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El gobierno decidió extender el congelamiento tarifario de luz y gas hasta fin de año. Según confirmó el Boletín Oficial, la norma que se inició con la ley de emergencia económica a fines del 2019 estará vigente por otros 180 días.
“La emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio han imposibilitado el desarrollo de los procesos de renegociación de la revisión tarifaria vigente -ya sea esta integral o de carácter extraordinario- de los servicios públicos de electricidad y gas natural”, indicaron.
A su vez, el oficialismo dispuso que las empresas de luz, agua, gas, televisión por cable, telefonía móvil e internet, sólo podrán dar de baja a los usuarios que no paguen el servicio durante seis facturas consecutivas.
Los incluidos en este beneficio son aquellos que reciben asignaciones universales por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE), pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil, monotributistas sociales y jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos.
El problema es que la morosidad en las distribuidoras eléctricas provocó que sólo en mayo, las transferencias a Cammesa superaran al acumulado de los cuatro meses previos, situación que lógicamente se mantendrá en los próximos meses a partir de este decreto.
En el último mes, el gasto público para solventar a esta empresa llegó a $71.053 millones, es decir, un 30% más que en todo el primer cuatrimestre.
Por otro lado, esta dinámica se intensifica por la creciente brecha entre costos y precios de la energía que lógicamente debe cubrir el Estado. Los primeros tuvieron un incremento del 20,4% interanual y los precios apenas se actualizaron un 4,5% por el congelamiento tarifario.
Se trata de un tema que preocupa al FMI por el fuerte déficit fiscal que ocasiona, algo que manifestaron desde inicios de la gestión de Alberto Fernández y por eso Kulfas siempre se comprometió a planificar una nueva fórmula que todavía no fue presentada.
*Fuente: La Política Online
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En el afán de regular la mayor cantidad de cosas posibles, esta vez el kirchnerismo de la mano de la diputada de Unión por la Patria, Gisela Marziotta, presentó un proyecto de ley para regular las redes sociales. Con el argumento de “mejorar el debate público, combatir la desinformación y las cuentas falsas”, esta ley establece sanciones económicas y suspensiones de cuentas para todos aquellos que no verifiquen su identidad, etiquetando las cuentas en “humanos”, “bots”, “multicuentas”.
Esta iniciativa ha recibido críticas por querer establecer formas de control y de censura digital como los hay en países autoritarios como China y Rusia. En esos lugares, las redes sociales están fuertemente reguladas para que el gobierno tenga un control total de la información que por allí circula. De esta manera, aquellos que piensan distinto no pueden manifestarse en un ecosistema hasta ahora “democrático” como son las redes.
En un claro ataque a la libertad de expresión, esta ley podría generar una censura masiva en redes sociales, restringiendo la participación ciudadana, donde las voces disidentes podrían ser calladas automáticamente. Otro caso cercano es el de X en Brasil, donde debido a una orden judicial, esta red social directamente no puede operar en el país, callando las voces de miles de ciudadanos brasileros. En Argentina, bajo esta ley, cualquier usuario que gestione varias cuentas o sea identificado como “bot” podría ser penalizado, sin importar con qué fines lo haga.
Tras criticar el pacto que la canciller Diana Mondino firmó con su par británico David Lammy y luego de su faltazo al acto oficial en Parque Lezama el pasado sábado, la vicepresidenta Victoria Villarruel defendió su postura frente a las Islas Malvinas.
En esta ocasión respondió a usuarios de Instagram que la criticaron por cruzar al Gobierno de manera pública y respondió a algunos ataques donde por ejemplo le decían: “Sin Milei estarías dando notas en Canal Magazine”.
“Pero siempre con la dignidad intacta, sea donde sea que esté. Siempre coherente con lo que pienso, digo y cómo vivo”, respondió Villarruel, y agregó: “Agradezco y soy leal al Presidente, pero Malvinas requiere otra estrategia y es de lo que opiné. El resto de tu comentario habla de tu bajeza, saludos”.
En referencia a los habitantes de las Islas, señaló: “Los kelpers no son parte de la discusión. Son población implantada. Entiendo que no comprendiste lo que expresé pero es bastante más complejo que como lo estás viendo“.
