22 febrero, 2025

Argentina registró en 2024 el superávit comercial más elevado de las últimas dos décadas

La balanza comercial cerró el año con más de USD 18.899 millones a favor, impulsada por exportaciones de combustibles, energía y productos agroindustriales.
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Argentina alcanzó en 2024 un superávit comercial de USD 18.899 millones, la cifra más alta de los últimos 20 años en términos nominales, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El resultado final se definió en diciembre, cuando el país registró un saldo positivo de USD 1.666 millones, con exportaciones por USD 7.035 millones e importaciones por USD 5.369 millones.

Este desempeño cerró 12 meses consecutivos de superávit y revirtió el déficit de USD 6.926 millones observado en 2023. Las exportaciones crecieron 19,4% interanual durante el año, hasta alcanzar los USD 79.721 millones, mientras que las importaciones cayeron 17,5%, con un total de USD 60.822 millones. Aun así, el Indec estimó que la Argentina habría obtenido un superávit de USD 21.246 millones si hubieran prevalecido los precios de 2023, pero la caída del índice de precios de las exportaciones (-5,8%) en comparación con el de las importaciones (-4%) generó una pérdida en los términos de intercambio de USD 1.550 millones.

Dentro de la dinámica de diciembre, las compras externas aumentaron 26,2% en la comparación interanual y registraron una suba de 8,8% frente a noviembre. En tanto, las ventas al exterior avanzaron 33,4% respecto de diciembre de 2023. Los rubros que más impulsaron las exportaciones fueron las manufacturas de origen agropecuario (36% de suba interanual), los productos primarios (30%) y el sector energético (50%). Por el lado de las importaciones, el alza más significativa se dio en vehículos (230%) y bienes de consumo (53%), mientras que las compras de energía descendieron 43%.

El economista Jerónimo Montalvo, de la consultora Abeceb, señaló que el país exhibió en diciembre un superávit comercial “durante toda la gestión Milei, con una aceleración por segundo mes consecutivo y con un crecimiento sensible respecto del resultado de diciembre de 2023 (64%)”. Montalvo afirmó que el récord de 2024 (que no se dio como porcentaje del PBI) respondió a la combinación de un fuerte crecimiento de las exportaciones y una marcada reducción de las importaciones, las cuales alcanzaron su menor nivel desde 2015 en proporción al producto bruto.

Según Montalvo, en 2025 las exportaciones seguirían en aumento, impulsadas por una buena cosecha y el aporte del sector energético, con un incremento estimado de 7%. Sin embargo, auguró también una mayor dinámica en las compras externas, que se proyectarían con una suba de 16%. En ese escenario, el país podría mantener un saldo comercial positivo de entre USD 14.000 y USD 15.000 millones, con casi la mitad proveniente del sector energético.

En línea con esta tendencia, el economista Jorge Vasconcelos, del Ieral, observó que la recuperación económica en Argentina mostró un sesgo hacia el crecimiento de las importaciones no energéticas. Destacó asimismo el comportamiento del comercio bilateral con Brasil: las importaciones argentinas desde ese país pasaron de caer 50,5% interanual en junio de 2024 a incrementarse 46,9% en diciembre, mientras que las exportaciones a ese destino se desaceleraron a 2,5% en el mismo lapso.

Por otra parte, el sector energético también exhibió un desempeño notable. A lo largo de 2024, la balanza comercial energética mostró un superávit de USD 5.668 millones, el mayor de los últimos 18 años. Las exportaciones de combustibles y energía crecieron 22,3% y totalizaron USD 9.677 millones, lo que representó el 12,1% de los envíos argentinos al exterior. Chile se posicionó como el principal destino de estas ventas, con USD 2.844 millones, un 74,1% más que en 2023. A la vez, las importaciones de combustible y lubricantes se contrajeron 49,4%, hasta USD 4.009 millones.

En diciembre, este rubro marcó un superávit energético de USD 852 millones. Según los datos oficiales, las exportaciones del mes sumaron USD 1.032 millones, de los cuales USD 5.473 millones correspondieron a la venta de aceites de petróleo, al tiempo que las compras externas se ubicaron en USD 180 millones, un 42,9% menos que en diciembre de 2023. De este modo, el país consolidó un año con resultados positivos tanto en el balance energético como en el global, alcanzando el superávit comercial nominal más alto de las últimas dos décadas.

