Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación confirmó que a partir de ahora serán “incompatibles” los programas Potenciar Trabajo y las Becas Progresar. De esta forma, los ciudadanos que reciban estas ayudas sociales deberán optar por una de ellas de manera obligatoria, así se darán de baja aproximadamente 40 mil planes sociales.
Según pudieron confirmar fuentes ligadas al ministerio comandado por Zabaleta: “Se observó que existía una incompatibilidad entre el programa Progresar y el Potenciar Trabajo, y se suspendió a quienes presentaban esa incompatibilidad. Las personas que tienen la suspensión del programa Potenciar Trabajo deben elegir entre uno u otro”.
Juan Zabaleta, Sergio Massa y Alberto Fernández
Y agregaron, “en agosto, se empezó a trabajar en un proceso de auditorías y relevamiento de información de las personas que tienen Potenciar Trabajo, que incluye una articulación con las universidades nacionales”.
Entonces, ahora se comenzará a implementar lo que el ministro de Economía, Sergio Massa, ya había anunciado el pasado 30 de agosto, se dará inicio formal a Puente Empleo. De esta forma el gobierno busca incluir a los ciudadanos en el mercado laboral y desligarse poco a poco de la dependencia estatal de la que muchos son victimas.
Se darán de baja aproximadamente 40 mil planes sociales
“Continuando con la hoja de ruta que marcamos cuando asumimos en el Ministerio de Economía, a partir del 1° de octubre comenzará a funcionar el programa Puente al Empleo, que busca convertir más de 200.000 planes sociales en puestos laborales formales”, había adelantado el ministro de Economía.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
En los primeros días de la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), los interventores MarianoGallegos y MarinaAlegre revelaron serias irregularidades en la gestión del organismo.Los hallazgos preliminares indicaron una deuda acumulada de $43.000 millones, sueldos de hasta $16 millones para funcionarios, y un déficit operativo mensual de $3.000 millones.
La auditoría determinó que la deuda del IOSPER ascendió a más de $43.000 millones, cifra que duplica los $21.000 millones reportados anteriormente por el ex presidente Fernando Cañete. Este desbalance expuso inconsistencias en la gestión financiera y la falta de claridad en los informes previos. El 56% de esa suma correspondió a gastos en medicamentos, reflejando problemas en la negociación y adquisición de insumos. Este nivel de endeudamiento comprometió seriamente la capacidad de la obra social para mantener sus prestaciones.
Además, los interventores identificaron una práctica irregular en la que los miembros del directorio desdoblaron sus salarios para ocultar sus ingresos reales. El caso más grave involucró al ex presidente, quien percibió $16 millones mensuales a través de una doble liquidación no registrada oficialmente. Esta práctica se replicó en al menos 25 casos más, lo que subrayó la falta de transparencia y el abuso de los recursos de la institución.
Se detectaron incrementos arbitrarios en los aranceles prestacionales, como un aumento del 15% aprobado por la gestión saliente, que habría generado un déficit mensual adicional de $1.000 millones. Los interventores anularon esta medida debido a la falta de documentación que la justificara.
En cuanto al uso de recursos materiales, destacó el caso de un gerente que utilizó vehículos oficiales para trasladarse semanalmente entre Corrientes y Paraná, generando un gasto de $10 millones en transporte y hospedaje. También se reportaron sobreprecios en servicios menores, como el lavado de autos oficiales, cuyos costos superaban ampliamente los precios de mercado. En algunos casos, incluso se pagaron servicios de televisión por cable para oficinas que no contaban con televisores.
Otra irregularidad destacada fue la falta de aplicación de descuentos ofrecidos por proveedores de medicamentos, lo que generó un sobrecosto de $1.700 millones. Esto evidenció una negligencia administrativa que afectó directamente la capacidad para optimizar recursos.
