No es la pandemia, es la cuarentena estúpido

Concretamente, los datos del PBI para el primer trimestre del presente año muestran una caída del 5,4% respecto el mismo período del año anterior.

03/07/2020

*Por: Javier Milei

1. EL DEBATE Y LOS DATOS

A partir de la llegada del Covid-19 se ha instalado un debate que, ante la caída del nivel de actividad económica, el empleo, el salario real y un súbito aumento de la cantidad de pobres e indigentes, busca quitar la responsabilidad del Gobierno en el desastre económico y, más tarde o más temprano, social, responsabilizando de ello a la pandemia y no a la política preferida del gobierno para enfrentar al virus, esto es, la cuarentena.

El argumento es simple, la pandemia es un shock externo, mientras que la cuarentena es absoluta responsabilidad del Gobierno. Lo primero que deberíamos señalar es que la economía ya venía transitando por un mal camino desde mediados del año 2018 cuando la economía entró nuevamente en recesión, y que el actual gobierno no logró revertirla tendencia. Concretamente, los datos del PBI para el primer trimestre del presente año muestran una caída del 5,4% respecto el mismo período del año anterior.

De todos modos, ello no representa una prueba suficiente para señalar mala gestión, ya que ante el freno de una tendencia de caída, los datos interanuales suelen mostrar signo negativo, lo cual es la base de lo que se define como arrastre estadístico.

Sin embargo, cuando se muestra el indicador en términos desestacionalizados, nos encontramos con una caída del 4,8% respecto al trimestre anterior, lo cual sí es responsabilidad del nuevo gobierno. Es más, de los números se percibe el accionar del gobierno, ya que mientras el consumo privado cae 6,8%, la inversión 9,7%, las exportaciones 13,4% y las importaciones 7,6%, el único rubro que mostró signo positivo fue el consumo público en 1,6%.

Al mismo tiempo, el indicador de actividad (EMAE) de frecuencia mensual también muestra una caída colosal. Así, durante marzo, aún con sólo diez días de haberse impuesto la cuarentena, la actividad cayó 11,4% respecto al mismo período del año anterior, mientras que en abril, la producción del país cayó en un 26,4% (acumulando una retracción del 11% año/año en lo que va del año), la cual constituye la máxima caída de la historia argentina.

Por lo tanto, a la luz de los espantosos números que arroja la economía y, dadas las críticas de haberse apoyado de modo exagerado en la opinión de los infectólogos, el Gobierno salió a imponer el relato de que el problema no es la cuarentena sino que es la pandemia. Para ello, salió a mostrarlos números de caída de PBI para distintos países del mundo en base a las estimaciones del FMI. En éste sentido, uno debería señalar que el Organismo Multilateral estima que el PIB del mundo caerá un 4,9%, mientras que la caída de Argentina sería del 9,9%, lo cual pone al país dentro del lote de los países con peor desempeño del mundo, donde, no casualmente, en los países con cuarentenas más duras mayor la tasa de caída.

2. PANDEMIA O FRAUDEMIA

Hay un chiste que dice que se encuentran dos microeconomistas (quienes miran todo en términos relativos) y uno le dice al otro “Hola, ¿cómo está tu mujer?” y el otro le contesta “¿Comparada con qué?”.

En esto vale lo mismo. Si uno quiere comprenderlos efectos letales del Covid-19 lo primero que debería tener en cuenta es ¿cómo es la dinámica poblacional en términos de muertes? En éste sentido, lo primero qué se debe captar es que a los largo del presente año, según los estudios demográcos de Naciones Unidas, en el planeta morirán 60 millones de personas, esto es, cerca de unas 165.000 personas por día a lo largo del todo el mundo. Por otra parte, cuando se analizan las muertes por Covid-19 en todo el mundo, las mismas tardaron poco más de 100 días para alcanzar dicho número, esto es, estaríamos en torno al 1% de las muertas del mundo (aún en una linealización favorable al Covid19).

Es más, si uno compara con el caso de la fiebre española, que es el caso con el que la Organización Mundial de la Salud amenazó al mundo, el nivel de desproporción es mucho más que enorme. Concretamente, la fiebre española tuvo lugar desde fines de 1918 hasta inicios de 1920, la cual infectó a un tercio del planeta tierra y se cargó con la vida del 6% de los infectados (= tasa de letalidad). Esto es, la fiebre española mató a 39 millones de personas, lo cual representaba un 2% de la población total del planeta tierra. Si uno replicara los números, para los niveles de población del 2020, estaríamos hablando de 2.600 millones de infectados y de un total de muertos por el Covid-19 de 156 millones, mientras que extrapolando linealmente los datos al día de hoy darían un total de 20 millones de infectados y de 1 millón de muertos.

Esto es, la OMS le ha errado en la cantidad de infectados en 130 veces y en el número de muertos en 156 veces. Es más, dado que durante el primer semestre, en los medios de comunicación audiovisuales mostraban continuamente zócalos con la cantidad de muertos por Covid-19 en todo el mundo, si el virus en cuestión, hubiera tenido la misma letalidad que la fiebre española, los zócalos deberían haber mostrado que morían 427.397 personas por día, número que al Covid-19 le costó alcanzar cinco meses. Por lo tanto, a la luz de los datos presentados estamos frente a dos interpretaciones.

