Antes de irse, Massa giró $230 mil millones para pagar bonos de fin de año y aguinaldos
El excandidato a presidente y actual ministro de Economía giró importantes sumas a las provincias que temen no poder pagar sueldos y aguinaldos tras la asunción de Javier Milei.
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El miércoles pasado, el ministro de Economía Sergio Massa se reunió con varios gobernadores provinciales a fin de llevar tranquilidad con algunos fondos, entre ellos los aguinaldos y pagos municipales. De acuerdo a lo expresado por los mandatarios, el principal temor es que, ante la asunción del presidente electo Javier Milei, Nación no derive los fondos con los que aún cuentan.
En ese sentido, Massa respondió los llamados y cedió una importante reunión donde se confirmó un giro total de 230 mil millones de pesos que saldrán de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Para este año, ya se recaudaron 176.095 millones de fondo ATN, pero a las provincias se les transfirieron 50.661 millones, entonces queda un saldo de 125.434 millones sin utilizar que van a pasar al año siguiente.
Recibí a los gobernadores para garantizar que las provincias tengan los fondos que permitan el pago de sueldos y aguinaldos de diciembre.Serán transferidos por la Nación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada… pic.twitter.com/Khx2WRUbc7
Además, el ministro intentó llevar calma a los gobernadores asegurando que dejó 930 mil millones de pesos “en caja” a Milei para que el año próximo se los distribuya a cada provincia. Esto se habría anunciado con el fin de acusar al libertario en caso de que no quiera ceder “los fondos que ya están”, alegaron fuentes cercanas a Massa.
Por último, el funcionario explicó vía redes que esta transferencia no impactará de forma negativa en el Presupuesto 2024, dado que los fondos pertenecen a ciclos anteriores: “Recibí a los gobernadores para garantizar que las provincias tengan los fondos que permitan el pago de sueldos y aguinaldos de diciembre. Serán transferidos por la Nación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional no utilizados en este ejercicio y del pago de una deuda actualizada del Consenso Fiscal del 2018, sin afectar de esta forma al Presupuesto 2024“, dijo.
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El Radar Pyme del tercer trimestre de 2025, elaborado por la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales (ENAC), reveló que la economía argentina atraviesa una recesión consolidada, con ventas en baja, salarios depreciados y costos en alza. Según el informe, el 40,4% de las pymes reportó malas ventas y seis de cada diez trabajan sin ganancias.
El estudio advierte que “la economía argentina continúa sin señales de recuperación” y que el sector productivo nacional “opera por debajo de su capacidad real”. La utilización promedio del aparato productivo fue de 54,6%, cifra considerada preocupante por la entidad. En la industria, el nivel fue de 54,7%, por debajo del umbral del 60% que se asocia a un uso saludable de la capacidad instalada.
La encuesta, realizada entre más de 1.000 pequeñas y medianas empresas, muestra que el 88% enfrentó aumentos de costos y el 74%debió subir precios, aunque sin poder trasladar completamente la inflación. En el sector industrial, el 45,9% de las firmas registró fuertes caídas en las ventas, lo que confirma el deterioro del mercado interno.
El presidente de ENAC aseguró que “el consumo se derrumba”
El presidente de ENAC,Leo Bilinski, advirtió que “el 13% de los empresarios evalúa cerrar antes de fin de año”, ante un escenario de demanda deprimida y suba constante de costos. “Las familias están endeudadas hasta el 130% de sus ingresos y el consumo se derrumba”, detalló el dirigente.
En el frente laboral, solo el 17,1% de las firmas incorporó personal, mientras que un 19,7% despidió trabajadores. En la industria, los despidos trepan al 28,8%, con un resultado neto de -2,99% en el empleo pyme durante el trimestre.
El financiamiento, lejos de destinarse a inversión, se volvió una herramienta de supervivencia. El 21,3% de las empresas se endeudó para pagar impuestos y el 20,5% para cubrir salarios o aguinaldos.
A su vez, el 59% de las firmas denunció demoras en los pagos de clientes y el 47% más incumplimientos, generando una asfixia de liquidez: las pymes financian a sus compradores a 37 días, pero pagan a proveedores en 30.
