AJUSTES PARA TODOS: Con el aval de CFK, Massa recorta planes sociales
Los recortes llegaron a los beneficiarios de planes sociales, según detallaron desde ANSeS deberán elegir "entre un plan o el otro".
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El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación confirmó que a partir de ahora serán “incompatibles” los programas Potenciar Trabajo y las Becas Progresar. De esta forma, los ciudadanos que reciban estas ayudas sociales deberán optar por una de ellas de manera obligatoria, así se darán de baja aproximadamente 40 mil planes sociales.
Según pudieron confirmar fuentes ligadas al ministerio comandado por Zabaleta: “Se observó que existía una incompatibilidad entre el programa Progresar y el Potenciar Trabajo, y se suspendió a quienes presentaban esa incompatibilidad. Las personas que tienen la suspensión del programa Potenciar Trabajo deben elegir entre uno u otro”.
Juan Zabaleta, Sergio Massa y Alberto Fernández
Y agregaron, “en agosto, se empezó a trabajar en un proceso de auditorías y relevamiento de información de las personas que tienen Potenciar Trabajo, que incluye una articulación con las universidades nacionales”.
Entonces, ahora se comenzará a implementar lo que el ministro de Economía, Sergio Massa, ya había anunciado el pasado 30 de agosto, se dará inicio formal a Puente Empleo. De esta forma el gobierno busca incluir a los ciudadanos en el mercado laboral y desligarse poco a poco de la dependencia estatal de la que muchos son victimas.
Se darán de baja aproximadamente 40 mil planes sociales
“Continuando con la hoja de ruta que marcamos cuando asumimos en el Ministerio de Economía, a partir del 1° de octubre comenzará a funcionar el programa Puente al Empleo, que busca convertir más de 200.000 planes sociales en puestos laborales formales”, había adelantado el ministro de Economía.
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El kilo de merluza perforó los mil pesos más IVA en muelle, ante la reducción de la oferta. Para quien no conoce el sector, ese número puede parecer una referencia de mercado más. Para quienes capturan, procesan y exportan pescado fresco desde Mar del Plata, es la constatación de un doble punto de quebranto: al barco no le alcanza para cubrir los gastos de un viaje, y a la planta le resulta imposible siquiera llegar al costo de producción.
Ese es el diagnóstico que la Cámara Pesquera Argentina – Armadores Langostineros Federales Argentinos (CAPEAR ALFA) plasmó en un contundente informe técnico que recorre, uno por uno, los frentes abiertos que tiene el sector. La estructura de costos de la flota pesquera argentina está sobredimensionada por una acumulación de impuestos y tasas que la convierten en una carga excesiva e insostenible.
Contribuciones patronales y ART, el Derecho Único de Extracción, los cánones que corresponden a la Subsecretaría de Pesca (se incluye las Cuotas Individuales Transferibles de Captura, los Certificados de Captura Legal y los inspectores de pesca a bordo) los aranceles de SENASA, los Consorcios Portuarios Regionales, la Prefectura Naval Argentina, la Aduana y, como telón de fondo permanente, los derechos de exportación en concepto de retenciones.
Una lista que, leída de corrido, resulta casi kafkiana para un sector que genera divisas genuinas y opera en mercados internacionales donde no tiene ningún poder para fijar precios.
Los expertos del sector ubican, en ese punto, el nudo del problema. Nuestro país no es formador de precios en el mercado pesquero global: los valores los dicta el mercado internacional, y punto. Eso significa que la única palanca real para mejorar la competitividad es reducir los costos operativos y de producción.
La lógica tributaria vigente opera, sin embargo, en sentido exactamente contrario: cada impuesto, cada tasa, cada canon que se agrega a la cadena erosiona un margen que ya de por sí no alcanza. “No pedimos subsidios sino que se eliminen impuestos que asfixian a un sector que no los puede exportar”, sintetizó la cámara en su informe. Sucede que, a diferencia de lo que ocurre en otros rubros de la economía, el sector pesquero no puede trasladar esa presión fiscal al precio final, porque ese precio lo pone el comprador europeo o asiático, no el exportador nacional.
El margen que debería traducirse en ganancia se convierte en mera subsistencia. Las consecuencias concretas de la presión fiscal ya son visibles. Eso se traduce en menores inversiones tecnológicas y, en una mirada que abarca el tiempo, en la pérdida sostenida de puestos de trabajo registrado, tanto para tripulantes como para personal en tierra.
Aunque ocupen un lugar central en el reclamo, el informe de CAPEAR ALFA elaboró una radiografía que va mucho más allá de las retenciones.
El impuesto a las ganancias, por ejemplo, no solo afecta los márgenes de las empresas sino que impacta directamente en la remuneración de las tripulaciones, un sector sometido a ciclos de alta volatilidad en el que los ingresos variables por marea y los premios a la producción son parte esencial de la ecuación salarial. Cuando esos ingresos quedan atrapados en lo que el propio documento llama una “doble pinza” (ganancias + contribuciones elevadas), el resultado es un sistema que desalienta la productividad y complica las paritarias.
