20 agosto, 2025

La Corte Suprema británica desestimó la ideología de género: “Es una victoria para todas las mujeres”

El Reino Unido declara “incorrecta" la interpretación sobre la inclusión legal de mujeres trans en la categoría de “mujeres”. J.K. Rowling respalda la decisión.
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El Tribunal Supremo del Reino Unido emitió el pasado martes, una sentencia trascendental que dictaminó que la definición legal de “mujer” en la legislación británica se basa exclusivamente en el sexo biológico. Este fallo histórico establece claramente que, a efectos de la Ley de Igualdad de 2010, las mujeres transgénero, incluso aquellas con certificados de reconocimiento de género, no entran dentro de la definición legal de “mujer”.

“La decisión unánime de este tribunal es que los términos ‘mujer’ y ‘sexo’ en la Ley de Igualdad de 2010 se refieren a una mujer biológica y al sexo biológico”, afirmaron los cinco magistrados del Tribunal Supremo británico. Esta definición excluye explícitamente a las mujeres transgénero, incluso a aquellas que poseen un Certificado de Reconocimiento de Género (CRG).

El dictamen, contenido en un documento de 88 folios, puntualiza además que una persona con un CRG en el género femenino no entra dentro de la definición de “mujer”, por lo que la posición legal que mantenía el Gobierno escocés fue declarada “incorrecta”. Es importante destacar que el Tribunal también precisó que su fallo no debe interpretarse como un triunfo para una u otra parte, ya que la Justicia continúa otorgando a las personas transgénero protección contra la discriminación.

– Susan Smith y Marion Calder, cofundadoras del grupo For Women Scotland, realizan declaraciones frente a la Corte Suprema en Londres mientras se espera el fallo sobre su apelación

Los CRG se crearon con la Ley de Reconocimiento de Género de 2004 y permiten que las personas sean reconocidas legalmente y de forma permanente como del sexo opuesto a su sexo biológico. Para obtener un CRG, una persona debe haber sido diagnosticada con disforia de género por dos médicos y haber vivido en su género adquirido durante al menos dos años.

En el espectro político, Kemi Badenoch, dirigente del Partido Conservador británico, calificó el dictamen como “una victoria para todas las mujeres que sufrieron abusos personales o perdieron sus trabajos por decir lo obvio. Las mujeres son mujeres y los hombres son hombres: no se puede cambiar el sexo biológico”.

Hasta este fallo, existía ambigüedad respecto a si poseer un CRG otorgaba a una persona transgénero todos los derechos y protecciones asociados con el género reconocido en todos los ámbitos legales. Con esta clarificación legal, instituciones como clubes deportivos, escuelas y otros establecimientos que cuentan con espacios diferenciados por sexo (como vestuarios, baños o determinados servicios) ahora tienen directrices más claras sobre cómo aplicar las políticas de acceso y uso.

“Hoy los jueces han dicho lo que siempre creímos: que las mujeres están protegidas (en la ley) por su sexo biológico. El sexo es real y las mujeres pueden ahora sentirse seguras de que los espacios y servicios designados para ellas son efectivamente para mujeres”, declaró al respecto, Susan Smith, cofundadora de la organización “For Women Scotland”.

Figuras públicas como J.K. Rowling, autora de Harry Potter y conocida por sus posiciones en este debate, también expresaron su satisfacción. Rowling escribió en redes sociales: “Fueron necesarias tres extraordinarias y tenaces mujeres escocesas con un ejército detrás de ellas para lograr que este caso fuera escuchado por la Corte Suprema y, al ganar, han protegido los derechos de las mujeres y las niñas en todo el Reino Unido”.

Por otro lado, grupos feministas denominados “críticos con el género”, como la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos (EHRC), organismo supervisor de la igualdad en el Reino Unido, ha celebrado el dictamen, afirmando que “un certificado trans no cambia el sexo legal de una persona a efectos de la Ley de Igualdad”.

Redacción

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Caputo duplicó su patrimonio en el primer año al frente de Economía y conserva la mayor parte fuera del país

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2024 y consignó bienes por $11.851 millones. El salto interanual fue del 137 % y respondió, en gran medida, a la revalorización de inversiones que el funcionario ya poseía.