Las expectativas hacia el futuro tampoco son alentadoras. El 76% de los empresarios cree que la economía seguirá empeorando y el 65% no planea invertir en el próximo trimestre. Entre los principales obstáculos, destacan la caída del mercado interno (75%), la pérdida de rentabilidad (55%) y la apertura de importaciones (43%), factores que, según ENAC, “amenazan la supervivencia de miles de pymes en todo el país”.
Para cubrir sus gastos, la mitad de los hogares en argentina usa ahorros, pide dinero prestado, vende pertenencias y compras en cuotas o al fiado, de acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Según el documento “Estrategias de manutención ¿cómo organizan su economía los hogares argentinos?”, en el primer semestre 2025:
37,4% de los hogares recurrieron a gastar lo que tenían ahorrado
16,1% pidió préstamos a familiares/amigos
14,2% pidió préstamos a financieras
50,9% compró en cuotas o al fiado con tarjeta de crédito o libreta
9,3% vendió sus pertenencias
Evolución de las estrategias de los hogares
“El 19,9% de los hogares recurrió al uso de ahorros en 2003, mientras que en 2025 ese valor escaló al 37,4%. Entre las estrategias de financiamiento, los préstamos de bancos y financieras se incrementaron 10,8 puntos porcentuales y el uso de tarjeta de crédito o pago en fiado tuvo un aumento de 28,9 puntos porcentuales entre 2003 y 2025”, señaló el INDEC.
Según el organismo, “para la satisfacción de sus necesidades, y ante la ausencia de nuevos ingresos monetarios –laborales o no laborales– o en especie, los hogares recurren a otras estrategias como complemento. Entre ellas se cuentan las que implican una descapitalización por la venta de pertenencias o el uso de ahorros, los préstamos con entidades bancarias u otros mecanismos informales (familiares, por ejemplo), y la financiación de compras en cuotas o al fiado“.
“Hoy la mitad de los hogares vive a crédito. El financiamiento dejó de ser una herramienta de progreso para transformarse en un mecanismo cotidiano de supervivencia, donde la deuda reemplaza al ahorro y al aumento real de los ingresos”, señalaron desde el CEPEC.
Situación de acuerdo a distintos estratos de ingreso
En detalle, el 16,1% de los hogares del estrato de ingreso medio recurrió al uso de ahorros o a la venta de pertenencias como estrategia de manutención; mientras que, a medida que desciende el nivel de ingresos se incrementa la toma de préstamos.
En el primer semestre de 2025, uno de cada cuatro hogares se endeudó y, dentro del estrato de ingreso bajo, lo hizo uno de cada tres.
En cuanto a la solicitud de préstamos de los hogares, en el estrato de ingreso alto y medio hay una mayor cantidad que se endeuda con entidades bancarias y financieras. Dentro del estrato de ingreso bajo, predomina el endeudamiento informal con familiares o amigos.
El porcentaje de hogares que utilizó ahorros tuvo un incremento entre 2018 y 2020, cuando alcanzó un valor cercano al 35%. A partir de entonces se mantuvo relativamente estable, hasta el primer semestre de 2024, cuando volvió a registrar una suba y llegó al valor máximo de la serie (40,1%).
El uso de ahorros no presenta grandes diferencias entre estratos de ingreso, salvo entre 2020 y 2021, cuando disminuyó el porcentaje de hogares de mayores ingresos que declaró hacer uso de ahorros.
“También se observa una caída de los ingresos en especie y un incremento de la financiación de los gastos –sea por vías formales, como las tarjetas de crédito, o informales, como el fiado– y de la utilización de ahorros para gastos corrientes”, informó el organismo.
El CEPEC considera que los números del INDEC muestran que “la economía de los hogares está cada vez más tensionada. El modelo actual se apoya en tres pilares interdependientes: trabajo (82%), que ya no garantiza estabilidad; asistencia estatal (14,6%), que crece como sostén estructural; y deuda o uso de ahorros (más del 50%), que completan los ingresos faltantes“.
Y concluye: “Los hogares argentinos viven entre el esfuerzo, la ayuda y el endeudamiento, en una economía donde el ingreso real pierde terreno y la estabilidad depende del crédito o del apoyo estatal”.
