No es la pandemia, es la cuarentena estúpido

Concretamente, los datos del PBI para el primer trimestre del presente año muestran una caída del 5,4% respecto el mismo período del año anterior.

03/07/2020

*Por: Javier Milei

1. EL DEBATE Y LOS DATOS

A partir de la llegada del Covid-19 se ha instalado un debate que, ante la caída del nivel de actividad económica, el empleo, el salario real y un súbito aumento de la cantidad de pobres e indigentes, busca quitar la responsabilidad del Gobierno en el desastre económico y, más tarde o más temprano, social, responsabilizando de ello a la pandemia y no a la política preferida del gobierno para enfrentar al virus, esto es, la cuarentena.

El argumento es simple, la pandemia es un shock externo, mientras que la cuarentena es absoluta responsabilidad del Gobierno. Lo primero que deberíamos señalar es que la economía ya venía transitando por un mal camino desde mediados del año 2018 cuando la economía entró nuevamente en recesión, y que el actual gobierno no logró revertirla tendencia. Concretamente, los datos del PBI para el primer trimestre del presente año muestran una caída del 5,4% respecto el mismo período del año anterior.

De todos modos, ello no representa una prueba suficiente para señalar mala gestión, ya que ante el freno de una tendencia de caída, los datos interanuales suelen mostrar signo negativo, lo cual es la base de lo que se define como arrastre estadístico.

Sin embargo, cuando se muestra el indicador en términos desestacionalizados, nos encontramos con una caída del 4,8% respecto al trimestre anterior, lo cual sí es responsabilidad del nuevo gobierno. Es más, de los números se percibe el accionar del gobierno, ya que mientras el consumo privado cae 6,8%, la inversión 9,7%, las exportaciones 13,4% y las importaciones 7,6%, el único rubro que mostró signo positivo fue el consumo público en 1,6%.

Al mismo tiempo, el indicador de actividad (EMAE) de frecuencia mensual también muestra una caída colosal. Así, durante marzo, aún con sólo diez días de haberse impuesto la cuarentena, la actividad cayó 11,4% respecto al mismo período del año anterior, mientras que en abril, la producción del país cayó en un 26,4% (acumulando una retracción del 11% año/año en lo que va del año), la cual constituye la máxima caída de la historia argentina.

Por lo tanto, a la luz de los espantosos números que arroja la economía y, dadas las críticas de haberse apoyado de modo exagerado en la opinión de los infectólogos, el Gobierno salió a imponer el relato de que el problema no es la cuarentena sino que es la pandemia. Para ello, salió a mostrarlos números de caída de PBI para distintos países del mundo en base a las estimaciones del FMI. En éste sentido, uno debería señalar que el Organismo Multilateral estima que el PIB del mundo caerá un 4,9%, mientras que la caída de Argentina sería del 9,9%, lo cual pone al país dentro del lote de los países con peor desempeño del mundo, donde, no casualmente, en los países con cuarentenas más duras mayor la tasa de caída.

2. PANDEMIA O FRAUDEMIA

Hay un chiste que dice que se encuentran dos microeconomistas (quienes miran todo en términos relativos) y uno le dice al otro “Hola, ¿cómo está tu mujer?” y el otro le contesta “¿Comparada con qué?”.

En esto vale lo mismo. Si uno quiere comprenderlos efectos letales del Covid-19 lo primero que debería tener en cuenta es ¿cómo es la dinámica poblacional en términos de muertes? En éste sentido, lo primero qué se debe captar es que a los largo del presente año, según los estudios demográcos de Naciones Unidas, en el planeta morirán 60 millones de personas, esto es, cerca de unas 165.000 personas por día a lo largo del todo el mundo. Por otra parte, cuando se analizan las muertes por Covid-19 en todo el mundo, las mismas tardaron poco más de 100 días para alcanzar dicho número, esto es, estaríamos en torno al 1% de las muertas del mundo (aún en una linealización favorable al Covid19).

Es más, si uno compara con el caso de la fiebre española, que es el caso con el que la Organización Mundial de la Salud amenazó al mundo, el nivel de desproporción es mucho más que enorme. Concretamente, la fiebre española tuvo lugar desde fines de 1918 hasta inicios de 1920, la cual infectó a un tercio del planeta tierra y se cargó con la vida del 6% de los infectados (= tasa de letalidad). Esto es, la fiebre española mató a 39 millones de personas, lo cual representaba un 2% de la población total del planeta tierra. Si uno replicara los números, para los niveles de población del 2020, estaríamos hablando de 2.600 millones de infectados y de un total de muertos por el Covid-19 de 156 millones, mientras que extrapolando linealmente los datos al día de hoy darían un total de 20 millones de infectados y de 1 millón de muertos.

Esto es, la OMS le ha errado en la cantidad de infectados en 130 veces y en el número de muertos en 156 veces. Es más, dado que durante el primer semestre, en los medios de comunicación audiovisuales mostraban continuamente zócalos con la cantidad de muertos por Covid-19 en todo el mundo, si el virus en cuestión, hubiera tenido la misma letalidad que la fiebre española, los zócalos deberían haber mostrado que morían 427.397 personas por día, número que al Covid-19 le costó alcanzar cinco meses. Por lo tanto, a la luz de los datos presentados estamos frente a dos interpretaciones.

Por un lado es que la Organización Mundial de la Salud tiene un serio problema con el manejo de las matemáticas y las estadísticas, lo cual la llevo a cometer un error descomunal. Por otro es que lo hayan hecho de modo totalmente intencionado. Sin embargo, más allá de cual haya sido el motivo, el punto es que el Covid-19 no sólo no es como la fiebre española, sino que es cuestionable definirlo como pandemia.

3. CUARENTENA Y ECONOMÍA

Acorde a los números presentados y de los errores más que groseros cometidos por la OMS en las estimaciones que dieron sustento a sus recomendaciones, resulta por demás importante, cuánto de la caída del PIB mundial es atribuible al Covid-19 (es decir, a la fraudemia) y cuánto a la cuarentena, ejercicio que toma sentido, ya que, más allá de las diferencias entre los distintos modelos de cuarentena implementados en el mundo, todos han hecho cuarentena.

