Caduca el acceso universal y gratuito dispuesto al comienzo de la cuarentena. La decisión del CBRA muestra que el Gobierno no tiene previsto restringir actividades.
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El uso gratuito y universal de los cajeros automáticos, que se instauró apenas unos días después de haberse dispuesto hace un año para facilitar el accesos de cercanía y desalentar desplazamiento caduca el miércoles 31 de marzo.
La disposición del BCRA implica volver al esquema previo, que asegura la gratuidad del uso de cajeros a los tenedores de tarjetas vinculadas a cuentas sueldo, jubilados y beneficiarios de planes sociales. El resto de los usuarios deberá recordar que le tocará enfrentar un costo si utiliza el servicio de una entidad de la que no es cliente o hace movimientos o extracciones con tarjetas no vinculadas a ninguno de esos beneficios.
Lo que se puede pagar por el uso de cajeros automáticos de otros bancos y/o redes, según el relevamiento de costos que realiza el propia BCRA, va de los $43 (Bapro) hasta los $114 (Banco Nacion) por movimiento, y promedia los $80 en el caso de los grandes bancos privados con muchas sucursales. La prohibición a los bancos de cobrar cargos o comisiones por operaciones en cajeros automáticos había sido dispuesta hace un año, cuando la atención presencial en bancos quedó momentáneamente restringida antes de ser restituirse parcialmente y con turnos.
El 5 de noviembre del año pasado, el BCRA autorizó a los bancos a aumentar el valor de las comisiones que cobran a los usuarios vinculadas a las cajas de ahorro, las cuentas corrientes, las tarjetas de crédito, las cajas de seguridad y otros servicios hasta un tope del 9% en enero y de otro 9% en febrero, tras un año de congelamiento. Es significativo recordar que la apertura de las cajas de ahorro, su mantenimiento y su tarjeta de débito vinculada, son gratuitos por norma del BCRA.
Además de los 18.000 cajeros de las redes Banelco y Link, existen otros 17.500 puntos de extracción extrabancaria, en los que puede retirarse efectivo cada vez que se hace una compra con tarjeta de débito en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y otros comercios.
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El Gobierno de Javier Milei anunció, el pasado 10 de octubre, la privatización de 8.600 kilómetros de rutas nacionales distribuidos en 13 provincias, a través de un proceso de licitación internacional que se realizará en dos etapas. Según planteó el Ejecutivo, la medida busca reducir el déficit fiscal y mejorar la gestión, operación y mantenimiento de las rutas, que actualmente están a cargo de la empresa estatal Corredores Viales S.A., la cual registra un déficit de 30 millones de dólares.
Corredores Viales S.A. administra algunos de los principales tramos viales del país, incluyendo rutas clave en provincias como Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, y accesos importantes como la Autopista Riccheri, que conecta con la Ciudad de Buenos Aires. La empresa estatal, creada en 2017 bajo la gestión de Mauricio Macri, fue señalada por no cumplir con los estándares mínimos de mantenimiento y operación, según datos del Gobierno. Debido a esta situación, las deudas operativas fueron cubiertas con fondos del Tesoro Nacional, desvirtuando el objetivo del sistema de peajes, que debía ser financieramente autónomo.
El proceso de privatización se estructurará en dos fases. La primera etapa, que comenzará en diciembre de 2024, involucrará la licitación de dos tramos del Corredor 18, actualmente bajo concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA), cuya concesión expira en abril de 2025. Estos tramos incluyen rutas como la RN 12 y RN 14, vitales para el corredor del Mercosur, conectando el litoral argentino con Brasil y Uruguay. La segunda fase, en febrero de 2025, abarcará otros 5.513 kilómetros de rutas gestionadas por Corredores Viales S.A., incluyendo tramos no concesionados previamente, como la RN 33 en Santa Fe y la RN 18 en Entre Ríos.
El Gobierno asegura que esta medida permitirá un ahorro estimado de 5.600 millones de dólares en un período de 20 años. Las empresas que ganen las concesiones solo podrán comenzar a cobrar peajes una vez que las rutas estén en condiciones óptimas de transitabilidad.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó que el proceso está diseñado para aumentar la transparencia y atraer tanto a empresas nacionales como internacionales, al señalar que este esquema “promueve una mayor competencia y confianza en el sector privado”.
