los precios internacionales del petróleo y si el gobierno posterga la suba en el impuesto a los combustibles líquidos (ICL). “No importa si es mucho o poco el descuento, es un cambio de paradigma. Tenemos que tener un acuerdo lógico en el que cuando aumente el petróleo hay que subir el combustible y cuando caiga, tiene que bajar”, sostuvo Marín durante el Foro de Energía organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham).

El ejecutivo sostuvo que respecto la Argentina tendrá en los próximos años dos tercios de su producción de petróleo destinada a las exportación y un tercio al mercado local, al revés de lo que sucede ahora. “Si no tenemos precios de paridad de exportación no nos vamos a poder desarrollar”, explicó.

Si bien la petrolera ha ido aumentando los precios de los combustibles mensualmente, Marín explicó desde hace algunos meses YPF no traslada de forma completa la devaluación del 2% mensual sobre el tipo de cambio oficial y las actualizaciones del impuesto a los combustibles, por lo que “YPF bajó el precio de la nafta en términos reales”. Sin embargo, el ejecutivo sostuvo que “Eso no se lo podemos decir a la gente porque el noticiero dice que aumentan 2,5% o 3%”.

Martín dijo que el consumo de combustible en estaciones de servicio aumentó en el último tiempo, un dato que contrasta con los datos de la industria, que ve con preocupación que se sostiene la caída: según datos oficiales, en agosto las ventas de nafta y gasoil cayeron 9,2% interanual, acumulando nueve meses consecutivos de caídas, con un retroceso incluso mayor que el registrado en julio, cuando la caída había sido 5,2%, y junio, cuando la baja fue del 3,4%.

Según reseñó el sitio Infobae, la nafta súper de YPF en CABA cuesta $1.059 desde el primero de septiembre y la premium $1.309 por litro. El gasoil super vale $1.084, mientras que el diesel premium, $1.334 por litro. En el caso de la nafta súper, desde noviembre del año pasado acumula un aumento de 240%, del 91% desde diciembre y del 51% en lo que va del año. Sucede que además del impacto de la devaluación de diciembre se sumó la liberalización inicial de los precios -“pisados” durante la gestión del ministro Sergio Massa– y la recomposición parcial del atraso que acumuló el impuesto a los combustibles líquidos durante los últimos años.

Con el objetivo de limitar su impacto inflacionario, el ministro de Economía Luis Caputo frenó el ritmo de los aumentos en los combustivles instruyendo a YPF a que mantenga sus incrementos promedio a nivel nacional en línea con el crawling peg del 2% mensual más algún punto adicional para recomponer su margen y postergando los aumentos del impuesto a los combustibles, que se encuentra indexado a la variación trimestral de la inflación que informa el Indec.

Si se actualizara el impuesto, la nafta súper debería aumentar hasta los $1.190 solo por el componente impositivo, mientras que el gasoil llegaría a los $1.400 en la Ciudad.


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Según el INDEC, más del 50% de los argentinos son pobres

Si se consideran los números publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se observan los peores indicadores en los últimos 20 años. El 52,9% de la población se encuentra bajo la línea de la pobreza, esto es, personas que no pueden cubrir el valor de la Canasta Básica Total, y si lo comparamos con el último año, la situación ha ido empeorando, con un aproximado de 6,2 millones de argentinos que cayeron en la pobreza.

La cifra es aún más alarmante cuando se observa el índice de indigencia, esto es, personas que no tienen ingresos suficientes para cubrir la Canasta Básica Alimentaria, es decir que no pueden comer todos los días. Los números arrojados por el INDEC demuestran que el 18,1% de las personas viven en indigencia, esto equivale a 8,5 millones de personas. En comparación con el último año un total de 4,2 millones de personas cayeron en situación de indigencia, y en los últimos seis años el número de indigentes se cuadruplicó, lo que demuestra la feroz crisis que lamentablemente atraviesa nuestro país.

Uno de los sectores más golpeados en nuestro país por la pobreza sin dudas es el de los niños. Según este último relevamiento, el 66,1% de los menores a 14 años viven en la pobreza, mientras que el 27% de estos vive en la indigencia. Estos números, graves de por sí, toman mayor notoriedad si los comparamos con el último año: en 2023 la pobreza alcanzaba a un 56,2% de los menores mientras que la indigencia era de 13,6%. Es decir que en el último año la pobreza saltó 9,9 puntos porcentuales y la indigencia creció 13,4 puntos.

En cuanto a las regiones más afectadas, se destacan la provincia de Formosa, con el 67,6% de su población pobre, lo siguen La Rioja con un 66,4% y Tierra del Fuego con un 48,6% de pobres. En cuanto a conglomerados, el primer lugar se lo lleva Gran Resistencia con un 76,2% de pobres, el segundo lugar es para Formosa con un 67,6%, el tercer lugar se ubica La Rioja con un 66,4%, el cuarto lugar es para Concordia con un 65,8% y el quinto lugar es para Santiago del EsteroLa Banda con un 64% de pobres.