Por un lado es que la Organización Mundial de la Salud tiene un serio problema con el manejo de las matemáticas y las estadísticas, lo cual la llevo a cometer un error descomunal. Por otro es que lo hayan hecho de modo totalmente intencionado. Sin embargo, más allá de cual haya sido el motivo, el punto es que el Covid-19 no sólo no es como la fiebre española, sino que es cuestionable definirlo como pandemia.

3. CUARENTENA Y ECONOMÍA

Acorde a los números presentados y de los errores más que groseros cometidos por la OMS en las estimaciones que dieron sustento a sus recomendaciones, resulta por demás importante, cuánto de la caída del PIB mundial es atribuible al Covid-19 (es decir, a la fraudemia) y cuánto a la cuarentena, ejercicio que toma sentido, ya que, más allá de las diferencias entre los distintos modelos de cuarentena implementados en el mundo, todos han hecho cuarentena.

A la luz de las presunciones realizadas por los la Organización Mundial de la Salud y en especial por los infectólogos quienes señalaron que la pandemia del Covid-19 sería equivalente a la “peste española” un trabajo econométrico realizado por Robert Barro, José Ursua y Joanna Weng buscó determinar el impacto que tendría sobre el crecimiento del producto y del consumo, ambos en términos per cápita, y en la tasa de retorno de los bonos del Tesoro y la tasa de inflación en el mundo de ser cierta la hipótesis de los expertos en salud.

A su vez, para estudiar el impacto de la fiebre española (para después poder asimilar con el caso del Covid-19), el período de análisis va desde el año 1901 hasta 1929, donde el corte de la serie de tiempo en dicho año viene explicado por la presencia de la Gran Depresión. A partir de ello, para los 42 países que son parte del estudio de cross-section los valores de las muertes fuera del período de la peste española 1918-1920 y las muertes de La Primera Guerra Mundial 1914-1918 son fijadas en cero. Además, vale la pena destacar que si bien la fecha de 1901 puede resultar un poco arbitraria, estimaciones que arrancan desde 1870 arrojan resultados similares.

Por lo tanto, dado que las estimaciones de caída en la tasa de crecimiento acorde a lo estimado por el FMI (utilizando otra metodología y trabajando país por país) está en la misma línea que el trabajo de Barro-Ursua-Weng asimilando el Covid-19 con el caso de la fiebre española, dado que el virus mostró una letalidad por lo menos 156 veces menor, el origen de la retracción es la cuarentena y no la fraudemia. Puesto en otros términos, dado que las muertes por Covid-19 serían del 0,013% para todo el mundo, la tasa de crecimiento del PIB per-cápita debería haber caído en 0,038%.

De este modo, la cuarentena mundial es responsable del 99,27% de la caída del PIB. Si a su vez, consideramos que Argentina es el alumno estrella de la OMS, resulta por evidente la atrocidad causada por el gobierno de Alberto Fernández a instancias del grupo de infectólogos que lo asesoran. Esta situación se vuelve muchísimo más grave cuando uno considera que por la propia dinámica mundial del virus, el país no sólo contó con más tiempo sino también con mucha más información.

4. UN REMEDIO PEOR QUE LA ENFERMEDAD

Si bien resulta claro que el modelo de cuarentena ha tenido un efecto devastador en la tasa de crecimiento mundial, dicho error se vuelve aún mucho más estremecedor cuando se considera los impactos en el mercado de trabajo. En este sentido, estudios de la Organización Mundial del Trabajo estimaron que durante el primer trimestre del año se perdieron 4,5% de las horas trabajadas en el mundo, lo cual implica que se perdieran 130 millones de puestos de trabajo, mientras que frente a una pérdida de 10,5 horas durante el segundo trimestre del año, la cantidad de puestos laborales que se han perdido llegan a 305 millones.

Al mismo tiempo esa destrucción de millones de puestos de trabajo ha implicado que el salario promedio en el mundo caiga un 60%. Al mismo tiempo, dado que un 62% de los trabajadores del mundo trabajan en el sector informal y que 47 puntos de esos 62 han sido impactado de modo muy signicativo por la cuarentena impulsada por la Organización Mundial de la Salud, la cantidad de trabajadores informales que se hallaba debajo de la línea de pobreza en el mundo pasó del 26% al 59%.

Por otra parte, acorde a las estimaciones del World Food Programme (WFP) junto a los resultados derivados del “Global Report on Food Crises 2020” (elaborado junto a la Food Security Information Network de la FAO y la International Food Policy Research Institute) señaló que, antes de la llegada del Covid-19, unas 135 millones se encontraban bajo una situación de inseguridad alimentaria.

Sin embargo, lo que se observa es que el diseño de respuesta (cuarentenas estrictas) para resolverlos efectos del virus chino enfrenta a los países a un desafiante trade-off entre salvar vidas o los medios de sustentación para poder vivir.

De este modo, salvar vidas del coronavirus, dado el modelo de cuarentena está llevando a que las personas mueran de hambre. En términos concretos, las investigaciones del WFP señalan que unas 130 millones de personas adicionales serán empujadas al límite de la inanición, por lo que el total de personas bajo inseguridad alimentaria treparía a 265 millones de seres humanos.

Por lo tanto, en función de ello y acorde los estudios de la WFP, en el mundo estarán muriendo de hambre 300.000 personas por día, durante por al menos un lapso de tres meses, esto es, unas 27 millones de personas estarán muriendo de hambre gracias al modelo de cuarentena impulsado por la OMS. En definitiva, todo ello muestra que el remedio está siendo mucho peor que la enfermedad.