A la luz de las presunciones realizadas por los la Organización Mundial de la Salud y en especial por los infectólogos quienes señalaron que la pandemia del Covid-19 sería equivalente a la “peste española” un trabajo econométrico realizado por Robert Barro, José Ursua y Joanna Weng buscó determinar el impacto que tendría sobre el crecimiento del producto y del consumo, ambos en términos per cápita, y en la tasa de retorno de los bonos del Tesoro y la tasa de inflación en el mundo de ser cierta la hipótesis de los expertos en salud.

A su vez, para estudiar el impacto de la fiebre española (para después poder asimilar con el caso del Covid-19), el período de análisis va desde el año 1901 hasta 1929, donde el corte de la serie de tiempo en dicho año viene explicado por la presencia de la Gran Depresión. A partir de ello, para los 42 países que son parte del estudio de cross-section los valores de las muertes fuera del período de la peste española 1918-1920 y las muertes de La Primera Guerra Mundial 1914-1918 son fijadas en cero. Además, vale la pena destacar que si bien la fecha de 1901 puede resultar un poco arbitraria, estimaciones que arrancan desde 1870 arrojan resultados similares.

Por lo tanto, dado que las estimaciones de caída en la tasa de crecimiento acorde a lo estimado por el FMI (utilizando otra metodología y trabajando país por país) está en la misma línea que el trabajo de Barro-Ursua-Weng asimilando el Covid-19 con el caso de la fiebre española, dado que el virus mostró una letalidad por lo menos 156 veces menor, el origen de la retracción es la cuarentena y no la fraudemia. Puesto en otros términos, dado que las muertes por Covid-19 serían del 0,013% para todo el mundo, la tasa de crecimiento del PIB per-cápita debería haber caído en 0,038%.

De este modo, la cuarentena mundial es responsable del 99,27% de la caída del PIB. Si a su vez, consideramos que Argentina es el alumno estrella de la OMS, resulta por evidente la atrocidad causada por el gobierno de Alberto Fernández a instancias del grupo de infectólogos que lo asesoran. Esta situación se vuelve muchísimo más grave cuando uno considera que por la propia dinámica mundial del virus, el país no sólo contó con más tiempo sino también con mucha más información.

4. UN REMEDIO PEOR QUE LA ENFERMEDAD

Si bien resulta claro que el modelo de cuarentena ha tenido un efecto devastador en la tasa de crecimiento mundial, dicho error se vuelve aún mucho más estremecedor cuando se considera los impactos en el mercado de trabajo. En este sentido, estudios de la Organización Mundial del Trabajo estimaron que durante el primer trimestre del año se perdieron 4,5% de las horas trabajadas en el mundo, lo cual implica que se perdieran 130 millones de puestos de trabajo, mientras que frente a una pérdida de 10,5 horas durante el segundo trimestre del año, la cantidad de puestos laborales que se han perdido llegan a 305 millones.

Al mismo tiempo esa destrucción de millones de puestos de trabajo ha implicado que el salario promedio en el mundo caiga un 60%. Al mismo tiempo, dado que un 62% de los trabajadores del mundo trabajan en el sector informal y que 47 puntos de esos 62 han sido impactado de modo muy signicativo por la cuarentena impulsada por la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de trabajadores informales que se hallaba debajo de la línea de pobreza en el mundo pasó del 26% al 59%.

Por otra parte, acorde a las estimaciones del World Food Programme (WFP) junto a los resultados derivados del “Global Report on Food Crises 2020” (elaborado junto a la Food Security Information Network de la FAO y la International Food Policy Research Institute) señaló que, antes de la llegada del Covid-19, unas 135 millones se encontraban bajo una situación de inseguridad alimentaria.

Sin embargo, lo que se observa es que el diseño de respuesta (cuarentenas estrictas) para resolverlos efectos del virus chino enfrenta a los países a un desafiante trade-off entre salvar vidas o los medios de sustentación para poder vivir.

De este modo, salvar vidas del coronavirus, dado el modelo de cuarentena está llevando a que las personas mueran de hambre. En términos concretos, las investigaciones del WFP señalan que unas 130 millones de personas adicionales serán empujadas al límite de la inanición, por lo que el total de personas bajo inseguridad alimentaria treparía a 265 millones de seres humanos.

Por lo tanto, en función de ello y acorde los estudios de la WFP, en el mundo estarán muriendo de hambre 300.000 personas por día, durante por al menos un lapso de tres meses, esto es, unas 27 millones de personas estarán muriendo de hambre gracias al modelo de cuarentena impulsado por la OMS. En definitiva, todo ello muestra que el remedio está siendo mucho peor que la enfermedad.

5. CUARENTENA: UN DELITO DE LESA HUMANIDAD

Tal como señalan Ricardo Manuel Rojas y Andrea Rondón García en el libro “La supresión sistemática de derechos de propiedad como crimen de lesa humanidad”, el estudio de los tipos penales de crímenes de lesa humanidad o genocidio, acorde a como han sido definidos en convenciones específicas o en el Estatuto de Roma, permite advertir que tales crímenes se vinculan fundamentalmente con el ejercicio de acciones sistemáticas y violentas dirigidas a eliminar o suprimir a determinados grupos. Al mismo tiempo, vale la pena señalar que no solo la agresión física directa puede constituir un crimen de lesa humanidad, sino que también se puede buscar y alcanzar ese propósito mediante acciones que no son directamente violentas, como la supresión sistemática de derechos de propiedad a un nivel que haga imposible a la subsistencia de la población.

En este sentido, es que emerge con total claridad que la supresión sistemática de los derechos de propiedad por parte del Estado implica quitar la base de sustentación económica del individuo, el cual se enfrenta a un dilema existencial.

