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El reporte elaborado por Tomás Rodríguez Zurro y Emilce Terré para la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que el sector agroindustrial aportó US$ 3.300 millones en derechos de exportación (DEX) durante los primeros seis meses de 2025, un incremento interanual del 25% pese a la reducción temporal de alícuotas y a precios promedio inferiores, sobre todo en el complejo soja.
El salto recaudatorio respondió al mayor volumen declarado: las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) alcanzaron cerca de 53 millones de toneladas, un 60% más que en el mismo período de 2024. En términos diarios, el fisco recibió unos US$ 18 millones.
A un mes de que venza el esquema de rebaja de alícuotas, el estudio proyectó que 2025 cerrará con casi US$ 6.500 millones recaudados, poco más de US$ 1.000 millones por encima de 2024, aunque todavía lejos de los niveles de 2021 y 2022, cuando los precios internacionales se ubicaron mucho más altos.
Los autores explicaron que, a diferencia de años previos, en 2024 y en lo que va de 2025 no se registraron DJVE adelantadas de la campaña nueva. Esa ausencia redujo la recaudación de 2024—parte de lo exportado tributó en 2023—pero elevó la de 2025, dado que la mercadería se vendió y gravó este año.
El complejo soja dominará el aporte anual: US$ 5.140 millones, el 80 % del total. Dentro de esa cadena, los subproductos liderarán con US$ 2.760 millones, seguidos por el aceite de soja con US$ 1.700 millones—rubro que mostró la mayor suba interanual gracias a un mayor flujo exportador—y el poroto con casi US$ 600 millones.
Para estimar las DJVE del ciclo 2025/26 en el segundo semestre, el equipo tomó la distribución registrada en 2024 y no el promedio de las cinco campañas anteriores, con el fin de reflejar el cambio reciente en los patrones de venta al exterior.
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La empresa siderúrgica Acindar, propiedad del grupo internacional ArcelorMittal, paralizó entre el 26 de julio y el 4 de agosto el 80% de la producción en su planta de Villa Constitución (Santa Fe) suspendiendo temporalmente a casi 600 trabajadores, quienes recibirán el 75% de sus salarios durante ese período.
Esta decisión afectó principalmente al sector de acería, con 200 empleados; al Tren Laminador 1, que tiene alrededor de 60 trabajadores; y al área de Reducción Directa, con 40 operarios.
Desde la empresa justificaron la paralización señalando la caída del consumo interno y el fuerte aumento en la importación de acero desde China. Según informaron, en 2024 Acindar operó a apenas el 50% de su capacidad instalada, con una producción anual de solo 600.000 toneladas frente a las 1,2 millones de toneladas alcanzadas en 2023.
“Esto responde a la caída de la producción y las ventas. La empresa aplica suspensiones a compañeros y esperamos que esto cambie, porque se vienen tiempos difíciles y pronto pueden llegar los despidos”, expresó Pablo González Piparra, secretario general de la UOM local.
Por su parte, la diputada Florencia Carignano respaldó la posición de los trabajadores a través de redes sociales, señalando que Acindar tiene un excedente mensual de entre 15.000 y 20.000 toneladas de acero, operando con solo un horno. Carignano denunció además la caída del consumo y señaló responsabilidad política en la situación.
Silvio Acosta, integrante de la comisión interna de Acindar de la UOM local, destacó que la empresa argumentó el cierre temporal en la “caída de la producción producto de la falta de obra pública y del ingreso de acero chino”. Además, indicó que Acindar produjo en su mejor momento 1,2 millones de toneladas anuales, pero actualmente produce alrededor de 580.000 toneladas.
No es la primera vez que Acindar toma una medida de este tipo. Desde comienzos del año la empresa tiene vigente un acuerdo de suspensiones, con pago del 75% del salario, complementado por retiros voluntarios. En febrero de este año ya había aplicado suspensiones similares acordadas con la UOM, tras una caída en ventas de entre 35% y 40%. Otras empresas del sector, como AcerBrag y Ferroglobe Argentina, también adoptaron medidas parecidas durante este año debido a la crisis económica y caída en la demanda de acero.
