AFIP | Endurecieron los controles de Bienes Personales en el exterior
La medida establece que los argentinos que tengan residencia en el país, a pesar de poseer su domicilio fiscal en el exterior, estarán ligados al pago del impuesto.
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Este viernes, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reforzó el control sobre los activos de los argentinos en el exterior. Lo hizo a través de la Resolución 4760/2020, publicada en el Boletín Oficial, que establece una serie de modificaciones sobre el impuesto a los Bienes Personales.
La medida viene a modificar lo dispuesto por el gobierno de Fernández en diciembre pasado, cuando se sancionó la Ley de Solidaridad Social. La misma establecía una alícuota de 2,25% a los bienes en el extranjero para todos los ciudadanos que tengan domicilio fiscal en la Argentina. En este contexto, muchos individuos decidieron trasladar su domicilio a países vecinos a fin de pagar menos impuestos, manteniendo la residencia argentina.
Ahora, la AFIP estableció una serie de modificaciones para que no se argumente la pérdida de residencia en Argentina tramitando solo la baja del domicilio fiscal. Así, la nueva medida modificó el criterio para tributar Bienes Personales adaptándolo al utilizado con el Impuesto a las Ganancias, es decir, mediante la residencia.
De esta manera, el organismo puso la lupa en la forma, el plazo y las condiciones de la justificación de los contribuyentes para acreditar la pérdida de condición de residentes en el país.
Los precios irreales que el Gobierno mantiene con eternas prórrogas de programas de congelamiento se desvanecerán tras la segunda vuelta presidencial de este 19 de noviembre. Dos días después del balotaje, los más importantes acuerdos de precios vencen y las empresas adheridas ya adelantaron no renovarán el plazo.
En total, son 50.000 productos que mantienen sus precios de manera artificial con el congelamiento de precios denominado programa de Precios Justos. Por este motivo, los economistas advierten sobre una presión adicional inflacionaria que desencadenará este “descongelamiento”.
El secretario @matiastombolini se reunió con las autoridades del Consejo Federal de Comercio (COFEC). Entre los temas tratados, se evaluó el funcionamiento de Precios Justos y se diseñaron estrategias para fortalecer la fiscalización del programa en cada región del país. pic.twitter.com/3Fh0ZG5nJP
La Secretaría de Comercio, comandada por Matías Tombolini, aseguró que en las últimas semanas se mantuvieron 351 reuniones con empresarios. De allí surgieron 254 renovaciones de acuerdos, 97 están en duda y 9 confirmaron que no se volverán a adherir al programa. Estas últimas 9 comprenden el rubro de consumo masivo tales como indumentaria, calzado, electrodomésticos, celulares, motocicletas e insumos difundidos, entre otros.
Además de los productos de consumo masivo, también los planes de servicios médicos actualizarán sus servicios, al menos así se lo hicieron saber a los pacientes adheridos vía mail. También se suman los incrementos en los combustibles.
El mes anterior, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 13,2%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 12,2%
Las petroleras lograron un acuerdo que prevé un aumento entre el 7,5% y 9,6%. YPF aplicó la mayor suba. Aunque se espera otra suba tras el balotaje.
Analizando las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los últimos meses, el economista Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso, aseveró: “Estamos en una olla a presión, que yo llamo inflación reprimida, y eso involucra a todos los precios de Precios Justos, además de los combustibles que subieron un 10% este mes e igual están retrasados un 40%”.
“También está muy retrasado el tipo de cambio oficial y ya vimos lo que pasó con la devaluación de agosto: en dos meses pasó a precios. La única forma de que no pase a precios es con un programa de reformas profundas y después del 19 de noviembre eso depende de quién gane las elecciones”, agregó.
Por último, pidió “transparentar los precios”, pero “con shock de confianza, con reformas para bajar el gasto público, el déficit fiscal. Si el plan no es creíble, todo se traslada a precios. Por eso la probabilidad de hiperinflación en tres meses es alta. Sin credibilidad estaríamos hablando de un desastre total. Con credibilidad, atravesás la tormenta”.
Un notable grupo de asociaciones rurales convocó a la protesta debido a la falta de suministros. La escasez de combustibles impide que los trabajadores del agro puedan llevar adelante con normalidad sus tareas: Se estima que el campo consume alrededor del 30% del gasoil del país. Los representantes de las organizaciones exigen que el gobierno “arbitre los medios para solucionar esta gravísima situación que afecta a los productores y, en el corto plazo, también a los consumidores de bienes provenientes del sector”.
Al comunicado, emitido por la Federación Agraria Argentina, se le anexan la Asociación Regional de Productores de Areco, la Asociación de Productores Agropecuarios de Capitán Sarmiento, la Asociación de Productores Agropecuarios de Salto, la Asociación de Productores Agropecuarios de Carmen de Areco y la Asociación de Productores Rurales de Arrecife.
“Los genios del desabastecimiento, primero de vacunas (Perdón… ¡Para ellos sí!) Insumos médicos, o artículos de primera necesidad en las ciudades para toda la comunidad ahora se le suma el combustible. La vida económica paralizada, y las máquinas y tractores sin poder trabajar”, sentenciaron.
Hace una semana, el Gobierno habilitó a la AFIP para que le exija a las empresas Rappi y PedidosYA que registren a 300 mil empleados-que actualmente son monotributistas- para obtener las cargas sociales (según la AFIP por valor de $7500 millones).
“Pudieron determinarse deudas por $7.500 millones a las plataformas digitales de delivery, en función del trabajo realizado por las áreas de investigación y fiscalización”, justificó AFIP.