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Un municipio de Salta construirá un muro de 200 metros en la frontera con Bolivia para frenar los cruces clandestinos: “Era un descontrol total”

El municipio argentino de Aguas Blancas, en la provincia de Salta, confirmó la construcción de un alambrado de 200 metros en la frontera con Bolivia y desató la indignación del país vecino. El interventor de esa comuna, Adrián Zigarán, aseguró que la iniciativa apuntó a que todas las personas realicen los trámites migratorios correspondientes y detalló que la firma del convenio se concretó mediante una licitación publicada en el Boletín Oficial salteño, bajo la Resolución 17/2025 y en el expediente 056/25.

La polémica se originó luego de que la cancillería boliviana divulgara un comunicado en el que advirtió que “cualquier medida unilateral puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”. En esa línea, las autoridades de Bolivia expresaron: “El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia expresa su preocupación ante el anuncio del Gobierno de Argentina de instalar una cerca de 200 metros en la frontera entre ambos países” y anticiparon que solicitarían, a través de los canales diplomáticos, la información oficial sobre la valla.

Zigarán, quien reemplazó al exintendente condenado Manuel Cornejo, precisó que el alambrado tendría unos 2,5 metros de alto y se ubicaría en la rivera del Río Bermejo, entre la Terminal de Ómnibus de Aguas Blancas y la oficina de Migraciones. “Era un descontrol total”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales, y explicó que buscaban “evitar que la gente llegue al pueblo, salte por un paredón que hay en la zona para evitar inundaciones y cruce al país vecino sin hacer migraciones”.

Según expuso, la iniciativa formó parte del “Plan Güemes”, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Patricia Bullrich, para fortalecer las fronteras del norte y combatir delitos federales. Ese programa ya había desplegado fuerzas de seguridad en la zona el año anterior. En ese sentido, Zigarán evaluó que la narcofrontera “se había corrido 300 kilómetros dentro de Salta” y consideró que los nuevos controles “vienen teniendo buenos resultados”.

La construcción del vallado generó malestar en el gobierno de Luis Arce. El ministro de Justicia boliviano, César Siles, se quejó por la medida y la calificó como “vulneratoria de los principios más elementales de la convivencia pacífica en el nivel internacional” y afirmó que “esto iría en contra de los tratados internacionales”. También solicitó que organismos como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) “deberían conminar estas determinaciones” y añadió: “Esperemos que solo sea un anuncio y no algo real. Esperemos que el presidente de Argentina pueda reflexionar”.

Por su parte, Zigarán aseguró: “Me llamó la atención que se preocupe el gobierno boliviano porque las autoridades nacionales hace más de un mes nos llaman para que refuercen los dos pasos que tenemos”. El interventor cuestionó a Bolivia por una supuesta falta de colaboración en los controles: “Así que es bienvenido que ahora se hayan despertado”. Además, relató que, durante las fiestas de fin de año, ese país envió solo a un oficial migratorio, lo que provocó grandes demoras en la frontera.

En la zona afectada, las personas suelen cruzar a diario cargando mercadería. “Esta gente, que viene de la pobreza, viene en tabla de surf por el río y traen esta mercadería, pero no saben qué hay adentro”, dijo Zigarán, y calificó a quienes transitan por la noche con bolsas de consorcio como “chancheros”, enfatizando la dificultad de controlar esos ingresos.

El interventor de Aguas Blancas expresó que la falta de un cercado claro en el paso fronterizo había facilitado la actividad de bagayeros y el ingreso de productos sin declarar: “En ese marco, Nación entiende que ya se dio el tiempo suficiente para que entiendan que se tiene que entrar y salir por donde corresponde“. El vallado se configuró como un modo de canalizar el tránsito hacia Migraciones y la Aduana, con el objetivo de reducir el cruce irregular en un pueblo de alrededor de 3000 a 4000 habitantes, donde, según Zigarán, “unas 15 mil personas” cruzaban al país vecino “sin pasar por controles”.

Bolivia, a través de su cancillería, reiteró en su comunicado: “Bolivia continuará apoyando el diálogo constructivo como la vía para solucionar los asuntos de común interés”. Sin embargo, aseguró que analizaría la información requerida a Argentina antes de definir los pasos a seguir. El gobierno salteño, por su parte, ratificó la continuidad de la obra e indicó que el alambrado perimetral buscaría delimitar la frontera de manera más efectiva, sin descartar la implementación de futuras medidas de seguridad en la zona.