El 65,8% del total, es decir $7.807 millones, se encuentra en el exterior. Caputo sostuvo depósitos offshore por $5.937 millones, distribuidos en dos cuentas corrientes en dólares. Declaró participaciones societarias por $1.870 millones en Ancora Investments, firma radicada en el exterior. En el país, registró activos líquidos compuestos por $2,1 millones en moneda local y US$ 778.000 en cajas de ahorro. Asimismo, reportó inversiones en Sacha Rupaska, Anker Latinoamericana SA y Palmeral Chico, además de fondos comunes de inversión por $3,3 millones.

En cuanto a bienes registrables, el ministro declaró dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires valuados en $446 millones y $260 millones, respectivamente; un campo en Santiago del Estero tasado en $980 millones; dos lotes en Benavídez y Pilar; una casa en Villa La Angostura; y tres cocheras en CABA. También incluyó seis vehículos —dos Kia Carnival, una Volvo XC90, un yate, un gomón y un cuatriciclo—, aunque para estos y para algunos inmuebles no se detalló el valor fiscal. Entre 2022 y 2024 su patrimonio pasó de $744 millones a $11.851 millones.

Consultado por La Nación sobre la elevada proporción de activos en el exterior, Caputo explicó que “no pensaba ser ministro y así tenía el patrimonio cuando asumí. Si lo hubiese repatriado y convertido a pesos, me habrían acusado de usar información privilegiada. Preferí dejar todo tal cual estaba”.

Los más ricos del gabinete

Gerardo Werthein, titular de Cancillería, declaró un patrimonio de $92.056 millones, de los cuales 65 % —frente al 52 % del año anterior— se encontraba fuera del país. Entre sus bienes figuran inmuebles en Madrid y Punta del Este, tres lotes en Maldonado y una Ferrari 550 Maranello valuada en $309,3 millones. Su cartera denominada “Portfolio Pictet y Cie – Valores Extranjeros” se multiplicó por cinco en tan solo un año.

Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, informó bienes por $18.089 millones y mantuvo el 80% en el exterior: depósitos equivalentes a $6.746,8 millones en Suiza, $4.688,4 millones en Estados Unidos, $2.422,2 millones en Puerto Rico y $265,6 millones en Uruguay. Además, posee 27 inmuebles —24 en la Ciudad de Buenos Aires, dos en la provincia homónima y uno en Neuquén—, junto con propiedades en Miami Beach y Punta del Este.

Los $11.851 millones de patrimonio que tiene Caputo lo colocan en tercer lugar.

A continuación se ubicaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos con $2.847 millones; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien presentó $2.371 millones —el 61 % en el exterior y la curiosidad de haber adquirido un inmueble de apenas 1 m²—; y el ministro de Salud, Mario Lugones, con $282 millones.

Evolución patrimonial del Poder Ejecutivo

Dentro del Poder Ejecutivo, Javier Milei declaró $206 millones, un aumento del 64% respecto de 2023. La vicepresidenta Victoria Villarruel consignó $80,2 millones, un salto del 117%. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, informó $11,4 millones, equivalentes a unos US$ 10.755 al tipo de cambio oficial o US$ 9.383 al paralelo, lo que implicó una expansión del 221%.

Patricia Bullrich, por su parte, registró $188,3 millones. Desde el Ministerio de Seguridad atribuyeron su incremento patrimonial tanto al ajuste del valor fiscal de sus inmuebles como a la venta de un vehículo.

Redacción

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Alemania prohibió el uso del “lenguaje inclusivo” en documentos oficiales

Alemania prohibirá el uso de lenguaje inclusivo en documentos oficiales, discursos y comunicaciones internas del área cultural, así como en la Cancillería. La decisión del ministro de Estado de Cultura de Alemania, Wolfram Weimer, de prohibir su utilización en documentos oficiales representa un punto de inflexión significativo.

La medida, que afecta a aproximadamente 470 empleados bajo su jurisdicción, prohíbe específicamente el uso de asteriscos (*), símbolos como “@”, desdoblamientos de género y otros signos destinados a marcar la neutralidad de género en comunicados oficiales.