Es decir, el ente gubernamental alega que los repartidores de las empresas de delivery son empleados en relación de dependencia y que al no ser registrados, están escapando a las responsabilidades que les toca como empleador y perjudicando al trabajador al no poder otorgarles ciertos beneficios.
Ante este apriete impositivo, las firmas están analizando irse del país
“La AFIP sostiene que los repartidores son empleados en relación de dependencia y reclama las cargas sociales. Las empresas que administran las apps sostienen que los repartidores son autónomos y monotributistas y por lo tanto cada uno paga sus respectivos aportes“, explicó una fuente que responde a las empresas.
“El número repartidores es cambiante, porque el autónomo puede entrar o salir del sistema cuando lo desee. Pero las empresas lo tienen estimado y, en total, las personas que encuentran una salida laboral mediante las apps de delivery son aproximadamente 300.000”, detalló.
Si las empresas se adaptan a las exigencias de la AFIP, “este modelo desaparece, y por eso que en muchos países no lo reglamentan, como en Francia, España, Italia y otros”, sumó. En tanto, las compañías de delivery apelarán al fuero Contencioso Administrativo Federal y ante el Tribunal Fiscal.
La Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Buenos Aires (AIEPBA) informó que unas 200 escuelas privadas —con y sin aporte estatal— de esa provincia enfrentan dificultades financieras críticas, otros 30 establecimientos educativos se mantienen en riesgo de cierre.
Los niveles de morosidad, aseguran, ronda el 25% en promedio. La incertidumbre y la crisis agrava la preocupación de los privados de cara al ciclo electivo 2024. Un considerable número de colegios privados bonaerenses nucleados en AIEPBA —integrada por aproximadamente 10.000 alumnos, 1.100 docentes— señalaron que “lamentablemente venimos advirtiendo esta situación antes de las vacaciones de invierno. Hicimos un relevamiento y marcó que cientos de colegios están con seria dificultades económicas y financieras”. Durante los últimos días, dos colegios del conurbano anunciaron que cerrarán sus puertas el año que viene por éstas razones, afectando, con su medida, a más de 1.000 familias bonaerenses.
Conmoción en la comunidad educativa tras los cierres
Ayer, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas de Buenos Aires informó un nuevo aumento del 11% que se verá impactado en la cuota de noviembre.
Según los relevamientos de la entidad, entre diciembre de 2021 y octubre de 2023 la inflación fue del 311%, los incrementos salariales que se dieron en paritarias acumularon 364%, mientras que los aranceles subieron 268%. El último incremento fue autorizado en septiembre y fue de un 5,4% sobre la cuota de agosto y a esto debió sumarse una autorización previa realizada por el gobierno bonaerense del 9% —14% para dos meses con inflación más alta—.
“La actividad privada tiene inconvenientes para obtener insumos. Es la incertidumbre de los últimos días. No saben cómo reponer la mercadería y muchos otros casos no entregan, porque no tienen insumos para fabricar”, señaló el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss.
AUDIO: Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción
Además, admitió que el rubro es el que más se ve afectado cuando hay políticas de ajuste y, en opinión de Weiss, seguramente “habrá un ajuste fiscal. No importa quién gobierne”. Sobre el panorama actual, el titular del organismo se mostró preocupado por la dificultad de obtener financiamiento para las obras a causa de la inflación: “El ánimo es puntualmente bueno. Hubo una inversión de infraestructura importante. Es difícil ejecutar obras con esta inflación y un ajuste que parece inevitable”.
Gran parte de insumos médicos imprescindibles para tratamientos aumentaron un 1.000% durante 2023. El aumento se explica por los altísimos índices inflacionarios y por la suba del dólar. La Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina señaló que más de 300 centros del país estaban en riesgo de no poder seguir funcionando por esta cuestión. “El futuro es tan incierto como el futuro del país”, sintetizan los expertos.
Por su parte, el doctor Jorge Abdala, presidente de citado organismo, advirtió que, actualmente “las empresas importadoras consiguieron traer todos los materiales necesarios, por lo menos para la diálisis. Si bien para los tratamientos de diálisis se ha normalizado el abastecimiento, el principal inconveniente en este momento es el precio, porque la mayoría de los insumos están valuados en dólares“.
“Hay productos como la heparina, que es vital y sin el cual no se puede hacer diálisis, que subió más de 1.000% en el año. En el resto de los casos, la mayoría de los insumos aumentaron por arriba de 150, 200%“, explicó el titular de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina.
Un panorama similar fue detallado por la Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina, quienes comunicaron, en septiembre, que el incremento de insumos y atención aumentó entre el 50% y el 400% en el año. También se sumaron con comunicados el Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas y la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva.
Además de esta preocupación, se suman desafíos adicionales, como la insuficiente compensación de los profesionales de la salud, los retrasos en los pagos por parte de las obras sociales y la notable ausencia del tema de la salud en la agenda electoral.
“Al analizar las plataformas electorales del último período eleccionario aparecían temas como pobreza, trabajo, emergencia habitacional, educación, impuesto a las ganancias, inflación, policía y narcotráfico, entre otros. No aparecía salud. De hecho, a valores constantes, la asignación a salud per cápita en los últimos veinte años se ha ido reduciendo sistemáticamente“, concluyeron.
El liberal consiguió la ansiada victoria pese a tener todo el aparato estatal oficialista en su contra. El presidente electo de La Libertad Avanza se impuso por más de 10 puntos y con con más del 55% de los votos.