Redacción

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El Gobierno convocó a una audiencia para definir las tarifas de luz

El llamado oficial quedó formalizado a través de la resolución 74/2025 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), publicada en el Boletín Oficial. La medida del Ejecutivo busca abordar las tarifas aplicadas por los transportistas de energía de alta tensión en el marco de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT). Empresas como Transener, Transba (provincia de Buenos Aires), Transpa (Patagonia), Distrocuyo, EPEN (Neuquén), Transnea, Transnoa y Transcomahue presentarán sus propuestas y tendrán hasta diez minutos para exponer sus argumentos en busca de incrementos tarifarios y la garantía del servicio. En contraparte, funcionarios, legisladores y representantes de organizaciones de defensa de los consumidores contarán con cinco minutos cada uno para expresar sus posturas.

El encuentro se llevará a cabo el 25 de febrero a partir de las 8:30 de manera virtual. Además, contará con una transmisión en streaming a través de YouTube, según el sitio oficial del organismo (el link de acceso se publicará dos horas antes).

La audiencia estará abierta al público. Cualquier persona física o jurídica, de carácter tanto público como privado, deberán acreditar interés o derecho en el tema. La inscripción debe realizarse previamente en el Registro de Participantes a través de la página web del ENRE. El período de inscripción será del 8 al 22 de febrero.

Antecedentes, recortes y tarifas “focalizadas”

La Revisión Tarifaria Integral (RTI) más reciente fue en 2016, cuando se fijaron las tarifas para el período 2017-2022. Sin embargo, dicho esquema se incumplió producto de la crisis económica de 2018. Ahora, el Gobierno busca definir un nuevo marco tarifario, mientras avanza con la revisión del sector del gas, cuya audiencia pública está programada para el 6 de febrero.

En simultáneo, el Gobierno recortó 38% los subsidios a la energía en 2024. A pesar de esa baja, el Estado todavía cubre más de la mitad del costo de la electricidad. Los datos, aportados por el Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP (UBA-CONICET), arrojan que los hogares de ingresos medios (N3) actualmente reciben una bonificación del 59% sobre un bloque de consumo reducido a 250 kWH mensuales, mientras que los de menores ingresos (N2) cuentan con un subsidio del 74% para ese mismo bloque.

En paralelo, la gestión del presidente Javier Milei prevé implementar en mayo una “tarifa focalizada”. La iniciativa contempla cambios en el esquema de subsidios vigente desde 2022, que actualmente se divide en tres niveles: ingresos altos (N1), medios (N3) y bajos (N2). El objetivo de esta reforma sería reforzar la asistencia a los sectores que más lo necesitan.

Los nuevos cuadros tarifarios entrarán en vigencia el 1° de abril y serán publicados el 31 de marzo. De acuerdo con el cronograma del ENRE, Edesur y Edenor tienen plazo hasta el 27 de enero para presentar sus propuestas en el marco de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT). Al día siguiente, el 28 de enero, se oficializará la convocatoria a una audiencia pública, prevista para el 27 de febrero y que se realizará de forma virtual.

Redacción

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El Gobierno prepara una comisión para investigar la gestión de Alberto durante la cuarentena

El Gobierno analizó crear una comisión ad hoc para investigar la gestión de Alberto Fernández sobre la pandemia de COVID-19. El Ejecutivo afirmó que quería encabezar una auditoría sobre las medidas que impulsó el expresidente para evitar la expansión del coronavirus y presentar un informe ante la Justicia. “Es una opción fuerte, que se está evaluando”, indicaron desde Nación.

La Casa Rosada sostuvo que impulsaría una revisión total de todos los archivos vinculados con la cuarentena, los contratos secretos para la compra de vacunas, el comité de expertos y las asesorías que recibió el oficialismo entre 2019 y 2022. “Nos interesa profundizar en la constancia científica que promovió sus medidas”, agregaron en referencia a las decisiones sanitarias que tomaron los exministros de Salud Carla Vizzotti y Ginés González García, este último procesado en la causa del “vacunatorio VIP”. En Balcarce 50 acusaron al gobierno anterior de “estirar la cuarentena por beneficio político” y de cometer delitos de lesa humanidad durante el aislamiento preventivo. También investigaron al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quiros.

El entorno de Javier Milei aseguró que el Presidente “estuvo decidido a que se investigara en profundidad toda la documentación sobre la pandemia”. El oficialismo libertario denunció que la Organización Mundial de la Salud (OMS) “promovió cuarentenas eternas sin sustento científico” y sostuvo que esa política “podría catalogarse como un delito de lesa humanidad”, al considerar que “causó una gran crisis económica”. El Ejecutivo tomó la decisión de abandonar el organismo internacional y anunció que denunciaría a su titular, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ante la Corte Penal Internacional.