Precisamente en ese terreno, la cámara reconoció una dificultad estructural: “Conformar a los sindicatos en paritarias por inflación en pesos es imposible. Aumentar en pesos equivale a aumentar en dólares, lo que profundiza el desequilibrio.” En la flota fresquera, las paritarias todavía no se cerraron al momento del informe, con las partes convocadas a una audiencia y la flota retenida por una asamblea de los oficiales de máquinas. En los frigoríficos que exportan la producción, la situación es idéntica con el Sindicato Obrero de la Industria del Pescado, que sigue negociando bajo los mismos parámetros.
A este escenario se sumó el impacto del precio del barril de petróleo, que golpeó a toda la cadena sin distinción. El combustible y los lubricantes para la flota, el transporte, los cajones, las bachas y las cunitas en las plantas, los paños de red, los cabos y los sunchos. Ningún insumo crítico de la industria escapó al efecto multiplicador del crudo: “Cada variación en el precio internacional del petróleo repercute en toda la cadena productiva, multiplicando los costos y erosionando la rentabilidad” subrayó el documento.
A eso se añadió la demora en la zarpada que el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (nuclea a los oficiales de máquinas de los buques) aplica desde hace cinco días y el proyecto gubernamental de permitir la transferencia de cuota de captura fresquera a la flota congeladora, lo que amenaza con profundizar aún más la presión sobre un segmento ya al límite.
Tampoco ayudaron los plazos que el Estado demora en devolver el IVA a las empresas exportadoras. Según el informe, esos plazos superaron los seis meses, un período que ahoga financieramente a compañías que no pueden sostener operaciones mientras esperan que el fisco les devuelva lo que por derecho les corresponde. La cámara también reclamó la eliminación del IVA al combustible como medida de alivio inmediata.
Pero la presión fiscal no es el único ancla que carga el sector. Citado relevamiento dedicó un capítulo entero a la maraña regulatoria que lo enreda. La normativa REFOCAPEMM (Decreto 572/94) junto con la norma N° 1-2024 (publicada en la Ordenanza N° 3-09 del DPSN Tomo 5) exige dotaciones a bordo que ya no se corresponden con los avances tecnológicos en la construcción de buques modernos, que permiten operar con tripulaciones más reducidas sin afectar ni la seguridad ni el rendimiento.
Prefectura Naval Argentina, lejos de adaptarse a esa realidad, advierten voces autorizadas, intensificó sus requerimientos de personal embarcado y negó las excepciones operativas incluso en casos de buques de baja potencia o tonelaje. El resultado es una contradicción que el propio documento califica de incoherente ya que se termina promoviendo la incorporación de tecnología sin ajustar las normativas, lo que genera una doble carga operativa y financiera para el armador.
A eso se suman las ART. Los valores actuales son elevados en función del riesgo real: no tienen correlato con la siniestralidad efectiva ni contemplan una prevención financiada, y engloban en una única nómina a todo el personal de las empresas sin considerar las particularidades de cada función. Como si fuera poco, organismos como la PNA, SENASA, FONAPE y los distintos Consorcios Regionales Portuarios se convirtieron en múltiples ventanillas que multiplican las demoras y la carga administrativa diaria, con funciones que muchas veces se superponen y costos de cumplimiento que se acumulan sin generar valor.
Frente a este diagnóstico, CAPEAR ALFA presentó al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso un conjunto de propuestas concretas. En materia tributaria, la cámara pidió la exención o tasa cero de los derechos de exportación para los productos pesqueros, la suspensión y revisión de las retenciones del impuesto a las ganancias sobre las remuneraciones de las tripulaciones, la reducción transitoria de las contribuciones patronales para sostener el empleo formal, y la implementación de un crédito fiscal acelerado para inversiones en seguridad, electrónica y eficiencia energética. Se insistió también en la liberación de la importación de insumos y maquinarias, y en la posibilidad de contratar seguros internacionales con un esquema de ART competitivos.
En el plano regulatorio, la propuesta central es la creación de una Ventanilla Única Pesquera que integre a la PNA, SENASA, FONAPE y los Consorcios Regionales Portuarios en una plataforma digital unificada, con un arancel único consolidado, un calendario previsible y trazabilidad documental. A eso se suma la consolidación de inspecciones y la unificación de los certificados por marea o campaña, con el objetivo de reducir la duplicidad de controles.
La cámara propuso además un calendario regulatorio anual que publique aranceles y requisitos con doce meses de anticipación y una cláusula de estabilidad, junto con la implementación de un expediente digital compartido que evite a los armadores la duplicidad de trámites. En cuanto a las dotaciones, reclamó una revisión urgente de la normativa REFOCAPEMM para adecuarla a las capacidades tecnológicas actuales de los buques.
La entidad pesquera proyectó el impacto esperado de estas medidas si llegaran a implementarse. En un plazo de doce meses podrían lograrse aumentos de entre el 10% y el 15% en la estabilidad de las dotaciones y la formalización de tripulantes. La reducción de imposiciones permitiría recuperar entre cinco y ocho puntos de margen, mejorando la oferta argentina en los mercados internacionales. En dieciocho meses, el sector podría incrementar un 20% su inversión en capital y reducir un 15% la siniestralidad reportada. Por su parte, la implementación de la ventanilla única y el expediente digital podría recortar un 40% los plazos burocráticos y un 30% los costos administrativos.
