01 junio, 2025

River denunció penalmente a Foster Gillett y a su apoderado por el trunco traspaso de Villagra

El club acusó al empresario estadounidense y a su representante en Argentina de “estafa y defraudación” por la operación que no se concretó.
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River Plate denunció este martes a Foster Gillett, magnate estadounidense que había prometido invertir en el fútbol argentino, y a su apoderado local, Guillermo Tofoni, por los delitos de “estafa y defraudación” en la frustrada compra del pase de Rodrigo Villagra. La institución de Núñez sostuvo que “la maniobra desplegada por los empresarios causó graves perjuicios” a su patrimonio y consideró que existió “desbaratamiento de derechos acordados”.

La presentación judicial fue realizada por el apoderado de River, Julio Peña Estrada, quien también incluyó a Juan Manuel Cobián –mencionado en documentos como CEO del grupo Gillett– y a cualquier persona que “haya prestado su concurso o colaboración” en el presunto ilícito. Además, el club pidió un “allanamiento de forma urgente” a las oficinas de Tofoni en la Ciudad de Buenos Aires y en el partido bonaerense de San Martín para secuestrar documentación y dispositivos electrónicos vinculados con la operación.

– Jorge Pablo Brito, presidente de River

El conflicto se originó a fines de enero, cuando River creyó que iba a desprenderse de Villagra mediante la ejecución de su cláusula de rescisión, valorada en una cifra cercana a los 10 millones de dólares (algunas versiones indican que podía trepar a 12 millones). Con el acuerdo supuestamente encaminado, el futbolista dejó de entrenarse con el plantel y la dirigencia avanzó en la búsqueda de un reemplazante (Kevin Castaño, fichado este último martes). Sin embargo, con el correr de las semanas, el pago nunca se concretó. Villagra terminó sin actividad oficial y, finalmente, fue transferido al CSKA de Moscú por cuatro millones de dólares a cambio del 50 por ciento de su pase.

La relación entre River y Gillett ya arrastraba diferencias. El exaccionista del Liverpool había concretado antes la llegada de Cristian Medina desde Boca, para luego cederlo a Estudiantes de La Plata, e hizo contactos con otros clubes como Vélez y Colón por las fichas de Valentín Gómez y Facundo Farías, respectivamente. Tras el fallido traspaso de Villagra, en el club de Núñez se mostraron molestos por lo que entendieron como “desprolijidades” que afectaron de manera directa al mediocampista y, por ende, a las finanzas de la institución.

– Tras las negociaciones frustradas con Foster Gillett, Rodrigo Villagra fue vendido a CSKA de Moscú (Rusia)

Además de verse involucrado en las negociaciones por Villagra, Gillett interfirió en la charla que mantenía River con Austin FC de la MLS para repatriar a Sebastián Driussi, lo que, según fuentes de la institución, endureció la postura del equipo estadounidense. Esta sucesión de episodios derivó en la decisión de llevar el caso ante la Justicia.

Por su parte, Guillermo Tofoni, apoderado de Gillett en Argentina y CEO de World Eleven, respondió: “Es una denuncia sin ningún sentido, ni argumento, porque no hubo contrato firmado. Si no hubo contrato firmado, no hubo daño. Es como que me quieras hacer un juicio porque no te vendí la casa. Él se quedó con el activo, que en este caso es el jugador, y no hubo contrato firmado”. Aclaró también que “personalmente no estuve en ninguna negociación, pero independientemente de esto, que sí los abogados se pasaron borradores de contrato, nunca me avisaron que firmaron un contrato, ni firmé ningún contrato. Incluso si se hubiera firmado y no se hubiera pagado, River no te liberaba el activo y listo”.

