Una de las primeras medidas que anunció Alberto Fernández al jurar como presidente fue la de intervenir la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Según dijo ante la Asamblea Legislativa, así impulsaría “una reestructuración de todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado” y terminaría con la “Justicia contaminada por los servicios”. Para ejecutar esta ambiciosa misión eligió a una persona con fama de “incorruptible” y “trabajadora”: la ex fiscal Cristina Caamaño, miembro de la agrupación kirchnerista Justicia Legítima y ex titular de la DAJuDeCo (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado) durante el segundo mandato presidencial de Cristina Kirchner.

Caamaño tomó posesión del cargo el 23 de diciembre. Desde entonces, buscó imprimirle austeridad e intensidad a su gestión. Su primer gesto fue anunciar que donaría su sueldo ($ 288.000) al plan “Argentina contra el Hambre” que lidera Victoria Tolosa Paz. También, redujo en un 60% las direcciones del organismo y se propuso tomarle examen a los agentes.

Este último punto no cayó bien entre los espías, que vieron en la medida el inicio de una persecución con final inevitable: la purga. Caamaño recibió la Agencia con 1470 empleados, un 20 por ciento menos de los que habían encontrado Gustavo Arribas y Silvia Majdalani el 10 de diciembre de 2015 cuando llegaron a 25 de Mayo 11 de la mano de Mauricio Macri. No obstante, de los 1470, alrededor de 850 habrían sido nombrados por la administración macrista. Y de ellos, 500 en planta permanente. Desde la gestión saliente explicaron a Perfil, en enero, que durante su paso por La Casa “se cambió mucho personal” y que “mucha de la gente que entró lo hizo a través de los cursos que se hicieron en la Escuela Nacional de Inteligencia”.

Según pudo saber Periodismo y Punto, hasta el momento habrían sido despedidas 900 personas en la ex SIDE. Y en la razzia no sólo cayeron agentes de inteligencia sino también empleados administrativos y de mantenimiento. Muchos de ellos denuncian haber sido echados “por las malas”, tras sufrir hostigamiento por parte de sus superiores e incluso amenazas. Este portal habló con algunos de los damnificados.

Los casos

Entre los casos más asombrosos se destacan cuatro. El primero: una empleada administrativa de 34 años, con dos hijos y un embarazo en curso. “Sin cumplir con lo que dice el Gobierno de no despedir gente, fui echada con dos meses de embarazo. Hasta el día de la fecha no me pagaron la liquidación final y estoy sin obra social. La AFI es el único ente del Estado que no ampara la obra social por tres meses (después del despido)”, dijo la mujer a Periodismo y Punto. Otro caso doloroso fue el de un empleado de mantenimiento de 36 años, padre de seis hijos, que había ingresado a la Agencia en 2015 y asegura haber votado por la fórmula “Fernández-Fernández” en las últimas elecciones. Se quedó en la calle sin más.

Según los denunciantes, con el personal técnico el trato fue peor. Uno de los agentes cesanteados confió a Periodismo y Punto cómo fue su estadía y final en la AFI. “Entré a trabajar en la Agencia con la gestión del doctor Parrilli. Durante el gobierno macrista, me desempeñé en el área de Orden Constitucional. Trabajé para el jefe de departamento (NdR: en cumplimiento de la Ley de Inteligencia mantendremos su identidad bajo reserva). Siempre se me identificó con la gestión con la que entré. Al ingreso de la gestión actual, siendo yo Máster en Inteligencia Estratégica de la Universidad de La Plata, se me envía en los primeros días del mes de enero a trabajar a la base de la calle Estados Unidos. A fines del mes de febrero, voy a cumplir con mis obligaciones y no se me permite el ingreso. Me hacen pasar luego a una habitación de la planta baja y se me comunica que por haber colaborado con la gestión macrista estaba fuera. Me enfatizan que en el mundo de la política las cosas son así. Me echaron con mi hijo discapacitado, me quedé sin OSDE. ¡Mi trabajo era de orden técnico! ¡Yo no debo ser objeto de venganzas políticas! A mis más de cincuenta años no voy a volver a conseguir trabajo. Me siento desilusionado, yo creí en Fernández y Fernández me echó”.