ArcelorMittal evalúa extender estas suspensiones a sus otras cuatro plantas ubicadas en Rosario, San Nicolás, La Tablada y Villa Mercedes. Fuentes cercanas a la compañía confirmaron que, por ahora, el parate alcanza solo a la planta santafesina y que la medida dependerá de la evolución del mercado interno y externo, adaptándose “a las necesidades operativas de la empresa”.
De acuerdo con la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo cayó un 8,6% en junio respecto de mayo, evidenciando la gravedad del contexto actual del sector siderúrgico nacional.
En Viamonte (Córdoba), un histórico hospital que estaba en ruinas volvió a funcionar gracias al trabajo conjunto del municipio, los vecinos y distintas entidades locales. La inauguración se realizó este miércoles.
El intendente del pequeño poblado, Facundo Manzoni, uno de los políticos más jóvenes de la provincia, lideró la reconstrucción y donó su sueldo para financiar las obras. Durante la ceremonia destacó que la reapertura del hospital garantizó acceso a la salud para los habitantes del interior y cuestionó la ausencia de autoridades provinciales: “Es lamentable que no haya venido ningún funcionario del gobierno, mientras que nuestro compromiso con la gente fue total”.
Según informó la gestión local, la obra demandó 298 millones de pesos, cifra que representó casi el 20% del presupuesto anual de la intendencia (1.500 millones de pesos). Pese a estar invitados con varias semanas de anticipación, no asistieron al acto funcionarios provinciales ni ninguno de los legisladores del departamento Unión, y el jefe municipal pronunció un discurso en el que resaltó la obra y criticó a la Provincia de Córdoba por no participar de la ceremonia.
En diálogo con medios locales, Manzoni recordó los inicios de su gestión y detalló el esquema de financiamiento:“debí instalar un hospital de campaña en la Casa de la Cultura ya que el existente se caía a pedazos. De inmediato pusimos manos a la obra para construir un nuevo centro de salud. Iniciamos una campaña de donaciones y obtuvimos 20 millones. La Provincia nos envió un FOCOM por 70 millones y el municipio aportó 210 millones. De esta forma reunimos el dinero y edificamos un nuevo hospital que es un orgullo para Viamonte”.
El nuevo establecimiento cuenta con 600 metros cuadrados, cuatro habitaciones de internación, guardia, vacunatorio y seis consultorios, incluyendo odontología, lo que lo convirtió en uno de los centros de salud mejor equipados de la región.
Al ser consultado por la ausencia de representantes provinciales, el intendente aseguró que “en el gobierno están enojados porque rechacé el ofrecimiento de integrar la lista de diputados nacionales. También lo hice con la Libertad Avanza. No apoyo a nadie. Sólo me preocupa trabajar por mi pueblo. Me molesta mucho que inventen cosas sobre mí, noticias falsas y hagan operaciones políticas. Viamonte pertenece a la Provincia de Córdoba y sus habitantes merecen el respeto de la Provincia”.
Manzoni es productor agropecuario y vive de esos ingresos. Trabaja gratis, ya que todos los meses dona su salario a una institución de bien público de la localidad. Todos los recibos de sueldos donados pueden encontrarse en su cuenta de Instagram, en la que detalla el monto y los organismos beneficiados. Sobre cuestionamientos a su trayectoria, el jefe comunal concluyó: “Me trataron de ñoqui porque trabajé 3 años en la Legislatura en el bloque del PRO antes de asumir como intendente. Todos los días cumplí con mis obligaciones como ahora lo hago en el municipio. Es muy triste lo que pasa ya que por castigarme a mí afectan a mi pueblo”.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2024 y consignó bienes por $11.851 millones. El salto interanual fue del 137 % y respondió, en gran medida, a la revalorización de inversiones que el funcionario ya poseía.