– Gillette y Tofoni

Semanas atrás, Tofoni ya había asegurado que “Foster no debe nada porque no se firmó absolutamente nada. Ni Foster firmó con el jugador, ni firmó con River Plate. Por lo cual, Foster no está debiendo nada, no se cometió ningún tipo de desprolijidad en ese sentido”. Y agregó que el problema fue “la especulación de esta posible compra de Foster que al final no se ejecutó”, además de recalcar que “todos los acuerdos que se firman son bajo escribanía. Por lo cual, en este caso, no hubo ningún acuerdo. Ni con el representante del jugador, ni con el jugador, ni con la institución. Foster en ese caso no está debiendo absolutamente ningún pago”.

En relación con la transferencia fallida, Tofoni afirmó que los abogados de su parte “analizarán esta presentación que hizo el apoderado de River para evaluar futuros daños y perjuicios”. Mientras tanto, la causa seguirá su curso judicial una vez que se defina el juzgado a cargo, según informaron fuentes cercanas al club de Núñez.

Redacción

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RIQUELME DENUNCIADO PENALMENTE: Avanza la Investigación por Asociación Ilícita y Administración Fraudulenta

La Justicia Federal inició formalmente una investigación penal contra Juan Román Riquelme, actual presidente del Club Atlético Boca Juniors, y Ricardo Rosica, secretario general de la institución, por presuntos delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta. La denuncia quedó registrada bajo el número CCC 23607/2025, según informó la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

El denunciante es Walter Federico Klix, socio activo del club (N° 113.265), quien presentó la denuncia a título personal ante la justicia federal. En el escrito, se solicita que se investigue una posible maniobra defraudatoria vinculada al manejo de indumentaria deportiva perteneciente a las divisiones inferiores y al equipo de fútbol femenino del club.

Según la denuncia, presentada el 3 de mayo y motivada por una denuncia pública realizada en el programa radial “Lo que queda del día deportivo”, conducido por el periodista Gabriel Anello, se habría producido el desvío y venta de aproximadamente 50.000 camisetas oficiales del club. Las mismas habrían sido comercializadas a través de plataformas como MercadoLibre y Mercado Pago, con un perjuicio económico estimado entre 5.000 y 10.000 millones de pesos.

Durante la emisión radial, Anello afirmó que “las chicas del fútbol femenino tuvieron que jugar una competencia internacional con camisetas Nike compradas en ‘La Salada’ porque no había camisetas disponibles”. También sugirió que “Riquelme hijo, Riquelme padre, Riquelme Chanchi y Rosica” estarían involucrados en un esquema de enriquecimiento ilícito mediante el desvío de entradas e indumentaria.

La denuncia solicita que se tome declaración al periodista Anello, se auditen los estados contables del club, se convoque al tesorero de la institución y se verifique la pertenencia del denunciante al padrón de socios. En el texto se destaca que el objetivo de la denuncia es “contribuir al buen funcionamiento del Club que tanto amamos”, y se busca invocar principios de transparencia institucional.

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De acuerdo con el correo oficial emitido por la Cámara Nacional de Apelaciones, la causa estará a cargo del Juzgado Criminal y Correccional N.º 56, cuya secretaría podrá recibir documentación y trámites relacionados al caso. También intervendrá la Fiscalía Criminal y Correccional N.º 61.

Redacción

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Yerbateros cruzaron a militantes libertarios en Misiones y Karina tuvo que suspender su acto

Manifestantes yerbateros y tareferos se cruzaron con militantes libertarios y agentes de seguridad durante una breve recorrida de la hermana del presidente, Karina Milei, por las calles del centro de Oberá.

“Milei, no somos la casta, somos tareferos. Nos prometiste otra cosa”, afirmaron los manifestantes. “Esto no es Buenos Aires, vayanse a la mierda”, agregaron.

El incidente se dio luego de una movilización organizada por parte de productores yerbateros y tareferos que se apostaron desde temprano en el centro cívico de la Capital del Monte. Los protestantes llevaron pancartas con mensajes directos hacia el presidente, reclamando un “precio justo” para la producción yerbatera.

Karina hasta entonces realizaba su recorrida protocolar junto a su comitiva, como el candidato a diputado provincial, Diego Hartfield, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el influencer libertario, Iñaki Gutiérrez y el presidente de La Libertad Avanza por Misiones, Adrián Núñez, en un encuentro que generó una escalada de tensión que derivó en empujones, golpes, insultos y corridas que obligaron a la suspensión inmediata del acto previsto en una gira por Misiones que formaba parte de una estrategia de consolidación territorial de LLA en la provincia.