5. CUARENTENA: UN DELITO DE LESA HUMANIDAD

Tal como señalan Ricardo Manuel Rojas y Andrea Rondón García en el libro “La supresión sistemática de derechos de propiedad como crimen de lesa humanidad”, el estudio de los tipos penales de crímenes de lesa humanidad o genocidio, acorde a como han sido definidos en convenciones específicas o en el Estatuto de Roma, permite advertir que tales crímenes se vinculan fundamentalmente con el ejercicio de acciones sistemáticas y violentas dirigidas a eliminar o suprimir a determinados grupos. Al mismo tiempo, vale la pena señalar que no solo la agresión física directa puede constituir un crimen de lesa humanidad, sino que también se puede buscar y alcanzar ese propósito mediante acciones que no son directamente violentas, como la supresión sistemática de derechos de propiedad a un nivel que haga imposible a la subsistencia de la población.

En este sentido, es que emerge con total claridad que la supresión sistemática de los derechos de propiedad por parte del Estado implica quitar la base de sustentación económica del individuo, el cual se enfrenta a un dilema existencial.

Por un lado, defender su propiedad enfrentando el avance expropiador del Estado y que, a la postre terminará con su vida por inanición. Así, el Estado lo terminará asesinando utilizando una vía indirecta (y cuya transición podría encuadrar como una tortura). Por otro lado, la opción de ceder mansamente al capricho de los jerarcas del Estado y convertirse de éste modo en un esclavo. Por lo tanto, en el primer caso se aniquila el derecho a la vida, mientras que en el segundo el derecho a la libertad.

Dentro de la lógica de dicho análisis, los casos de cuarentena más estrictos, tal como es el caso de Argentina, derivan en un delito de lesa humanidad.

Así, el Estado, cuando impone la cuarentena ello implica la supresión generalizada del ejercicio de los derechos de propiedad de una gran parte de la sociedad civil. Concretamente, lo que hace la medida es suprimir por completo los ingresos de las empresas, al tiempo que se les exige seguir pagando los impuestos, sostener la cantidad de trabajadores y no permitir la reducción de salarios, el resultado de todo ello de modo simultáneo es que, durante el proceso, las empresas se consumen primero el capital de trabajo, para luego hacer uso de los ahorros de los propietarios de las firmas, lo que a la postre terminará quebrando las empresas y empobreciendo a sus dueños.

En éste sentido, no sólo se produce un daño enorme sobre todas las capas de la sociedad fruto de la destrucción del capital, sino que además, deja desvalido al sector privado frente a un Gobierno que avanza con pretensiones totalitarias. Por lo tanto, el impulso de un modelo de cuarentena extremadamente profundo y por un tiempo exageradamente prolongado, no sólo permite el avance sobre la vida de la población por parte de gobiernos con pretensiones totalitarias,sino que además, los gobiernos se convierten en verdaderas maquinarias de violación masiva de derechos individuales y cómo en dicha tarea, la violación de derechos de propiedad resulta esencial para alcanzar los objetivos, dichas acciones quedan alcanzadas por varias de las cláusulas del Estatuto de Roma y de aquellas legislaciones internas que lo hayan adoptado.

*Fuente: El Cronista

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Caputo y Frigerio impulsan un nuevo pacto fiscal para bajar impuestos

Redacción 22 de junio de 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó este jueves a Paraná y firmó junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, un acuerdo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo que permite a la Nación y a las provincias compensar deudas y acreencias que tienen entre sí para ordenar sus cuentas públicas.

El convenio funciona, en los hechos, como un trueque contable. Nación transferirá a la provincia inmuebles del ex PRO.CRE.AR ubicados en Paraná, y Entre Ríos reconocerá el valor tasado de esos bienes. A cambio, el Estado Nacional admitió una deuda con la provincia vinculada al ajuste del Consenso Fiscal y un saldo pendiente de un convenio anterior. El objetivo, según el Gobierno, es saldar deudas de años previos y avanzar hacia una nueva relación fiscal federal, una tarea que la gestión nacional dijo estar encarando junto a la mayoría de las jurisdicciones.

La visita incluyó dos escalas más. Caputo se reunió con cámaras productivas entrerrianas, donde valoró el espacio de diálogo directo con los distintos sectores de la región. Ante los empresarios, sostuvo que “Argentina logró superar los shocks internos y externos” y consideró que eso representa “una evidencia empírica de la solvencia del programa económico”. También afirmó que “estamos ante un nuevo modelo que es mejor para todos los argentinos” y recordó que “veníamos de un desorden macroeconómico que perjudicaba a los 47 millones de habitantes”.

El ministro anticipó además la hoja de ruta del oficialismo en materia impositiva: “están llegando las inversiones y cada año van a ser más” y prometió que el Gobierno va “a seguir bajando impuestos”. “La forma de ser más competitivos es bajando impuestos, mejorando la infraestructura, generando crédito y sacando regulaciones”, agregó.

Más tarde, Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, encabezaron la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que reunió a los ministros de Economía provinciales. Allí el ministro pidió a las provincias un gesto concreto: “es fundamental del lado de las provincias dar como señal una baja concreta de impuestos para profundizar este camino”. Y enmarcó esa exigencia en una idea más amplia: “lograr una Argentina más productiva se da con responsabilidad fiscal”.