El golpe a los afiliados
Los afiliados, organizados en la Asociación en Defensa de los Derechos de los Afiliados (ADDA), expresaron su apoyo a la intervención decretada por el gobernador Rogelio Frigerio el 10 de diciembre.Norma Radichi, representante de ADDA, destacó la urgencia de una investigación profunda que abarque varios años de gestión: “Estas irregularidades afectaron directamente nuestras prestaciones y generaron demoras intolerables”, señaló.
Entre los problemas mencionados por los afiliados se incluyeron retrasos significativos en tratamientos para enfermedades graves, como cáncer y enfermedades crónicas, que requieren una atención continua. La falta de entrega oportuna de medicamentos de alto costo llevó a muchos pacientes a interrumpir sus terapias, poniendo en riesgo su salud y calidad de vida. Algunos afiliados reportaron esperas de hasta seis meses para autorizaciones críticas.
Debido a estas demoras, un alto número de afiliados recurrió a la judicialización de sus casos mediante amparos, un mecanismo que, aunque efectivo para garantizar el acceso a los servicios, incrementó los costos operativos de la obra social. Según datos proporcionados por los interventores, estos amparos significaron un gasto financiero considerable y generaron una sobrecarga administrativa que dificultó la atención de otros casos.
Radichi enfatizó que estas fallas en la gestión no solo perjudicaron a los afiliados: “Muchos de nosotros hemos perdido la fe en la capacidad del IOSPER para garantizar nuestras necesidades de salud. Es imperativo que esta intervención no solo resuelva los problemas actuales, sino que siente las bases para una administración más eficiente y humana”, afirmó.
“La eficiencia administrativa es esencial“
Los interventores afirmaron que trabajan en un esquema de distribución de fondos más equitativo, que priorice el pago a prestadores y garantice la continuidad de los servicios médicos. “No hay prestadores privilegiados. Eso se terminó”, declaró Gallegos. La redistribución de recursos buscará asegurar que cada peso invertido beneficie directamente a los afiliados, dejando de lado las prácticas clientelistas detectadas en la gestión anterior.
Un aspecto clave en su estrategia será la mejora de los controles administrativos. Alegre explicó que planean implementar sistemas de monitoreo en tiempo real para las contrataciones y compras de insumos, con el objetivo de evitar sobreprecios y reducir los tiempos de aprobación. Esto incluye la creación de una unidad especializada en auditorías internas que supervisará cada transacción significativa. “La eficiencia administrativa es esencial para garantizar que los recursos se utilicen de manera óptima”, agregó Alegre.
Otro de los objetivos prioritarios será la reducción de los amparos judiciales, que actualmente representan una carga económica y administrativa significativa. Para abordar este problema, los interventores trabajan en la creación de un sistema de respuesta rápida para solicitudes de prestaciones críticas, evitando que las demoras lleven a la judicialización. Además, planean establecer un canal directo de comunicación con los afiliados para atender reclamos de manera más eficiente y transparente.
Gallegos ejemplificó esta problemática con el caso de una prestación que inicialmente costaba $200.000, pero que, debido a demoras administrativas, escaló a $7 millones tras judicializarse. “No solo es un gasto innecesario, sino que también refleja una falla estructural que debemos corregir con urgencia”, señaló. Alegre añadió que la eliminación de burocracias innecesarias será clave para restaurar la confianza de los afiliados en el sistema.
Por último, los interventores destacaron la importancia de renegociar los acuerdos con proveedores para obtener mejores condiciones en la compra de medicamentos e insumos médicos. Según estimaciones preliminares, estas medidas podrían ahorrar al IOSPER cientos de millones de pesos anuales, recursos que se reinvertirán en mejorar las prestaciones y reducir los tiempos de espera.
La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) informó que las empresas de medicina prepaga aumentaron el precio de las cuotas muy por encima de lo que pagan a los prestadores de servicios de salud. Alertaron que esta diferencia es crítica para el sostenimiento del sistema de salud de la Argentina.
Según lo informado por CADIME, los aumentos arancelarios a empresas y profesionales que prestan estos servicios de forma tercerizada son insuficientes para compensar el efecto de la inflación y de los costos operativos en el sector. Una situación que genera tensiones que afectan a la totalidad de este universo y su funcionamiento, en especial a las pymes de salud y los usuarios, y desembocan en medidas tales como la limitación de coberturas de las prepagas, lo cual se traduce en perdida de trabajo por parte de prestadores.
