Las empresas argentinas invierten 312 horas al año en pagar impuestos

Nuestro sistema tributario es completamente corrosivo e insostenible. Las regulaciones impiden que en nuestro país se generen inversiones o se incremente la productividad.
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*Por: Natalia Motyl

Actualmente, en nuestro país la mayoría de las empresas se encuentran con graves problemas de liquidez. Según la Fundación Observatorio Pyme (FOP), entre el 6% y el 8% de las empresas ya alertan que se verán forzadas a cerrar, mientras el resto, en medio de una cuarentena que ha paralizado la actividad empresarial, todavía no tiene una perspectiva clara a futuro.

Debería existir un equilibrio que sopese los contribuyentes y sectores que se encuentran con mejor capacidad contributiva en el contexto actual.

No obstante, las medidas de confinamiento llevadas adelante por el Gobierno no hacen más que profundizar los problemas que viene soportando el sector empresarial, ya desde hace más de una década que las empresas argentinas deben afrontar regulaciones e impuestos excesivos.

Hoy en la Argentina las regulaciones impiden que en nuestro país se generen inversiones o se incremente la productividad. La cantidad de autoridades administrativas ineficientes por triplicado en cada jurisdicción sólo hace que los empresarios pierdan plata, tiempo y energía que podrían ser utilizados en investigación y desarrollo, avances tecnológicos y/o incorporación de capital.

Desafortunadamente, las regulaciones sólo obligan a los empresarios a incurrir en costos cada vez mayores; y al resto de los argentinos a vivir en un país con mayor desempleo y un nivel y calidad de vida cada vez menor.

Otro de los factores que obstaculizan la actividad empresarial son los excesivos impuestos. Los impuestos destruyen la riqueza del país desde hace varios años. Ésta transferencia de recursos desde el sector productivo al sector público no hace más que dilapidar la inversión, el empleo y la innovación. Lo que conlleva a que los argentinos no podamos acceder ni a productos más baratos ni de mejor calidad ni a salarios reales más altos. Esta se da sin que exista ninguna evidencia de que ésta pérdida que se genera en el sector privado sea compensada por una unidad adicional de recursos en el sector público.

Como observamos en el gráfico, según datos del Banco Mundial, la tasa tributaria total que deben pagar las empresas argentinas como porcentaje de sus ganancias es el doble al promedio de la región latinoamericana y tres veces más al de países como Estados Unidos o al promedio de países de ingresos altos.

Las empresas argentinas pagan en impuestos un 106% por sobre sus ganancias. Es decir, de cada $100 que gana un empresario, $106 le debe pagar al Estado. Cualquier empresario argentino no sólo no obtiene ganancia sino que debe pagar impuestos inclusive con su inversión inicial.

Es más, se estima que de 12.600.000 dólares que factura anualmente una mediana empresa de 60 empleados, deberá pagarle al Estado 2.544.000 dólares; no sólo no gana sino que debe pagarle 144.000 dólares más. Mientras que, sólo con cruzar el río, en Uruguay estarían pagando cerca del 42% de su ganancia y, cruzando la cordillera, en Chile no superarían el 34%.

Además, otro dato a tener presente, según el Banco Mundial, las empresas argentinas pierden 312 horas al año en pagar impuestos, cuando en Chile ascienden a 296 horas al año y en Estados Unidos sólo a 175 horas.

Es decir, que el país se invierte el doble de tiempo que en cualquier país desarrollado en el pago de impuestos. Los impuestos son altos y complicados. Tenemos alrededor de 165 impuestos totales y sólo 11 de ellos se ocupan de recaudar el 90% de la recaudación total. Nuestro sistema tributario es completamente corrosivo e insostenible.

*Fuente: Fundación Libertad y Progreso


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Despidos y decenas de proveedores en la ruina: luego de 60 años, Knorr cierra su fábrica en Mendoza

El cese de operaciones de la planta de Unilever en Rodeo de la Cruz, dedicada al deshidratado de vegetales para los caldos y sopas Knorr, marca la bajada de persiana de un establecimiento con más de seis décadas de trayectoria en la provincia de Mendoza. La medida dejó en la calle de forma inmediata a sus 60 trabajadores directos, quienes recibieron sus indemnizaciones en el marco del cierre total de la instalación industrial.

La paralización del complejo fabril generó un daño colateral directo sobre la red de abastecimiento agrícola en Mendoza y San Juan. Decenas de productores contratados, que adaptaron durante décadas sus superficies cultivables y esquemas tecnológicos para proveer de forma exclusiva a la firma, perdieron a su único comprador en la región, lo que provocó una parálisis en la cadena hortícola dedicada a la deshidratación masiva.

Las razones corporativas del cierre

Mediante un comunicado oficial, la empresa justificó la decisión en una transformación estructural del mercado, argumentando que las sopas secas en sobre sufrieron un declive sostenido en la demanda por tratarse de un consumo fuertemente estacional ligado a los meses fríos. A este factor sumaron el peso de los costos fijos de infraestructura que requería mantener operativa la planta durante todo el año para abastecer un volumen en retroceso.

En ese marco, la estrategia global de la compañía se orientó a volcar su portafolio hacia alimentos de consumo continuo como pastas, risottos y ramen. Para sostener ese esquema, Unilever abandonó el procesamiento agrícola propio en Guaymallén y resolvió migrar hacia un modelo de compras a proveedores externos e importación de materias primas, concentrando la etapa final de empaque en su complejo industrial de Pilar.

El espejo nacional

El desmantelamiento de la planta mendocina se inserta en una dinámica nacional signada por la retracción del entramado productivo. Desde el inicio del ciclo económico actual se registró la baja neta de más de 26.400 empresas empleadoras, a razón de 30 cierres diarios, mientras que la tasa de desempleo del INDEC trepó del 5,7% inicial al 7,8% actual.

Este escenario responde a una apertura de importaciones que avanzó sin una equivalente desregulación ni baja de la presión tributaria para los productores nacionales. La política oficial plasmada en la premisa de que deben cerrar los actores que “no puedan competir” —según expresó recientemente el Presidente— colisionó con la realidad de un mercado interno golpeado, donde la competencia internacional se dio en condiciones de asimetría para la industria local.

Lejos de una simplificación tributaria, la carga sobre el sector privado se mantuvo en niveles asfixiantes. Según los datos proyectados en el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, la presión tributaria consolidada registró un incremento del 0,47% del PBI entre 2025 y 2026, lo que para la caja fiscal representó un aumento de casi 30.000 millones de dólares en concepto de impuestos que continuó erosionando la competitividad de las plantas instaladas en el país.

A la desventaja impositiva se sumó la pérdida de competitividad exportadora frente a filiales extranjeras por los altos costos operativos internos y una caída generalizada del consumo golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.

El contexto se alinea con la percepción de la opinión pública expresado en una encuesta reciente, donde el 59% calificó la economía como negativa, frente a un 18% que la ve neutra y un 22% que la considera positiva. De esta forma, con la falta de trabajo superando a la inflación como principal preocupación social, el caso Guaymallén expone cómo la reconversión corporativa se combina con un contexto de pérdida acelerada del empleo.

*Por Augusto Grinner

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