En Balcarce 50 reclamaron que la gestión de Alberto Fernández “dejó a los niños fuera de la escuela, a cientos de miles de trabajadores sin ingresos, llevó a comercios y PyMEs a la quiebra, y costó 130.000 vidas”. Además, Milei calificó a Ginés González García como “cómplice y responsable de la cuarentena más larga del mundo” y aseguró que “su incompetencia le costó la vida a más de 100.000 argentinos, al margen de lo oscuro que ha sido el tema de los testeos y el ‘vacunatorio vip’”. Por ese motivo, el Presidente analizó crear una comisión ad hoc, con la atribución de constituir un organismo temporal dedicado a investigar la ejecución de las políticas gubernamentales de la gestión anterior. Esa instancia estaría facultada para solicitar la colaboración de toda la Administración Nacional y de ambas cámaras del Congreso.

En el plano legislativo, la diputada del PRO y presidenta de la comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Diputados, Sabrina Ajmechet, anunció, en abril del año pasado, la creación del Registro de Violaciones en Pandemia. Declaró que recopilaría denuncias para “fomentar la memoria y la justicia” y afirmó: “El gobierno de Alberto Fernández es el que más violaciones de Derechos Humanos cometió en democracia”. La legisladora prometió un espacio seguro para que las personas pudieran compartir sus testimonios y anticipó que se presentaría un informe final ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales.

Ajmechet fue designada al frente de la comisión de Derechos Humanos el miércoles 10 de abril de 2024 y convocó para el miércoles 24 de aquel mes una reunión informativa para recibir denuncias sobre posibles violaciones durante la cuarentena. Entre los hechos más graves que se conocieron en ese período, trascendieron el asesinato del trabajador rural Luis Espinoza en Tucumán a manos de policías locales, la represión contra la comunidad Qom en Fontana (Chaco) y la desaparición seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro en la Provincia de Buenos Aires. También generaron controversia los centros de aislamiento de Formosa, donde se impusieron restricciones duras que derivaron en varias demandas judiciales.

Por otro lado, un informe de Amnistía Internacional, fechado en agosto de 2020, identificó más de 30 casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza en todo el país, mientras que las fuerzas de seguridad federales realizaron 10.887 detenciones entre el 20 de marzo y el 4 de mayo de ese año en el contexto de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO). El reporte consignó también detenciones masivas en distintas provincias: 1.192 en la Ciudad de Buenos Aires, 21.478 en Santa Fe, 17.214 en Córdoba y 6.419 en Chubut, todas vinculadas con el control del aislamiento. El documento señaló que varios de esos hechos reproducieron “prácticas abusivas extendidas” en las fuerzas de seguridad del país.

“Amnistía Internacional reconoció la necesidad de que, en un contexto excepcional de emergencia sanitaria, se adoptaran medidas para extremar los cuidados en la vía pública”, advirtió en aquel momento la ONG, pero aclaró que “el mantenimiento del orden y la seguridad no debe contraponerse con los derechos humanos, por el contrario, su respeto y protección son pilares fundamentales de un estado de derecho”.

Redacción

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La Mesa de Enlace respaldó la baja de retenciones anunciada por Caputo pero exigió su eliminación definitiva

El Gobierno, encabezado por el presidente Javier Milei, comunicó a través de su vocero Manuel Adorni y del ministro de Economía Luis Caputo la reducción y eliminación de los derechos de exportación (DEX) para diversos productos agropecuarios. El anuncio incluyó la rebaja temporal de la soja, que bajó de 33% a 26%; de sus derivados (aceite y harina), de 31% a 24,5%; y de trigo, maíz, cebada y sorgo, de 12% a 9,5%. El girasol disminuyó de 7% a 5,5%. Además, se eliminaron de forma permanente los DEX para economías regionales que aún tributaban entre 2,5% y 5%, como azúcar, algodón, arroz y productos forestales.

La reducción comenzaría la próxima semana y se extendería hasta el lunes 30 de junio. Para acceder a estas alícuotas más bajas, los productores debían liquidar sus ingresos en el mercado de cambios en un plazo de 15 días tras presentar la declaración jurada de ventas de exportación (DJVE), aunque las exportaciones efectivas podrían concretarse más adelante.