Redacción

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El Gobierno privatizará 8.600 km de rutas y proyecta un ahorro de USD 5.600 millones

El Gobierno de Javier Milei anunció, el pasado 10 de octubre, la privatización de 8.600 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en 13 provincias, a través de un proceso de licitación internacional que se realizará en dos etapas. Según planteó el Ejecutivo, la medida busca reducir el déficit fiscal y mejorar la gestión, operación y mantenimiento de las rutas, que actualmente están a cargo de la empresa estatal Corredores Viales S.A., la cual registra un déficit de 30 millones de dólares.

Corredores Viales S.A. administra algunos de los principales tramos viales del país, incluyendo rutas clave en provincias como Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, y accesos importantes como la Autopista Riccheri, que conecta con la Ciudad de Buenos Aires. La empresa estatal, creada en 2017 bajo la gestión de Mauricio Macri, fue señalada por no cumplir con los estándares mínimos de mantenimiento y operación, según datos del Gobierno. Debido a esta situación, las deudas operativas fueron cubiertas con fondos del Tesoro Nacional, desvirtuando el objetivo del sistema de peajes, que debía ser financieramente autónomo.

El proceso de privatización se estructurará en dos fases. La primera etapa, que comenzará en diciembre de 2024, involucrará la licitación de dos tramos del Corredor 18, actualmente bajo concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA), cuya concesión expira en abril de 2025. Estos tramos incluyen rutas como la RN 12 y RN 14, vitales para el corredor del Mercosur, conectando el litoral argentino con Brasil y Uruguay. La segunda fase, en febrero de 2025, abarcará otros 5.513 kilómetros de rutas gestionadas por Corredores Viales S.A., incluyendo tramos no concesionados previamente, como la RN 33 en Santa Fe y la RN 18 en Entre Ríos.

El Gobierno asegura que esta medida permitirá un ahorro estimado de 5.600 millones de dólares en un período de 20 años. Las empresas que ganen las concesiones solo podrán comenzar a cobrar peajes una vez que las rutas estén en condiciones óptimas de transitabilidad.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que el proceso está diseñado para aumentar la transparencia y atraer tanto a empresas nacionales como internacionales, al señalar que este esquema “promueve una mayor competencia y confianza en el sector privado”.

El anuncio de la privatización coincide con un nuevo aumento en los peajes que entró en vigencia el sábado 12 de octubre. Esta suba afecta a las rutas nacionales y a los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, como la Autopista Riccheri y el Acceso Oeste. El incremento se suma a los ajustes previos que se aplicaron a lo largo de 2024, en respuesta a la inflación y al índice de salarios, según lo dispuesto por Vialidad Nacional.

El esquema de ajustes tarifarios responde a la necesidad de evitar atrasos en el mantenimiento de los corredores viales, y forma parte de un plan de incrementos hasta fin de año. La medida ha generado críticas en algunos sectores empresariales, que expresan escepticismo debido a la inestabilidad económica actual y las dificultades que podrían surgir en el proceso de privatización. Un empresario del sector vial afirmó que “en este contexto macroeconómico, es muy difícil cerrar cualquier acuerdo financiero, sobre todo por el riesgo país y el control de cambios”.

Entre las rutas involucradas en este proceso destaca el Corredor del Mercosur, actualmente operado por CRUSA. Este tramo es crucial para el comercio internacional de Argentina con Brasil y Uruguay, y atraviesa provincias como Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. La empresa CRUSA ha expresado su deseo de renegociar su contrato, aunque el Estado ya lanzó la convocatoria para licitar el corredor. CRUSA también se enfrenta a una disputa legal con el Estado por incumplimientos contractuales, lo que ha complicado su situación financiera.

En paralelo, un consorcio privado compuesto por empresas como Luis Losi S.A., Rovella Carranza S.A., y JCR S.A. mostró interés en hacerse con la concesión de la Ruta del Mercosur. Este grupo ha propuesto una inversión de 650 millones de dólares para mejorar y mantener los 618 kilómetros que conectan Zárate (Buenos Aires) con Paso de los Libres (Corrientes).

Redacción

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La inflación de septiembre cayó al 3,5% y es la más baja desde 2021

La inflación de septiembre alcanzó el 3,5%, la cifra más baja desde noviembre de 2021, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este dato representa una notable desaceleración frente al 4,2% registrado en agosto, rompiendo el piso del 4% que se venía observando desde mayo de este año. En los primeros nueve meses de 2024, la inflación acumulada ya llega al 101,6%, mientras que el incremento interanual es del 209%.