El 65,8% del total, es decir $7.807 millones, se encuentra en el exterior. Caputo sostuvo depósitos offshore por $5.937 millones, distribuidos en dos cuentas corrientes en dólares. Declaró participaciones societarias por $1.870 millones en Ancora Investments, firma radicada en el exterior. En el país, registró activos líquidos compuestos por $2,1 millones en moneda local y US$ 778.000 en cajas de ahorro. Asimismo, reportó inversiones en Sacha Rupaska, Anker Latinoamericana SA y Palmeral Chico, además de fondos comunes de inversión por $3,3 millones.
En cuanto a bienes registrables, el ministro declaró dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires valuados en $446 millones y $260 millones, respectivamente; un campo en Santiago del Estero tasado en $980 millones; dos lotes en Benavídez y Pilar; una casa en Villa La Angostura; y tres cocheras en CABA. También incluyó seis vehículos —dos Kia Carnival, una Volvo XC90, un yate, un gomón y un cuatriciclo—, aunque para estos y para algunos inmuebles no se detalló el valor fiscal. Entre 2022 y 2024 su patrimonio pasó de $744 millones a $11.851 millones.
Consultado por La Nación sobre la elevada proporción de activos en el exterior, Caputo explicó que “no pensaba ser ministro y así tenía el patrimonio cuando asumí. Si lo hubiese repatriado y convertido a pesos, me habrían acusado de usar información privilegiada. Preferí dejar todo tal cual estaba”.
Los más ricos del gabinete
Gerardo Werthein, titular de Cancillería, declaró un patrimonio de $92.056 millones, de los cuales 65 % —frente al 52 % del año anterior— se encontraba fuera del país. Entre sus bienes figuran inmuebles en Madrid y Punta del Este, tres lotes en Maldonado y una Ferrari 550 Maranello valuada en $309,3 millones. Su cartera denominada “Portfolio Pictet y Cie – Valores Extranjeros” se multiplicó por cinco en tan solo un año.
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, informó bienes por $18.089 millones y mantuvo el 80% en el exterior: depósitos equivalentes a $6.746,8 millones en Suiza, $4.688,4 millones en Estados Unidos, $2.422,2 millones en Puerto Rico y $265,6 millones en Uruguay. Además, posee 27 inmuebles —24 en la Ciudad de Buenos Aires, dos en la provincia homónima y uno en Neuquén—, junto con propiedades en Miami Beach y Punta del Este.
Los $11.851 millones de patrimonio que tiene Caputo lo colocan en tercer lugar.
A continuación se ubicaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos con $2.847 millones; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien presentó $2.371 millones —el 61 % en el exterior y la curiosidad de haber adquirido un inmueble de apenas 1 m²—; y el ministro de Salud, Mario Lugones, con $282 millones.
Evolución patrimonial del Poder Ejecutivo
Dentro del Poder Ejecutivo, Javier Milei declaró $206 millones, un aumento del 64% respecto de 2023. La vicepresidenta Victoria Villarruel consignó $80,2 millones, un salto del 117%. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, informó $11,4 millones, equivalentes a unos US$ 10.755 al tipo de cambio oficial o US$ 9.383 al paralelo, lo que implicó una expansión del 221%.
Patricia Bullrich, por su parte, registró $188,3 millones. Desde el Ministerio de Seguridad atribuyeron su incremento patrimonial tanto al ajuste del valor fiscal de sus inmuebles como a la venta de un vehículo.
Lodenhaus, la empresa que trajo al país el icónico tapado de loden austríaco, anunció su retiro definitivo del mercado argentino luego de más de tres décadas de presencia.La decisión incluye el cierre de operaciones también en Chile.
La marca confirmó que dejará de importar los clásicos abrigos de lana merino prensada, característicos por su durabilidad, peso y estética sobria. El producto se convirtió en símbolo de estatus entre productores agropecuarios, funcionarios del sector y asistentes tradicionales de la Exposición Rural de Palermo.
La firma comunicó que el cierre no responde a un conflicto puntual sino a una reorientación del negocio. El mensaje oficial no menciona despidos, suspensión de actividades ni transferencia del fondo de comercio.