Este desbarajuste tiene lugar desde 2022, pero creció en 2023 y 2024. En los usuarios impacta por medio de cuotas del seguro de salud cada vez más caras y en la aparición de copagos que antes no abonaban, mientras que los prestadores de salud reciben cada vez menos, lo que repercute en la sostenibilidad de la red prestacional a nivel nacional.
Las cuotas de las empresas de medicina prepaga tuvieron un incremento en los últimos dos años del 435%, mientras que los aranceles que perciben los prestadores de salud solo crecieron entre 160% y 224%, números que están por debajo de la inflación del sector, que fue entre 544% y 583%. A la mencionada disparidad se le suma el hecho de que el pago por las prestaciones realizadas se concreta entre 60 y 90 días después de su facturación.
El Gobierno libertario, en su intento de reducir el gasto público y combatir la corrupción, anunció la disolución de la Administración General de Puertos (AGP) y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. En su lugar, se creó la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), un organismo autárquico dependiente del Ministerio de Economía. La medida, oficializada mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), comenzó a regir el 1 de enero.
Según Manuel Adorni, vocero presidencial, la creación de la Anpyn busca “eliminar entes y áreas con funciones duplicadas, reducir costos y lograr mayor eficiencia”. Destacó también que “se reducirá un 79% del personal, pasando de 1.420 empleados a solo 300, y se venderán inmuebles y activos innecesarios”. En redes sociales, Adorni calificó a la AGP como un “antro de corrupción y privilegios”.
La medida también incluye la reestructuración de inmuebles e infraestructura utilizados por los organismos disueltos, con el objetivo de optimizar los recursos y reducir costos operativos. Según el Gobierno, esta acción se enmarca en una estrategia más amplia conocida como “la motosierra profunda”, que busca disminuir el gasto público en todas las áreas del Estado. Esta estrategia ha sido presentada como una forma de aliviar la carga tributaria sobre los ciudadanos y reorientar el presupuesto hacia sectores prioritarios.
La Anpyn asumirá el rol de concesionario de la Hidrovía hasta que se adjudique la licitación, un proceso clave para garantizar la transparencia y la eficiencia en el manejo de esta vía fluvial estratégica. También centralizará las funciones de la AGP, la Subsecretaría de Puertos y el disuelto Ente de Control y Gestión de la Vía Navegable (ECOVINA).
Entre sus principales tareas se encuentran la supervisión de la Hidrovía Paraná-Paraguay —una arteria clave para el comercio exterior—, la concesión de terminales portuarias y la modernización de los puertos nacionales. Además, la Agencia asumirá un rol protagónico en la promoción de inversiones privadas y la asociación público-privada.
Iñaki Arreseygor, hasta ahora subsecretario de Puertos y Vías Navegables, liderará el nuevo organismo. Arreseygor, abogado con experiencia en el sector público y privado, asumirá el desafío de implementar los cambios propuestos. Su historial incluye cargos en el Gobierno de Cambiemos, lo que refuerza la expectativa de una gestión orientada a resultados concretos. Sin embargo, su designación también ha generado críticas por parte de sectores que cuestionan la falta de un perfil técnico más especializado en la dirección de un organismo con competencias tan amplias.
La nueva Agencia tendrá además la responsabilidad de fomentar la sostenibilidad ambiental en los puertos y las vías navegables. Para ello, se anunció la implementación de programas de monitoreo ambiental y evaluaciones de impacto que permitan garantizar la protección de los ecosistemas aledaños a las zonas de dragado y operaciones portuarias.