A días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025, estalló un grave conflicto interno en la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en el distrito bonaerense de La Matanza, el municipio más poblado de la provincia de Buenos Aires con aproximadamente 1,2 millones de electores.
El PRO decidió retirar a los 1.000 fiscales que tenía previstos para el operativo de fiscalización en La Matanza, dejando a LLA sin el apoyo logístico necesario del partido amarillo en un distrito clave donde históricamente el peronismo ha dominado con amplios márgenes. En las últimas elecciones provinciales de septiembre de 2025, el intendente peronista Fernando Espinoza y Fuerza Patria se impusieron con el 53,9% de los votos, sacándole casi 27 puntos de diferencia a la alianza LLA-PRO.
La crisis se desató por acusaciones de malos manejos de fondos destinados a la fiscalización. El centro de las críticas es Luis “El Negro” Ontiveros, coordinador de LLA en La Matanza y diputado provincial electo, considerado un seguidor cercano de Sebastián Pareja, quien a su vez responde como brazo político de la Secretaría General de la Presidencia Karina Milei, en la agrupación llamada “Los Inquebrantables”. Desde el macrismo lo acusan de quedarse con dinero destinado al operativo de fiscalización y de negarse a compartir la coordinación con referentes del PRO.
– Luis “El Negro” Ontiveros
Según reportes, se estima que el operativo de fiscalización en La Matanza requiere alrededor de 300 millones de pesos para movilizar fiscales en las aproximadamente 4.000 mesas electorales del distrito. Desde el PRO plantean que “estamos hablando de una montaña de plata” y acusan a Ontiveros de buscar reducir la cantidad de fiscales para quedarse con esos fondos.
Alejandro Finocchiaro, diputado nacional del PRO y conductor del partido en La Matanza, quien busca renovar su banca, se encuentra en el centro del conflicto. Finocchiaro habría amenazado con retirarse del operativo de fiscalización ante la intransigencia de Ontiveros.
Esta situación interna expone las profundas tensiones en la alianza entre LLA y el PRO a pocos días de una elección crucial para el oficialismo. El conflicto no se limita a La Matanza, a su vez se reportaron problemas en otros distritos del Conurbano como Lomas de Zamora y Quilmes.
En el PRO reconocen que, debido a estos problemas, el presidente Javier Milei solo tendrá cubierto alrededor del 50% de la provincia de Buenos Aires con fiscalización “de calidad”. Desde el gobierno nacional crece la preocupación, ya que dirigentes opositores calculan que “si la falta de fiscalización supera el 30%, se pone en riesgo la elección”.
La situación generó reuniones de urgencia en Casa Rosada encabezadas por Karina Milei, presidenta de LLA, y Pareja, operador del partido en la provincia, junto a figuras como Santiago Caputo, Diego Santilli, Cristian Ritondo y Patricia Bullrich para intentar aceitar el operativo.
También expresaron su malestar Leila Gianni y Eduardo “Lalo” Creus, referente bullrichista en el distrito. Ambos denunciaron que Ontiveros no quiere cederle al PRO las zonas que piden fiscalizar, especialmente Ramos Mejía, donde el partido amarillo tiene mayor presencia.
Este no es el primer conflicto por la fiscalización en La Matanza. Ya en las elecciones de septiembre, el operativo fue calificado como “desastroso”, con un gran faltante de representantes libertarios y serias fallas logísticas. En aquella ocasión, fiscales denunciaron que no recibieron ni siquiera viandas adecuadas.
Incluso en el ballotage de 2023, se produjeron cruces similares cuando Ontiveros solo le dio al PRO la fiscalización de Laferrere pero se negó a cederle las escuelas de Ramos Mejía.
Desde LLA negaron rotundamente las irregularidades y calificaron las acusaciones como “una operación política del macrismo”. Fuentes libertarias aseguraron que la fiscalización del 7 de septiembre “estuvo excelente” y que los problemas fueron excepcionales.
Defensores del operativo explicaron que “no le vamos a pagar a nadie que no ponga fiscales. La lógica de que Ontiveros no quiere poner fiscales porque se va a quedar con la plata no tiene chances”. Además, sostuvieron que contarán con “gente de afuera del partido, como si fuera una consultora” para controlar fiscal por fiscal y verificar que estén en sus puestos asignados.