La Mesa de Enlace, conformada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y la Federación Agraria Argentina (FAA), consideró que la iniciativa representó “un paso positivo ‘en la dirección correcta’” para el campo. Al mismo tiempo, resaltó la necesidad de que la quita de retenciones sea definitiva. “Las retenciones son un tributo regresivo y perjudicial que debe ser eliminado de manera definitiva. Este impuesto ha sido históricamente un freno para el desarrollo del sector productivo. No es sostenible pedirle al productor que pague impuestos cuando ni siquiera logra cubrir los costos de producción”, expresaron en un comunicado conjunto.

Las entidades explicaron que venían advirtiendo “sobre una situación crítica para el sector agropecuario, que se agravó significativamente en las últimas semanas” por la baja de los precios internacionales, la sequía que afectó a cultivos de soja y maíz y la alta presión impositiva. Precisaron que el jueves anterior solicitaron públicamente un “alivio fiscal” y alertaron sobre la crisis que atravesaba la actividad. En ese mismo encuentro, acordaron pedir una reunión con el ministro Caputo, quien prometió recibirlos el 6 del mes próximo.

La Comisión de Enlace afirmó que “la eliminación de este impuesto no debe ser sólo una medida transitoria, sino un cambio estructural que garantice las condiciones para fomentar la inversión y el desarrollo genuino”. También recordó que “desde el año 2002, los productores agropecuarios hemos aportado más de 200.000 millones de dólares en retenciones”, y estimó que “ha llegado el momento de que esos recursos se transformen en inversión y trabajo genuino en las provincias que generan riqueza y empleo”.

En cuanto a las economías regionales, las cuatro entidades destacaron que “la eliminación de retenciones para productos de las economías regionales es una medida fundamental para cientos de productores que están asfixiados y necesitaban de este alivio”. Subrayaron, además, que “para potenciar al campo como motor económico del país es fundamental avanzar también en temas estructurales como la mejora de la infraestructura, la conectividad, la seguridad y otros aspectos que permitan consolidar el desarrollo sostenible del sector”.

Redacción

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PAMI | Vuelve la cobertura de los medicamentos 100% gratis para los jubilados

A fines del año pasado, el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) realizó cambios clave en los requisitos de acceso al programa de medicamentos gratis para los adultos mayores. A pesar de las modificaciones, existen diversos beneficiarios de la obra social que podrán acceder a la ayuda social, aunque no cumplan con todos los requisitos establecidos por la institución.

¿Cuáles son los nuevos requisitos para tener medicamentos PAMI gratis?

Tras los cambios que determinó la obra social, podrán obtener una cobertura del 100%, los afiliados del PAMI que cumplan las siguientes condiciones:

No poseer aeronaves o embarcaciones de lujo

No tener un vehículo con menos de 10 años de antigüedad

Tener ingresos netos menores a 1,5

No estar afiliado a un sistema de medicina prepaga

No ser propietario de más de 1 inmueble

No contar con activos societarios que demuestren solvencia económica

¿Quiénes pueden tener medicamentos gratis sin cumplir con todos los requisitos?

Los jubilados que posean un Certificado Único de Discapacidad (CUD) a su nombre podrán obtener los medicamentos 100% gratuitos, a pesar de no cumplir con los requisitos. Así también quienes vivan con personas titulares del CUD podrán tener los medicamentos con el 100% de cobertura. Sin embargo, no podrán tener un ingreso mensual total mayor a 3 haberes previsionales mínimos.

¿Qué medicamentos no serán gratuitos en 2025?

Según detalló la institución, los fármacos que no estarán 100% cubiertos son aquellos que no se consideran esenciales para el tratamiento de enfermedades graves o crónicas. Los medicamentos excluidos incluyen:

Antibióticos y antivirales: como el Ácido Acetilsalicílico, Aciclovir, Ciprofloxacina, Claritromicina y Metronidazol.

Analgésicos y antiinflamatorios: como la Betametasona, Dexametasona y Meprednisona.

Medicamentos para el tratamiento de diversas afecciones: como el Benznidazol, Ivermectina, Tramadol, y Metotrexato.

¿Cómo hacer el trámite para tener medicamentos gratis?

El trámite para tener remedios gratis se podrá realizar por medio de la web oficial del PAMI o de forma presencial en las agencias de la obra social. El proceso lo podrá realizar tanto el titular como el apoderado.

Los pasos a seguir son los siguientes:

Ingresar al sitio web oficial de PAMI y elegir la opción “Trámites Web”.

Hacer clic en “Medicamentos sin cargo por subsidio social” y luego en “Iniciar este trámite”.

Completar los datos solicitados: número de afiliado, DNI y número de trámite del último DNI.

Indicar si se es el afiliado titular o un familiar realizando el trámite.