La salida se da en un contexto de fuerte retracción del consumo interno. La industria textil enfrenta caída de ventas, aumento de costos y pérdida de competitividad frente a importaciones más económicas. Empresas históricas del rubro indumentaria también abandonaron sus operaciones en el país en los últimos meses.Marcas del rubro textil, como Vitamina y Uma, cerraron sus locales y redujeron personal, afectadas por la misma coyuntura.
En el mercado local, los productos de Lodenhaus se ofrecían como artículos de lujo dentro de un segmento muy específico. La clientela apuntaba a perfiles vinculados al campo, coleccionistas de prendas clásicas y compradores de alto poder adquisitivo.
El tapado de loden requería procesos industriales complejos. La lana prensada provenía exclusivamente de Austria, lo que dificultaba la operación ante cambios en las condiciones de importación y presión impositiva.
Tras casi dos décadas fuera del mercado argentino, la prestigiosa marca italiana Giorgio Armani anuncia su regreso para 2026 y 2027. Este retorno ocurre en un contexto económico muy distinto al que motivó su salida y refleja confianza en las nuevas políticas de apertura comercial del gobierno nacional.
El Grupo Tucci —fundado en 1990 por César Tucci y hoy dirigido por Gabriela Tucci— ha sido el artífice de esta vuelta tras más de dos años de intensas negociaciones. El acuerdo, avalado directamente por la casa matriz en Milán, se firmó hace apenas 60 días.
Según fuentes del grupo, “el objetivo de Tucci es traer marcas de lujo internacionales que complementen las nuestras. Es la estrategia para sobrevivir a la compleja situación del sector”.
La estrategia de retorno se desarrollará en dos fases. Primero, en agosto de 2026, abrirá Armani Exchange en Unicenter Shopping (Martínez). Esta línea, más accesible y pensada para jóvenes de 20 a 35 años, será la punta de lanza. Luego, llegará Emporio Armani a Patio Bullrich (administrado por IRSA). Esa tienda, de línea premium y dirigida a adultos jóvenes, es la apuesta más ambiciosa.
– La empresa se retiró de Argentina en el año 2009
Armani —la colección principal y más exclusiva— está presente en 75 boutiques en todo el mundo. En Argentina, operó desde octubre de 2001 bajo la licencia de The Exxel Group. Su local de Emporio Armani en Avenida Alvear 1740 (Recoleta), junto al Armani Caffé, funcionó hasta 2009. La salida se debió a trabas burocráticas y a las severas dificultades para importar mercadería.
“En el último tiempo se hizo cada vez más difícil importar ropa por las trabas al ingreso de productos desde el exterior, y el problema que tenemos con Emporio Armani es que la licencia no nos permite la fabricación local”, explicó Rodolfo Gotlib, director general de Clothing Brands (controlada por Exxel Group).
El regreso de Armani coincide con la eliminación de muchas de esas barreras por parte del gobierno de Javier Milei. Ahora, las empresas acceden a dólares para importaciones en apenas 30 días. Desde el Grupo Tucci aseguran: “El 100 % de los productos se importará de Italia”, algo impensable en la época de restricciones cambiarias. Gabriela Tucci, tras el fallecimiento de su esposo en 2002, transformó el modelo familiar. De especializarse en jeans y moda nacional, la empresa pasó a licenciataria de marcas de lujo.
Junto a Prada, Versace y Dolce & Gabbana, Armani forma parte de un selecto grupo de casas italianas independientes. Su regreso fortalecerá el posicionamiento de Argentina como destino atractivo para el retail de lujo y consolidará a Buenos Aires como hub regional.
Este anuncio llega en medio de una profunda crisis de la industria textil local. En la última década, las ventas mensuales de jeans cayeron de 40 000 a 10 000 unidades, y 7 de cada 10 empresas textileras sufrieron una caída promedio de ventas del 21%. Los primeros meses de 2025, arrojaron que las importaciones de ropa subieron un 136%, de modo que solo el 33% del mercado textil es producido localmente. En shoppings, el 75% de la indumentaria vendida es importada.