Por un lado, defender su propiedad enfrentando el avance expropiador del Estado y que, a la postre terminará con su vida por inanición. Así, el Estado lo terminará asesinando utilizando una vía indirecta (y cuya transición podría encuadrar como una tortura). Por otro lado, la opción de ceder mansamente al capricho de los jerarcas del Estado y convertirse de éste modo en un esclavo. Por lo tanto, en el primer caso se aniquila el derecho a la vida, mientras que en el segundo el derecho a la libertad.

Dentro de la lógica de dicho análisis, los casos de cuarentena más estrictos, tal como es el caso de Argentina, derivan en un delito de lesa humanidad.

Así, el Estado, cuando impone la cuarentena ello implica la supresión generalizada del ejercicio de los derechos de propiedad de una gran parte de la sociedad civil. Concretamente, lo que hace la medida es suprimir por completo los ingresos de las empresas, al tiempo que se les exige seguir pagando los impuestos, sostener la cantidad de trabajadores y no permitir la reducción de salarios, el resultado de todo ello de modo simultáneo es que, durante el proceso, las empresas se consumen primero el capital de trabajo, para luego hacer uso de los ahorros de los propietarios de las firmas, lo que a la postre terminará quebrando las empresas y empobreciendo a sus dueños.

En éste sentido, no sólo se produce un daño enorme sobre todas las capas de la sociedad fruto de la destrucción del capital, sino que además, deja desvalido al sector privado frente a un Gobierno que avanza con pretensiones totalitarias. Por lo tanto, el impulso de un modelo de cuarentena extremadamente profundo y por un tiempo exageradamente prolongado, no sólo permite el avance sobre la vida de la población por parte de gobiernos con pretensiones totalitarias,sino que además, los gobiernos se convierten en verdaderas maquinarias de violación masiva de derechos individuales y cómo en dicha tarea, la violación de derechos de propiedad resulta esencial para alcanzar los objetivos, dichas acciones quedan alcanzadas por varias de las cláusulas del Estatuto de Roma y de aquellas legislaciones internas que lo hayan adoptado.

*Fuente: El Cronista

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Cerraron más de 30.000 empresas en 30 meses y se perdieron casi 500.000 empleos

Augusto Grinner 17 de septiembre de 2026

El escenario político de la Cámara baja comenzó a moverse con una nueva dinámica impulsada por la diputada Marcela Pagano. Alejada formalmente de La Libertad Avanza tras profundas diferencias con la conducción oficialista, la legisladora optó por construir un puente transversal que reunió a dirigentes de distintos bloques y a los principales referentes de la producción nacional.

La convocatoria contrasta de lleno con la burbuja discursiva que emana desde la Casa Rosada. Mientras el presidente Javier Milei insiste en decretar que la economía está perfecta —respaldándose en parámetros superficiales como videos grabados en la peatonal calle Corrientes, el corazón más comercial y turístico de la Ciudad de Buenos Aires—, la realidad de las fábricas y comercios es diametralmente opuesta.

Para el mandatario, el cierre masivo de unidades productivas no representa un problema del modelo, bajo la premisa de que las empresas que quiebran lo hacen simplemente “porque no eran competitivas”. Sin embargo, esa teoría oficial ignora la asimetría estructural de las medidas vigentes: un Estado que elimina regulaciones e impuestos para facilitar la entrada de importaciones, pero que mantiene una presión fiscal feroz y asfixiante sobre el entramado local.

El diagnóstico oficial

El cónclave que reunió a legisladores, periodistas, economistas y referentes del sector productivo se llevó a cabo este lunes 14 de septiembre en la Sala 5 del tercer pido del Anexo A del Congreso de la Nación, convocando a figuras de diversas procedencias políticas con el objetivo de marcar un límite a la parálisis parlamentaria frente a la crisis.

Al abrir formalmente el encuentro, la diputada Pagano sintetizó el espíritu de la convocatoria apuntando directamente contra la desconexión gubernamental:

“La sociedad ya entendió que este modelo no cierra: lo que cierran son las empresas. Lo que falta es que el Congreso lo entienda y actúe. Hoy dimos el primer paso: diputados que venimos de lugares muy distintos nos sentamos en la misma mesa con los que producen y con los que miden. No es una foto, es el comienzo de una mayoría nueva para defender el trabajo argentino”.

A continuación, el informe técnico central de la jornada estuvo a cargo de Guido Zack y Nicolás Sidicaro, investigadores de la Fundación Fundar, quienes presentaron su Monitor Mensual de Empresas. El estudio, basado en los registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), expuso datos lapidarios: desde noviembre de 2023 se produjo el cierre neto de 30.633 empleadores y casi 500.000 puestos de trabajo menos, constituyendo el peor retroceso en los primeros 30 meses de un gobierno en el último cuarto de siglo, en contraste con los supuestos récords positivos que exclama el Ejecutivo.

Los especialistas detallaron que el indicador acumula 17 meses consecutivos de caídas y bajas interanuales continuas en 15 de los 18 sectores económicos y en la totalidad de las provincias, con la única excepción de Neuquén. Para los técnicos, el colapso responde a una combinación letal de tipo de cambio retrasado, apertura comercial asimétrica y encarecimiento del financiamiento local.

Al respecto, advirtieron sobre las condiciones en las que opera el mercado:

“Abrir la economía en estas condiciones es abrirla con la cancha inclinada a favor de las importaciones, porque los competidores del resto del mundo tienen costos de financiamiento más bajos, cargas impositivas inferiores y logística optimizada, mientras aquí se asfixia a la producción local”.

— *Nicolás Sidicaro y Guido Zack, de “Fundar”.*

Radiografía política y monetaria de la crisis

El análisis macroeconómico continuó con la exposición del diputado Martín Lousteau, quien cuestionó con dureza el dogma oficial del “ajuste fiscal expansivo”. El legislador sostuvo que dicha receta fracasó tanto en la teoría como en la práctica al trasladar el déficit del sector público directamente a los bolsillos de los trabajadores formales —que sufrieron una caída del 10% en sus ingresos— y a la rentabilidad de las empresas. Asimismo, describió cómo las familias se ven obligadas a quemar sus ahorros, agotar plazos fijos y endeudarse con tarjetas y préstamos a tasas altísimas, pulverizando por completo la demanda interna. Lousteau advirtió durante su intervención:

“Lo que tenemos es una caída de la cantidad de empresas muy aguda en todo el territorio nacional, menos una provincia y en todos los tamaños de empresas; si el proceso del modelo económico no se revierte, el riesgo latente es que esta dinámica destructiva se acelerare todavía más”.