Weimer fundamenta su decisión en la adherencia al alemán normativo según las directrices del Consejo de Ortografía Alemana, argumentando que “el lenguaje debe unir, no dividir” y que “el género forzado de ninguna manera refleja cómo habla la gran mayoría en nuestro país”. Su posición va más allá de su departamento, ya que ha instado a los 15 ministerios federales, fundaciones, medios públicos, el sistema educativo y las instituciones culturales a adoptar la misma política.

Esta decisión no surge en el vacío. Alemania ha experimentado un movimiento progresivo de restricción del lenguaje inclusivo desde 2024, cuando el estado de Baviera se convirtió en pionero al prohibir esta terminología tanto en el ámbito educativo como en las administraciones públicas. La medida bávara fue seguida por otros estados federados, incluyendo Sajonia, Hesse, Sajonia-Anhalt, Schleswig-Holstein, Turingia y Bremen.

En julio de 2025, el Ministerio de Educación y Familia, bajo la dirección de la ministra Karin Prien del partido Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), amplió estas restricciones a nivel nacional, ordenando el respeto a las “reglas tradicionales de la ortografía alemana” y eliminando el uso del Gender-Sternchen (asterisco de género) y el Binnen-I (mayúscula interna).

Weimer defiende que las intervenciones lingüísticas deliberadas son “no solo innecesarias, sino que dañan la belleza de nuestro lenguaje” y amenazan “nuestra cultura lingüística en esta tierra de poetas y pensadores”. Esta retórica apela a una concepción tradicional de la identidad cultural alemana que privilegia la preservación del idioma sobre la inclusividad.

Los defensores de la prohibición argumentan desde múltiples perspectivas. Partiendo del punto de vista técnico, sostienen que el uso de símbolos especiales “perjudica la inteligibilidad, legibilidad y traducibilidad automática, así como en muchos casos la singularidad y seguridad jurídica de los términos y textos”. Esta posición ha sido respaldada por el Consejo de Ortografía Alemana, que en marzo de 2021 rechazó formalmente la inclusión de estos símbolos en las reglas ortográficas oficiales.

La decisión debe entenderse dentro del contexto político más amplio del ascenso de Friedrich Merz y el giro conservador de la CDU. Como señalan algunos análisis, sectores de la CDU en torno a Merz abogan por un “renacimiento burgués” y han declarado la guerra al “capitalismo woke” y al “neoliberalismo progresista” con sus medidas de igualdad y antidiscriminación.

Los partidos progresistas, especialmente los Verdes, han caracterizado la medida como un “retroceso simbólico” que “invisibiliza a personas no binarias y trans”. El diputado verde Erik Lehmann ha calificado a Weimer de “activista misionero cultural”, cuestionando si actúa como ministro de Cultura o “para su política cultural, de predicar libertad y dictar prohibiciones”.

La Asociación de Periodistas Alemanes (DJV) ha denunciado lo que considera una “grave extralimitación de competencias”, argumentando que las decisiones sobre lenguaje en medios de comunicación públicos no deberían estar sujetas a imposiciones ministeriales. Su presidente, según ha trascendido, ha enfatizado que “la propia idea de independencia de la radiodifusión pública respecto al Estado y de libertad artística implica que estas instituciones sean esencialmente independientes”.

Redacción

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La siderúrgica Acindar paralizó su planta en Santa Fe por caída en la demanda del acero

La empresa siderúrgica Acindar, propiedad del grupo internacional ArcelorMittal, paralizó entre el 26 de julio y el 4 de agosto el 80% de la producción en su planta de Villa Constitución (Santa Fe) suspendiendo temporalmente a casi 600 trabajadores, quienes recibirán el 75% de sus salarios durante ese período.

Esta decisión afectó principalmente al sector de acería, con 200 empleados; al Tren Laminador 1, que tiene alrededor de 60 trabajadores; y al área de Reducción Directa, con 40 operarios.

Desde la empresa justificaron la paralización señalando la caída del consumo interno y el fuerte aumento en la importación de acero desde China. Según informaron, en 2024 Acindar operó a apenas el 50% de su capacidad instalada, con una producción anual de solo 600.000 toneladas frente a las 1,2 millones de toneladas alcanzadas en 2023.

Esto responde a la caída de la producción y las ventas. La empresa aplica suspensiones a compañeros y esperamos que esto cambie, porque se vienen tiempos difíciles y pronto pueden llegar los despidos”, expresó Pablo González Piparra, secretario general de la UOM local.