La cámara propuso que todos estos indicadores sean auditados trimestralmente y reportados a las autoridades competentes, con trazabilidad pública.
En ese marco el sector solicitó integrar una mesa de trabajo con la Secretaría de Trabajo, la Subsecretaría de Pesca y los diversos organismos técnicos involucrados. La cámara encuadró su pedido dentro del contexto de la reforma laboral que impulsa el Ejecutivo Nacional, basada en el DNU 70/2023 y en los textos derivados del Pacto de Mayo.
La conclusión del documento no deja margen para la ambigüedad. Tanto la flota como las plantas de procesamiento en tierra no son inviables por naturaleza. Son inviables por exceso de impuestos, regulaciones y costos artificiales que distorsionan la actividad. “Si queremos que la pesca argentina sea un motor de divisas, debemos quitarle el peso muerto del Estado. No pedimos que nos den, pedimos que nos dejen producir”.
La última sesión del Concejo Deliberante de Villa Gesell terminó en un escándalo que dejó al descubierto, con fuerza inusitada, las tensiones políticas acumuladas en ese municipio de la costa bonaerense. Al menos tres concejales de la oposición fueron agredidos dentro del recinto y en las inmediaciones del edificio luego de que la totalidad del bloque votara en contra del presupuesto municipal 2026 impulsado por el intendente kirchnerista Gustavo Barrera, quien gobierna la localidad desde 2014.
Lo que ocurrió después quedó registrado en videos que circularon en redes sociales y provocó repudio inmediato de dirigentes del PRO y de La Libertad Avanza.
Según relataron los propios afectados, una vez consumada la negativa, militantes kirchneristas vinculados al sindicato de trabajadores municipales y al Sindicato de Camioneros irrumpieron en el recinto. Hubo insultos, empujones y golpes. A la concejal Clarisa Armando le arrojaron una botella. El concejal Luis Vivas también resultó golpeado.
Armando fue atacada también afuera del Concejo en circunstancias que describió como particularmente graves. “Tuve que salir a acompañar a una de las concejales que se descompensó a la ambulancia. Nos atacaron físicamente, no solo a nosotras, sino al personal de salud que se había hecho presente para asistir a la concejal”, detalló.
– Gustavo Barrera
Esta escena involucró agresiones directas a una médica, una enfermera y un ambulanciero que simplemente intentaban asistir a una funcionaria con una descompensación.
La sesión se desarrolló “en un marco de mucha violencia convocada por el intendente, los funcionarios y el sindicato de Camioneros” desde antes de que comenzaran las agresiones. Los ediles opositores, que especularon que la jornada sería picante más no que escalara de esa manera, señalaron que las autoridades del Concejo no actuaron en ningún momento para contener la situación: “La presidenta del Concejo, en ningún momento pidió la intervención de la Secretaría de Seguridad ni de la Policía. La poca fuerza policial que estaba presente la habíamos solicitado nosotros. Abrieron todas las puertas, dejaron que entraran, dejaron que pudiéramos salir sin protección. Realmente liberaron para que esto pasara”.
Como se dijo, el trágico episodio sucede a raíz de la discusión en torno al presupuesto municipal 2026: ascendía a 64 millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar el municipio hasta entonces.
El documento público “disparaba las tasas municipales a un 80%, aumentaba el gasto público, creaba nuevas secretarías y el impuesto a la nafta”. En concreto, incorporaba seis nuevas áreas dentro de la estructura municipal en un momento en que “todo el país está achicando en gastos y achicando las plantas políticas”. El 68% de ese presupuesto estaba destinado al pago de salarios.
La oposición no llegó al rechazo de un día para otro. La propuesta presupuestaria auspiciada por el intendente venía resistiendo su aprobación desde noviembre del año pasado, cuando los concejales de la composición saliente se negaron a dar quórum. Desde el PRO local la exigencia fue la eliminación de los nuevos cargos y aumento cero de tasas municipales. “En los últimos tres años aumentó un 168% por encima de la inflación”, señaló Armando.“Nosotros tenemos una de las tasas más caras de la provincia de Buenos Aires. Tenemos las habilitaciones comerciales más caras de la provincia de Buenos Aires”. Otra parte de la oposición pedía al menos contener el aumento al 25%. Pero el texto que llegó al recinto no incorporó ninguna de estas modificaciones.
Uno de los elementos más perturbadores de la sesión fue la revelación pública de dos datos que la oposición había ido construyendo con la información disponible. El primero involucra a los empleados municipales: el presupuesto rechazado contemplaba 2.600 cargos, mientras que el municipio declara formalmente tener 1.700. La diferencia de 900 personas corresponde a empleados que cobran sueldo pero que nadie puede ubicar físicamente. “No sabemos a dónde están”.