La caminata programada desde la calle Entre Ríos hasta la intersección de Bolívar con San Lorenzo fue concebida como “una demostración de apoyo popular al proyecto político libertario”. No obstante, la interrupción por parte de los yerbateros transformó el acto en una expresión visible de rechazo.

“El poder de negociación del productor es muy bajo porque la industria sabe que tenemos que vender”, subrayaron los yerbateros, contra la nueva estructura de mercado que ha transferido el poder de fijación de precios completamente hacia las industrias procesadoras, eliminando los mecanismos de protección que existían para los productores primarios.

Desde los primeros días del gobierno de Javier Milei, la desregulación del mercado de la yerba mate, activada el 1 de abril de 2024 como parte del controvertido DNU 70/2023, eliminó las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para negociar y fijar precios de referencia. Esta medida representó un cambio fundamental, siendo que el último valor del kilo de yerba cosechada fijado por el organismo fue de 370 pesos, que tras el proceso de estacionamiento, deshidratación y picado alcanzaba los 1.406 pesos antes de llegar a las industrias. Sin embargo, la desregulación trasladó completamente el poder de negociación hacia las empresas.

La problemática se agravó significativamente con la acefalía prolongada en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, situación que motivó una denuncia penal por parte de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) contra el presidente Milei y funcionarios del área económica. La falta de designación de un presidente para el INYM provoca, según los denunciantes, un incumplimiento de deberes como funcionarios públicos que contraviene la Ley Nacional 25.564.

Redacción

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Para sostener el capricho de las elecciones desdobladas, Kicillof gastará $4.000 millones

En la provincia de Buenos Aires, la palabra “emergencia” se convirtió en una bandera política. El gobernador Axel Kicillof la invoca con frecuencia para justificar medidas restrictivas, postergaciones salariales e incluso nuevos pedidos de endeudamiento. Sin embargo, en paralelo, su gestión no detiene —sino que acelera— un modelo de gasto público desbordado, que incluye la multiplicación de cargos políticos, compras millonarias y un calendario electoral que costará más de 4.000 millones de pesos a los bonaerenses.

El contraste es evidente. Mientras varios municipios bonaerenses se declaran en emergencia financiera por la falta de fondos, y mientras el propio Kicillof debió suspender negociaciones paritarias con docentes y empleados estatales por “falta de recursos”, la maquinaria administrativa no se detiene. El gobernador solicitó recientemente a la Legislatura la creación de 2.249 nuevos cargos públicos, a los que se suman 5 mil horas cátedra adicionales, a pesar de que ya administra una estructura que triplica en personal a la de su antecesora, María Eugenia Vidal.

¿Crisis real o campaña encubierta?

A este crecimiento del gasto, que ya destina casi la mitad del presupuesto provincial al pago de sueldos, se suma un nuevo escándalo: la licitación 211-0087-CDI25 para la impresión y provisión de materiales de la elección desdoblada, por un monto que supera los 4.179 millones de pesos. Dos empresas participaron: Arcángel Maggio SA (la más económica) y Melenzane SA, ambas con propuestas que rozan cifras siderales para una provincia que asegura estar en emergencia.

La licitación se da en el marco de un calendario electoral impulsado por Kicillof y aprobado sin debate ni discursos en la Legislatura, y que parece más diseñado para garantizar la supervivencia política del oficialismo que para resolver los problemas estructurales de la provincia. El 7 de septiembre se celebrarán elecciones, mientras el ajuste a los municipios, la deuda acumulada y la parálisis de aumentos salariales se profundizan.

Una gestión que va a contramano del país

Mientras el gobierno nacional aplica recortes drásticos y elimina cargos en nombre del equilibrio fiscal, Kicillof parece haber elegido el camino contrario: más cargos, más gasto, más deuda. Desde su llegada al poder en 2019, el gobernador creó más de 70.800 cargos nuevos en la administración bonaerense, un promedio de 48 designaciones por día.