Por su parte, la diputada Florencia Carignano respaldó la posición de los trabajadores a través de redes sociales, señalando que Acindar tiene un excedente mensual de entre 15.000 y 20.000 toneladas de acero, operando con solo un horno. Carignano denunció además la caída del consumo y señaló responsabilidad política en la situación.

Silvio Acosta, integrante de la comisión interna de Acindar de la UOM local, destacó que la empresa argumentó el cierre temporal en la “caída de la producción producto de la falta de obra pública y del ingreso de acero chino”. Además, indicó que Acindar produjo en su mejor momento 1,2 millones de toneladas anuales, pero actualmente produce alrededor de 580.000 toneladas.

No es la primera vez que Acindar toma una medida de este tipo. Desde comienzos del año la empresa tiene vigente un acuerdo de suspensiones, con pago del 75% del salario, complementado por retiros voluntarios. En febrero de este año ya había aplicado suspensiones similares acordadas con la UOM, tras una caída en ventas de entre 35% y 40%. Otras empresas del sector, como AcerBrag y Ferroglobe Argentina, también adoptaron medidas parecidas durante este año debido a la crisis económica y caída en la demanda de acero.

ArcelorMittal evalúa extender estas suspensiones a sus otras cuatro plantas ubicadas en Rosario, San Nicolás, La Tablada y Villa Mercedes. Fuentes cercanas a la compañía confirmaron que, por ahora, el parate alcanza solo a la planta santafesina y que la medida dependerá de la evolución del mercado interno y externo, adaptándose “a las necesidades operativas de la empresa”.

De acuerdo con la Cámara Argentina del Acero, la producción de acero crudo cayó un 8,6% en junio respecto de mayo, evidenciando la gravedad del contexto actual del sector siderúrgico nacional.

Redacción

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Irán incluyó a la Argentina en su lista oficial de “países enemigos”

El régimen iraní presentó un informe oficial ante las Naciones Unidas (ONU) donde incluye por primera vez a Argentina entre los países enemigos por su apoyo a las acciones militares israelíes contra Irán.

El documento, titulado “El descarado ataque al derecho internacional por parte del régimen israelí contra la República de Irán desde el comienzo de la agresión de ese régimen el 13 de junio de 2025”, fue distribuido por la misión iraní en Nueva York a varias representaciones diplomáticas la semana pasada, a pocos días antes del 31° aniversario del atentado a la AMIA.

“El 13 de junio de 2025, el presidente de la República Argentina, Javier Milei, respaldó las acciones militares del régimen sionista contra Irán y condenó los ataques defensivos iraníes contra el régimen sionista expresando su apoyo a las acciones militares anteriores de Israel”, redactado explícitamente en el boletín iraní, referenciando las declaraciones públicas que el mandamás realizó durante su gestión, donde afirmó categóricamente que “Irán es enemigo de Argentina”.

– El presidente encabezó el acto

Este acta constituye la primera vez en la historia que Irán incluye oficialmente a Argentina en su lista de “países enemigos”. En el párrafo 92 del documento, se específica que a la par “algunos otros países han declarado su apoyo a los actos de agresión del régimen sionista contra Irán. Entre ellos se encuentran Canadá, Argentina, República Checa y Paraguay”.

Las acusaciones iraníes se enmarcan en el contexto de lo que se conoció como la “Guerra de los 12 días” entre Israel e Irán, que tuvo lugar entre el 13 y 25 de junio de 2025. Este conflicto se inició cuando Israel lanzó la “Operación León Ascendente” contra instalaciones nucleares iraníes, considerando el programa nuclear de Irán como una amenaza existencial.

“Irán es una teocracia que quiere exterminar a la única democracia libre de Medio Oriente”, afirmó Milei anteriormente, en referencia a Israel.

Durante este conflicto, más de 627 personas murieron en Irán y al menos 28 en Israel. Israel atacó 27 puntos estratégicos y eliminó a 14 generales iraníes de alto rango, mientras que Irán respondió con la “Operación Promesa Verdadera III”, lanzando más de 150 misiles balísticos y 100 drones contra territorio israelí.

El parte oficial iraní es una represalia ante el alineamiento incondicional del gobierno de Milei con Israel y Estados Unidos. Durante su visita a Israel en junio de 2025, reafirmó su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y expresó su “apoyo incondicional” a las políticas bélicas israelíes.