En ese mismo encuentro, el ministro y el gobernador dieron el paso más ambicioso del día: plantearon la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal entre Nación, provincias y municipios. Como anfitrión, Frigerio abrió el cónclave con un reclamo de fondo. Argentina, dijo, necesita discutir una nueva etapa fiscal, y para eso propuso construir un acuerdo federal que fije un horizonte concreto para eliminar los impuestos distorsivos que, según aseguró, encarecen la producción y restan competitividad. Mencionó tres en particular: Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones. Sobre estas últimas fue categórico: los derechos de exportación “no deberían formar parte de la estructura impositiva de un país que busca crecer, atraer inversiones y generar empleo privado”.

Caputo se ubicó en la misma línea. Señaló que la consolidación del equilibrio fiscal abre la puerta a una nueva etapa de reformas estructurales centradas en la competitividad, la inversión y la baja de la presión tributaria. El país, planteó, debe avanzar “hacia un modelo más federal” en el que las provincias tengan mayor autonomía y dependan menos de las transferencias nacionales. Un nuevo pacto fiscal, explicó, puede ordenar las responsabilidades de cada nivel de gobierno, mejorar la calidad del gasto público y generar las condiciones para una baja sostenida de impuestos. El desafío, admitió, será construir consensos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal ya alcanzado. “Tenemos que seguir todos por el camino de la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y el respeto por la propiedad privada. Eso es lo que les va a dar confianza a los actores económicos para animarse a invertir y producir más”, resumió ante los funcionarios provinciales.

Frigerio aclaró que el proceso requiere una hoja de ruta y debe resguardar la sustentabilidad de las cuentas públicas. Aun así, consideró clave avanzar en una línea de trabajo común que dé previsibilidad a quienes invierten y producen, y que establezca con claridad que Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones tendrán una reducción progresiva hasta su eliminación. El esquema también alcanza a los gobiernos locales: el gobernador pidió revisar tasas municipales que en algunos casos funcionan como impuestos encubiertos y elevan los costos de la actividad sin una contraprestación clara.

Caputo, en tanto, sumó ante los representantes provinciales una reflexión sobre el clima de negocios. Durante muchos años, dijo, en el país “habíamos normalizado no respetar la propiedad privada y es lo que más daño nos ha hecho”. Por eso reivindicó “el respeto por la santidad de los contratos”.

Frigerio y Caputo ya fueron protagonistas del último acuerdo fiscal entre Nación y provincias, suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri. Por entonces, el actual gobernador era ministro del Interior, y Caputo conducía Finanzas, después de que la cartera económica se dividiera tras la salida de Alfonso Prat Gay (con Nicolás Dujovne al frente de Hacienda). Aquel pacto, que quedó trunco tras la crisis financiera de 2018, contenía casi los mismos puntos que la agenda actual. Las provincias (con la excepción de San Luis, que no firmó) se comprometían a reducir de manera gradual Ingresos Brutos y Sellos, mientras la Nación asumía revisar el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones.

Una empresa belga se quedó otra vez con la Hidrovía y manejará por 25 años la salida del 80% de las exportaciones

Redacción 21 de junio de 2026

El Gobierno confirmó este jueves la adjudicación de la concesión de la Vía Navegable Troncal (más conocida como Hidrovía) al consorcio que integran la empresa belga Jan De Nul y su socia argentina Servimagnus.

Se trata de la privatización más grande de la gestión de Javier Milei: 25 años a cargo del dragado, el mantenimiento y la señalización del río Paraná, la principal salida al Atlántico del comercio exterior argentino.

Para dimensionar lo que estaba en juego, los especialistas en comercio exterior recurren a una comparación: la Hidrovía es, para la Argentina, lo que el Estrecho de Ormuz representa para el petróleo del mundo. Un cuello de botella estratégico cuyo control define quién cobra, quién exporta y, en buena medida, cómo circula la riqueza del país. Por sus aguas sale el 80% de las exportaciones de granos y derivados, el 95% del transporte de contenedores y la totalidad de los embarques de la industria automotriz. En el corazón de ese sistema, sobre el Gran Rosario, entre Villa Constitución y Timbúes, casi 30 terminales portuarias forman el segundo complejo agroexportador más grande del planeta, detrás del de Nueva Orleans. Solo en 2025, los barcos que navegaron por esa traza movieron US$ 52.337 millones en exportaciones agroindustriales, según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

La decisión quedó formalizada en la resolución 36/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada en el Boletín Oficial. Con ella el Ejecutivo cerró un proceso que llevó más de un año y medio y dio por concluida la etapa más importante de su programa de privatizaciones. La Vía Navegable Troncal tiene 1.635 kilómetros y concentra el mayor movimiento portuario y productivo del país, con cerca de 60 terminales a lo largo de su recorrido.

El beneficio que el Gobierno puso por delante es una baja inicial del 13,5% en el peaje: de los 4,30 dólares por tonelada de registro neto vigentes a 3,80 dólares, hasta que se ejecuten las obras de profundización del dragado. Esa rebaja implicaría un ahorro de entre 35 y 40 millones de dólares anuales para el sector productivo en la primera etapa. Luego la tarifa subirá a 4,65 dólares y terminará en 5,78.