– Edición Nº 30219 del Boletín Oficial de PBA, jueves 16 de abril de 2026
El Tribunal de Cuentas, en paralelo, ya había observado inconsistencias en la planta municipal. En la rendición 2024 detectó 2.680 cargos aprobados frente a 3.256 ocupados (una diferencia de 576), confirmó el reparo por falta de depuración de agentes y aplicó sanciones al intendente y a funcionarios del área.
El segundo dato tiene que ver con la deuda flotante del municipio. Armando la describió como el dinero que el municipio gasta “como si fuera con tarjeta de crédito”. Esa cifra pasó de 1.000 millones de pesos a 9.000 mil millones en “los últimos tres años” y representa actualmente el 20% del presupuesto total.
La oposición dijo que lleva años reclamando acceso actualizado al RAFAM, el sistema informático que permite a los concejales monitorear en tiempo real los gastos del municipio. El acceso nunca fue garantizado de forma plena. “El ocultamiento del dato es parte de esta gestión” sentenció Armando.
La presencia del sindicato de Camioneros en la violenta sesión tiene una historia propia que la concejal develó en detalle. El gremio del clan Moyano habría hecho campaña por Barrera en 2023 para conseguirle los votos que le faltaban bajo la promesa de mantener el contrato del servicio de barrido de la ciudad. Barrera, ya reelecto, recortó ese servicio.
Según trascendió, el intendente habría intentado trasladar la responsabilidad de ese incumplimientocomunicándole a los dirigentes del sindicato, “en la última reunión que tuvieron”, que el motivo era el rechazo al presupuesto por parte de los concejales opositores.
Esa maniobra explicaría el por qué la protesta del sindicato terminó dirigida contra el Concejo Deliberante y no contra el despacho del intendente.
REPUDIOS
El PRO local fue el primero en articular una respuesta pública. “El oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto”, sostuvo el partido en un comunicado, y añadió: “Les pegaron adentro del recinto. Le patearon la ambulancia a otra concejal que se descompensó. Eso es lo que hacen cuando pierden”.
El PRO bonaerense también expresó su repudio y habló de una “patota” que habría actuado dentro del recinto.
La Libertad Avanza, por su parte, calificó lo ocurrido como de “gravedad institucional inaceptable” y advirtió que “no se trató de un hecho aislado, sino de una expresión más de un modelo que, cuando es cuestionado, responde con aprietes en lugar de argumentos”. Dirigentes de ambos espacios exigieron que se identifique y sancione a los responsables.
Armando construyó una lectura que va más allá del episodio puntual. Barrera viene gobernando ininterrumpidamente desde 2014, siempre con mayoría en el Concejo. Recordó que “es un intendente que viene aprobando presupuestos tras presupuestos porque tenía mayoría”. La violencia del lunes, dijo, no fue una anomalía sino una consecuencia lógica de ese esquema de poder: “Es el resultado de un modelo de gestión que cuando no consigue lo que quiere actúa de esta manera, con la violencia. Éste es el modelo kirchnerista que los resultados son como ellos quieren o son a la fuerza”.
La gravedad del episodio se vio amplificada por la dimensión personal de las amenazas. En un municipio de escala reducida el anonimato no existe. “Hubo amenazas. En Villa Gesell vivimos 45.000 habitantes, que nos conocemos todos, que al día siguiente salimos a la calle y saben dónde vivimos, nos encontramos en el súper, en la carnicería”.
La concejal no dejó margen para la ambigüedad respecto de su posición: “No vamos a claudicar: no le tenemos miedo”, escribió en redes sociales.
Eduardo Menem, ex Senador padre del actual presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, logró una victoria judicial definitiva que le garantiza un haber mensual de 41 millones de pesos. La cifra es escandalosa no sólo por su magnitud, sino por el mecanismo que la permitió: una sospechosa inacción de la ANSES que, bajo la actual gestión, dejó vencer los plazos de apelación.
Este beneficio representa casi cuatro veces el sueldo de un Senador en actividad, los mismos $11 millones que el oficialismo utiliza para fustigar a la oposición. Gracias a la falta de impugnación de ANSES, el ex legislador también se aseguró un retroactivo de 1.500 millones de pesos. Esta suma equivale a 136 dietas legislativas actuales, pagaderas por el Estado en un solo desembolso.
La maniobra se originó en una “notificación nocturna” en el portal oficial. La ANSES de Milei dejó pasar el plazo legal para apelar, permitiendo que el fallo de la Corte quedara firme en el primer trimestre de 2024. Mientras el Ejecutivo concentra sus ataques mediáticos en el Senado, bajo su propia órbita se habilitaba el drenaje de fondos más importante hacia una de las familias que hoy detenta el poder.
Javier Milei, “Lule” Menem (mano derecha de Karina Milei) y Eduardo Menem.
La promesa que nunca llegó
La inacción de la ANSES no es la única contradicción en este tablero: durante la campaña de 2021, Javier Milei sostenía que el “principio de revelación” expondría a quienes se aferraran a sus dietas. En enero de 2022, el propio Javier Milei aseguró en una entrevistaen YouTube con quien suscribe —Augusto Grinner—, que ya tenía preparado el proyecto de ley para permitir la renuncia voluntaria a los haberes legislativos, prometiendo su presentación para marzo de ese mismo año.