Y lejos de frenar, acelera. La Legislatura ya recibió un nuevo paquete económico con pedidos de endeudamiento por más de 1.000 millones de dólares, además de la emisión de letras del Tesoro por otros 250 millones en moneda extranjera. Todo, en una provincia que todavía funciona con el presupuesto prorrogado de 2023.

A la licitación electoral se suman compras millonarias con presupuestos ocultos, como la adquisición de más de 750 computadoras, mil monitores, laptops y pizarras digitales, sin especificar el monto total del gasto. Estimaciones privadas aseguran que la cifra podría superar los 1.000 millones de pesos. A esto se suma la renovación de luminarias por 113 millones, globos y elementos de comunicación institucional por otros 200 millones, mientras los hospitales reclaman insumos y los intendentes denuncian la falta de transferencias básicas.

Una estrategia electoral encubierta

El relanzamiento del espacio político “Movimiento Derecho al Futuro”, las designaciones masivas y la superestructura electoral parecen tener un único objetivo: sostener territorialmente al gobernador y posicionarlo como figura nacional de cara a 2027. En lugar de administración eficiente, Kicillof parece usar el aparato del estado como plataforma política, con los contribuyentes como únicos financistas.

La estrategia del gobernador está cada vez más cuestionada, incluso dentro del propio peronismo. Con una provincia en emergencia, salarios estancados y una estructura estatal cada vez más costosa, la pregunta es inevitable: ¿Cómo se sostendrá este modelo? Y más aún: ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una provincia que gasta como si estuviera en bonanza mientras se endeuda como si estuviera en quiebra?

La respuesta llegará pronto. Tal vez no en las urnas, pero sí en los hospitales vacíos, en las escuelas sin mejoras, en los municipios quebrados y en la presión impositiva que no deja de subir. Mientras tanto, Kicillof sigue apostando al “inflador” y no a la motosierra, como si los recursos fueran infinitos. Pero los números no mienten: el costo de esta campaña, lo pagamos todos.

*Fuente: REALPOLITIK

Redacción

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El Gobierno lanzó el Plan Guacurarí para reforzar seguridad en la frontera con Brasil

El gobierno implementó una nueva estrategia de seguridad fronteriza denominada Plan Guacurarí, dirigida específicamente al combate del crimen organizado en la frontera con Brasil. Esta iniciativa, oficializada mediante la resolución 626/2025 y firmada por la ministra Patricia Bullrich, establece un comando unificado que coordina múltiples fuerzas federales y provinciales para enfrentar delitos complejos como narcotráfico, trata de personas, contrabando y lavado de dinero.

“Algunos ofician de intermediarios influenciados por los grupos delictivos brasileños”, detalla el documento oficial. “Argentina ya fue demasiado permisiva para quienes ingresan de forma ilegal”, agrega.

La región seleccionada para la implementación comprende un tramo crítico de la frontera argentino-brasileña, específicamente en la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen. Esta zona presenta características geográficas particulares que la convierten en un punto estratégico para actividades ilícitas: abarca 25 kilómetros lineales de frontera seca, caracterizada por su difícil acceso y la ausencia de barreras naturales que obstaculicen el tránsito irregular.

La configuración del terreno facilita el establecimiento de pasos clandestinos, mientras que ambos márgenes de la frontera cuentan con avenidas asfaltadas que permiten movimientos rápidos y discretos, una infraestructura que ha sido sistemáticamente aprovechada por organizaciones criminales, afirmando que “se ha entrelazado con la actividad de bandas criminales” y definiendo el objetivo de “recuperar el control territorial estatal en una zona donde el poder público ha perdido presencia.”

La presencia de estas organizaciones no se limita únicamente al control de rutas de tráfico, sino que incluye el establecimiento de estructuras logísticas, redes de comunicación y sistemas de protección que les permiten mantener operaciones sostenidas en el tiempo. 