El anuncio de la privatización coincide con un nuevo aumento en los peajes que entró en vigencia el sábado 12 de octubre. Esta suba afecta a las rutas nacionales y a los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires, como la Autopista Riccheri y el Acceso Oeste. El incremento se suma a los ajustes previos que se aplicaron a lo largo de 2024, en respuesta a la inflación y al índice de salarios, según lo dispuesto por Vialidad Nacional.
El esquema de ajustes tarifarios responde a la necesidad de evitar atrasos en el mantenimiento de los corredores viales, y forma parte de un plan de incrementos hasta fin de año. La medida ha generado críticas en algunos sectores empresariales, que expresan escepticismo debido a la inestabilidad económica actual y las dificultades que podrían surgir en el proceso de privatización. Un empresario del sector vial afirmó que “en este contexto macroeconómico, es muy difícil cerrar cualquier acuerdo financiero, sobre todo por el riesgo país y el control de cambios”.
Entre las rutas involucradas en este proceso destaca el Corredor del Mercosur, actualmente operado por CRUSA. Este tramo es crucial para el comercio internacional de Argentina con Brasil y Uruguay, y atraviesa provincias como Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. La empresa CRUSA ha expresado su deseo de renegociar su contrato, aunque el Estado ya lanzó la convocatoria para licitar el corredor. CRUSA también se enfrenta a una disputa legal con el Estado por incumplimientos contractuales, lo que ha complicado su situación financiera.
En paralelo, un consorcio privado compuesto por empresas como Luis Losi S.A., Rovella Carranza S.A., y JCR S.A. mostró interés en hacerse con la concesión de la Ruta del Mercosur. Este grupo ha propuesto una inversión de 650 millones de dólares para mejorar y mantener los 618 kilómetros que conectan Zárate (Buenos Aires) con Paso de los Libres (Corrientes).
El riesgo país, medido por el índice del banco J.P. Morgan, cayó este martes a 1.169 puntos básicos, su valor más bajo desde abril de este año. La cifra refleja un descenso de 35 unidades en los últimos días y representa un hito en el contexto de la administración libertaria de Javier Milei. Los analistas atribuyen esta caída a los esfuerzos del gobierno por mantener un superávit fiscal y reducir los índices de inflación.
Además, los bonos argentinos en dólares, que habían mostrado inestabilidad en meses anteriores, están alcanzando sus valores más altos desde 2019, con subas que oscilan entre el 1% y el 2%. Este incremento en los precios de los títulos soberanos coincide con un contexto internacional de incertidumbre, lo que ha incrementado el atractivo de los activos emergentes como los de Argentina.
OPTIMISMO DEL MERCADO Y REPUNTE DE BONOS
El repunte de los bonos soberanos se da en un escenario de relativa estabilidad cambiaria y una baja sostenida del dólar MEP, que cerró la jornada en torno a los $1.184. Esto supone una apreciación superior al 20% respecto a los máximos alcanzados hace tres meses, cuando el MEP rondaba los $1.428. Esta recuperación beneficia a quienes optaron por mantener sus inversiones en pesos, un dato clave en un contexto en el que los bonos en dólares vuelven a ganar terreno.
Este escenario optimista también se refleja en la mejora general de las paridades de la deuda soberana (con activos como el Bonar 2035 y el Global 2038 liderando las subidas). En diálogo con los medios, Martín Mazza, director de la consultora MM Investments, destacó que “los bonos soberanos argentinos han mostrado un notable impulso alcista, destacándose por su solidez en un escenario global marcado por la incertidumbre”. A su vez, resaltó que “la baja del dólar MEP ha beneficiado a quienes apostaron por el peso, y el flujo de dólares adicionales, producto del blanqueo, sigue impulsando las paridades de la deuda”.
CONTEXTO INTERNACIONAL
El optimismo del mercado financiero argentino se enmarca en un panorama internacional complejo: La guerra en Medio Oriente provocó una subida en los precios del petróleo, lo que genera incertidumbre en los mercados globales. Asimismo, la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos continúa siendo una incógnita. En su última reunión, la Fed recortó la tasa de interés en 50 puntos base, un movimiento más agresivo de lo esperado, lo que incrementó las expectativas sobre futuras medidas. Sin embargo, persisten las dudas sobre la sostenibilidad de este enfoque, especialmente en un contexto de tensiones geopolíticas y una economía global en desaceleración.