El último caso que recibió el citado portal fue aún más complejo e incluyó amenazas: “Me desempeñé en un cargo ejecutivo. Pedí la adscripción a otra entidad en el mes de octubre de 2019. Sabiendo que me podían despedir por razones políticas y no profesionales, me desempeñé hasta marzo de 2020. Me citaron en la Central y me dieron de baja. Entonces, me negué a firmar la baja. En ese momento bajaron los matones a ponerme en posición de aceptar. Como me negué, me dijeron que no podría salir de la institución sin firmarla. Me patotearon, infringiendo todos los derechos constitucionales. Me amenazaron para que no divulgara lo sucedido, y me dijeron que no me olvidara de que tengo dos hijos y una esposa grande. La doctora Caamaño transformó la Agencia en un centro de matones”.

Qué dice la AFI

Ante este panorama, Periodismo y Punto se contactó con fuentes oficiales para conocer su versión de los hechos. Desde la intervención minimizaron la cantidad de despidos, reconocieron que “por error” se echó a dos mujeres embarazadas e invitaron a quienes hayan sido víctimas de hostigamiento a presentarse ante la Justicia. Finalmente, atribuyeron al parate producido por la pandemia de Coronavirus la demora en los pagos de las correspondientes liquidaciones.

“El contexto en el que se despide a una persona de su empleo, sea en el ámbito que sea, nunca es grato para ninguna de las partes. En el caso concreto de la AFI, la interventora dio instrucciones a todas las personas a cargo de las áreas para que extremen los cuidados”, indicaron desde el entorno de Caamaño. Y ahondaron: “Los agentes despedidos fueron desvinculados luego de un proceso de análisis del caso a caso, con criterios específicos -que preferimos mantener en reserva- y cuya última palabra la tuvo Caamaño como interventora de la Agencia”.

También enfatizaron que “de ninguna forma se realizaron despidos masivos, como quiere hacerse creer desde algún sector”. Y aclararon que si bien hubo despedidos, es falso que hayan sido 900. “Ese número no es real. No vamos a difundir cuántos fueron, pero la cifra es muchísimo menor”. “Considerá que el día que comenzó la intervención había aproximadamente 1400 agentes. Si se hubieran despedido a 900, la Agencia estaría vacía”, agregaron.

Sobre las formas en que se instrumentaron los despidos, indicaron que “en el caso de que un director haya hostigado o presionado a algún ex agente en ese proceso, corresponde que esa persona ejerza su derecho a presentar su descargo correspondiente donde lo crea oportuno”. Y apuntaron: “De hecho, el supuesto ‘hostigamiento’ fue planteado específicamente al momento de la firma de la notificación del despido. Esa notificación está prevista en la legislación como un derecho para las partes, a partir de la cual se pueden oponer objeciones si las hubiese. La no firma de esa notificación no da derecho a continuar con la relación laboral, pero genera una dificultad en el pago de la liquidación, dado que la ley requiere esa condición”.

“De quienes cuestionaron esa notificación y las tomaron como un hostigamiento, en realidad cuestionaban su despido, lo cual puede considerarse lógico, dado que estaban perdiendo su empleo”, concluyeron.

En relación a los casos de despidos de mujeres embarazadas, desde la intervención reconocieron “dos por error del área de personal”. Y aseguraron que “esas mujeres volvieron a sus puestos apenas tomamos conocimiento de la situación, dado que la ley prevé una protección especial”.

Por último, respecto a los plazos de las liquidaciones, afirmaron que “se abonaron y se siguen realizando como corresponde”. Sin embargo, concedieron que “puede haber casos específicos respecto de agentes desafectados recientemente, cuyos plazos corrieron durante el inicio de la Aislamiento Social Obligatorio, en el marco de la crisis generada por la pandemia mundial provocada por el Covid-19, quienes aún no hayan cobrado su liquidación”.

“Cabe aclarar además que la Agencia recién inició el proceso de bancarización de los salarios a partir de la Intervención decretada por el Presidente de la Nación. Tanto los pagos mensuales, como las liquidaciones se abonan en efectivo y puede haber dificultades puntuales por el contexto actual”, completaron.

¿Piensa que una persona desafectada tras ser hostigada y amenazada por personal de la Agencia Federal de Inteligencia acudiría a la Justicia en busca de auxilio?, preguntó este periodista al hombre designado por la conducción para atender este tema. “Hay un montón de juicios laborales”, fue la respuesta.

*Fuente: Periodismo y Punto – Camilo Cagnacci