Otro usuario aprovechó para criticar el aumento de sueldos en el Senado, frente a lo que la vicepresidenta indicó: “Yo no aumenté el salario, eso se lo votan por reglamento los senadores si así lo desean. Yo no soy senadora”.
“Lo mismo hicieron los diputados, que tuvieron su aumento y hoy ganan más que el Presidente y que yo“, agregó.
A través de esta resolución firmada por el Director de ANSES, MarianoDeLosHeros, se eliminó el “Registro de Abogados y Gestores habilitados para tramitar prestaciones”. Este registro, creado en 2014, obligaba a los ciudadanos que querían iniciar sus trámites jubilatorios a contratar a un abogado o gestor que estaba anotado en este registro de la ANSES.
Esta medida prioriza la simplificación administrativa y la libertad de elección por parte de los ciudadanos de contratar una persona o realizar por sus propios medios este trámite. La resolución se enmarca dentro de la Ley 27742 (Ley Bases), en lo que respecta a la parte de “transformación administrativa” del Estado.
El ministro ministro de Desregulación y Transformación, FedericoSturzenegger, celebró esta decisión en su cuenta de X, afirmando que “seguimos eliminando cotos de caza que solo perjudican a la ciudadanía”. “Cada trámite es una cabina de peaje a favor de la casta que a la postre pagamos todos. Este es el tipo de restricciones a la libertad individual que el Presidente Javier Milei quiere eliminar”, sentenció.
El Gobierno de Javier Milei, continuando con su plan motosierra de cortar gastos innecesarios en el Estado, decidió cancelar un contrato que tenía vigente con Abuelas de Plaza de Mayo. El ministro de Justicia comunicó esta medida a través de redes sociales, con el fin de “evitar malgastar la plata de los argentinos” y “terminar con ese curro”.
“El gobierno anterior le regaló a las Abuelas de Plaza de Mayo el equivalente a hoy de $2.300 millones. Esta administración no va a permitir que se malgaste la plata de los argentinos. Por ese motivo, decidimos rescindir el contrato y terminar con ese curro.” twitteó el ministro.
El jurista publicó información que justifica la decisión del gobierno: “El Ministerio de Justicia tenía a su cargo la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Solo un 0,62% de los alumnos se recibieron entre 2020 y 2023. Cada uno nos salió $100.000.000. La Universidad de Plaza de Mayo gastó $1500 millones y tuvo 16 egresados”.
La ONG Abuelas de Plaza de Mayo no emitió comunicado oficial al respecto, sin embargo, la presidente Estela de Carlotto realizó declaraciones en una entrevista. Allí expresó que esta decisión tendrá “consecuencias judiciales” y que denunciará penalmente al ministro. Además, sostuvo que “ha dejado su vida” en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. “Si vieran la casita en la que vivo ni un centavo. Poníamos la plata de la jubilación cada una para poder viajar al exterior, hemos puesto no solo el dinero, la vida en encontrar los nietos robados y hemos trabajado con un respeto y una historia pura” se defendió.
“Yo tengo ahora esta casita que vivo lugares donde ya no puedo entrar de tantos premios, tantas placas, tantos honores fuera y antes dentro del país y ahora estamos siendo humillados por este personaje” manifestó Estela de Carlotto en referencia al ministro Cúneo Libarona.
El legislador Yamil Santoro y la Fundación Apolo presentaron un reclamo administrativo ante la presidencia del Senado de la Nación solicitando la remoción inmediata del busto de la ex presidente, María Estela Martínez de Perón.
Según el argumento de Santoro, el homenaje viola el artículo 3 de la Ley 5.158, que prohíbe rendir homenaje a personas vivientes mediante estatuas o monumentos. La escultura fue inaugurada el 17 de octubre de 2024 por la vicepresidente Victoria Villarruel en el Salón de las Provincias de la Cámara Alta, en el mismo lugar donde anteriormente se encontraba el busto del ex presidente Néstor Kirchner.
El legislador también hizo énfasis en que su objeción no se centra únicamente en la figura de Isabel Perón, sino en el hecho de que su homenaje va en contra de una normativa clara y precisa.
