El Tribunal Penal N°1 de Posadas halló culpable tanto al como a su hermano por la causa que incluyó videos sobre abuso infantil y zoofilia.
La acusada afirmó haber sufrido un abuso sexual en 2017. Los videos presentados en la investigación mostraron que el encuentro fue consentido y derivaron en su detención por “falso testimonio agravado”.
El colectivo, que se autodenominaba “Caza Violines”, operaba en el conurbano con un modus operandi polémico: atraían a sus objetivos mediante perfiles falsos de menores, los confrontaban violentamente y viralizaban los videos.
Una denuncia anónima en Chaco inició la investigación sobre piqueteros de Capitanich que recibían dinero del Estado provincial a través de sus fundaciones y cooperativas.
La fiscalía apunta a que el detenido tenía conexión con la filmación de un grupo de encapuchados que señalaban “ajusticiar” funcionarios con ayuda de la barrabrava de Estudiantes.
La defensa sigue apelando su sentencia mientras la fiscalía redobla su postura para desestimarla. Insisten en incrementar su pena en prisión por su “Ruta del dinero K”.
El juez federal Martínez de Giorgi dispuso desalojar al Municipio de Pilar de un terreno que albergaba un vacunatorio y oficinas de licencias de conducir, y lo devolvió a Mateo Corvo Dolcet, acusado de narcolavado junto a la viuda e hijo de Pablo Escobar.
Lorena Villaverde, legisladora por Río Negro, fue señalada en el Congreso por una causa de tráfico de estupefacientes en Florida.
Diputados entrerrianos analizan cambios clave para agilizar la selección de magistrados y “garantizar mayor estabilidad e independencia en el sistema judicial provincial”.
Prometían un country privado en La Matanza, ofreciendo lotes de 300 m² a 3.000 dólares. La estafa, valuada en USD 30 millones, fue desarticulada tras un operativo con drones y personal encubierto.
La presidente del bloque de LLA de la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, deberá presentarse en la Justicia por “difundir información confidencial” de la custodia del ministro de Seguridad.
Los acusados enfrentan cargos por ocupación ilegal de terrenos del Parque Nacional Nahuel Huapi y propiedades privadas entre 2018 y 2022. La defensa alega “derechos ancestrales” sobre el territorio.