Confirmar se cumple con los requisitos mencionados.

Responder las preguntas indicadas

Finalizar la carga de documentación y obtener el número de caso para consultar el estado del trámite.


Redacción

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La Justicia embargó más de $2.000 millones a Cristina por las causas Hotesur y Los Sauces

La “crisis judicial” de la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, se intensifica tras el rechazo del fiscal general Diego Velasco a sustituir los embargos de las causas Hotesur y Los Sauces—valorados en alrededor de $2.239.295.812 —con dólares provenientes de bienes ofrecidos por Florencia Kirchner, dos departamentos en Puerto Madero y sus cocheras. 

Velasco advirtió que, en caso de condena, el decomiso podría superar esa cifra, señalando que los activos están vinculados a presuntas maniobras de blanqueos ilícitos. Las investigaciones apuntan a que las empresas familiares Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. habrían funcionado como “pantallas societarias” para ocultaron sobreprecios en obras públicas, en una “cortina de humo”, que involucra al empresario Lázaro Báez, cercano a la familia Kirchner y que actualmente cumple prisión domiciliaria.

Las causas de ambas sociedades surgieron tras denuncias que apuntaban a irregularidades en la declaración patrimonial de CFK y el funcionamiento de estas. Se sostiene que estas compañías no operaron con un giro comercial, sino que se usaron para blanquear dinero que, supuestamente, provenía de “contratos con el Estado inflados en sus precios”.

En la causa Los Sauces se impuso un embargo de $110 millones para CFK, $130 millones para Máximo y 130 millones para Florencia, además de $673 millones en activos de Los Sauces S.A. En la causa Hotesur, se fijaron embargos de $170 millones para CFK y Máximo, y $150 millones para Florencia, junto a aproximadamente $763 millones en bienes de Hotesur.

El abogado defensor de Cristina, Carlos Beraldi, solicitó anteriormente por medio de una carta a la Justicia, que estos embargos sean reemplazados por otros inmuebles, argumentando que algunas de las medidas cautelares deberían levantarse dado que Florencia Kirchner fue sobreseída en dicha causa. Entre estos reemplazos estaban 4.664.000 de dólares depositados en cajas de seguridad a nombre de la hija de CFK, la unidad funcional 440 (dúplex 8 y 9) y cinco cocheras relacionadas del edificio Madero Center, perteneciente a Los Sauces S.A., que estaban cautelados en la causa Los Sauces y que Cristóbal López, conocido como “el zar del juego”, alquilaba con dos de sus empresas, así como lo que estaba a nombre de Florencia Kirchner.

Hasta la pronunciación que tuvo el año pasado los expedientes: “Máximo y Florencia Kirchner ni siquiera pueden utilizar libremente los frutos obtenidos a partir de la administración de su patrimonio”, dijo Beraldi en su escrito.

La Unidad de Información Financiera (UIF) habría rechazado los pedidos de la defensa, argumentando que los bienes propuestos como sustituto están sospechados de haber sido adquiridos a través de actividades ilícitas también.

La UIF sostiene que estos bienes no cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados como garantía suficiente debido a su origen cuestionable, entre estos se encuentra Lázaro Báez. Se estima que más del 80% de los ingresos de Los Sauces provenían de empresas vinculadas a López y Lázaro Báez, ambos socios de CFK.

La justicia sostiene que los fondos que Báez lavó, provienen principalmente de arreglos en los cuales su empresa, Austral Construcciones, recibió adjudicaciones millonarias durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se estima que pudo haber lavado alrededor de 3.500 millones de dólares a través de un sistema que combinaba ingresos legítimos e ilegítimos. Este blanqueo se realizaba mediante una “usina de lavado” que incluía la creación de empresas y operaciones financieras fantasmas.

Se alegó en su momento que los contratos entre las empresas de Báez y las sociedades hoteleras de los Kirchner eran simuladas, diseñados para dar apariencia de legitimidad al dinero que fluía entre ellos. Además, Báez habría facilitado préstamos significativos a la familia Kirchner para la adquisición de propiedades hoteleras, lo que refuerza la idea de que actuaba como un intermediario financiero para blanqueo, así como quien enviaba parte del capital al exterior, donde se intentaba ocultar su origen.

Se creaban empresas en paraísos fiscales como Panamá, Uruguay y Belice para mover el dinero a través de cuentas bancarias en Suiza, cuyos beneficiarios finales eran los hijos de Lázaro Báez, como también involucrando a otros exfuncionarios y sindicalistas ligados al kirchnerismo.

Redacción

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