– El presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell
A nivel país, el gobierno enfrenta desafíos adicionales, como la reciente licitación de deuda. La Secretaría de Finanzas deberá cubrir vencimientos por 5,1 billones de pesos, después de que la última licitación en septiembre no lograra cubrir la totalidad de los vencimientos, generando preocupación en los inversores. La incertidumbre política y las tensiones sociales también añaden presión a un gobierno que, si bien logró avances en el plano financiero, aún enfrenta obstáculos significativos en otros frentes.
Las acciones argentinas, tanto en Buenos Aires como en Nueva York, experimentaron caídas significativas en las últimas jornadas, afectadas por factores tanto locales como internacionales. La Bolsa de Buenos Aires cayó un 2,4% en el arranque de la semana, y los ADRs argentinos en Wall Street también reflejaron pérdidas de hasta el 4% en empresas clave como Telecom, Pampa Energía y YPF.
Asimismo, persisten las incógnitas en torno a la política fiscal y monetaria del país. La inflación, que en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 4% en septiembre, sigue siendo un tema central de preocupación, a pesar de los esfuerzos del gobierno por controlarla. Se espera que los próximos datos del INDEC confirmen esta tendencia, lo que podría generar mayor presión sobre la política económica de la administración de LLA.
Por otro lado, la calidad crediticia de Argentina, según la agencia Moody’s, no se recuperará completamente hasta finales de 2025. Aunque la agencia reconoce que las recientes medidas del gobierno han favorecido la recuperación económica, advierte que los riesgos macroeconómicos siguen siendo elevados. Moody’s también señala que, aunque las grandes empresas no financieras están mejorando su liquidez, las pequeñas y medianas empresas enfrentan un escenario mucho más difícil para acceder a los mercados internacionales de capital.
El presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró este martes que la petrolera estatal analiza aplicar una baja nominal en los precios de la nafta y el gasoil en octubre si se mantiene la tendencia en los precios internacionales del petróleo y si el gobierno posterga la suba en el impuesto a los combustibles líquidos (ICL). “No importa si es mucho o poco el descuento, es un cambio de paradigma. Tenemos que tener un acuerdo lógico en el que cuando aumente el petróleo hay que subir el combustible y cuando caiga, tiene que bajar”, sostuvo Marín durante el Foro de Energía organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham).
El ejecutivo sostuvo que respecto la Argentina tendrá en los próximos años dos tercios de su producción de petróleo destinada a las exportación y un tercio al mercado local, al revés de lo que sucede ahora. “Si no tenemos precios de paridad de exportación no nos vamos a poder desarrollar”, explicó.
Si bien la petrolera ha ido aumentando los precios de los combustibles mensualmente, Marín explicó desde hace algunos meses YPF no traslada de forma completa la devaluación del 2% mensual sobre el tipo de cambio oficial y las actualizaciones del impuesto a los combustibles, por lo que “YPF bajó el precio de la nafta en términos reales”. Sin embargo, el ejecutivo sostuvo que “Eso no se lo podemos decir a la gente porque el noticiero dice que aumentan 2,5% o 3%”.
Martín dijo que el consumo de combustible en estaciones de servicio aumentó en el último tiempo, un dato que contrasta con los datos de la industria, que ve con preocupación que se sostiene la caída: según datos oficiales, en agosto las ventas de nafta y gasoil cayeron 9,2% interanual, acumulando nueve meses consecutivos de caídas, con un retroceso incluso mayor que el registrado en julio, cuando la caída había sido 5,2%, y junio, cuando la baja fue del 3,4%.
Según reseñó el sitio Infobae, la nafta súper de YPF en CABA cuesta $1.059 desde el primero de septiembre y la premium $1.309 por litro. El gasoil super vale $1.084, mientras que el diesel premium, $1.334 por litro. En el caso de la nafta súper, desde noviembre del año pasado acumula un aumento de 240%, del 91% desde diciembre y del 51% en lo que va del año. Sucede que además del impacto de la devaluación de diciembre se sumó la liberalización inicial de los precios -“pisados” durante la gestión del ministro Sergio Massa– y la recomposición parcial del atraso que acumuló el impuesto a los combustibles líquidos durante los últimos años.