La baja fue celebrada por el presidente Javier Milei, quien en sus redes sociales destacó que esta desaceleración se logró sin recurrir a medidas extremas como el control de precios o la fijación del tipo de cambio. “La inflación está bajando de manera genuina”, afirmó, en un mensaje dirigido a sus seguidores. El ministro de Economía, Luis Caputo, también expresó su optimismo, señalando que el proceso de desinflación continúa, respaldado por la “ortodoxia fiscal y monetaria” implementada por el gobierno.

El descenso en la inflación de septiembre se atribuye a varios factores. Entre los principales se encuentran la caída del consumo en sectores masivos, la estabilidad del tipo de cambio y la reducción del Impuesto PAIS sobre las importaciones de bienes y fletes, que fue implementada a comienzos del mes. Estas medidas, según los analistas, contribuyeron a la reducción de los precios de productos importados.

Consultoras privadas ya habían anticipado esta baja, proyectando una inflación de entre 3% y 3,8%. Entre ellas, la consultora C&T señaló que los datos recogidos en el Gran Buenos Aires mostraban una moderación de los precios, impulsada por menores ajustes en tarifas y una reducción en el costo de algunos alimentos, como verduras y bebidas alcohólicas.

SECTORES CON MAYORES SUBAS Y BAJAS

Dentro del informe del INDEC, el rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue el que más aumentó en septiembre, con un alza del 7,3%, debido principalmente a las subas en tarifas y alquileres. Le siguió el sector de Prendas de vestir y calzado, que registró un aumento del 6% por el cambio de temporada.

Por otro lado, Alimentos y bebidas, el rubro con mayor impacto en el bolsillo de los argentinos, registró un alza del 2,3%, un porcentaje significativamente menor que el promedio general. Este rubro incluye aumentos moderados en productos esenciales como carne, pan y lácteos. La Canasta Básica Total, que determina el umbral de la pobreza, subió un 2,6%, mientras que la Canasta Básica Alimentaria, usada para medir la indigencia, aumentó solo un 1,7%.

PROYECCIONES PARA OCTUBRE

Aunque la cifra de septiembre trae un alivio, los analistas prevén que la inflación podría mantenerse en niveles similares durante el mes de octubre, debido a los aumentos programados en tarifas de servicios públicos. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta una inflación del 3,4% para el próximo mes, aunque consultoras privadas (como Libertad y Progreso) señalan que podría estar más cerca del 3%.

El proceso de desinflación sigue siendo el principal objetivo del gobierno de Javier Milei, quien ha vinculado el fin de los controles cambiarios con la estabilización del índice inflacionario. No obstante, las proyecciones a largo plazo muestran que los desafíos persisten. El REM estima una inflación del 35% para 2025, casi el doble de lo que anticipa el gobierno en el proyecto de Ley de Presupuesto.

La inflación núcleo, que excluye los precios regulados y factores estacionales, también mostró una baja, ubicándose en el 3,3% en septiembre. Esto sugiere que la desaceleración podría continuar en los próximos meses, aunque el ritmo dependerá de la evolución de las tarifas de servicios y del comportamiento del dólar en los mercados financieros.

Redacción

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El Gobierno disolverá la Casa de la Moneda, junto a otros cinco organismos

El Gobierno prepara un decreto para eliminar la Casa de la Moneda, que depende del Ministerio de Economía que comanda Luis Caputo. Se trata de uno de los cinco organismos que el Ejecutivo planea disolver en el corto plazo.

La Casa Rosada anunció este martes el cierre de la empresa Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), que implica el despido de 1388 empleados y un ahorro de $42.000 millones anuales. Oficializó también la disolución del Instituto Argentino del Transporte (IAT).

Todo forma parte de la reforma estatal que lleva adelante el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Ya eliminó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y prepara el cierre de otros 60 organismos.

La desvinculación y la privatización de las sociedades del Estado están a cargo del titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, que tiene oficinas en Balcarce 50 y en el Palacio de Hacienda. Trabaja en conjunto con el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y con la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal.

La Casa Rosada prepara la eliminación de los organismos desde marzo, pero necesitaba las facultades administrativas que le dio el Congreso a Javier Milei a fines de junio para poder oficializarlo. Trabajan en el respaldo legal para argumentar la disolución de cada área.

Tras la sanción de la Ley Bases, el presidente tiene la facultad extraordinaria eliminar competencias, funciones, estructuras jurídicas y responsabilidades de cada ente. Puede además ceder organismos a las provincias que los soliciten. Pone la mira en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y en el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), entre otros.

Las universidades, las dependencias del Poder Legislativo y las del Judicial quedaron fuera de la intervención del jefe de Estado. Lo mismo aplica para el CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA.

El artículo 52 de la Ley Bases fija el marco normativo para los empleados públicos que trabajan en áreas sujetas a eliminación o modificación. Establece que queden un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados y que sean capacitados para otras tareas o realicen servicios tercerizados del Estado.


Redacción

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