*— Dip. Marcela Pagano y Dip. Martín Lousteau.*

En la misma línea, Federico Vaccarezza, representante de Industriales Pymes Argentinos (IPA), profundizó sobre el colapso financiero desde una perspectiva monetaria. Explicó que la administración central implementó una absorción agresiva de circulante mediante licitaciones que secaron la plaza de pesos, dejando a la economía sin liquidez. Para Vaccarezza, el problema actual no radica en una supuesta falta de competitividad empresaria, sino en la esterilización absoluta del mercado:

“Lo que tenemos es una plaza totalmente seca, no hay pesos; entonces no es un problema de competitividad de las empresas, no hay forma de competir en un mercado donde no tenés dinero, creando un engendro económico: un capitalismo sin consumo y sin inversiones”.

Por su parte, el dirigente y diputado Juan Grabois aportó una lectura estructural sobre el rumbo del modelo económico. Señaló que la contracara necesaria del actual esquema extractivista —enfocado en la minería, el petróleo y el gas para la exportación de materias primas y centros tecnológicos globales— es la destrucción sistemática de la industria orientada al mercado interno y de las redes de la economía popular. Grabois sentenció:

“En la Argentina se está convirtiendo al país en una cantera del poder global; el extractivismo energético y minero no genera empleo masivo, destruye el ambiente y consume recursos necesarios para el desarrollo de la industria nacional y el mercado interno”.

*— Dip. Juan Grabois y Dip. Lourdes Arrieta.*

La voracidad fiscal y el impacto en las regiones

La discusión parlamentaria también puso el foco en el rol de los organismos de control y la asfixia cotidiana que sufren las unidades productivas. Desde Santa Fe, el diputado Pablo Farías denunció con crudeza la presión ejercida sobre el sector formal, advirtiendo sobre la velocidad con la que se ejecutan medidas extremas ante cualquier tropiezo administrativo. Farías alertó:

“Hay una actividad muy agresiva del ARCA sobre las empresas… Ante cualquier incumplimiento impositivo rápidamente está iniciando acciones judiciales y embargando cuentas. Para muchas empresas es la paralización de actividades y para muchas es el golpe final”.

*— Dip. Pablo Farías* *(expuso mediante Zoom).*

En sintonía con esa denuncia, la diputada Sabrina Selva cuestionó la disparidad de criterios del Estado, contrastando la persecución a las PyMEs con los beneficios otorgados a los grandes capitales extranjeros mediante regímenes especiales como el RIGI. La legisladora disparó:

“El ajuste sí discrimina: mientras persiguen y hostigan desde el ARCA a las PyMEs con embargos, multas e intereses que no se quitan, blanquean plata de los evasores y traen leyes como el RIGI para beneficiar a corporaciones extranjeras que no tienen ninguna PyME”.

Desde una perspectiva territorial y sanitaria, el diputado Oscar Herrera Ahuad graficó el desplome de las economías provinciales —donde distritos de pequeños agricultores ya acumulan más de mil empresas cerradas y doce mil empleos formales perdidos— utilizando un diagnóstico clínico. Herrera Ahuad definió:

“Argentina, y fundamentalmente las PyMEs, viven una pandemia económica; el diagnóstico para un médico es que esto es una pandemia económica por la velocidad de propagación de los cierres generados por un virus de la praxis económica”.

*— Dip. Oscar Herrera Ahuad, exgobernador de Misiones (expuso mediante Zoom).*

A su turno, la diputada Lourdes Arrieta sumó al debate la vulnerabilidad climática que amenaza a las economías regionales, advirtiendo sobre las proyecciones catastróficas de crecientes y aludes vinculados al fenómeno de El Niño. Para mitigar este panorama, presentó un proyecto orientado a declarar la emergencia hídrica y climática, contemplando la suspensión de embargos fiscales para los productores afectados.

El grito de la industria, el comercio y el trabajo

Las cámaras y confederaciones del sector productivo unieron sus diagnósticos para advertir que el cierre masivo de unidades productivas amenaza con fracturar de manera irreversible la columna vertebral de la economía nacional. Mauro González, de la Confederación Federal PyME Argentina, remarcó que la dependencia del mercado interno deja a los pequeños y medianos empresarios totalmente expuestos frente a un modelo que destruye el empleo genuino. González afirmó:

“En Argentina, las pequeñas y medianas empresas vivimos del mercado interno; ojalá tuviéramos herramientas desde el gobierno que nos generen la posibilidad de exportar y ser competitivos, pero lo que vivimos hoy es una destrucción literal del aparato productivo nacional que va a ser dramático revertir”.

*— Mauro González (ENAC) y Adrián Palacios (UKRA).*

En un sentido similar, Julián Moreno, representante de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), contrastó la crisis actual con el impacto transitorio de la pandemia, señalando que el colapso presente es estructural y definitivo. También, Diego Ojeda, de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), expresó su frustración ante la parálisis institucional que mantiene trabada en el recinto la Ley de Emergencia PyME:

“La verdad es que ya no sabemos qué más hacer para que traten la Ley de Emergencia PyME en el recinto; ahora estamos asistiendo a un funeral, al funeral de 30.600 PyMEs, y si no hay PyMEs, no hay trabajo ni futuro para la Argentina”.

Por su parte, Adrián Palacios, de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), aportó la perspectiva del comercio de proximidad y los kioscos de barrio, alertando que la caída de ventas ya impacta de lleno en los alimentos esenciales:

“No hay consumo interno ni en nuestro sector; ya no hablamos de golosinas o alfajores, estamos hablando de la canasta básica alimentaria. Los comercios cierran porque la plata no alcanza para pagar los aumentos de luz, gas y alquileres”.