CÓMO SE DEFINIÓ LA LICITACIÓN

La compulsa terminó con un empate en la oferta económica. Jan De Nul-Servimagnus y la también belga DEME (siglas en inglés de Dragado, Ingeniería Ambiental y Marina) ofertaron la tarifa mínima fijada en el pliego: 3,80 dólares por tonelada. Al ser idéntico el precio, la definición pasó al terreno técnico, y allí Jan De Nul sacó ventaja por su experiencia previa, ya que había tenido la concesión entre 1996 y 2021 y siguió con contratos provisorios mientras el Estado administró la vía. En esa evaluación obtuvo 66,20 puntos contra los 42,14 de DEME.

El origen de esa experiencia se remonta a tres décadas atrás. En 1995, el gobierno de Carlos Menem adjudicó, mediante el Decreto 253/95, el dragado y balizamiento del Paraná a Hidrovía S.A., un consorcio formado en partes iguales por Jan De Nul y la argentina EMEPA. La concesión se pactó por diez años, pero se prorrogó de manera sucesiva hasta 2021. Durante el gobierno de Mauricio Macri no hubo una nueva licitación, porque ese contrato seguía vigente; la gestión de su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, se limitó a preparar pliegos y estudios para una futura concesión. Al vencer el contrato en 2021, el gobierno de Alberto Fernández dispuso, mediante el Decreto 427/2021, una administración transitoria en manos de la Administración General de Puertos (AGP), prorrogable hasta que una nueva licitación definiera al adjudicatario. Esa etapa estatal es la que ahora llega a su fin.

*– Pieter Jan De Nul, Country Manager de Jan de Nul Argentina*

El camino hasta esta adjudicación no fue lineal. La primera licitación de la gestión Milei, lanzada entre fines de 2024 y febrero de 2025, colapsó: terminó con una sola oferta (la de DEME) en medio de denuncias del PRO y la Coalición Cívica por presunta corrupción y direccionamiento, y con un dictamen negativo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la fiscalía anticorrupción. El Gobierno declaró nulo aquel proceso y lo reencauzó con un nuevo pliego.

En esta segunda vuelta, en cambio, la adjudicación contó con el visto bueno de casi todos los actores, en especial los usuarios de la Hidrovía (los exportadores) y las provincias. No por eso estuvo exenta de tensiones: hubo cruces mediáticos, lobby, presiones diplomáticas y una denuncia de la brasileña DTA Engenharia por presunto direccionamiento, que no prosperó. El Gobierno remarcó que no hubo impugnaciones formales del competidor que quedaba en pie, DEME, y la Justicia rechazó las denuncias que intentaron frenar la licitación.

LAS CIFRAS DEL NEGOCIO

El dragado, la señalización y el mantenimiento de la Vía Navegable Troncal constituyen un negocio estimado en 15.000 millones de dólares de ingresos para el operador a lo largo de los 25 años, con un plan de inversión de 10.000 millones. Según los cálculos oficiales, Jan De Nul tardará unos 7 años en obtener ganancias y 13 en recuperar sus inversiones, dado que deberá desembolsar entre 100 y 160 millones de dólares anuales durante los primeros seis años de la licencia.

Los peajes que se cobran a los exportadores (y que estos trasladan a los productores como un descuento en el precio de compra de granos y otros productos) generarían ingresos iniciales por unos 289 millones de dólares, que crecerían hasta los 389 millones en el año seis y saltarían luego a 517 millones. El contrato contempla obras de profundización, modernización de la señalización e incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico.

Todo se hará a riesgo empresario y sin aval del Estado, que conserva el rol de autoridad de control sin intervención directa.

DEFINICIONES OFICIALES

En un comunicado, el Ministerio de Economía señaló que la finalización de la licitación “impulsará el comercio exterior con ahorro para los productores argentinos y modernizará una infraestructura estratégica, un hecho histórico para el sector privado del país”. El organismo agregó que la firma del contrato, prevista para un máximo de 30 días, “activará una rebaja del 13,5% en los costos logísticos, y servirá como punto de inicio para una nueva y moderna Vía Navegable, con obras de profundización y la incorporación de tecnología para la seguridad de la navegación y el combate al narcotráfico”.

La cartera de Caputo detalló, además, que las obras previstas “permitirán que los barcos completen la carga en puertos de origen, generando un mayor ahorro y expandiendo la frontera productiva del país, e impactará de forma directa en la competitividad de los sectores productivos e industriales argentinos, disminuyendo los costos logísticos globales y potenciando la exportación”. Con esta decisión, el Ejecutivo dio por cerrada la etapa pública de gestión.

Autorizado por el Gobierno, Flybondi no vuela hace diez días pero sigue vendiendo pasajes

Augusto Grinner 13 de julio de 2026

Flybondi atraviesa su peor crisis. La compañía cesó sus operaciones comerciales el 2 de julio y acumula diez días sin despegar un solo avión. Mientras el servicio permanece paralizado, la empresa mantiene activa la venta de pasajes en su web, captando clientes para vuelos que no está en condiciones de cumplir.

El desplome operativo pulveriza las promesas del accionista Leonardo Scatturice, quien tras anunciar una inversión de 1.700 millones de dólares y la incorporación de 35 aviones, sólo logró mantener una aeronave en servicio. De las 20 unidades activas a principios de año, la flota se redujo al mínimo, dejando en evidencia el colapso total de su estructura.

*Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, actuó de puente entre Donald Trump y Javier Milei.*

La estafa al pasajero

Los usuarios denuncian recibir avisos de cancelación el mismo día del viaje, lo que los deja a la deriva y atrapados en un proceso burocrático para recuperar su dinero.