Con el objetivo de limitar su impacto inflacionario, el ministro de Economía Luis Caputo frenó el ritmo de los aumentos en los combustivles instruyendo a YPF a que mantenga sus incrementos promedio a nivel nacional en línea con el crawling peg del 2% mensual más algún punto adicional para recomponer su margen y postergando los aumentos del impuesto a los combustibles, que se encuentra indexado a la variación trimestral de la inflación que informa el Indec.
Si se actualizara el impuesto, la nafta súper debería aumentar hasta los $1.190 solo por el componente impositivo, mientras que el gasoil llegaría a los $1.400 en la Ciudad.
El Gobierno prepara un decreto para eliminar la Casa de la Moneda, que depende del Ministerio de Economía que comanda Luis Caputo. Se trata de uno de los cinco organismos que el Ejecutivo planea disolver en el corto plazo.
La Casa Rosada anunció este martes el cierre de la empresa Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), que implica el despido de 1388 empleados y un ahorro de $42.000 millones anuales. Oficializó también la disolución del Instituto Argentino del Transporte (IAT).
Todo forma parte de la reforma estatal que lleva adelante el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Ya eliminó el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y prepara el cierre de otros 60 organismos.
La desvinculación y la privatización de las sociedades del Estado están a cargo del titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, que tiene oficinas en Balcarce 50 y en el Palacio de Hacienda. Trabaja en conjunto con el vicejefe de gabinete, José Rolandi, y con la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal.
La Casa Rosada prepara la eliminación de los organismos desde marzo, pero necesitaba las facultades administrativas que le dio el Congreso a Javier Milei a fines de junio para poder oficializarlo. Trabajan en el respaldo legal para argumentar la disolución de cada área.
Tras la sanción de la Ley Bases, el presidente tiene la facultad extraordinaria eliminar competencias, funciones, estructuras jurídicas y responsabilidades de cada ente. Puede además ceder organismos a las provincias que los soliciten. Pone la mira en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y en el Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), entre otros.
Las universidades, las dependencias del Poder Legislativo y las del Judicial quedaron fuera de la intervención del jefe de Estado. Lo mismo aplica para el CONICET, ANLIS, ANMAT, INPI, INCAA, ENACOM, ARN, CONAE, CNEA, CONEAU, CNV, INCUCAI, UIF e INTA.
El artículo 52 de la Ley Bases fija el marco normativo para los empleados públicos que trabajan en áreas sujetas a eliminación o modificación. Establece que queden un año con goce de sueldo a la espera de que ser reubicados y que sean capacitados para otras tareas o realicen servicios tercerizados del Estado.
Casi medio mes antes de la fecha ya pactada para el corte anticipado del contrato de importación de gas natural desde Bolivia, los despachos desde el vecino país cesaron, marcando así el fin de las importaciones desde el vecino país tras 19 años. La clave detrás de este corte es la inminente reversión del Gasoducto Norte prevista para mediados del mes que viene, aunque mientras tanto desde Enarsa se importa gas desde Chile.
La información del corte de los despachos desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) se desprende de los registros oficiales del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que dan cuenta que desde el pasado miércoles 18 los gasoductos argentinos dejaron de recibir moléculas de gas desde el vecino país.
Un corte anticipado del contrato de importación que fue confirmado desde Bolivia por fuentes de YPFB que recordaron que “en la última adenda del contrato de importación ya se había anticipado el fin del contrato al 30 de septiembre, pero en los hechos ya se cerraron los despachos”.
La importación de gas desde Bolivia comenzó en 2006, cuando Argentina enfrentaba una seria crisis de suministro de gas natural por la caída de la producción nacional que mes a mes veía bajar los rindes del megayacimiento Loma La Lata.
La solución que se encontró desde Energía Argentina (Enarsa) fue firmar un contrato de importación con Bolivia que el año pasado implicó importaciones por 900 millones de dólares, y que originalmente se extendía hasta diciembre de 2025.