El sector industrial y naval también reclamó previsibilidad para sostener la soberanía productiva. Silvia Martínez, de la Cámara de la Industria Naval Argentina (CINA), advirtió sobre la falta de participación local en los grandes proyectos energéticos de Vaca Muerta y Punta Colorada, reclamando reglas claras frente a la competencia asimétrica con astilleros de la región.

Para cerrar el bloque conceptual del debate, el diputado Eduardo Valdés sintetizó el malestar generalizado cruzando las políticas oficiales con las demandas de otros sectores vulnerables:

“Así como el cardenal Rossi calificó las políticas de discapacidad como de sadismo de Estado, yo creo que también hay sadismo de Estado con lo que le está pasando a la pequeña y mediana empresa, a los trabajadores y a los jubilados; es tiempo de que los colectivos afectados nos pongamos de pie y nos juntemos”.

Reforma tributaria y continuidad institucional

Hacia el tramo final del encuentro, que reunió a unas sesenta personas en total —incluyendo a cerca de veinte trabajadores de prensa y una nutrida concurrencia de referentes sectoriales—, el debate sumó la visión del periodista y analista Mariano Obarrio, impulsor del espacio “Abramos las persianas” y presidente del “Movimiento por los valores de la Argentina”. Escuchado con atención por los referentes comerciales e industriales y por varios legisladores, Obarrio cuestionó la profunda asimetría plasmada en el Presupuesto nacional, contrastando los más de treinta y cinco billones de pesos (35 + doce ceros) destinados a gastos tributarios para grandes sectores concentrados frente a la presión fiscal que pulveriza a las PyMEs. Ante este panorama, el analista propuso una reforma tributaria integral basada en el diálogo y en un control inteligente del Estado:

“Acá hay un desequilibrio distributivo en las cargas tributarias: los grandes privilegiados del modelo no pagan impuestos y las PyMEs pagan por demás; por eso lo primero que hay que hacer es una reforma tributaria bien planificada que quite presión a los que producen y recupere el consumo”.

El cónclave se desarrolló con una dinámica particular: varios de los legisladores nacionales presentes debieron retirarse anticipadamente del recinto a medida que transcurrían las exposiciones debido a compromisos cruzados en otras comisiones de la Cámara baja.

Para dar cierre a la jornada, la diputada Marcela Pagano ratificó que el cónclave no constituirá un hecho aislado, sino el punto de partida de un plan de acción sostenido en el tiempo. La legisladora anunció su propósito de institucionalizar el espacio mediante convocatorias periódicas mensuales, sincronizadas con cada actualización estadística del Monitor Mensual de Empresas de la Fundación Fundar, con el objetivo de mantener un seguimiento en tiempo real del deterioro productivo y transformar los diagnósticos técnicos en proyectos de ley concretos.

*Por Augusto Grinner

Un exintendente propuso crear una policía militar en el conurbano bonaerense para combatir la inseguridad y el narcotráfico

Redacción 15 de septiembre de 2026

El exintendente de San Miguel, Joaquín De la Torre, propuso hoy la creación de una “Policía Militar del conurbano” para combatir la inseguridad y el narcotráfico que azotan a la provincia de Buenos Aires. El exministro de Gobierno de la gestión de María Eugenia Vidal pidió que la nueva fuerza se forme en Campo de Mayo y la planteó como reemplazo del “Ejército prestado” y la “Gendarmería prestada”, la salida a la que suele recurrir el sistema político cuando necesita intervenir en el territorio más caliente del país.

La propuesta apunta a una fuerza que responda directamente a la Casa Rosada. “Depende del gobierno nacional, no del gobernador ni de un intendente, y actúa en los municipios federalizados. Se encarga de los delitos complejos, la inteligencia, el narcotráfico y las operaciones tácticas. Es una fuerza federal permanente, de régimen y formación militar”, explicó De la Torre.

El exsenador provincial detalló también cómo se armaría el cuerpo. “Se forma en Campo de Mayo, a través de la Gendarmería y el Ejército, con integrantes de la actual Policía Bonaerense. Campo de Mayo es la guarnición más grande del país y está en el corazón del territorio que van a custodiar. Se crea por Leyes ordinarias del Congreso y de la Legislatura, sin reforma constitucional”, señaló en un comunicado. El dato no es menor: la creación de la fuerza no requeriría tocar la Constitución; bastaría con el trámite legislativo ordinario en el Congreso y en la Legislatura provincial.

De la Torre aclaró que la Policía Militar no reemplazaría a las policías locales que la mayoría de los intendentes creó en los últimos años ante el reclamo de los vecinos por la inseguridad. Las dos estructuras funcionarían en paralelo, con tareas distintas. Las Fuerzas “van a convivir con la Policía municipal que está a cargo del intendente y se encarga del patrullaje y la prevención. Ya está probado que las policías municipales funcionan y están dando excelentes resultados en bajar el delito. Solo hay que darles más recursos”, sostuvo.

El planteo del exintendente partió de una crítica al sistema de seguridad vigente en la Buenos Aires de Axel Kicillof. Para De la Torre, la escala del conurbano vuelve inviable cualquier conducción centralizada desde La Plata. “En estas condiciones, es imposible que el gobernador se haga cargo de la seguridad del conurbano. ¿Qué sabe el gobernador sobre lo que pasa en la Comisaría Tercera de un municipio del conurbano? La Policía Bonaerense duplicó personal desde 2010 y el delito no bajó, no resiste análisis”, razonó.

Sobre esa base defendió una transformación de raíz del modelo. “Está claro que el gobernador no se puede hacer cargo de la seguridad de toda la provincia y cada vez es peor, porque cada vez crece más el delito en el conurbano, cada vez tiene más realidades más complejas. Con este sistema, las soluciones que propongan van a seguir siendo malas. Hay que cambiar por completo”.