Ante la falta de soluciones, los pasajeros damnificados comenzaron a agruparse. A través de la iniciativa impulsada por el estudio Montoya & Asociados y la organización Vuelo Tarde, se lanzó un amparo colectivo para reclamar los reintegros adeudados. La medida busca representar a quienes fueron víctimas de un servicio cobrado y nunca prestado.

*Aeronave de Flybondi durante la cuarentena.*

Inacción gubernamental y causas de la crisis

El colapso de Flybondi ocurre bajo la mirada pasiva de las autoridades nacionales. Ni la Secretaría de Transporte ni la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) han intervenido para frenar la comercialización engañosa de pasajes, permitiendo que la aerolínea siga recaudando fondos por servicios inexistentes mientras los pasajeros quedan sin respuestas.

El Estado no es un mero espectador; es el responsable de auditar la capacidad técnica y financiera de las empresas que operan en el país. Al omitir su rol de control y permitir la venta de tickets sin sustento operativo, el Gobierno habilita, por acción u omisión, un esquema que perjudica directamente a los usuarios.

La crisis tiene raíces profundas. La empresa acumula deudas millonarias, incluyendo servicios impagos de alojamiento y reclamos judiciales de firmas como Tienda León. Además, enfrenta dos pedidos de quiebra y una creciente tensión laboral por sueldos adeudados, factores que, sumados a las dificultades para abastecerse de combustible, explican la parálisis total de sus rutas.

*Por Augusto Grinner

Eugenio Casielles: “Adorni es la decadencia social, cultural y política que confirma todos los dolores de Argentina”

Joaquín Horacio Herrera 26 de junio de 2026

En una entrevista emitida en el segmento Perdón por la Vehemencia, por Canal EY! a cargo del periodista Eduardo Prestofelippo (más conocido como El Presto), el cofundador y exintegrante de La Libertad Avanza (LLA) Eugenio Casielles analizó el fracaso de la sesión que buscaba interpelar al exvocero presidencial, Manuel Adorni por las denuncias de corrupción que golpean al oficialismo.

“Acá siempre la culpa es del otro. Sí por lo menos tuvieran los huevos de decir ‘me equivoqué, no lo analicé’ o algo. Dijeron una cosa e hicieron otra, nadie paga el costo, solo los argentinos”, afirmó Casielles, uno de los pocos que quiso hablar del tema públicamente.

La iniciativa no consiguió el quórum necesario y quedó frenada en el recinto legislativo de la Nación, dónde solo participaron 117 diputados, 12 menos de los 129 requeridos para habilitar el debate. El rechazo al avance de la sesión contó con el apoyo del PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), parte de la Unión Cívica Radical (UCR) y Provincias Unidas, en una jugada articulada por el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Martín Menem que terminó por bloquear la ofensiva opositora.

“Esto no tiene nada que ver con ningún partido estrictamente. Esto tiene que ver con un sistema que se rompió hace años y que está totalmente corroído y con pocos signos de recomponerse”, destacó Casielles, aclarando que en el gobierno “cada uno busca su propio interés”.

Adorni fue el vocero estrella del gobierno del presidente Javier Milei y luego ascendió a Jefe de Gabinete de Ministros. El escándalo se acumuló en capas sucesivas a lo largo de 2026, esperando cuando Adorni llevó a su esposa Bettina Angeletti en el avión presidencial ARG-01 a Nueva York para la “Argentina Week”, sin que la mujer tuviera función pública o estatal alguna. Adorni justificó el episodio con la célebre frase: “Vengo a deslomarme a Nueva York y quería que me acompañe”.

— Adorni junto a su esposa durante la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, en Nueva York

Sin embargo, previamente en febrero de este año, Adorni viajó junto a su familia a Punta del Este en un avión privado, cuyo costo —estimado en unos 10.000 dólares— fue pagado por un periodista amigo que además era contratista de la TV Pública. Esto abrió una causa por supuesto cobro de dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.

“Al final, el PRO le echó la culpa a (Martín) Insaurralde tanto tiempo y ahora que aparece a Adorni lo perdonan, ¿Cuál es la excusa?”, subrayó Casielles, haciendo referencia al exjefe de Gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien renunció en 2023 tras el escándalo mediático del yategate.

— la Justicia allanó las propiedades de Insaurralde para buscar información sobre bienes y el origen del dinero utilizado para ese viaje en yate a las costas de Marbella

La consiguiente investigación judicial detectó una disparidad alarmante entre el patrimonio declarado de Adorni y sus ingresos como funcionario. El fiscal federal Gerardo Pollicita lo imputó formalmente en marzo de 2026 por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectar inconsistencias “incontrastables”, incluyendo un presunto incremento del 500% en su patrimonio en un solo período fiscal.

La interpelación especial al Jefe de Gabinete está contemplada en el artículo 101 de la Constitución Nacional. Según ese artículo, el Congreso puede citar al funcionario para que brinde explicaciones mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Lo que hace a este mecanismo potencialmente devastador es su continuación lógica, ya que si en algún futuro la Cámara considera insatisfactorias las explicaciones de Adorni, puede avanzar con una moción de censura donde, si ambas Cámaras votan a favor, pueden remover al Jefe de Gabinete del cargo. La constitucionalista Lorena González Tocci subrayó que “este mecanismo nunca fue utilizado desde la reforma constitucional de 1994”, por lo que su activación sería un hecho inédito en la historia argentina.

