26 diciembre, 2024

Los agroexportadores perderán unos 244 millones de dólares por la bajante del Río Paraná

Según el último estudio de la BCR, la altura del Río Paraná en el puerto de Rosario ha descendido hasta 0,40 metros de profundidad. Esto implica enormes problemas logísticos, de transporte y de industrialización.
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El último informe elaborado por la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) señala que “la bajante del río Paraná tendrá efectos multidimensionales: por un lado, en lo económico; y por otro, tendrá un impacto en actividades de la región como la pesca, la potabilización de agua y en el ecosistema del río”.

Por cierto, “en el Gran Rosario, la bajante, que es la más severa de los últimos 50 años, representará un costo de US$ 244 millones para el complejo agroexportador argentino en el primer cuatrimestre de 2020, al resentir la navegación y carga máxima de los buques y barcazas en las terminales portuarias de la zona, que es epicentro de la agroindustria argentina”, señalan desde la BCR. Asimismo, el reporte agrega que “semana a semana, la bajante del Paraná continúa agravándose por el déficit de lluvias hacia el norte de Argentina y en Brasil y, para peor, se espera que la situación empeore en el corto plazo”.

Entre las principales problemáticas que la situación trae aparejada en relación a la logística de exportación, industrialización, operatividad y los costos asociados que reportan las mismas empresas del sector, el relevamiento señaló que “están las pérdidas estimadas por falso flete y mayores costos de transporte/logísticos por completamiento en otros puertos. Se trata de 510 buques que operarán en el Gran Rosario entre marzo y mayo del 2020 con números que ascienden a US$ 91,2 millones, sin perjuicio de incrementarse con otras erogaciones adicionales”.

Asimismo, el estudio prevé menores precios de exportación para el aceite de soja argentino por el problema del río Paraná y otros factores. “Existe un castigo en el precio del aceite de soja argentino que se traduce en una presión a la baja de las primas FOB argentina en relación a otros orígenes, como el brasilero”, destaca.

Otro punto adicional son los “mayores costos de transporte y logísticos en la mercadería que baja por Hidrovía Paraná- Paraguay desde países limítrofes a los puertos del Gran Rosario, ya sea como importación temporaria para su posterior procesamiento y exportación, o para trasbordo en los puertos del Gran Rosario”.

En cuanto al proceso de exportación, la BCR indicó que la bajante “obliga a mayor prudencia de los pilotos y prácticos en las maniobras con los buques, en particular en los canales de acceso y pasos críticos ya que existe una posibilidad creciente que se registren varaduras en el río, lo cual puede afectar la óptima navegación en el sistema”.

De esta manera, “por cada día de demora de un buque para cargar y despachar al exterior, el costo adicional asciende a US$ 45.000. Si suponemos un promedio de 3 días de demora y el 20% de los buques ingresan a cargar harina de soja al Gran Rosario (marzo-abril-mayo) las pérdidas ascenderían a U$S 13,7 millones, aseguran.

Paralelamente, se prevén demoras en la industrialización del complejo oleaginoso del Gran Rosario y posible ralentización del programa de embarques de maíz en abril y mayo, lo cual podría generar problemas de saturación en la capacidad de almacenaje del grano dentro de los puertos.

En síntesis, “se aguarda una demora en la industrialización del complejo industrial oleaginoso tanto por los retrasos en el ingreso de mercadería del exterior como por el cuello de botella que genera la ralentización del programa de embarques y otros factores. Se estima en US$ 3 por tonelada procesada. El sobrecosto estimado en la industrialización alcanza los US$ 27,5 millones“.

“Los efectos de la bajante del Río Paraná resultan multidimensionales. En el plano económico, por su impacto sobre el principal complejo exportador de la economía argentina, así como también en otras actividades fundamentales para la subsistencia de la región como la pesca, la potabilización de agua, pero también en lo ambiental al afectar el ecosistema del río. Centrándonos en lo que hace efectivamente al complejo agroindustrial exportador del Gran Rosario, los problemas logísticos, de transporte y de industrialización detallados en el cuadro adjunto implican una pérdida para la economía argentina de US$ 244 millones en el primer cuatrimestre de 2020, al resentir la navegación y carga máxima de los buques y barcazas en las terminales portuarias del Gran Rosario, epicentro de la agroindustria argentina”, concluyó.

*Fuente: BCR news


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El campo exportó 86,5 millones de toneladas en diez meses, generando casi USD 40.000 millones

En los primeros diez meses de 2024, la agroindustria alcanzó un desempeño exportador destacado, según un informe reciente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Entre enero y octubre, el país exportó 86,48 millones de toneladas de productos agroindustriales, lo que representa un aumento del 51% en volumen respecto al mismo período de 2023. 

Este comercio generó ingresos por U$S 39.813 millones, un incremento del 23% en valor, limitado por la retracción de los precios internacionales de productos clave como la soja, el maíz y el trigo.

– Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

La Secretaría atribuyó estos resultados a una combinación de factores. Entre ellos, destacó “la mejora en las condiciones climáticas y las medidas gubernamentales para simplificar y facilitar el comercio exterior”, así como la apertura de 70 nuevos mercados internacionales, un hito que amplió las oportunidades para los productos argentinos. Además, se mencionó el impacto de las políticas de desburocratización implementadas durante el año, que facilitaron la logística y redujeron los costos asociados al comercio exterior.

De los 54 complejos agroindustriales analizados, 16 alcanzaron sus mayores valores de exportación en los últimos cinco años, mientras que 28 registraron incrementos superiores al 10% en valor respecto a 2023. Entre los complejos con variaciones más significativas en valor se encuentran:

  • Azúcar: +512%
  • Algodón: +221%
  • Bebidas alcohólicas: +139%
  • Trigo: +135%

Además de estos complejos, también se destacaron el maní y la vitivinicultura, que lograron consolidar su presencia en mercados tradicionales y abrir nuevos destinos. Esto fue posible gracias a estrategias de promoción internacional y acuerdos bilaterales que incentivaron la demanda en países como Estados Unidos y China.

Diez complejos concentraron el 86,4% del valor total exportado, destacándose los de soja, maíz, bovinos, trigo, pesca y acuicultura, girasol, cebada, lácteos, maní y vitivinicultura. Este grupo de productos fue el pilar de la economía exportadora del sector, generando ingresos clave para el equilibrio de la balanza comercial.

– Javier Milei junto al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino

Los principales destinos de las exportaciones agroindustriales argentinas durante este período fueron China, la Unión Europea, Brasil, Vietnam, India, Chile, Estados Unidos, Perú, Indonesia y Malasia. Estos mercados se consolidaron como socios clave para la colocación de los productos nacionales. En particular, China y Brasil continuaron liderando como los mayores compradores, con una creciente demanda de soja y maíz, mientras que la Unión Europea se posicionó como un importante receptor de productos lácteos y vitivinícolas.

Según analistas del sector, el desafío ahora radica en sostener este crecimiento a largo plazo. Para ello, será fundamental continuar con políticas que impulsen la innovación tecnológica, mejoren la productividad y fomenten la sostenibilidad de las prácticas agropecuarias. En este sentido, iniciativas como la incorporación de energías renovables y la digitalización de procesos productivos podrían marcar la diferencia en la proyección futura del sector agroindustrial argentino.

Redacción

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Las prepagas aumentaron un 215% por encima de lo que reciben los prestadores de salud ambulatorios

La Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (CADIME) informó que las empresas de medicina prepaga aumentaron el precio de las cuotas muy por encima de lo que pagan a los prestadores de servicios de salud. Alertaron que esta diferencia es crítica para el sostenimiento del sistema de salud de la Argentina.

Según lo informado por CADIME, los aumentos arancelarios a empresas y profesionales que prestan estos servicios de forma tercerizada son insuficientes para compensar el efecto de la inflación y de los costos operativos en el sector. Una situación que genera tensiones que afectan a la totalidad de este universo y su funcionamiento, en especial a las pymes de salud y los usuarios, y desembocan en medidas tales como la limitación de coberturas de las prepagas, lo cual se traduce en perdida de trabajo por parte de prestadores.

Este desbarajuste tiene lugar desde 2022, pero creció en 2023 y 2024. En los usuarios impacta por medio de cuotas del seguro de salud cada vez más caras y en la aparición de copagos que antes no abonaban, mientras que los prestadores de salud reciben cada vez menos, lo que repercute en la sostenibilidad de la red prestacional a nivel nacional.

Las cuotas de las empresas de medicina prepaga tuvieron un incremento en los últimos dos años del 435%, mientras que los aranceles que perciben los prestadores de salud solo crecieron entre 160% y 224%, números que están por debajo de la inflación del sector, que fue entre 544% y 583%. A la mencionada disparidad se le suma el hecho de que el pago por las prestaciones realizadas se concreta entre 60 y 90 días después de su facturación.

*Fuente: Agencias

Redacción

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La pobreza cayó al 38,9% en el tercer trimestre de 2024, según datos del INDEC y de la UCA

En el tercer trimestre de 2024, la pobreza en Argentina registró una notable disminución, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La incidencia de la pobreza cayó del 52,9% al 38,9%, mientras que la indigencia también mostró un descenso significativo, del 18,1% al 8,5%. Estos datos fueron respaldados por el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) y corroborados por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El informe del INDEC señaló que la mejora en los indicadores sociales respondió, principalmente, a la desaceleración de la inflación y al incremento en los ingresos familiares, que superaron las líneas de pobreza e indigencia. Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tuvo un aumento interanual del 351,5%, pasando de $20.661 en diciembre de 2023 a $93.281 en diciembre de 2024, lo que contribuyó al fortalecimiento del poder adquisitivo en los hogares más vulnerables.

“La población en situación de pobreza se ubicó en niveles similares al tercer trimestre de 2023 (38,6% en 2023 y 38,9% en 2024)”, afirmó Agustín Salvia, director del Observatorio de la UCA. Según este organismo, la caída en la indigencia fue incluso más marcada, alcanzando valores significativamente inferiores a los del primer trimestre de 2024, cuando había llegado al 20,2%. La estabilización macroeconómica y el fortalecimiento de las transferencias sociales fueron señalados como factores determinantes en esta evolución.