La Fundación Apolo, que acompañó el reclamo de Santoro, advirtió que, de no proceder a la remoción del busto, avanzarán por la vía judicial para asegurar el cumplimiento de la ley.
La instalación del busto generó una fuerte polémica desde su inauguración. Durante la ceremonia, Villarruel defendió el acto como una “reparación histórica” hacia Isabel Perón, afirmando que la ex mandataria fue víctima de “más de 40 años de persecución y ostracismo”.
Villarruel argumentó que su intención no era ensalzar la gestión o el gobierno de Isabel Perón, sino rendirle un homenaje personal a una mujer que, según ella, enfrentó la ingratitud de la política argentina con coraje y patriotismo: “Hoy termina la proscripción de Isabel Perón, impuesta por los mismos que ahora dirigen el partido político que lleva su apellido”, afirmó la vicepresidenta en su discurso, agregando que esta “reparación simbólica” contribuiría a la “pacificación nacional”.
El rechazo de Milei: “Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A”
El presidente de la Nación, Javier Milei, expresó públicamente su desacuerdo con la decisión de Villarruel. En una entrevista cedida a Todo Noticias, Milei afirmó que no hubiera realizado el homenaje y calificó como un “error” reivindicar a alguien que creó la organización paramilitar Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), involucrada en crímenes durante la presidencia de Isabel Perón. “No creo que sea un modelo a seguir, ni que haya llegado a su lugar por méritos intelectuales o profesionales”, señaló.
Además, el mandatario criticó duramente el gobierno de Martínez de Perón, destacando el caos económico que caracterizó su gestión, incluyendo el Rodrigazo, una crisis económica que sextuplicó la inflación. A pesar de su rechazo, el presidente reconoció el derecho de Villarruel a tomar decisiones en el Senado, subrayando que en su propio gobierno no habría un homenaje de este tipo: “Ella tiene una visión de las cosas. Y yo no comparto. Si ella quiere poner un busto de María Estela Martínez de Perón en el Senado. Bueno, es la casa de ella. En la mía no la va a encontrar seguro”.
El último lunes de septiembre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; junto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero; y el asesor presidencial, SantiagoCaputo, mantuvieron una reunión con una comitiva de la Confederación General del Trabajo, integrada por los más influyentes secretarios generales.
El resultado del encuentro fue un acuerdo que coloca a los gordos de la CGT en una posición de poder dentro de la reglamentación de la reforma laboral, debilitando la implementación del crucial artículo que prohíbe los bloqueos sindicales.
– Héctor Daer
De esta manera, la cúpula cegetista hizo retroceder al Gobierno, logrando frenar la correcta implementación del artículo anti-bloqueos de la reforma laboral. A pesar de que el artículo que permite el despido justificado por bloqueos sigue en la reforma laboral aprobada en la Ley Bases, su aplicación será notablemente limitada.
Ahora, la implementación del mismo estará sujeta a la evaluación de una mesa tripartita conformada por el gobierno, líderes sindicales y empresarios. Esta mesa será la encargada de revisar cada denuncia por bloqueo, en lo que parece ser una clara concesión a las presiones de los sindicatos.
Del encuentro, celebrado en el Salón de los Escudos de Casa Rosada, participaron Héctor Daer (Sanidad y secretario general de la CGT), Carlos Acuña (Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio (SOESGyPE), Jorge Sola (Sindicato del Seguro); Andrés Rodríguez (UPCN); Gerardo Martínez (UOCRA); José Luis Lingeri (Obras Sanitarias); Cristian Gerónimo (Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines, Seivara); RobustianoGeneiro (UTHGRA); Maia Volcovinsky (UEJN); LuzMarinaJaureguiberry (SADOP); Sergio Romero (UDA); Roberto Fernández (UTA); y Daniel Ricci (FEDUN).
“Libertarios”, kirchneristas y los gordos de la CGT, unidos
Entrevistado por periodistas acreditados en Casa Rosada, el secretario general de la CGT y del gremio de trabajadores de sanidad, Héctor Daer, no pudo disimular su alegría tras el cónclave: “Para nosotros fue fundamental venir, ser convocados. Tenemos una preocupación muy grande que es producto de la Ley Bases, un artículo que modifica el artículo 242, que es despido con causa de la Ley de Contrato de Trabajo”.