“Al final terminan siendo socios. Hoy no veo la diferencia entre el kirchnerismo y LLA, el PRO y todos los demás”, dijo Casielles, añadiendo que “no tienen una mínima cuota de patriotismo, se pasan hablando de republicanismo y defensa de valores, pero cuando llega la hora de responder, no hacen ni lo básico”.

Ese mismo día, el foco de Adorni se trasladó al Senado, donde la oposición peronista había impulsado un proyecto de interpelación con moción de censura firmado por José Mayans, Juliana Di Tullio, Mariano Recalde y Eduardo “Wado” de Pedro. La jugada del oficialismo en la Cámara alta fue aún más teatral, con el bloque de LLA conducido por Patricia Bullrich, que ingresó al recinto pero solo se quedó parado al costado de las bancas sin sentarse, esperando que vencieran los 30 minutos reglamentarios. El peronismo hizo lo mismo. Así, sin que nadie se sentara, nunca se alcanzaron los 37 senadores necesarios para abrir la sesión y el presidente provisional Bartolomé Abdala la dio por caída.

Ante el fracaso de la sesión del 23 de junio, Cristian Ritondo salió a decir que su partido logró “imponer su posición sin tener que votar con los K” y que la sesión “era un show mediático” porque la comisión ya estaba convocada. En otras palabras, el PRO usó el argumento de que el canal institucional (la comisión) hacía innecesaria la sesión forzada.

La UCR, por su parte, respondió en gran medida a los gobernadores radicales, quienes —incluso algunos enojados con el gobierno por los recortes de subsidios de Zonas Frías, como los de Córdoba y Santa Fe— tienen “un enojo controlado, hay temas y temas” y supuestamente no quieren terminar de pelearse totalmente con la Casa Rosada.

Bullrich renunció al PRO y apuntó contra Macri por la “protección brindada a Adorni”

Redacción 25 de junio de 2026

Esteban Bullrich presentó su renuncia irrevocable al PRO mediante una carta dirigida a Mauricio Macri. El exsenador nacional y exministro de Educación durante el gobierno de Cambiemos sostuvo que ya no se siente representado por el rumbo del partido que ayudó a fundar hace más de dos décadas. “Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años”, escribió en un extenso posteo en su cuenta de X.

El dirigente identificó un episodio puntual como punto de quiebre: la postura del partido frente a Manuel Adorni, luego de que el PRO no diera quórum en Diputados para avanzar con el pedido de censura contra el jefe de Gabinete, investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito. Para Bullrich ese momento dejó al descubierto que “la conveniencia política comienza a pesar más que la responsabilidad ética”.

Esteban Bullrich on X (formerly Twitter): “Buenos Aires, 24 de junio de 2026Al Ing. Mauricio MacriPresidente del PRODe mi mayor consideración:Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años.No es fácil escribir estas… / X”
Buenos Aires, 24 de junio de 2026Al Ing. Mauricio MacriPresidente del PRODe mi mayor consideración:Por medio de la presente quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO, partido que tuve el honor de fundar junto a vos hace más de veinte años.No es fácil escribir estas…

En la misiva, el exsenador aclaró que su decisión no respondía a “diferencias tácticas, ni de matices propios de cualquier fuerza política”, sino a “una distancia cada vez mayor entre los principios que decimos defender y las decisiones que finalmente adoptamos”. También vinculó su determinación con la enfermedad que lo aqueja, la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), que lo obligó a renunciar a su banca y a replantear sus prioridades. “El tiempo es demasiado valioso para vivir en contradicción con la propia conciencia”. Permanecer en el partido, sostuvo, “implicaba aceptar silencios y decisiones con las que ya no podía identificarme”.

Bullrich fue senador nacional por Buenos Aires entre 2017 y 2023, cargo al que renunció tras el diagnóstico de ELA. Pese a los cuestionamientos, aclaró que su salida no nacía “desde el enojo ni desde el resentimiento” y le agradeció a Macri haber “impulsado un espacio que cambió para siempre el mapa político argentino y permitió que muchos encontráramos un lugar desde donde servir al país”. Aun así, subrayó: “Hay momentos en los que la fidelidad a una organización no puede estar por encima de la fidelidad a la propia conciencia”. Cerró con un deseo hacia el espacio que integró desde sus orígenes: que el PRO “pueda reencontrarse con el espíritu que inspiró su nacimiento”.

El Gobierno y las universidades cerraron un acuerdo salarial tras tres años de conflicto

Joaquín Horacio Herrera 15 de junio de 2026

El Gobierno y las universidades nacionales sellaron un acuerdo que pone fin a años de tensión por el financiamiento del sistema. La propuesta contempla un aumento salarial del 24.33% y una inyección de fondos millonarios destinada a fortalecer áreas críticas de las casas de estudio.

Desde que el actual presidente Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, el sistema universitario público argentino se convirtió en uno de los frentes más calientes de la política nacional. El detonante fue un recorte real del presupuesto universitario de hasta el 70% en términos reales, en un contexto de inflación altísima que licuó los salarios docentes y los fondos para funcionamiento.

Finalmente, en las dos semanas previas al 10 de junio, el Gobierno aceptó negociar sin exigir el retiro de la demanda. El acta fue firmada en el Palacio Sarmiento (sede del Ministerio de Educación) por el subsecretario Alejandro Álvarez y los presidentes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

*— El rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci*

El acuerdo firmado contempla un aumento salarial para docentes y no docentes, que se aplicará en dos tramos, con un 21.33% en junio y un 3% en octubre. De ese total, un 7% irá a cuenta de la pérdida acumulada en 2024 y el 12.33% restante se destinará a completar la actualización prevista hasta mayo de 2026. El paquete también incluye una partida total autorizada por el Ministerio de Economía de $800.000 millones, además de $50.000 millones extra para hospitales universitarios, sobre los $80.000 millones ya previstos.

