Julio Gutiérrez, ministro de Trabajo de Santa Cruz, denunció a autoridades de la exgobernadora, Alicia Kirchner, por un desfalco de $27 millones desde enero a la fecha.
Lejos de su postura keynesiana, el gobernador de la provincia de Buenos Aires ha intentado subsistir con ingresos por fuera del amparo del estado. Sin embargo, demostró escasa habilidad para generar dinero en todos los rubros en los que incurrió.
El burócrata está acusado de cometer nueve hechos de abuso sexual contra su sobrina y empleada. La fiscalía sostiene que “existen numerosas pruebas que han podido recabarse y que permiten afirmar, con la certeza requerida en esta etapa, que los hechos denunciados ocurrieron”.
Se trata de Gastón Enrique Garriga. Además de trabajar en el pasquín ultra K, el agresor es profesor universitario y tiene un contrato en la Cámara de Diputados. El denunciado practica artes marciales, factor que complica su situación judicial.
El doble procesamiento por evasión impositiva “agravada” lo consideró participé necesario de una maniobra para no pagar impuestos a través de facturas truchas.
La denuncia fue realizada por los propios trabajadores del sector de Prensa de La Rosada que advirtieron los desmanejos por parte del nuevo Presidente.
El juez resolvió suspender el beneficio que tenían los internos por la pandemia y dispuso que, en un plazo no inferior de seis meses, se retiren todos los equipos.
Ana Clara Pérez Ballester seguirá en sus funciones como jueza tras el jury en su contra donde declararon los familiares de la víctima. La defensa de la magistrada giró en torno a la imposibilidad de predecir lo que ocurriría.
La ley, sancionada en 2017 e impulsada por el diputado Luis Petri, prohíbe el otorgamiento de salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida a personas condenadas por delitos de comercialización de estupefacientes, contra la integridad sexual y homicidios agravados, entre otros.
La ONG Poder Ciudadano, que es querellante en la causa, le pidió al juez Atencio que avance con la detención del concejal massista Facundo Albini y de su padre Claudio Albini.
La denuncia se sustenta en un incremento de 416.556,3 millones de pesos en el déficit, con 42.436 millones destinados a la empresa de Malena Galmarini, esposa de Massa. Además, se incorporaron mil empleados al sector público en plena crisis económica.
Bajo la caratula de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria fue denunciado penalmente por Roberto García Moritán y Yamil Santoro.