El cierre de la AGP y la creación de la Anpyn generó reacciones diversas entre los especialistas y actores del sector. Jorge Álvarez, presidente de la Cámara Naviera, consideró la medida como “muy positiva”. En declaraciones a Clarín, afirmó que la nueva Agencia otorga “jerarquía y autonomía” a un sector vital para el comercio exterior e interno. Además, destacó que el modelo busca reactivar el desarrollo portuario, un área relegada por políticas públicas inadecuadas. “Esperamos que la Anpyn sea una herramienta eficaz para impulsar este sector”, expresó.
Por el contrario, Fernando Morales, presidente de la Liga Naval, mostró preocupación por la falta de claridad en algunos aspectos del proyecto. “El cambio de dependencia del Ministerio de Transporte al de Economía podría complicar los sistemas de transporte multimodal”, advirtió. Morales también cuestionó la rapidez con la que se implementó la medida y la visión del ministro de Desregulación, FedericoSturzenegger. Recordó que este último había planteado la posibilidad de que buques de banderas extranjeras operaran en cabotaje marítimo, una idea contraria a las políticas de la mayoría de los países con litoral.
A su vez, varios expertos destacaron la importancia de la Hidrovía Paraná-Paraguay como eje fundamental del comercio regional. Esta vía fluvial conecta a Argentina con Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil, facilitando la exportación de cereales y productos industriales. Sin embargo, la falta de una política clara para fortalecer la flota fluvial nacional ha generado críticas. Mientras Paraguay consolidó una de las flotas fluviales más importantes del mundo, la de Argentina ha perdido protagonismo en las últimas décadas. Este desbalance pone de manifiesto la necesidad de una estrategia más integral para el desarrollo del sector.
El cierre de la AGP también responde a problemas financieros significativos. Según datos oficiales, el organismo acumuló un déficit de 9 millones de dólares en los últimos diez meses, un factor determinante en la decisión del Gobierno.
La AGP, en palabras del director del Observatorio PESCARE, Daniel Coluccio, era una “caja utilizada con fines políticos partidarios”. Según Coluccio, en los últimos diez meses del año pasado, el organismo generó un déficit de 9 millones de dólares. “El Gobierno busca un mejor perfil de transparencia en el sector, eliminando modelos asociados a la corrupción”, afirmó en una entrevista a Canal E.
La investigación sobre posibles irregularidades también abarca las concesiones otorgadas en el pasado, muchas de las cuales no cumplían con los estándares legales ni administrativos adecuados. Coluccio subrayó que el Gobierno deberá realizar auditorías detalladas para garantizar que los nuevos contratos sean transparentes y eficaces. Además, indicó que la Hidrovía Paraná-Paraguay deberá ser tratada como una prioridad geoestratégica, dada su relevancia no solo para Argentina, sino también para los países vecinos.
La industria metalúrgica argentina, uno de los pilares de la economía nacional, enfrenta un panorama crítico debido a una carga impositiva que supera el 32% del precio en puerta de fábrica sin incluir el IVA. Este porcentaje duplica el de Brasil y México, según un reciente informe elaborado por cámaras sectoriales que representan a fabricantes de maquinaria agrícola, acoplados, línea blanca, autopartes y otras ramas del sector.
El estudio, respaldado por entidades como la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), revela que un tercio de estos impuestos son distorsivos, es decir, se acumulan a lo largo de la cadena de valor sin generar beneficios tangibles. Esto incluye tributos como Ingresos Brutos, débitos y créditos bancarios, tasas municipales y sellos. “Argentina tiene una de las cargas tributarias más altas del mundo, con una estructura impositiva compleja y más de 155 impuestos y tasas”, alertaron las cámaras en el documento.
El informe detalla ejemplos concretos de cómo la presión fiscal afecta los costos de productos industriales. Una sembradora, por ejemplo, carga con un 33% de impuestos en Argentina, frente al 15% en Brasil y al 19% en México. Situaciones similares se observan en productos como tolvas, cabezales maiceros y acoplados.
“Los impuestos explican en promedio el 44% del precio final de los bienes metalúrgicos, incluyendo el IVA”, enfatizan los autores. Este nivel de presión fiscal no solo encarece los productos locales, sino que también pone en desventaja a las empresas argentinas frente a sus competidores internacionales.