Cuatro años después de aquel anuncio, y transitando ya el primer semestre de 2026, el proyecto nunca fue ingresado al Congreso. Ni el Presidente cuando fue Diputado, ni ninguno de los legisladores que integran hoy su bloque, han formalizado la iniciativa. Esta omisión legislativa adquiere una gravedad institucional distinta cuando se analiza el trato diferencial que recibe la cúpula del poder oficialista frente a los haberes de la seguridad social.
Mientras la “motosierra” se detiene frente al beneficio de $41 millones mensuales más el retroactivo de casi $1.500 millones del clan Menem, el Ejecutivo utiliza la retórica de la austeridad para fustigar a la presidencia del Senado. El contraste es total: un silencio administrativo que favorece al entorno familiar del presidente de la Cámara de Diputados, frente a un ataque mediático constante contra Villarruel, quien irónicamente fue la única que habilitó un mecanismo administrativo real para que cada Senador pudiera renunciar voluntariamente a cobrar su aumento; esto sucedió en abril de 2024 mediante una resolución de presidencia del Senado, luego de la votación de aumento de dietas fijado por los Senadores.
Jubilados en protestas por cobrar cien veces menos que Eduardo Menem.
El blindaje de la Constitución frente al ataque coordinado
La ofensiva mediática contra Victoria Villarruel ignora deliberadamente la arquitectura legal del país. Según los artículos 56 y 57 de la Constitución Nacional —cuyo espíritu liberal fue moldeado por el propio Juan Bautista Alberdi—, la Vicepresidente no tiene la potestad de anular por decreto una votación soberana del cuerpo de Senadores. Haberlo intentado habría configurado un abuso de autoridad, dándole al kirchnerismo la excusa perfecta para iniciarle un juicio político inmediato.
Incluso la sugerencia oficialista de que debería haberseausentado de la sesión carece de sustento práctico: la Constitución prevé el reemplazo automático por el Presidente Provisional del Senado (art. 58 de la CNA), por lo que el resultado habría sido idéntico. Villarruel optó por la vía institucional y, como se mencionó, dictó una resolución que habilitó un formulario de renuncia voluntaria al aumento. Fue la única funcionaria que ofreció una salida ética y legal a los legisladores sin romper el orden constitucional.
Este respeto a las formas republicanas es lo que hoy se le recrimina, mientras se guarda un silencio absoluto sobre la falta de apelación en el caso Menem.
Victoria Villarruel y Javier Milei ya en una época de tensión entre ambos.
El triunfo de la genealogía sobre el mérito
El escenario actual deja al descubierto una grieta profunda en la narrativa de La Libertad Avanza. Por un lado, se utiliza la figura de la Vicepresidente como blanco de ataques para canalizar el descontento social por las dietas legislativas; por el otro, el círculo más cercano al poder central se beneficia de una estructura estatal que, lejos de ser “ajustada”, funciona con una precisión quirúrgica cuando se trata de favorecer al linaje propio.
La diferencia de trato es obscena: mientras un Senador que trabaja debe enfrentar el escarnio público por $11 millones, la inacción de la ANSES permite que, quien no ejerce cargos públicos desde hace años, perciba casi cuatro veces más que un Senador activo.
En definitiva, el anunciado “principio de revelación” terminó operando sobre el propio Ejecutivo. Se reveló un gobierno que castiga el respeto a las formas constitucionalesde Villarruel, peropremia con $1.500 millones el reclamo de un Menem contra el Estado.
Para dimensionar el impacto: los $41 millones mensuales de Eduardo Menem equivalen a 107 jubilaciones mínimas. Por su parte, el retroactivo de $1.500 millones representa el pago de un mes entero para 3.944 jubilados de la mínima. En un contexto de ajuste severo, la vigencia de esta jubilación de privilegio demuestra que el Estado sigue priorizando los beneficios de la casta por sobre el resto de los argentinos.
La casta no parece haber desaparecido; simplemente ha cambiado de nombre. O más bien, ha recuperado sus nombres históricos.
El Juzgado Federal N°1 de la provincia de Corrientes sancionó a La Libertad Avanza (LLA) por no haber presentado el informe final de los gastos de campaña de las elecciones del 26 de octubre de 2025. La resolución impone una pena económica y congela los fondos que el Estado le transfiere al partido, un sacudón político en plena arena electoral.
La decisión fue comunicada formalmente tanto a la Cámara Nacional Electoral como a la Dirección Nacional Electoral (DINE), lo que la elevó de una cuestión distrital a un expediente con seguimiento federal.
La resolución judicial contempla tres medidas especialmente severas. Por un lado, impone una multa económica equivalente al 20% de los aportes públicos destinados al funcionamiento del partido en el distrito, una sanción que recae sobre los recursos del Fondo Partidario Permanente que el gobierno distribuye mensualmente para el sostenimiento de las actividades ordinarias.
Además, establece la suspensión cautelar de todo tipo de financiamiento estatal mientras persista la transgresión, una disposición de carácter provisional pero de efecto inmediato que puede ser levantada si la situación se regulariza.