Las principales estructuras delictivas identificadas incluyen el Primer Comando Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, junto con otros grupos como Bala na Cara y, en menor medida, el Comando Vermelho. Estas organizaciones han establecido conexiones sólidas con bandas locales, creando una estructura delictiva transfronteriza que opera de manera coordinada y sofisticada.

El Plan Guacurarí encuentra su sustento legal en la resolución 626/2025, publicada en el Boletín Oficial el 26 de mayo de 2025, y firmada por la ministra de Seguridad Nacional, basándose en las competencias establecidas en el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520, que faculta al Ministerio de Seguridad Nacional para asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en todo lo concerniente a la seguridad interior. La resolución también se fundamenta en modificaciones recientes al marco normativo, incluyendo el Decreto N° 58/2025, que cambió la denominación del ministerio a “Ministerio de Seguridad Nacional” para reflejar de manera más precisa su misión en la prevención y lucha contra los delitos federales.

Se contempla una duración inicial de 180 días con posibilidad de prórroga, lo que permite una evaluación periódica de resultados y la adaptación de estrategias, con ayuda de efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, cada una aportando capacidades especializadas según su expertise institucional. La participación de la Policía de Misiones está asegurada a través de enlaces designados por otras estrategias, incluyendo el Plan Güemes y el Plan Roca, que han estado activos en puntos de la provincia de Salta, específicamente en localidades como Aguas Blancas, Tartagal y Salvador Mazza.

Redacción

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Francos adelantó detalles del proyecto para habilitar el uso de dólares no declarados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que la próxima semana el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley “de pocos artículos” que habilitará la utilización de dólares fuera del sistema para compras de hasta 50 millones de pesos mensuales.

Francos calificó la medida de “algo revolucionario” al destacar que los fondos podrán destinarse a la cuota inicial de un departamento, a créditos hipotecarios o a la adquisición de maquinaria agrícola. Explicó que la propuesta garantizó que la información patrimonial “no va a ser revisada” y que redujo el período de prescripción de cinco a dos años para proteger a los ahorristas.Esto va a garantizar que la información que se suministre no va a ser revisada”, aseguró.

– “Presentamos el Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos a gobernadores y ministros de distintas provincias”

En una videoconferencia con 17 gobernadores, el Gobierno obtuvo “un interés general de parte de todos de adherirse a este sistema”. Subrayó que los mandatarios provinciales entendieron que la iniciativa “va a generar una movilización de fondos, una actividad fuerte comercial y, en definitiva, ellos van a percibir también los impuestos que genera ese incremento”. El funcionario pidió, no obstante, que las provincias no apliquen Ingresos Brutos sobre los bienes adquiridos para mantener el incentivo.

Francos insistió en que los dólares acumulados “no provinieron de la evasión impositiva, sino de la compra en el mercado paralelo para resguardar ahorros, y negó que el esquema choque con normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). A su juicio, “con información más limitada sobre algunos montos, es mucho más fácil generar control por parte de el Arca”.

Finalmente, el ministro defendió el proyecto como un instrumento de reactivación económica y de regularización voluntaria: “No es que la gente haya sido incumplidora, sino que se vio obligada a buscar la manera de proteger su dinero”.

Redacción

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Los paros de los piqueteros contra el Gobierno generaron pérdidas de 1.000 millones de dólares

Desde diciembre de 2023, la economía soportó sucesivos paros y manifestaciones que, según el Instituto de Economía (Ineco) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), generaron perjuicios superiores a USD 1.000 millones. El cálculo abarcó dos paros generales y dos del transporte, todos posteriores al primer paro del 24 de enero de 2024 —cuya pérdida “puede haber superado los USD 500 millones”, según coincidieron economistas—, por lo que el costo total podría superar con holgura los USD 1.500 millones.