El Hospital Garrahan consolidó un incremento en la asignación básica destinado a su personal y lo definió como un “aumento salarial histórico”. La institución informó que implementó una suba del 61% dirigida a empleados de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución, con aplicación retroactiva a octubre. Este incremento se sumó a los bonos mensuales fijos que los trabajadores percibieron desde septiembre: $350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el personal asistencial.
En un comunicado, la administración señaló: “Gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, ese reconocimiento se consolidó con un aumento de sueldo cercano al 60% en la asignación básica, que será dirigido al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución”. Y se agregó: “En el Hospital Garrahan la eficiencia no es una palabra vacía: es lo que hace posible cuidar mejor a quienes todos los días cuidan a los niños de este país”.
– El comunicado del Hospital Garrahan (publicado en X)
La dirección del hospital afirmó que la eficiencia administrativa resultó clave para fortalecer la atención y reconocer el trabajo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. En ese sentido, el anunciado aumento es “un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. Incluso en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política afectando al personal con situaciones extorsivas, ellos siguieron trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando ni más ni menos que la salud de los niños.Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven”.
La administración del Garrahan (que desde el 10 de diciembre de 2023 inició una etapa orientada a la transparencia y la eficiencia) aceleró ese proceso en 2025 y financió los bonos y el aumento salarial con recursos propios, sin comprometer la sostenibilidad de la institución. El hospital comunicó que dispuso de los fondos necesarios para adelantar el pago del aumento, mientras aguardó la llegada de los recursos provenientes del Gobierno Nacional.
En el plano presupuestario, se indicó que, mientras uno de los vetos presidenciales del año alcanzó a la ley de emergencia pediátrica, la última modificación presupuestaria dotó de más fondos a los hospitales nacionales mediante una reasignación de partidas y sin generar déficit.
De ese refuerzo, el Garrahan absorbió más de la mitad de los nuevos recursos que obtuvo la cartera que lidera Mario Lugones, lo que le permitió beneficiarse con los bonos de septiembre.
El anuncio salarial se produjo en el marco de un conflicto gremial. A fines de octubre, la Junta Interna de ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anunciaron la toma de la dirección del hospital de alta complejidad de Parque Patricios, al denunciar fuertes descuentos salariales a enfermeras, instrumentadoras y maestras del jardín maternal en el contexto de la ola de paros. “En este momento la dirección del hospital está tomada. Vamos a hacer permanencia hasta que devuelvan la plata que se quedaron del sueldo de los trabajadores. Esa es la situación y no nos vamos a ir hasta que depositen los fondos”, manifestó Norma Lezana, secretaria general de APyT.
El viernes pasado, el conflicto escaló cuando trabajadores de la APyTocuparon durante seis horas las oficinas centrales de la dirección médica, desde el mediodía hasta las 18, en reclamo de la restitución de haberes descontados por días de paro. La organización gremial informó que la medida buscó presionar a las autoridades para revertir descuentos que, según denunciaron, alcanzaron entre $300.000 y $500.000 y afectaron en particular a trabajadoras del área de enfermería, instrumentación y docencia del jardín maternal.
El delegado de la Junta Interna ATE Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich, declaró a Infobae que el personal afectado abarcó a madres solteras que “no llegan a fin de mes”, y sostuvo que “mientras ellos usufructúan personalmente millones de pesos para sus ingresos, designan contratados como asesores que ganan $3,4 millones y hambrean al personal. La crisis del Garrahan no solo está lejos de resolverse, sino que se profundiza. Exigimos que las autoridades nos reciban, que no lo están haciendo, y que den marcha atrás con estos descuentos criminales”.
En un comunicado, la APyT calificó a la conducción del hospital como “enemigos del Garrahan y las infancias” y los acusó de actuar como “un interventor político, autoritario y prepotente”. También denunció que el Consejo de Administración fue “designado a dedo” con el objetivo de “ocultar millonarios recursos propios que generamos las y los trabajadores para destinarlos a un Fondo de Inversión”, y repudió los descuentos aplicados a quienes “defienden el Hospital Garrahan”. El texto exhortó: “Se tienen que ir porque cada minuto que pasa y están al frente del hospital, las infancias y el equipo de salud estamos peor”, al tiempo que convocó a la participación en la toma de la dirección y a la apertura de un canal de diálogo.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación cuestionó a los gremialistas, los acusó de impulsar una desestabilización vinculada a extracciones izquierdistas y de “tomar de rehén al personal administrativo y jerárquico”.