A esto se suma una intimación de 15 días para que los apoderados presenten el informe adeudado, bajo apercibimiento de perder de manera definitiva el acceso a los fondos públicos en caso de no cumplir dentro del plazo fijado.
– Lisandro Almirón
Si el partido no regulariza la situación dentro del plazo fijado desde el 8 de abril, la ley habilita al juez a declarar “no acreditados” el origen y destino de los fondos de campaña. Se trata de una sanción con consecuencias graves, ya que significa que la Justicia Electoral considera que LLA no puede justificar cómo obtuvo o en qué gastó el dinero de su campaña. En casos más graves, la ley también prevé la pérdida del derecho a recibir financiamiento público por hasta cuatro años, según el artículo 62 de la norma.
La Ley 26.215 estipula un régimen escalonado de sanciones en función del tiempo que el partido lleve sin presentar el reporte. Si la mora es de hasta 30 días, corresponde una multa equivalente al 10% de los aportes públicos electorales.
Cuando el incumplimiento se extiende entre 31 y 90 días, la sanción se duplica y pasa al 20%. En los casos en que la demora supera los 90 días, la norma dispone la suspensión cautelar de todos los aportes públicos y una intimación de dos semanas para que la situación sea regularizada.
¿Qué candidatos estaban en juego?
En las elecciones del 26 de octubre de 2025 en Corrientes se renovaron tres bancas de diputados nacionales. La lista de LLA fue encabezada por Virginia Gallardo, acompañada por Isidro Gapel Redcozub. LLA obtuvo el 32,68% de los votos, muy cerca del oficialismo provincial “Vamos Corrientes” con 33,91%, y se llevó una de las tres bancas en disputa. Fue considerado un resultado sorprendente, dado el fuerte crecimiento del partido en la provincia respecto a las PASO del 31 de agosto.
Las elecciones fueron el 26 de octubre de 2025. La resolución se firmó el 8 de abril de 2026, es decir, unos cinco meses y medio después. Eso ubica el incumplimiento claramente en la franja de “más de 90 días”, lo que explica la multa del 20% y la suspensión simultánea de los fondos. En síntesis, LLA de Corrientes no solo llegó tarde, sino que directamente no presentó el balance económico.
– Lisandro Almirón e Isidoro Gapel Redcozub
La decisión judicial no cae en el vacío. Corrientes tuvo dos elecciones en 2025, con las provinciales del 31 de agosto (donde el armado del exgobernador Gustavo Valdés ganó cómodamente la gobernación con más del 51%, y LLA con Lisandro Almirón apenas obtuvo alrededor del 9.5%) y las nacionales del 26 de octubre, donde LLA se recuperó notoriamente. La sanción se conoce en un momento en que el espacio libertario sigue construyendo su estructura orgánica en la región norte.
Este tipo de sanciones no es exclusivo de LLA, debido a que desde 2013 hasta 2021, la Justicia Electoral aplicó más de 1.500 sanciones a distintas agrupaciones por irregularidades en los informes de campaña, con un récord de 479 sanciones solo en 2021. Lo que llama la atención en este caso es que afecta al oficialismo, cuya imagen pública se construyó en parte sobre la bandera de la transparencia y el recorte.
La medida se enmarca en una estructura donde todo partido político que compita por cargos nacionales está obligado por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos a rendir ante la Justicia Electoral dos presentaciones contables. Uno previo (antes de la elección) y uno final (después), detallando todos los ingresos recibidos y los gastos realizados durante el proceso electoral.
Esta rendición debe presentarse utilizando una plataforma oficial de INFIPP, provista por la Cámara Nacional Electoral, debe incluir también los gastos en redes sociales y plataformas digitales. La legislación obliga a identificar el origen de cada peso, ya fuera en concepto de donaciones, aportes públicos u otros ingresos específicos.
La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) evaluó el desempeño del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) durante 2024 y detectó una serie de debilidades en la designación de capacitadores, la infraestructura tecnológica y la gestión administrativa del organismo encargado de formar a los aspirantes y al personal de la Policía de la Ciudad, el Cuerpo de Bomberos y los funcionarios responsables de diseñar e implementar políticas de seguridad ciudadana.
El informe, aprobado por unanimidad el 10 de septiembre de 2025 y dirigido a la presidenta de la Legislatura porteña, Clara Muzzio, tuvo como supervisor al Dr. Guillermo A. García y como director de proyecto al Lic. Favio Pirone.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 16 de marzo y el 25 de mayo de 2025.
El Instituto, situado en un predio de 10 hectáreas en el barrio de Bajo Flores,invirtió más de $1.587 millones en la contratación de capacitadores durante el período auditado. De ese total, el 79,8% se destinó a la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública para aspirantes a Oficial de Policía; el 15,6%, a los Cursos de Ascenso; y el 4,5% restante, a otras instancias formativas. A partir de esa distribución, la AGCBA concluyó que el organismo reflejó una “clara priorización institucional de la formación inicial de los aspirantes a la Policía de la Ciudad”.