Villarruel le exigió al Gobierno una baja de impuestos urgente para el campo

Joaquín Horacio Herrera 9 de septiembre de 2026

Durante la inauguración de la 74.ª Exposición Rural de Chivilcoy, Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con el programa económico del presidente Javier Milei, definió como “impostergable” una reforma tributaria que favorezca a quienes producen, invierten y generan trabajo, y pidió que el Poder Ejecutivo remita los proyectos correspondientes al Congreso.

También reclamó caminos rurales, puentes, desagües, rutas, energía y conectividad, y afirmó que el Estado no debe reemplazar al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir.

La referente planteó la necesidad de una articulación más concreta entre los sectores público y privado y precisó que, aunque se trata de “dos responsabilidades diferentes”, ambos “tienen que trabajar detrás de un mismo objetivo”, que consiste en desarrollar el territorio para promover la inversión, la innovación, la generación de empleo y la innovación de nuevas tecnologías.

La actual vicepresidenta pidió sustituir un esquema que grava fuertemente las transacciones, la contratación y la producción por otro que incentive la inversión, valor agregado y empleo. En el plano social, sostiene que el crecimiento no alcanza si no termina convirtiéndose en “salarios dignos”. En el plano político, el discurso funciona como una nueva diferenciación pública respecto al Gobierno Nacional.

Villarruel habló ante productores en Chivilcoy y pidió medidas para fortalecer la actividad económica fuera de las grandes ciudades. A su vez, insistió en la necesidad de mejorar la infraestructura y generar condiciones para que los jóvenes permanezcan en el interior.

“Tenemos un desafío impostergable: la reforma impositiva. Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Esperamos que el Poder Ejecutivo tome nota de esta necesidad y envíe los proyectos de ley necesarios para avanzar en este sentido”, subrayó Villarruel, en su discurso para avanzar con proyectos de ley en esa dirección.

La funcionaría cuestionó la falta de infraestructura en distintas zonas productivas. Señaló como prioridades la mejora de rutas y caminos rurales, el acceso a la energía y la conectividad. Asimismo, vinculó el crecimiento del sector productivo con la creación de empleo y la generación de divisas, pero destacó que esos resultados deben traducirse en una mejora concreta para los trabajadores de todo el país.

“La verdadera transformación ocurre cuando el trabajo se convierte en un salario digno que permite sostener una familia y ahorrar”, expresó la titular del Senado durante una actividad en Chivilcoy, acompañada por el intendente Guillermo Britos y representantes de entidades agropecuarias.

Durante su visita, Villarruel destacó el perfil productivo de Chivilcoy y lo ubicó entre los partidos más importantes de la provincia de Buenos Aires por su actividad vinculada al agro. En ese marco, señaló como dato central que el distrito produce unas 800 mil toneladas anuales de cereales y oleaginosas.

La actividad volvió a reunir a Villarruel con Britos, quien fue elegido tres veces para conducir el municipio. Ambos ya habían compartido en abril los actos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Más infraestructura y empleo

Del encuentro participaron conjuntamente la presidenta de Rural Chivilcoy, Yamila Farrell, el vicepresidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Fernando Ferrari, y el referente local de la Sociedad Rural Argentina, Martín Jáuregui, entre otras autoridades y representantes del sector agropecuario.

Otro de los puntos de su discurso estuvo relacionado con el arraigo. Villarruel pidió generar oportunidades laborales y económicas para que los jóvenes puedan permanecer en las localidades del interior en lugar de migrar hacia los grandes centros urbanos.

“Cuando hablamos de producción de campo no hablamos solamente de lo que sucede detrás de una tranquera. Hablamos de un sector productivo, de una serie de cadenas que atraviesan todo Chivilcoy mostrándonos algo fundamental: que el desarrollo comienza en el territorio”, consideró Villarruel.

En otro mensaje formuló como pedido “una política productiva que mire mucho más al territorio”. “Aquí se habló de los caminos rurales, los puentes, los desagües, la conectividad, la energía y las rutas. Y toda infraestructura productiva y para producir más necesita mayor y mejor infraestructura. El Estado no reemplaza al productor ni al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir”, remarcó.

En ese marco, insistió en que hay que “construir un sistema donde el que produce más, el que agrega valor y el que toma un trabajador tenga incentivos para seguir creciendo”. “Tenemos que producir más para ser competitivos, para exportar, para generar divisas y para incorporar tecnología. Pero fundamentalmente producir más para generar trabajo, porque la verdadera transformación de una comunidad ocurre cuando la producción se convierte en empleo y el trabajo se convierte en salario, y el salario permite sostener una familia y ahorrar”, finalizó.

Durante su exposición se hicieron escuchar distintos reclamos sectoriales. Entre ellas, la exigencia de progresar hacia un esquema de “retenciones cero” para los productos agropecuarios, una promesa de campaña del propio Milei. A su turno, Britos cuestionó al Estado por la concesión de la Ruta Nacional 5 por un plazo de 20 años, al advertir que el contrato no contempla la obligación de construir la autovía ni una tercera mano.

Sobre el cierre de su disertación, Villarruel concluyó que “producción, salario, trabajo y familia. Estos son los pilares sobre los cuales podemos construir una Argentina que vuelva a crecer desde el interior hacia el mundo”.

Por su parte, Ferrari apuntó contra la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que habilita la libre elección de veterinarios privados acreditados. El directivo advirtió que el nuevo esquema de vacunación podría reducir la cobertura sanitaria entre los productores con rodeos pequeños y reclamó el fortalecimiento de un organismo “fuerte” que garantice el control y la prevención sanitaria.

Presentaron un pedido formal de información sobre la salud mental del Presidente

Redacción 16 de septiembre de 2026

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) presentó ayer un pedido de acceso a la información pública para que el Gobierno informe si el presidente Javier Milei cuenta con alguna evaluación que acredite su aptitud psicofísica y psíquica para ejercer el cargo. La solicitud, amparada en la Ley de Acceso a la Información Pública, llegó por escrito a la Jefatura de Gabinete que encabeza Diego Santilli.