Desde la administración del Garrahan, las autoridades sostuvieron que el proceso de orden, transparencia y eficiencia iniciado recientemente apuntó a valorar el trabajo y a obtener resultados tangibles. En esa línea, ratificaron: “Es un aumento salarial histórico”.
“En Argentina hay más de 5 millones de personas viviendo en villas. En la 1-11-14, el 85% son inmigrantes, en su mayoría ilegales. Si no queremos terminar como Río de Janeiro, hay que erradicarlas y recuperar a los argentinos laburantes que están ahí. ARGENTINA PARA ARGENTINOS“, escribió Marra el miércoles por la tarde en su perfil de la red social X, en el marco del megaoperativo que se llevó a cabo en la ciudad carioca.
EL 69% DE LOS MIGRANTES VIVEN EN VILLASUn informe del Conicet confirma lo que todos pensamos y muchos no se animan a decir. La mayoría de los que migran a Argentina es para vivir en villas, lugar donde hay narcos y chorros. Hay que limitar esto.
Para respaldar sus dichos, el legislador compartió un informe del Conicet donde se detalla en porcentaje cuántos hogares migrantes hay en cada una de las villas que se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires.
“El 69% de los migrantes viven en las villas”, remarcó Marray desarrolló: “Un informe del Conicet confirma lo que todos pensamos y muchos no se animan a decir. La mayoría de los que migran a Argentina es para vivir en villas, lugar donde hay narcos y chorros“.
“Hay que limitar esto. No queremos un Rio de Janeiro”, expresó.
Si no queremos que Argentina se transforme en una gran favela, tenemos que empezar a levantar las villas ahora mismo. No solo para proteger la propiedad privada, sino también para terminar con toda la delincuencia y narcotráfico que se esconde ahí adentro. pic.twitter.com/aR1m0QCDue
“¿Sabes por qué hay que exterminar las villas? Para que no pase lo que estamos viendo en Río de Janeiro, que los narcos tenían tomados a todos los ciudadanos con su delincuencia”, analizó el legislador.
“Te voy a dar un dato de cómo solucionarlo”, siguió en un efusivo video. “La mayoría de los que viven en la villa son inmigrantes ilegales. Hay un informe del Conicet que muestra que hasta el 85% en villas como la 1-11-14 son inmigrantes y en su mayoría ilegales”.
En ese sentido, propuso hacer un abordaje integral de varias problemáticas que incluyen además la inmigración ilegal y el narcotráfico como ejes centrales dentro de las villas.
¿Sabes por qué hay que exterminar las villas? Acá te doy las razones. pic.twitter.com/JAn7tzURxU
“Por eso tenemos que solucionar el tema de las villas junto al tema de la inmigración ilegal y el narcotráfico, porque no queremos ser Río de Janeiro, no queremos sufrir lo que está pasando en Brasil”, insistió.
En mayo de este año, Marra había propuesto que se lleve a cabo un operativo cerrojo en las villas de CABA para combatir narcos y delincuencia.
El legislador planteó la idea de saturar los barrios de policías que realicen controles rigurosos, fijos y móviles, requisas y tengan el respaldo legal a las fuerzas de seguridad para frenar el ingreso y salida de narcotraficantes, delincuentes y drogas. “Si no actuamos fuerte, toda la Ciudad será una gran villa miseria”, sostuvo en ese entonces.
El Senado bonaerense dio un nuevo paso hacia la creación del denominado “INCAA bonaerense”, una iniciativa presentada por el gobernador Axel Kicillof que apunta a impulsar la producción audiovisual en la provincia. El proyecto, formalmente conocido como Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual Bonaerense, obtuvo dictamen favorable en la comisión de Presupuesto y Hacienda con el apoyo exclusivo de los legisladores peronistas, mientras que el PRO, la UCR y La Libertad Avanza votaron en contra o se abstuvieron.