En 2024, el Instituto recibió 23.176 solicitudes para cursar la Tecnicatura, pero solo 955 personas firmaron vacante para ingresar al Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad bajo la modalidad de internado con beca. De ese total, 919 aprobaron el primer cuatrimestre y 899, el segundo.
A lo largo del período se graduaron 1.515 Técnicos Superiores en Seguridad Pública – Oficial de Policía.
Respecto de las bajas, el Instituto informó 110 en total: 98 voluntarias y 12 obligatorias. Sin embargo, el relevamiento de las resoluciones institucionales identificó 104 bajas voluntarias y 15 reincorporaciones; descontadas estas últimas, la auditoría constató una diferencia de 9 bajas voluntarias respecto de lo informado por el organismo.
Pese a la inversión y a la magnitud de la actividad, la auditoría detectó irregularidades sistemáticas en la designación de los formadores.
La planta de la Tecnicatura contaba con 800 capacitadores y la de los Cursos de Ascenso, con 161. Del análisis de una muestra de 86 expedientes de los primeros, surgió que en 84 casos “la fecha de requerimiento del capacitador para cubrir una materia o curso es posterior a la fecha de inicio de estos” y que en 85 expedientes no constaban las actas de la Comisión Evaluadora de Antecedentes Académicos y Profesionales.
En los Cursos de Ascenso, de 60 expedientes examinados, 54 presentaron la misma anomalía en la fecha de requerimiento y ninguno contó con las actas de esa comisión.
La AGCBA identificó, además, documentación personal faltante en los legajos de recursos humanos, constancias vencidas de Deudores Alimentarios y Ciudadanía Porteña, y ausencia de publicación oficial y comunicación interna de las resoluciones de designación.
En el plano académico la medición oficial señaló que algunas materias “tienen alta carga horaria con pocos docentes, lo que podría afectar la calidad educativa” y que existían “desfasajes” en la distribución de la carga horaria semanal. En cuanto a los cursos de ascenso, la auditoría detectó falta de planificación y comunicación entre las autoridades y el Instituto, sobrecarga operativa por alta demanda y escasos recursos humanos, y la necesidad de establecer criterios objetivos para regular la participación.
Las deficiencias más agudas se registraron en las denominadas “áreas estratégicas”.
De las 2.400 notebooks adquiridas en 2018, durante 2024 solo 600 permanecían operativas, y se estimó que para finales de 2025 el 80% del “parque tecnológico” quedaría obsoleto.
La escasez de netbooks afectó también el acceso de los cadetes al campus virtual Moodle (plataforma que en 2024 dio soporte a más de 113.000 alumnos y 396 docentes), lo que generó costos adicionales por la impresión masiva de materiales y exámenes. El kit de elementos entregado a cada cadete al inicio del cursado no incluyó netbooks, lo que limitó el acceso a contenidos y evaluaciones interactivas.
Los simuladores de realidad virtual de conducción vehicular y de polígonos 2D, utilizados para la instrucción en “diversos escenarios, situaciones de emergencia y la programación de fallas mecánicas” con el objeto de evitar riesgos en la etapa de aprendizaje, resultaron insuficientes ante la demanda y sobrecargaron a los instructores.
En 2024, alrededor de 2.558 cursantes y visitantes usufructuaron los simuladores vehiculares. Los polígonos virtuales registraron 1.102 usuarios distribuidos entre 650 cadetes, 180 policías, 25 representantes de embajadas, 25 integrantes de fuerzas nacionales y federales, 20 de fuerzas extranjeras, 57 visitas judiciales, 85 pertenecientes a organismos y organizaciones no gubernamentales y 60 visitas institucionales. El área de e-learning del Instituto, encargada de sostener la educación virtual, el campus digital y el soporte pedagógico, también mostró signos de saturación, con equipos existentes y soporte técnico desbordados, lo que derivó en un “mayor gasto en soluciones alternativas” con riesgos operativos que comprometieron el cumplimiento de los objetivos institucionales y presupuestarios.
La flota vehicular del Instituto (dos ómnibus, tres minibuses y cuatro vehículos utilitarios tipo camioneta) tampoco resultó suficiente para cubrir la demanda. Esos medios trasladaron a 18.912 agentes durante 2024 en el marco de actividades académicas, servicios de seguridad y visitas culturales, entre ellas al Teatro Colón, al Congreso de la Nación y a la Morgue Judicial.
El informe concluyó que la flota disponible no resultaría suficiente para cubrir adecuadamente la demanda anual de traslados requerida por las distintas actividades académicas y operativas.
La AGCBA también advirtió que no se pudo verificar una formación académica continuada sobre Derechos Humanos en la formación inicial de los policías, aunque sí constató la existencia de contenido curricular en la temática. De manera análoga, el informe señaló que no se contó con información que acreditara actividades académicas de capacitación continua en la atención al público.
Como contrapunto, el examen sobre una muestra de 90 expedientes de cadetes egresados determinó que todos contaban con la totalidad de la documentación exigida, sin incumplimientos a la normativa vigente.