El corte anticipado de este contrato se debe a los trabajos de reversión del Gasoducto Norte que permitirán reemplazar el gas que se importaba desde Bolivia con producción nacional de Vaca Muerta.
Pero esta obra aún no está completada, y la fecha estimada para la puesta en funcionamiento de la primera parte de la misma es recién el próximo 10 de octubre, aunque ya se habla de mediados de mes.
ARGENTINA IMPORTA GAS REGASIFICADO DESDE CHILE
Para completar la demanda de gas de las provincias del Norte Argentina, desde Enarsa se selló en junio un acuerdo de importación de gas con Chile, que este mes comenzó a ejecutarse, con el ingreso de gas a través del gasoducto Norandino, que vincula al vecino país con Salta.
Dado que Chile no cuenta con producción propia de gas natural, el fluido que está entrando desde el vecino país, que hoy llegará a los 1,4 millones de metros cúbicos en el día según los reportes de Enargas, corresponde en realidad a gas que Chile importa como gas natural licuado (GNL).
Los buques de GNL llegan a Chile a la terminal portuaria de Mejillones, en donde se lo regasifica y se inyecta en las redes de ese país, como se hace en Argentina en el puerto de Escobar. Y de hecho, el pasado viernes 13 tuvieron el récord de inyección hacia la Argentina, ya que se despacharon 2,3 millones de metros cúbicos en el día, casi el máximo de la capacidad del gasoducto que atraviesa la cordillera. El contrato de importación sellado entre Enarsa y las firmas chilenas Engie Energía Chile y ENAP Refinerías comprende un volumen total de 128,5 millones de metros cúbicos de gas natural, con lo cual en los niveles actuales de despacho se trata de un plazo de entre dos y dos meses y medio.
Si se consideran los números publicados recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se observan los peores indicadores en losúltimos 20 años. El 52,9% de la población se encuentra bajo la línea de la pobreza, esto es, personas que no pueden cubrir el valor de la Canasta Básica Total, y si lo comparamos con el último año, la situación ha ido empeorando, con un aproximado de 6,2 millones de argentinos que cayeron en la pobreza.
La cifra es aún más alarmante cuando se observa el índice de indigencia, esto es, personas que no tienen ingresos suficientes para cubrir la Canasta Básica Alimentaria, es decir que no pueden comer todos los días. Los números arrojados por el INDEC demuestran que el 18,1% de las personas viven en indigencia, esto equivale a 8,5 millones de personas. En comparación con el último año un total de 4,2 millones de personas cayeron en situación de indigencia, y en los últimos seis años el número de indigentes se cuadruplicó, lo que demuestra la feroz crisis que lamentablemente atraviesa nuestro país.
Uno de los sectores más golpeados en nuestro país por la pobreza sin dudas es el de los niños. Según este último relevamiento, el 66,1% de los menores a 14 años viven en la pobreza, mientras que el 27% de estos vive en la indigencia. Estos números, graves de por sí, toman mayor notoriedad si los comparamos con el último año: en 2023 la pobreza alcanzaba a un 56,2% de los menores mientras que la indigencia era de 13,6%. Es decir que en el último año la pobreza saltó 9,9 puntos porcentuales y la indigencia creció 13,4 puntos.
En cuanto a las regiones más afectadas, se destacan la provincia de Formosa, con el 67,6% de su población pobre, lo siguen LaRioja con un 66,4% y TierradelFuego con un 48,6% de pobres. En cuanto a conglomerados, el primer lugar se lo lleva Gran Resistencia con un 76,2% de pobres, el segundo lugar es para Formosa con un 67,6%, el tercer lugar se ubica La Rioja con un 66,4%, el cuarto lugar es para Concordia con un 65,8% y el quinto lugar es para Santiago del Estero–La Banda con un 64% de pobres.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, respondió las acusaciones del presidente sobre mal uso de fondos. A las críticas por el millonario contrato de un chofer institucional, se suma la controversia por la construcción de un “baño inclusivo” en la Facultad de Psicología.
La inflación más baja de los últimos 3 años no es casual. Es consecuencia de un Gobierno que no emite más; que todos los días achica el gasto público de un Estado que era elefantistico; que sostiene el superávit fiscal a pesar de los embates populistas que buscan romper la caja;…