A eso se sumaria un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento y una suba del 50% en las becas Manuel Belgrano, que permanecían congeladas en $81.685 desde 2024. Las becas Progresar, en cambio, quedaron fuera del entendimiento, mientras que las paritarias seguirán siendo trimestrales durante el resto de 2026.

El Ejecutivo había intentado impulsar en el Congreso una ley alternativa que contemplaba apenas un 12.3% de actualización, muy inferior al balance finalmente acordado. También había intentado derogar la Ley de Financiamiento, sin éxito ante la resistencia legislativa. El acuerdo representa más del doble de lo que el Gobierno estaba dispuesto a dar hace pocos meses.

Desde el plano político, este conflicto se había vuelto costoso, luego de cuatro marchas multitudinarias, semanas de paros docentes, tomas de colegios y una batalla judicial donde tres veces el Gobierno perdió sucesivamente en primera instancia y en la Cámara.

De la calle a los tribunales

El conflicto universitario fue escalando por etapas. La primera gran señal de alerta llegó en abril de 2024, con la marcha federal que marcó el inicio de una ola de protestas en defensa de la universidad pública. Solo en Buenos Aires, unas 800.000 personas se movilizaron desde el Congreso hasta Plaza de Mayo, en una de las marchas más masivas desde la asunción de Milei.

*— La primera marcha federal universitaria en abril de 2024*

La tensión volvió a recrudecer entre septiembre y octubre de 2024, cuando el Congreso aprobó una ley de financiamiento universitario para declarar la emergencia presupuestaria del sector, pero el Presidente la vetó con el argumento de que “no contemplaba el impacto fiscal ni establecía una fuente de financiamiento.” La Cámara de Diputados no logró reunir los dos tercios necesarios para insistir con la norma y el conflicto quedó sin resolución legislativa.

En octubre se produjo una segunda marcha federal bajo la consigna “Un veto a la educación es un veto al futuro”, con una nueva multitud frente al Congreso. Ya en agosto y septiembre de 2025, el Congreso aprobó otra ley de financiamiento, la 27.795, que obtuvo 158 votos afirmativos en Diputados, pero Milei la vetó por completo mediante el Decreto 647/2025. Esta vez, sin embargo, el Parlamento logró sostener la ley con mayoría en ambas cámaras.

La disputa derivó luego en la Justicia, cuando en diciembre de 2025 los rectores del CIN presentaron un amparo contra el Estado por la suspensión de la norma. El juez de primera instancia, Martín Cormick, ordenó el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6, referidos a salarios y becas. En marzo y abril de 2026, la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativa Federal confirmó ese fallo, aunque el Gobierno apeló ante la Corte Suprema con el mismo argumento de que la ley era de imposible aplicación por no prever financiamiento.

En mayo, la Cámara concedió el recurso extraordinario, lo que dejó en suspenso la cautelar mientras el máximo tribunal resuelve. En ese contexto, la cuarta marcha federal volvió a llenar las calles con la consigna “Milei cumple la ley”, y los organizadores hablaron de alrededor de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país.

Las conversaciones entre el Gobierno y los rectores se habrían enredado en un punto específico, ya que el Ejecutivo pedía que el CIN retirase la demanda judicial como condición para cerrar un acuerdo económico. Los rectores se negaron categóricamente, subrayando que esa demanda era el único “resguardo” que les quedaba para garantizar el presupuesto futuro. Sin esa garantía judicial, firmar un acuerdo sería ceder el instrumento de presión más efectivo que tenían.

¿Qué pasa con la demanda en la Corte Suprema?

Este es el punto clave que diferencia este acuerdo de un cierre definitivo. La demanda judicial sigue en pie, siendo que los rectores se negaron a levantarla y el Gobierno finalmente aceptó esa condición. Ahora la Corte Suprema puede rechazar el recurso del Gobierno sin analizar el fondo de la cuestión, en cuyo caso quedaría firme la obligación de transferir todos los fondos previstos por la ley 27.795.

A su vez puede admitir el planteo y fallar a favor del Ejecutivo, lo que dejaría la norma suspendida o sin aplicación. La tercera alternativa es que haga lugar al recurso de las universidades y ratifique la validez de la ley, obligando al Gobierno a cumplirla en su totalidad, más allá del acuerdo firmado.

Esto significa que el acuerdo económico es una solución parcial e intermedia, sino que cubre las urgencias salariales del momento, pero no resuelve el debate de fondo sobre si el Estado debe aplicar la Ley 27.795 en toda su extensión.

Cabe recalcar que no todo el sector universitario aceptó el acuerdo de la misma manera. En el plenario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), 22 sindicatos votaron a favor de la propuesta, pero 9 la rechazaron. CONADU Histórica, por su parte, ya había anunciado un paro para la semana del 16 al 20 de junio y rechazó categóricamente cualquier acuerdo que implicara abandonar las acciones judiciales. Esta fractura interna refleja que para una parte del movimiento gremial universitario, el 24.33% es insuficiente dada la pérdida acumulada desde el año 2024.

HUMOR por Argüelles

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