– El ayatolá Ali Jamenei

El presidente de AMIA, Osvaldo Armoza, advirtió sobre “la infiltración iraní en Latinoamérica, que se expande ante la ausencia de una respuesta seria y firme de los gobiernos regionales”. Esta advertencia cobra especial relevancia considerando los antecedentes de los atentados de los años 90 y la presencia de células operativas iraníes en la región.

Un informe del Ministerio de la Diáspora israelí destapó vínculos operativos entre el régimen iraní y células en Buenos Aires, incluyendo conexiones con la mezquita At-Tauhid y figuras vinculadas al terrorista Mohsen Rabbani, quien participó en el ataque a la AMIA, el 17 de marzo de 1992, cuando un atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires dejó 22 muertos y 242 heridos. Posteriormente, el 18 de julio de 1994, un coche bomba destruyó la sede de la AMIA, causando 85 muertos y más de 300 heridos.

La justicia argentina determinó que Irán fue el autor intelectual de ambos atentados, ejecutados por la organización terrorista Hezbollah. En 2006, se acusó formalmente al gobierno iraní de planificar el atentado y se ordenó la captura de ocho funcionarios iraníes y un ciudadano libanés. En abril de 2024, la Cámara de Casación Penal confirmó definitivamente que “Irán organizó la masacre y la calificó como un delito de lesa humanidad”.

Redacción

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Caminos rurales intransitables frenaron la producción de un tambo y el intendente pidió que “sigan pagando y recen que no llueva”

El establecimiento lechero de Matías Santa María, en el partido de Carlos Casares en el noroeste bonaerense, con más de 900 vacas en ordeñe y 22 empleados, se vio obligado a desmontar su producción esta semana porque los caminos rurales que lo conectan con la localidad de Ordoqui quedaron intransitables tras meses de inundaciones. La respuesta del intendente de Unión por la Patria, Daniel Stadnik, disparó la indignación.

“Sigan pagando y recen para que no llueva”, afirmó Standik, tras sufrir un “colapso” de 200 mm solo en julio y entre un 75% y 80% del promedio anual en el primer cuatrimestre de 2025. El municipio cobraría a los productores para mantener dichos caminos, pero los fondos terminaron siempre “en cualquier otra cosa”.

En apenas cuatro meses cayeron cerca de 1.000 mm, el doble del promedio anual. La saturación del suelo y la ausencia de escurrimiento natural en esta “región arreica” convirtieron los caminos de tierra en verdaderos canales de barro. Sin obras ni mantenimiento, el tambo redujo bruscamente su infraestructura, trasladando 400 vacas a un campo en Bolívar, donde se secó “de urgencia” y se vendió el resto de los animales.

Tras una protesta de productores en el mes de mayo, el propio Stadnik, quien es ingeniero civil, admitió la crisis pero argumentó que se debía a la falta de recursos municipales y pidió “rezar” para que dejara de llover. El 29 de ese mes, la provincia declaró la Emergencia/Desastre Agropecuario para Carlos Casares y otros 11 partidos, con más de 32 km sin dragar, sumado a la falta de alcantarillas y alteos, provoca cada año enormes pérdidas productivas que, según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), superan los US$5.000 millones.

“El barro en el que hemos estado metidos desde marzo, cuando comenzó la inundación, es peor que el otro barro de la política, yo no sé qué me da más miedo”, ironizó Andrea Passerini, productora agropecuaria y coordinadora en CARBAP.

Stadnik sostuvo que “la tasa vial no alcanza” y que las “grandes obras” dependen de Nación, subrayando que solo el 70% de lo recaudado se destina a caminos rurales, el resto va a gastos corrientes. Los productores exigen que el 100% de la tasa vial se use en caminos y que Nación reactive el tramo IV del Plan Salado. Además, acusan de una “falta de federalismo” que los deja solos ante la crisis.

“El municipio no reconoce el problema”

Las alcantarillas rurales llevan dos décadas sin renovarse, según los productores. El relieve plano forma una “palangana” que retiene el agua; sin drenajes ni limpieza de canales, la escorrentía es mínima. El resultado es un corte recurrente de los accesos, impidiendo el paso a tractores o camionetas 4×4 para movilizarse, leche venciendo y alumnos sin escuela durante semanas.