Fuentes que participaron del encuentro de ayer comentaron acerca de la influencia de Santiago Caputo en el acuerdo. El asesor presidencial logró establecer un vínculo cercano con líderes sindicales, quienes se sorprendieron ante su “habilidad” para comunicarse a la hora de poner sobre la mesa los negociados políticos: “El pibe habla el mismo idioma”, dijeron fuentes de la CGT al diario Clarín.
Además, un sector del Gobierno dijo que no apoyará el proyecto de Democracia Sindical, redactado por el PRO y la UCR, que busca limitar los mandatos de los delegados y definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, entre otros puntos. La semana pasada, La Libertad Avanza pidió demorar su tratamiento para priorizar el Presupuesto 2025 y la privatización de Aerolíneas Argentinas.
La estrategia de Caputo para lidiar con los sindicatos chocó con la postura del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien busca limitar la influencia de los sindicatos y reducir lo que considera privilegios excesivos.
El artículo 242, modificado por la Ley Bases, permite el despido con causa por bloqueos al considerarlos como una injuria laboral grave. Los sindicalistas consideran que la redacción del artículo es “ambigua”, especialmente en lo que respecta a la diferenciación entre bloqueos "totales" o "parciales". Argumentan que esto podría perjudicar el derecho a huelga, ya que acciones como una asamblea en el comedor de una empresa podrían interpretarse como un bloqueo parcial y, por lo tanto, justificar un despido.
Rápidamente, Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB) cuestionó el acuerdo con la CGT, pidió tener un lugar en la mesa de diálogo y repudió la decisión del Gobierno de atenuar la legitimidad del artículo que combate a la medida extorsiva de los sindicatos.
A través de un comunicado, el presidente de la entidad que reúne a empresas afectadas por bloqueos, Juan Méndez, definió a la demanda de la CGT como un "dislate" que "transformará en letra muerta lo que el Congreso de la Nación ha sancionado y está vigente" ya que "integra al sindicalismo para reglamentar una práctica ilegal que ellos mismos llevan adelante".
Existe una fuerte desconfianza hacia las intenciones de la CGT. Importantes empresarios consideran que los sindicatos buscarán utilizar la reglamentación para diluir el impacto del artículo anti bloqueos y dificultar el despido de trabajadores que participen de la medida extorsiva.
Consultada por DATA24.COM.AR, la diputada nacional del PRO y fundadora del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos, Verónica Razzini, dijo que ley ya es clara en ese punto y que la CGT busca confundir el derecho a huelga con el delito de bloqueo: “La estrategia (de los síndicos) es confundirnos. Disfrazan la medida extorsiva, y la disfrazan de asamblea o huelga, pero detrás hay un bloqueo”.
Razzini enfatizó que, tanto la huelga como la asamblea, están protegidas por la Constitución, pero “el bloqueo es un delito que debe ser sancionado”. Actualmente, el bloque PRO trabaja en un proyecto para que el Congreso integre a los bloqueos dentro del Código Penal. “El día que tengamos la tipificación penal del delito de bloqueo, entonces vamos a poder poner blanco sobre negro y ya no va a existir confusión alguna: La huelga es hasta este punto, de este punto en adelante estás perpetrando un bloqueo y eso es delito. Esta es una manera de proteger a los trabajadores también”.
"Celebro que el tema de los bloqueos forme parte de la agenda del Gobierno. Entiendo que tal vez hoy son momentos políticos álgidos y que el Ejecutivo prefiera bajar el perfil. Javier Milei fue categórico en su discurso en la apertura de sesiones. Habló de la democratización sindical, habló de los bloqueos. Me parece que sí corresponde sentarse a charlar con la CGT, pero no podemos dar ni un paso atrás en lo que hemos logrado hasta aquí", sentenció la diputada y empresaria santafesina.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, respondió las acusaciones del presidente sobre mal uso de fondos. A las críticas por el millonario contrato de un chofer institucional, se suma la controversia por la construcción de un “baño inclusivo” en la Facultad de Psicología.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.
