La Save Europe Act (“Ley para Salvar a Europa”) es una idea de ley política lanzada a fines de mayo de 2026 que busca recolectar firmas de ciudadanos europeos para obligar a la Comisión Europea a debatir y legislar sobre inmigración. Según los organizadores, se superó las 200.000 firmas en su primera semana, y en los días siguientes siguió creciendo hasta las 320.000 reportadas.

“Juntos vamos a salvar Europa, vamos a asegurar estas fronteras y los vamos a enviar de vuelta. Ese es el plan, nuestras demandas son simples y no podíamos hacerlo sin ustedes. Buen trabajo, y vamos a mantener ese número creciendo”, afirma la comentarista conservadora Eva Vlaardingerbroek, celebrando el numero de 250 mil firmas obtenidas.

Aquí está la clave para entender qué peso real tiene esta campaña. La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) es un instrumento de democracia participativa de la Unión Europea (UE) que permite a los ciudadanos proponer legislación. El objetivo declarado es llegar al total de respaldo para activar un mecanismo legal de la UE llamado ICE.

Para que adquiera validez jurídica, la iniciativa debe reunir al menos un millón de firmas verificadas de ciudadanos de la UE, distribuidas en no menos de siete Estados miembros y recolectadas dentro de un plazo de doce meses a partir de su registro oficial.

Si se alcanzan estas condiciones, la Comisión Europea está obligada a reunirse con los promotores de la medida y emitir una respuesta formal, aunque no está obligada a adoptar la legislación propuesta. Es decir, el millón de firmas no crea ninguna ley automáticamente, solo fuerza un debate institucional y una respuesta pública de Bruselas.

La iniciativa fue presentada originalmente a fines de mayo de 2026 durante el Remigration Summit realizado en la ciudad de Porto, Portugal, y es impulsada por una coalición de referentes de la derecha radical europea. Su principal rostro público es Eva Vlaardingerbroek, abogada graduada en la Universidad de Utrecht, que cuenta con una amplia influencia en las redes sociales.

Entre los principales ideólogos también se encuentra Martin Michael Sellner, activista austríaco y cofundador del Movimiento Identitario de Austria en 2012. Considerado una de las figuras más influyentes del pensamiento identitario europeo, en 2024 generó una fuerte controversia al presentar a dirigentes de la Alternative für Deutschland (AfD) alemana un proyecto de “remigración” masiva hacia un supuesto “Estado modelo” en el norte de África.

— Martin Sellner, también conocido como el “hipster” de la extrema derecha en Europa

La propuesta recibió además el respaldo de Viktor Orbán, quien apoyó públicamente la campaña después de que esta superara las 150.000 firmas. Otro de los primeros respaldos políticos llegó desde el Reino Unido, donde el diputado Rupert Lowe, líder del partido Restore Britain, fue el primer legislador en adherir públicamente a la iniciativa.

El proyecto también cosechó apoyos de otros dirigentes de la AfD, entre ellos Alice Weidel, Tino Chrupalla y Björn Höcke, así como de referentes de la derecha nacionalista en Francia, Italia y España, entre ellos Jordan Bardella, Matteo Salvini y dirigentes de Vox.

— Viktor Orbán es un jurista y político húngaro. Ejerció como primer ministro de Hungría desde 1998 a 2002 y de 2010 a 2026

Esta iniciativa no surge de la nada. La UE lleva años endureciendo su política migratoria desde el centro político. En diciembre de 2025, los países miembros aprobaron la creación de “centros de retorno” fuera del bloque para solicitantes de asilo rechazados, y en marzo de 2026 el Parlamento Europeo ratificó el nuevo reglamento de retornos con apoyo de los bloques conservador y ultraderechista.

¿Qué pide concretamente?

El texto de la Save Europe Act se estructura en torno a cuatro ejes principales. El documento propone una moratoria migratoria que suspendería nuevas vías de inmigración extraeuropea, incluidas las vinculadas a la reunificación familiar, los estudios y determinadas solicitudes de asilo. A su vez plantea incorporar al derecho de la UE una protección explícita de la denominada “identidad etnocultural” de los pueblos europeos.

Otro de sus puntos centrales es la “remigración”, concepto bajo el cual se busca crear un marco europeo para facilitar el retorno, tanto incentivado como involuntario, de inmigrantes en situación irregular, solicitantes de asilo rechazados y personas que sus impulsores consideran una carga cultural o económica. A ello se suma una propuesta de soberanía fronteriza orientada a devolver a los Estados nacionales el control pleno de sus fronteras, en reemplazo del actual sistema de gestión compartida dentro de la UE.

— Una manifestación de 500 personas a favor de la remigración organizada por Martin Sellner en Viena en julio de 2023

El concepto central que moviliza a los firmantes es la llamada “Teoría del Gran Reemplazo”, acuñada por el escritor francés Renaud Camus en 2011. Esta teoría sostiene que la población blanca nativa de Europa estaría siendo reemplazada de manera deliberada por inmigrantes procedentes principalmente de África y de países de mayoría musulmana. De acuerdo sus defensores, detrás de este proceso existiría una supuesta “élite globalista judeomasónica” que impulsaría los flujos migratorios con el objetivo de transformar la composición demográfica del continente y conformar una población más fácil de controlar.

Los demógrafos y politólogos refutan este postulado como pseudociencia. El demógrafo francés Hervé Le Bras demostró que incluso en los escenarios con mayor migración, la población inmigrante y sus hijos nunca superaría el 50% de ningún país europeo. El politólogo neerlandés Cas Mudde la califica de “racista”, basada en la premisa falsa de que la “población no blanca es inferior”. La hipótesis, además, ha servido de inspiración directa para ataques terroristas, como el de Christchurch (2019, 51 muertos) y el de Buffalo (2022, 10 muertos), cuyos perpetradores publicaron manifiestos explícitamente fundamentados en ella.

Lo que los analistas independientes señalan es que la teoría toma datos demográficos reales (bajas tasas de natalidad en Europa, presión migratoria) y los descontextualiza, añadiéndoles una narrativa conspirativa sobre intencionalidad y coordinación que no tiene respaldo empírico.

Diversos académicos han señalado una serie de contradicciones y obstáculos jurídicos que podrían dificultar el avance de la Save Europe Act. Uno de los principales cuestionamientos radica en que invoca como fundamento legal la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, aunque varias de sus propuestas, especialmente las vinculadas a la denominada “remigración” basada en criterios étnicos o culturales, entrarían en conflicto con el principio de no discriminación consagrado tanto en esa Carta como en la Convención Europea de Derechos Humanos.

A ello se suma que, al momento de su lanzamiento, la campaña todavía no había completado el registro oficial como ICE ante la Comisión Europea. En consecuencia, las adhesiones recolectadas a través de la página web de los organizadores carecen de validez legal hasta que se habilite formalmente el procedimiento correspondiente.

Además, la Comisión Europea conserva la facultad de rechazar la propuesta antes de que avance en su tramitación si considera que el contenido de la iniciativa no se encuentra dentro de las competencias sobre las que el organismo tiene capacidad para legislar o actuar.