La nota, firmada por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, en representación de la organización, se dirigió al responsable de Acceso a la Información Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros, Presidencia de la Nación. El propio sindicalista la difundió en sus redes sociales.

El escrito recordó que el Estado tiene un plazo de 15 días para responder. Sin embargo, desde el Gobierno ya trascendió que no contestarán el requerimiento.

Punto por punto, qué pidieron

En primer lugar solicita a la Presidencia y a la Jefatura de Gabinete que informen si existe en relación con Milei “algún examen, junta médica, certificado, dictamen o protocolo que haya evaluado su aptitud psicofísica y/o psíquica”.

En caso de que esa evaluación exista, el gremio reclamó que “se informe fecha de realización, organismo u profesional interviniente y resultado (“apto/no apto” o equivalente), sin requerirse el detalle clínico, diagnóstico u otros detalles de la historia”.

El segundo punto apunta a las reglas de juego. ATE pidió saber si hay alguna normativa, protocolo o reglamento que establezca controles periódicos de aptitud psicofísica y psíquica para el Presidente y, si la respuesta es afirmativa, que se entregue una copia.

Por último, el sindicato previó un posible rechazo. Si el Gobierno decide negar total o parcialmente la información, la negativa deberá presentarse por escrito y con fundamentos, con indicación precisa de qué excepción de la Ley de Acceso a la Información Pública invoca y con la aplicación del correspondiente test de daño e interés público.

El documento también contempló un escenario adicional. Si no existe ningún tipo de examen o apto médico realizado a Milei, Aguiar exigió que se lleve a cabo para constatar si el Presidente se encuentra en pleno uso de sus facultades psicofísicas para desempeñar el cargo.

La presentación aclaró que el gremio no requiere información reservada, como la historia clínica o los antecedentes médicos del mandatario. Lo que pide es conocer si Milei está “apto o no apto”, si existen organismos que evalúen su aptitud psicofísica, tal como ocurre con todos los trabajadores del Estado, y si alguna norma prevé esas evaluaciones.

Para respaldar el pedido, ATE citó declaraciones públicas sobre presuntos problemas mentales del Presidente. Entre ellas figuran las del periodista Nelson Castro, el exdiputado Facundo Manes, la vicepresidenta Victoria Villarruel, el diputado Jorge Araujo Hernández y las de varios psicólogos.

“Acá se controla a los trabajadores”

En su publicación, Aguiar fue tajante. “Los desequilibrios mentales del Presidente son muy evidentes. No hace falta ser un profesional de la medicina para saber que padece algún tipo de psicosis, y su salud no es exclusivamente privada cuando la misma está vinculada a la capacidad para ejercer su cargo”, sostuvo.

El dirigente basó parte del reclamo en la diferencia entre las exigencias que enfrentan los estatales para ingresar a la administración pública y la falta de controles sobre la máxima autoridad política del país. “Es inaceptable que los empleados públicos para nuestro ingreso tengamos que cumplir numerosos requisitos y uno de ellos sea atravesar un examen médico preocupacional, y que este no sea obligatorio para quien es la máxima autoridad política y administrativa del Estado”, remarcó. Y agregó: “Acá se controla a los trabajadores y no a quienes los tienen que dirigir. ES UNA JODA”.

Aguiar se anticipó a las críticas. “Esperamos que nadie se alarme ni nos llamen golpistas o destituyentes, porque no buscamos acceder a ninguna información médica privada ni a datos sensibles, solamente conocer si se encuentra apto para ejercer tan alta función”, aclaró. Luego advirtió sobre el alcance de una eventual respuesta negativa: “Si no lo fuera, las consecuencias jurídicas serían gravísimas y la mayoría de sus actos debieran ser declarados nulos”.

En paralelo con el trámite administrativo, ATE anunció que impulsará una iniciativa legislativa para que, a partir de las elecciones de 2027, todos los candidatos a cargos electivos estén obligados a realizarse un examen psicofísico preocupacional antes de la presentación de listas.

“Tenemos que avanzar en una iniciativa legal que permita exigir también exámenes psicofísicos a los cargos electivos a partir del año que viene”, propuso Aguiar. El titular del gremio estatal cerró con una advertencia: “Esta presidencia de Milei nos enseñó que la psicosis y el delirio de un candidato en la campaña se pueden camuflar. No nos puede volver a pasar”.

Una diputada del PRO fulminó a Kicillof: “Es el peor gobernador de la historia, tiene el cerebro envenenado de zaffaronismo”

Redacción 5 de septiembre de 2026

Para Florencia De Sensi no hay margen para las medias tintas: Axel Kicillof dejó de gobernar. La diputada nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires sostiene que, desde que arrancó su segundo mandato, el gobernador se dedicó casi con exclusividad a construir su candidatura presidencial dentro del justicialismo y “se olvidó de gestionar”. El diagnóstico lo dejó en una recorrida por La Plata, donde acompañó a dirigentes jóvenes del partido amarillo.

El eje de sus reproches es la seguridad. De Sensi considera un fracaso político que, a esta altura de 2026, el delito siga encabezando las inquietudes de los bonaerenses en lugar de que la agenda discuta avance tecnológico o inversión. Remarca que la conclusión la sacan tanto de las encuestas que recorren semana a semana. Los números la acompañan. Un relevamiento de la consultora Afiches, de julio de este año, detectó que más de un tercio de los hogares provinciales sufrió algún hecho de inseguridad en los últimos doce meses y que más de la mitad de la población se siente poco o nada segura en su propio barrio. Estudios previos, como los de Giacobbe, ya ubicaban a la inseguridad como la palabra que mejor define la preocupación del distrito.

Para la diputada, el gobernador tiene los recursos y “elige no usarlos”. En la entrevista que dio a El Día, enumeró herramientas que, asegura, Kicillof tiene a mano y deja guardadas. La más repetida es la ley de reincidencia y reiterancia, pensada para terminar con “la puerta giratoria de los delincuentes”. El mandatario kirchnerista, asegura, ni siquiera envió el proyecto a la Legislatura bonaerense. Algo parecido plantea con el RIGI, el régimen de incentivos a las grandes inversiones que se aprobó en el Congreso y al que la provincia sigue sin adherir, pese a que podría darle oxígeno a la economía local.