Además, 6 de cada 10 empresas redujeron su plantilla y se perdieron 5 000 empleos. Hoy, el 42 % de la maquinaria industrial textil está paralizada.
El establecimiento lechero de Matías Santa María, en el partido de Carlos Casares en el noroeste bonaerense, con más de 900 vacas en ordeñe y 22 empleados, se vio obligado a desmontar su producción esta semana porque los caminos rurales que lo conectan con la localidad de Ordoqui quedaron intransitables tras meses de inundaciones. La respuesta del intendente de Unión por la Patria, Daniel Stadnik, disparó la indignación.
“Sigan pagando y recen para que no llueva”, afirmó Standik, tras sufrir un “colapso” de 200 mm solo en julio y entre un 75% y 80% del promedio anual en el primer cuatrimestre de 2025. El municipio cobraría a los productores para mantener dichos caminos, pero los fondos terminaron siempre “en cualquier otra cosa”.
En apenas cuatro meses cayeron cerca de 1.000 mm, el doble del promedio anual. La saturación del suelo y la ausencia de escurrimiento natural en esta “región arreica” convirtieron los caminos de tierra en verdaderos canales de barro. Sin obras ni mantenimiento, el tambo redujo bruscamente su infraestructura, trasladando 400 vacas a un campo en Bolívar, donde se secó “de urgencia” y se vendió el resto de los animales.
Tras una protesta de productores en el mes de mayo, el propio Stadnik, quien es ingeniero civil, admitió la crisis pero argumentó que se debía a la falta de recursos municipales y pidió “rezar” para que dejara de llover. El 29 de ese mes, la provincia declaró la Emergencia/Desastre Agropecuario para Carlos Casares y otros 11 partidos, con más de 32 km sin dragar, sumado a la falta de alcantarillas y alteos, provoca cada año enormes pérdidas productivas que, según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), superan los US$5.000 millones.
“El barro en el que hemos estado metidos desde marzo, cuando comenzó la inundación, es peor que el otro barro de la política, yo no sé qué me da más miedo”, ironizó Andrea Passerini, productora agropecuaria y coordinadora en CARBAP.
Stadnik sostuvo que “la tasa vial no alcanza” y que las “grandes obras” dependen de Nación, subrayando que solo el 70% de lo recaudado se destina a caminos rurales, el resto va a gastos corrientes. Los productores exigen que el 100% de la tasa vial se use en caminos y que Nación reactive el tramo IV del Plan Salado. Además, acusan de una “falta de federalismo” que los deja solos ante la crisis.
“El municipio no reconoce el problema”
Las alcantarillas rurales llevan dos décadas sin renovarse, según los productores. El relieve plano forma una “palangana” que retiene el agua; sin drenajes ni limpieza de canales, la escorrentía es mínima. El resultado es un corte recurrente de los accesos, impidiendo el paso a tractores o camionetas 4×4 para movilizarse, leche venciendo y alumnos sin escuela durante semanas.
“No hubo respuesta del Estado en ninguno de sus tres niveles, ni municipal, ni hablar, no existe. Quieren salir a hacer remiendos ahora cuando debieron haber hecho las obras en su momento, y ahora no se puede hacer nada”, enfatizó el presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, José Erreca, en una nota periodística.
Los productores exigieron obras hidráulicas claves, como el canal aliviador entre 25 de Mayo y Casares, que están inconclusas. Esto genera una menor oferta de leche cruda en una provincia que aporta el 36% del consumo nacional, así como escuelas rurales aisladas, servicios de salud interrumpidos y pérdida de empleo.
Se trata de Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes. La denuncia fue radicada ante la UFIC N.º 5. Un familiar del burócrata exige la nulidad de la venta, concretada “un día antes” del fallecimiento de la propietaria.
A las damas y caballeros que están redactando la Constitución santafesina. No tengo esperanzas de que sea alberdiana pero al menos no vayan full socialismo, por favor. Va un pedido.
Saquen el adefesio comunista de la “plusvalía urbana”. Me refiero al supuesto derecho de las…