El segundo paro general, realizado el 9 de mayo de 2024 con amplia adhesión sindical, dejó de producir $489.272 millones de entonces, equivalentes a USD 544 millones. UADE precisó que esa cifra representó el 1,1 % del PBI de mayo y el 24,3 % del PBI del día. Los rubros más golpeados fueron la industria manufacturera (USD 110 millones), educación y salud (USD 90 millones) y los impuestos netos de subsidios (USD 89 millones).

“Para el cálculo de este impacto se estimó el efecto en cada uno de los sectores económicos basado en eventos similares en el pasado. Algunas actividades prácticamente no sufrieron ningún impacto y otras lo recuperaron rápidamente. Sin embargo, hubo rubros y empresas que sufrieron pérdidas irrecuperables y otros que, si bien pudieron compensar gran parte de lo perdido, lo hicieron en un plazo mucho más largo”, explicó el economista Martín Álvarez, analista de la UADE.

El 30 de octubre de 2024, la Mesa Nacional del Transporte encabezó un paro sectorial que paralizó buena parte de la logística nacional y provocó pérdidas por USD 204 millones, equivalentes al 0,3 % del PBI mensual. En esta ocasión, los “impuestos netos de subsidios” lideraron el ranking de perjuicios con USD 89 millones, seguidos por la industria manufacturera (USD 66 millones) y la educación (USD 35 millones). “Cabe destacar que la continuación del normal servicio de colectivos (UTA no adhirió) influyó en que la pérdida económica sea menor a la de anteriores paros, en los que el transporte no funcionó en su totalidad”, comentó Álvarez.

Ya en 2025, el último paro general —10 de abril— generó un impacto preliminar de $208.497 millones o USD 194 millones, es decir el 0,3 % del PBI de abril y el 6,4 % del producto diario. “En el caso de que no hubiese habido colectivos, la cifra del costo ascendería a USD 530 millones. Es decir, la posibilidad de tener al menos una línea de transporte disponible disminuye significativamente el impacto real del paro”, recalcó el economista, quien además subrayó: “Hay sectores que sin líneas de colectivos simplemente no pueden trabajar, como pasa con rubros como la construcción o el comercio, que requieren si o sí de la presencialidad”.

A estas cifras se añadió el reciente paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que afectó a más de 300 líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires y varias provincias. Sin análisis específico aún, UADE estimó pérdidas cercanas a USD 300 millones.

El estudio de UADE mostró que la industria manufacturera y la construcción concentran la mayor parte del daño: registraron pérdidas difíciles de recuperar o solo compensables con mayores costos. El comercio logró recuperar apenas el 35 % de lo no vendido y los restaurantes nada. En el extremo opuesto, el sector financiero recuperó el 99 % de su operatoria, las actividades inmobiliarias el 96 % y la explotación de minas y canteras el 50 %.

Para las pymes comerciales, el impacto resultó evidente. Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires (Fecoba), afirmó que “si bien el transporte de colectivos no se vio afectado por la medida de fuerza, se constató un menor nivel de afluencia en los locales comerciales del micro y macro centro durante la jornada del paro”. Añadió que “es evidente la necesidad que existe en el sector comercial Pyme de hacer frente a esta coyuntura de recesión, por lo que un paro de actividades repercute negativamente en este momento”.

Desde la Fundación Mediterránea, el economista Jorge Day evaluó que “a nivel macro, un impacto del 0,3 % al 1,1 % del PBI mensual no llega a mover la aguja en el total del año, pero a nivel micro el golpe es grande”. Precisó además: “Hay sectores, como el comercio, que pierden mucho con un paro general. Lo que no venden en un día es difícil que lo recuperen en otro y los empleadores tienen que pagar los sueldos igual. En otros casos el impacto no es tan grande, porque tienen forma de sustituir la actividad. En la rama financiera, por ejemplo, muchos trámites se pueden hacer online”.

Con dos paros generales y dos sectoriales medidos, la actividad económica dejó de producir más de USD 1.000 millones durante la presidencia de Javier Milei. De incluirse el primer paro del 24 de enero de 2024, cuyo costo no fue calculado con precisión pero “puede haber superado los USD 500 millones”, las pérdidas globales superarían los USD 1.500 millones.

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