De Sensi lleva ese análisis al plano ideológico. Está convencida de que el gobernador no combate el delito porque, sencillamente, no quiere: lo ve atrapado en una matriz de pensamiento que invierte los roles y termina colocando a la víctima en el lugar del culpable y al delincuente en el de víctima. Kicillof tiene “el cerebro envenenado de zaffaronismo”, disparó.

La legisladora también cuestionó la presión impositiva que crece sin que el vecino la vea reflejada en obra pública ni en servicios. En este marco, desempolvó dos capítulos que el peronismo bonaerense prefiere no recordar: las escuelas que permanecieron cerradas durante los dos años de pandemia y la devolución de celulares a los presos, una medida que les permitió seguir manejando sus negocios delictivos desde adentro de la cárcel.

El arzobispo de Córdoba cuestionó a Milei en la previa de la visita del Papa: “La macroeconomía no baja al plato”

Joaquín Horacio Herrera 9 de septiembre de 2026

En la antesala de la visita de León XIV a la Argentina, el arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Sixto Rossi, lanzó unas duras declaraciones contra la gestión del presidente Javier Milei y cuestionó el impacto social de su política económica.

“Esa macroeconomía de la que no hablan y ese qué sé yo, no baja al plato”, afirmó Rossi durante una conferencia de prensa inesperada en Córdoba. En la misma línea, la Pastoral Social reivindicó la justicia social, en un claro cuestionamiento al modelo económico impulsado por el Gobierno.

“Cuando dicen ‘hemos sacado no sé cuántos millones de la pobreza’, no sé dónde los han puesto, creo que los han puesto a algunos en la miseria”, destacó Rossi sin negar literalmente que el índice de pobreza haya bajado.

Su ironía —“es cierto que los han sacado; la cosa es dónde los han puesto”— cuestiona que cruzar estadísticamente la línea de pobreza equivalga necesariamente a alcanzar una vida segura y digna. Una familia puede dejar de ser clasificada como pobre por superar apenas el valor de una canasta y, al mismo tiempo, continuar endeudada, trabajando informalmente, reduciendo consumos esenciales o sin capacidad para afrontar un imprevisto económico.

La intervención de su persona adquiere mayor peso por tres razones cruciales. Rossi es un jesuita nacido en Córdoba, arzobispo metropolitano de esa provincia desde 2021 y cardenal desde septiembre de 2023. Antes de llegar al episcopado creó la Fundación Manos Abiertas, dedicada a asistir a personas pobres y vulnerables, y abrió un hogar para personas en situación de calle; esa trayectoria ayuda a entender por qué suele leer la economía desde sus consecuencias sociales concretas.

Además, participó como elector en el cónclave de 2025 que eligió a Robert Francis Prevost como León XIV. Su relevancia no depende solamente de una supuesta cercanía personal con el actual Papa, sino que ocuparía un lugar importante en la Iglesia argentina y sería el anfitrión eclesiástico de una de las escalas más visibles del viaje. Rossi explicó que ya había conocido y tratado a Prevost en el Sínodo sobre la Sinodalidad, donde ambos integraron un grupo de trabajo por idioma, se sentaron en la misma mesa y compartieron unos dos meses de trabajo.

Córdoba será una escala de la visita papal a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, y sus afirmaciones convergen con un documento institucional de la Comisión Episcopal de Pastoral Social al término de la Semana Social 2026, hecho también en Córdoba bajo el lema de “Puentes hacia el Bien Común”. Por eso, aunque Rossi habló con un tono especialmente directo, la discusión excede de por sí su opinión personal y se conecta con la doctrina social católica y con una señal más amplia de la Iglesia argentina.

“No llega con los ojos vendados”, expresó Rossi, anticipando que el Papa encontrará un país “cascoteado” y consideró que su presencia puede contribuir a renovar la esperanza en medio de una situación social difícil, después de 39 años (la última fue de Juan Pablo II en 1987). Su primera gran gira por América Latina buscaría priorizar los países que el Papa Francisco no había visitado en su rol papal (Uruguay, Argentina y Perú).

— El Papa León XIV junto al cardenal y eclesiástico Ángel Rossi

El lunes 9 de noviembre, León XIV encabezará un homenaje especial a Francisco en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el mismo templo donde Jorge Bergoglio fue arzobispo por 15 años. Ubicó su recorrido por Córdoba para el 10 de ese mes, en la Santa Misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), con capacidad proyectada para 600.000 fieles.

Debido a la magnitud del evento, el Gobierno nacional ha creado tres comandos unificados que integran a la Policía Federal, Gendarmería y las fuerzas policiales de la Ciudad, de Buenos Aires y de Córdoba para blindar la seguridad del Pontífice. Asimismo, el Congreso y el Ejecutivo evalúan declarar días no laborables o asueto escolar y administrativo (especialmente el 9, 10 y 11 de noviembre) para ordenar el colosal movimiento de feligreses que llegarán desde todas las provincias.

— El Papa Francisco con Ángel Rossi

“Que hoy hablés de justicia social como inmoral y como aberrante, la verdad que es aberrante la frase”, subrayó Rossi, siendo que esta postura contraria al discurso oficialista es el “criterio estructurado” de la Iglesia Católica para obtener una vida estable, siendo que gracias a ella se dan “exigencias concretas de la dignidad humana” como el acceso al alimento, la vivienda, la educación, la salud y el transporte.

La Pastoral Social junto a su vez al trabajo en el centro de su diagnóstico. Lo definió como “el gran ordenador de la vida” y advirtió que la transformación tecnológica y el avance de la inteligencia artificial (IA) no deben relegar a la persona a una “variable de ajuste” en nombre de la eficiencia o el lucro.

HUMOR por Argüelles

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Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires.

La magistrada reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones: “El Poder Judicial no…
— Mauricio Macri (@mauriciomacri) September 9, 2026