Por otro lado, el informe también reveló una ligera reducción en la desigualdad. La relación entre los ingresos del 10% más rico y el 10% más pobre pasó de 19 veces en 2023 a 18 veces en 2024. Sin embargo, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad en la distribución del ingreso, permaneció en 0,435, evidenciando que persisten inequidades estructurales en el sistema económico.

En cuanto al mercado laboral, las tasas de actividad y empleo se mantuvieron altas, pero con un aumento en la precarización y el subempleo. El CNCPS destacó la relevancia de las políticas de desintermediación implementadas por el Ministerio de Capital Humano, que permitieron que el 93,5% de los recursos llegaran directamente a las familias necesitadas, comparado con el 50% que se transfería de forma directa al inicio de la gestión. Este cambio mejoró la eficiencia y el impacto de los programas sociales.

El Observatorio de la UCA también advirtió que, sin las ayudas sociales, los indicadores serían mucho más alarmantes: la pobreza habría alcanzado el 55,4% y la indigencia, el 23,2%. “Este descenso se explicó por dos factores clave: las políticas económicas que lograron estabilizar la macroeconomía y las transferencias focalizadas en los sectores más vulnerables”, señaló el informe.

Entre las medidas destacadas, se subrayó el aumento acumulado del 137,5% en la Prestación Alimentar, que amplió su cobertura a más de 600.000 adolescentes de entre 14 y 17 años. Estas intervenciones han sido fundamentales para mitigar el impacto de la crisis económica en los sectores más desfavorecidos. “Sin estas iniciativas, los resultados habrían sido considerablemente peores”, concluyó el CNCPS.

A pesar de los avances, las autoridades y especialistas advirtieron que la recuperación es frágil. Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, reconoció que “aún queda mucho por hacer”, aunque destacó los progresos logrados. “Somos optimistas porque las políticas implementadas están dando resultados, pero debemos consolidar esta tendencia”, afirmó.

Por su parte, Agustín Salvia alertó sobre la necesidad de abordar los problemas estructurales del mercado laboral y fortalecer las políticas sociales para garantizar un impacto sostenible. “La mejora en los ingresos no debe ser temporal; se requiere una estrategia de largo plazo que contemple a las clases populares”, subrayó.

En última instancia, el Gobierno destacó que las políticas de contención social han sido fundamentales para evitar un deterioro mayor. “Estos resultados nos muestran que estamos en el camino correcto, pero también nos desafían a redoblar los esfuerzos para acompañar a quienes más lo necesitan”, concluyó Pettovello. Según los especialistas, el mantenimiento de esta tendencia dependerá de la estabilidad macroeconómica y de la capacidad de los ingresos de seguir superando a la inflación.

Redacción

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Luis Caputo confirmó la primera inversión a través del RIGI por 211 millones de dólares

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que se aprobó la primera inversión bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), sancionado recientemente. El proyecto corresponde a un parque solar de YPF Luz en la localidad de El Quemado, Mendoza, con una inversión de USD 211 millones. “El Comité Evaluador aprobó el primer proyecto RIGI que se presentó hace menos de dos meses”, expresó Caputo en sus redes sociales, destacando que hay otros seis proyectos en evaluación.

El parque fotovoltaico, desarrollado por YPF Luz en conjunto con la Empresa Mendocina de Energía (Emesa), tendrá una capacidad instalada de 305 MW, suficiente para abastecer a más de 233.000 hogares. Se prevé que la primera etapa comience en el primer trimestre de 2026 y esté lista en 18 meses. Además, se estima que evitará la emisión de más de 385.000 toneladas de dióxido de carbono por año, contribuyendo a la transición energética en Argentina.

Este anuncio se suma al reciente lanzamiento de otro gran proyecto energético: el oleoducto que conectará Vaca Muerta, en Neuquén, con Punta Colorada, Río Negro. Esta infraestructura permitirá exportar más de 500.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2027, generando ingresos cercanos a USD 13.000 millones anuales. Empresas como Vista, Pampa Energía, Chevron y Shell participarán en su construcción, que comenzará en enero de 2024.

En paralelo, la multinacional Rio Tinto confirmó una inversión de USD 2.500 millones para ampliar su proyecto de litio en el Salar del Rincón, Salta. Este desarrollo, que prevé producir 60.000 toneladas de litio carbonato de alta calidad anualmente, será clave para la industria de baterías y tendrá una vida útil estimada de 40 años. La construcción de la planta ampliada comenzará en 2025, fortaleciendo a Argentina como un actor relevante en el mercado global de litio.

El RIGI, que entró en vigencia hace unos meses, ofrece beneficios fiscales como exenciones en IVA y Ganancias, además de ventajas en derechos de importación y exportación para proyectos de inversión superiores a USD 200 millones. Estos incentivos buscan atraer grandes capitales para reactivar la economía y consolidar al país como un polo estratégico en energías renovables y recursos naturales.


*Fuente: Agencias

Redacción

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