El general de brigada retirado Sergio Maldonado renunció a la presidencia del directorio de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), la nueva entidad creada apenas en febrero de 2026. Lo llamativo es que su renuncia se produce con apenas un mes de gestión desde que la nueva estructura entró en funcionamiento el 1 de abril de 2026. Maldonado adelantó su decisión al ministro de Defensa, el teniente general Carlos Presti, quien ahora buscaría designar a un oficial superior en actividad para reemplazarlo.
Desde la Fuerza Aérea habrían denunciado que la estructura militar se había “teñido de verde”, en referencia a la fuerte presencia de oficiales del Ejército en los puestos clave del Ministerio de Defensa y en la nueva OSFA. Esta tensión entre las distintas fuerzas complica aún más la gestión de una entidad que ya enfrenta problemas estructurales gravísimos.
El Ministerio de Defensa proyecta designar a un oficial superior en actividad en lugar de un retirado, lo que podría marcar un cambio en el perfil de la conducción. La deuda que acarrea con los prestadores privados sigue sin resolver, las fuerzas de seguridad aún no habrían pagado su parte correspondiente, y miles de afiliados siguen esperando una cobertura que legalmente están obligados a recibir.
En este contexto, el punto de inflexión se dio el 1 de mayo de 2026, luego del fallecimiento en San Juan del suboficial retirado Carlos Héctor Vázquez, de 77 años, tras ingerir un frasco entero de pastillas. Ya había protagonizado un primer intento, cuando se disparó en el abdomen frente al monumento al general San Martín. En una carta encontrada en su mochila, Vázquez explicaba que llevaba más de seis décadas pagando la obra social desde que ingresó al Ejército a los 16 años, y que estaba atravesando un cáncer y otras enfermedades graves sin recibir atención.
“Nunca vi que un presidente, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y su ministro abandonaran a sus soldados”, subrayó en la nota.
El caso generó impacto dentro de la estructura castrense y, según versiones internas, habría influido en la salida de Maldonado. Desde OSFA rechazan esa interpretación. Sostienen que el general retirado había sido convocado para encabezar la primera etapa de creación del nuevo organismo y que esa instancia ya estaba cumplida. También remarcan que Maldonado continuaba la línea de gestión iniciada por Betina Surballe, designada durante la administración de Luis Petri como gerente general.
La cobertura médica de los militares, retirados y sus familias estaba a cargo del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), considerada la tercera obra social más grande del país con más de 550.000 beneficiarios. Esta entidad venía acumulando una deuda millonaria que, según estimaciones, creció de $44.000 millones al inicio de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) hasta superar los $300.000 millones durante la gestión de Petri.
Las consecuencias concretas de esa deuda fueron devastadoras para los afiliados, con suspensión de prestaciones médicas en múltiples provincias, falta de medicamentos para tratamientos de alta complejidad como cáncer, VIH y diabetes, y cancelación de internaciones y cirugías programadas. En Mar del Plata, el único hospital de referencia llegó a suspender la atención de cerca de 20.000 afiliados por deudas impagas que superaban los $800 millones solo con ese centro.
— Militares llevando urnas por montañas a pueblos alejados en las lecciones presidenciales 2023
En febrero de 2026, el presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, mediante el cual disolvió el IOSFA y lo reemplazó por dos organismos separados. Por un lado quedó la OSFA, dependiente del Ministerio de Defensa y destinada a militares en actividad, civiles y retirados. Por el otro, estaría la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, para Gendarmería y Prefectura Naval.
El gobierno argumentó que las fuerzas armadas y las de seguridad tienen “características funcionales, operativas, demográficas y laborales sustancialmente distintas” que justificaban la separación. También estableció que el 80% de los ingresos debía destinarse a prestaciones médicas, con solo un 8% para gastos administrativos.
El problema central es que disolver el IOSFA no hizo desaparecer su deuda. Al 31 de marzo de 2026, el Ministerio de Defensa informó ante el Congreso que la deuda del IOSFA ascendía a $248.600.811.333. El Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, habría rechazado hacerse cargo de esa deuda acumulada, dejando al Ministerio de Defensa en la difícil situación de tener que usar recursos de su propio presupuesto operativo para sostener el sistema.
Mientras tanto, los afiliados quedaron en un “limbo sanitario”, donde continúan pagando sus aportes mensuales pero sin recibir cobertura real. La situación fue particularmente grave en el interior del país —Formosa, Trelew, Tucumán, Bahía Blanca— donde la cobertura era, de acuerdo con los propios afectados, prácticamente inexistente.
La primera impugnación formal contra el cobro de multas para recuperar los costos de los operativos por amenazas escolares fue presentada por Rodolfo Mingarini, un exjuez destituido por unanimidad tras liberar a un hombre luego condenado por violación, al poner en duda el ataque porque el agresor “se había tomado el tiempo de ponerse el preservativo”.
Desde la oposición, exigen que se publiquen los haberes de los funcionarios y responsabilizan al intendente por el deterioro financiero del municipio. Se señaló que él y otros funcionarios cobrarían “sumas extra por función”.
Gremios, usuarios y familiares de víctimas pidieron declarar la emergencia vial y apuntaron contra el recorte presupuestario, la pérdida de personal técnico, la paralización de obras y el avance de concesiones por peaje como salida oficial frente a la crisis.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