Este impacto se ve agravado por la acumulación de impuestos en la cadena de valor. En otros países, las tasas municipales y los tributos similares tienen un peso considerablemente menor, lo que facilita la competitividad de sus productos en el mercado internacional. Además, el informe subraya que la complejidad del sistema tributario argentino genera costos administrativos adicionales para las empresas.
El sector metalúrgico genera más de 350.000 empleos directos y representa exportaciones por 11.500 millones de dólares anuales. Sin embargo, los industriales advierten que la falta de competitividad podría desencadenar una crisis de desindustrialización si no se implementan medidas correctivas de manera inmediata.
“Coincidimos con el esfuerzo del gobierno para estabilizar la macroeconomía, pero esto es solo el principio. Necesitamos políticas micro que reduzcan la carga impositiva, el costo laboral no salarial y los costos logísticos”, sostienen las cámaras en el informe.
El documento también destaca la necesidad de fomentar el financiamiento al sector privado, actualmente muy por debajo de los niveles internacionales. Mientras que en Brasil el crédito al sector privado equivale al 72% del PBI, en Argentina apenas alcanza el 12%. Este bajo nivel de financiamiento limita la capacidad de las empresas para invertir en innovación y mejorar sus procesos productivos.
Por otra parte, el informe enfatiza la importancia de una mayor colaboración entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado: “Es crucial que los gobiernos nacional, provinciales y municipales trabajen en conjunto para ajustar la presión tributaria de manera ágil y efectiva“, señalan. Sin estas medidas, advierten, el país podría enfrentar un escenario de menor producción industrial y pérdida de empleos formales.
Además de la presión impositiva, la industria enfrenta otros obstáculos como costos logísticos elevados, falta de crédito competitivo y un sistema laboral rígido y costoso. Pese a estas adversidades, las cámaras mantienen un mensaje optimista: “Los industriales argentinos sabemos producir y competir, pero necesitamos políticas públicas que resuelvan los factores que las empresas no podemos controlar”.
La logística también representa un factor crítico. Según el citado informe, los costos logísticos en Argentina son significativamente más altos que en países vecinos debido a la deficiencia de infraestructura y la falta de un sistema ferroviario eficiente. Esto no solo encarece el transporte de bienes, sino que también limita el acceso a mercados internacionales.
El sistema laboral también plantea un desafío importante. La rigidez en las regulaciones y el alto costo de la mano de obra no salarial complican la contratación y reducen la competitividad de las empresas. “Es necesario avanzar en reformas que promuevan la flexibilidad laboral y reduzcan los costos redundantes”, afirman las cámaras.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó una dura respuesta contra la vicepresidente Victoria Villarruel tras un tuit que esta última publicó y luego eliminó, en el que criticaba la autorización para que el gendarme Nahuel Gallo viajara a Venezuela, donde permanece detenido. Bullrich calificó la actitud de Villarruel como “vergonzosa” y la acusó de utilizar el caso para “juntar likes”. Además, la ministra señaló que el mensaje fue retirado al no recibir la repercusión esperada, lo que calificó de “cobardía”.
En su descarga, Bullrich explicó que la autorización de viajes dentro de la Gendarmería se realiza a través de mecanismos administrativos específicos y pidió a Villarruel que “se informe antes de emitir declaraciones”. Además, la ministra redobló las críticas con un llamado a que la vicepresidenta frene el “descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación”, en referencia a una eventual suba salarial que llevaría las dietas de los legisladores a $9,5 millones mensuales.
Sra. Vicepresidente:Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político. Es claro que usted habla con total desconocimiento de… pic.twitter.com/JHjQDx3BEH
El tuit de Villarruel, eliminado poco después, sostenía que ella “jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela” y calificaba como una “consecuencia tristemente obvia” la detención de Gallo por el régimen de Nicolás Maduro. Este mensaje surgió en respuesta a un usuario que, desde redes sociales, le pidió que se pronunciara sobre el caso. Villarruel lo escribió en un contexto inesperado: mientras respondía comentarios tras publicar una foto suya en un recital de Los Piojos.