“No hubo respuesta del Estado en ninguno de sus tres niveles, ni municipal, ni hablar, no existe. Quieren salir a hacer remiendos ahora cuando debieron haber hecho las obras en su momento, y ahora no se puede hacer nada”, enfatizó el presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, José Erreca, en una nota periodística.

Los productores exigieron obras hidráulicas claves, como el canal aliviador entre 25 de Mayo y Casares, que están inconclusas. Esto genera una menor oferta de leche cruda en una provincia que aporta el 36% del consumo nacional, así como escuelas rurales aisladas, servicios de salud interrumpidos y pérdida de empleo.

*Con información de Bichos de Campo

Redacción

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Giorgio Armani confirmó su regreso al mercado de moda argentino

Tras casi dos décadas fuera del mercado argentino, la prestigiosa marca italiana Giorgio Armani anuncia su regreso para 2026 y 2027. Este retorno ocurre en un contexto económico muy distinto al que motivó su salida y refleja confianza en las nuevas políticas de apertura comercial del gobierno nacional.

El Grupo Tucci —fundado en 1990 por César Tucci y hoy dirigido por Gabriela Tucci— ha sido el artífice de esta vuelta tras más de dos años de intensas negociaciones. El acuerdo, avalado directamente por la casa matriz en Milán, se firmó hace apenas 60 días.

Según fuentes del grupo, “el objetivo de Tucci es traer marcas de lujo internacionales que complementen las nuestras. Es la estrategia para sobrevivir a la compleja situación del sector”.

La estrategia de retorno se desarrollará en dos fases. Primero, en agosto de 2026, abrirá Armani Exchange en Unicenter Shopping (Martínez). Esta línea, más accesible y pensada para jóvenes de 20 a 35 años, será la punta de lanza. Luego, llegará Emporio Armani a Patio Bullrich (administrado por IRSA). Esa tienda, de línea premium y dirigida a adultos jóvenes, es la apuesta más ambiciosa.

– La empresa se retiró de Argentina en el año 2009

Armani —la colección principal y más exclusiva— está presente en 75 boutiques en todo el mundo. En Argentina, operó desde octubre de 2001 bajo la licencia de The Exxel Group. Su local de Emporio Armani en Avenida Alvear 1740 (Recoleta), junto al Armani Caffé, funcionó hasta 2009. La salida se debió a trabas burocráticas y a las severas dificultades para importar mercadería.

“En el último tiempo se hizo cada vez más difícil importar ropa por las trabas al ingreso de productos desde el exterior, y el problema que tenemos con Emporio Armani es que la licencia no nos permite la fabricación local”, explicó Rodolfo Gotlib, director general de Clothing Brands (controlada por Exxel Group).

El regreso de Armani coincide con la eliminación de muchas de esas barreras por parte del gobierno de Javier Milei. Ahora, las empresas acceden a dólares para importaciones en apenas 30 días. Desde el Grupo Tucci aseguran: “El 100 % de los productos se importará de Italia”, algo impensable en la época de restricciones cambiarias. Gabriela Tucci, tras el fallecimiento de su esposo en 2002, transformó el modelo familiar. De especializarse en jeans y moda nacional, la empresa pasó a licenciataria de marcas de lujo.

Junto a Prada, Versace y Dolce & Gabbana, Armani forma parte de un selecto grupo de casas italianas independientes. Su regreso fortalecerá el posicionamiento de Argentina como destino atractivo para el retail de lujo y consolidará a Buenos Aires como hub regional.

Este anuncio llega en medio de una profunda crisis de la industria textil local. En la última década, las ventas mensuales de jeans cayeron de 40 000 a 10 000 unidades, y 7 de cada 10 empresas textileras sufrieron una caída promedio de ventas del 21%. Los primeros meses de 2025, arrojaron que las importaciones de ropa subieron un 136%, de modo que solo el 33% del mercado textil es producido localmente. En shoppings, el 75% de la indumentaria vendida es importada.

Además, 6 de cada 10 empresas redujeron su plantilla y se perdieron 5 000 empleos. Hoy, el 42 % de la maquinaria industrial textil está paralizada.

Redacción

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