La propuesta contempla la creación de un fondo de fomento a la producción audiovisual de $675 millones, que se actualizará anualmente mediante la Ley de Presupuesto bonaerense, tomando como referencia el valor promedio de las entradas de cine determinado por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Este fondo será administrado por un Consejo Provincial Regional, integrado por representantes de universidades, sindicatos, asociaciones audiovisuales y referentes del sector, con el objetivo de garantizar una distribución “transparente, inclusiva y equitativa” de los recursos.
El proyecto también propone declarar al sector audiovisual como actividad productiva y de interés público, con valor estratégico para la economía y la cultura provincial. Entre los puntos más relevantes se destacan la creación de un Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense, la conformación de una red de salas de cine en distintos municipios, la puesta en marcha de un Archivo Audiovisual Provincial y la implementación de una plataforma digital denominada BaFilma, destinada a difundir las producciones locales.
La discusión en la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el senador oficialista Marcelo Feliú, contó con la participación de los legisladores Pablo Obeid, Sofía Vannelli, Laura Clark, Ayelén Durán, Amira Curi, Federico Fagioli y Adrián Santarelli por el oficialismo, y de Gabriela Gribaudo y Alejandro Rabinovich (PRO), Silvana Ventura (Unión, Renovación y Fe), y Alejandro Celillo y Agustín Maspoli (UCR + Cambio Federal) por la oposición. La senadora macrista Aldana Ahumada no estuvo presente.
Aunque el dictamen fue aprobado, el proyecto deberá pasar ahora por las comisiones de Educación y Legislación General antes de llegar al recinto para su tratamiento definitivo. Para lograr la sanción, el oficialismo necesitará sumar al menos tres votos adicionales entre los senadores no alineados.
El texto legislativo incluye varias de las modificaciones propuestas durante su paso por la Cámara de Diputados, donde obtuvo media sanción en noviembre de 2024. En aquella instancia, la diputada radical Viviana Dirolli planteó la incorporación de restricciones y controles sobre el uso de los fondos, como la prohibición de crear nuevos cargos administrativos, la exigencia de que las empresas beneficiarias tengan residencia en la provincia durante al menos dos años, que el 51% del personal sea bonaerense o residente, y la implementación de un régimen de sanciones para eventuales incumplimientos. Estas propuestas fueron incorporadas al texto final para destrabar su aprobación.
Entre las claves de la Ley Audiovisual figuran un fondo de fomento de $675 millones, actualizable anualmente por Presupuesto; la creación del Consejo Provincial Regional, denominado “INCAA bonaerense”, con representación universitaria, sindical y del sector audiovisual; la puesta en marcha del Registro Único de la Actividad Audiovisual Bonaerense; el apoyo a festivales regionales de cine y la promoción de nuevas audiencias; además de la creación de una red de salas de cine, el Archivo Audiovisual Bonaerense y la plataforma digital BaFilma, destinada a promover las producciones provinciales.
Con estas disposiciones, la Provincia de Buenos Aires busca consolidar una política de fomento audiovisual de alcance provincial, articulada con los objetivos del Ejecutivo bonaerense de impulsar la cultura como generadora de empleo y desarrollo.
Entre 17 y 28 personas, en su mayoría mujeres hospitalizadas y madres lactantes, fueron masacradas por milicianos yihadistas en un hospital que era administrado por monjas.
Una serie de chats extraídos de los teléfonos de los hermanos Claudio y Marcelo Tortul detalló presuntos pagos de coimas para asegurar negocios con el Estado entrerriano y mencionó al ex gobernador Gustavo Bordet, al senador electo Adán Bahl y a su entorno.
La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del expresidente por “negociaciones incompatibles” y un embargo multimillonario tras demostrar su “participación directa” en un esquema que direccionó seguros del Estado hacia el broker Héctor Martínez Sosa.
Un recuerdo a Fabián Gutiérrez, el exsecretario de CFK, arrepentido en la causa Cuadernos, cuyo cuerpo apareció tiempo después semienterrado en Santa Cruz al parecer masacrado por no confesar a un grupo de muchachos donde guardaba la plata de la corrupción que le permitía llevar… pic.twitter.com/UbZKaqCkAB