El cruce entre ambas funcionarias no ocurre en un vacío político. Por un lado, refleja tensiones dentro del gobierno libertario, especialmente entre Villarruel y el presidente Javier Milei, quien recientemente afirmó que su vicepresidente “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”. Las diferencias entre ambos se evidenciaron desde el inicio del mandato, cuando Milei incumplió su promesa de campaña de entregar los ministerios de Seguridad y Defensa a Villarruel.
El enfrentamiento entre Bullrich y Villarruel también expuso divisiones dentro de la coalición oficialista, con aliados de la ministra como Juan Pablo Arenaza criticando a la vicepresidente por su mensaje sobre el gendarme detenido. “En tu mundo la gente no tiene libertad para ir a visitar a su familia. Muy raro tu comentario”, escribió Arenaza en redes sociales.
El diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Casielles, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo al Decreto 4/2025, mediante el cual el Gobierno extendió la vigencia del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027. Este fondo, financiado principalmente por un impuesto del 7 % sobre los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior, quedó bajo la gestión del Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli.
En un posteo en la red social X, Casielles apuntó directamente contra Scioli y el decreto: “En 2005, cuando Scioli era vicepresidente de Néstor Kirchner, nació este fondo. Ahora se lo prorrogó por decreto, se continuó un impuesto nefasto como el que grava los pasajes y se legisló al mismo tiempo inconstitucionalmente en materia tributaria por vía de un DNU. ¿A quién le llegó lo recaudado? A Scioli. No hay remate. Más kirchnerista no se pudo”.
El Fondo Nacional de Turismo se creó en 2005 con la Ley Nacional de Turismo N° 25.997, que buscó fomentar y regular la actividad turística. Desde su creación, se renovó en dos oportunidades. Esta última extensión, concretada mediante decreto, amplió su vigencia hasta 2027 y aseguró la continuidad de la recaudación del impuesto del 7 % sobre los pasajes al exterior. Dicho tributo gravó boletos aéreos, marítimos y fluviales con destino internacional y fue percibido por las aerolíneas al momento de la compra. La medida también abarcó ciertos servicios conexos relacionados con actividades turísticas, ampliando así su impacto en el sector.
Los fondos recaudados se destinaron a proyectos de infraestructura turística, campañas de promoción nacional e internacional, y al impulso del turismo interno. Ejemplos de estos proyectos incluyen la modernización de rutas hacia destinos clave, la creación de circuitos sostenibles y la capacitación para profesionales del sector. Sin embargo, la decisión generó controversias, dado que la extensión del impuesto se realizó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), algo que expertos como César Litvin consideraron inconstitucional: “Ningún impuesto pudo ser establecido o prorrogado por decreto. Tuvieron que promulgarse leyes para volver a instaurarlo”, afirmó el CEO de Estudio Lisicki, Litvin & Asociados.
Las aerolíneas también expresaron su rechazo, argumentando que este tributo encareció los pasajes internacionales en un contexto donde el impuesto PAIS ya se eliminó para aliviar los costos de viajar al exterior. Las asociaciones del sector señalaron que la acumulación de tasas impositivas dificulta la competitividad frente a otros mercados internacionales. A pesar de las críticas, desde el Gobierno defendieron la medida, destacando que el turismo fue clave para el desarrollo económico y social del país. Según fuentes oficiales, la recaudación del Fondo Nacional de Turismo permitió la generación de más de 15.000 empleos directos y el fortalecimiento de destinos emergentes en provincias como Jujuy, Misiones y Neuquén.
En una sesión extraordinaria, el HCD de Escobar aprobó la construcción de un centro comercial con bingo en la Ruta 26. Vecinos denunciaron los impactos negativos en la seguridad y el entorno local.
Coincido, y los intendentes K parece que ya eligieron: siempre van a estar del lado de la mala política, en contra de la gente, aumentando tasas y tratando de obstaculizar el exitoso proceso de baja de inflación. https://t.co/aIZWqEbg7v
