19 abril, 2025

Wolff denunció a la candidata de Karina en CABA por espionaje y le recordó su pasado kirchnerista

La presidente del bloque de LLA de la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, deberá presentarse en la Justicia por "difundir información confidencial" de la custodia del ministro de Seguridad.
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El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, denunció tareas de espionaje dentro de su cartera y apuntó directamente contra la presidente del bloque libertario en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez. Según el funcionario, la legisladora, mano derecha de Karina Milei, publicó en redes sociales información reservada sobre su custodia y la seguridad de su familia.

“La diputada Ramírez exhibe y hace pública diversa información confidencial respecto a mi custodia y al Ministerio en general, que no son de acceso público. Lo más grave de todo es que lo hace en redes y se jacta de hacerlo”, explicó Wolff. Por este motivo, presentó una denuncia formal y solicitó que Ramírez sea citada a declarar para esclarecer el origen de la información. En sus declaraciones, el ministro enfatizó la gravedad del asunto, señalando que la filtración de datos sensibles podía comprometer su seguridad personal y también la de otros funcionarios del ministerio.

En su presentación judicial, Wolff habló de una “violación de secretos en el marco de tareas de espionaje dentro del Ministerio de Seguridad” y advirtió que la filtración de datos puso en peligro su vida y la de su familia. “Desconozco la identidad del autor y/o autores de los hechos denunciados. Sin perjuicio de que tal extremo será esclarecido con el devenir de la investigación”, sostuvo. 

LA DENUNCIA DE WOLFF

Denuncia-Waldo-Wolff-Ramirez

Asimismo, aclaró que la decisión sobre la cantidad de custodios que le son asignados no depende de él, sino de la División Custodia de la Policía de la Ciudad, que determina el nivel de seguridad necesario ante las amenazas que ha recibido. Wolff también recordó que ha sido víctima de amenazas de diversas organizaciones, incluidas “Hamás, Hezbollah y el kirchnerismo”, lo que justificaba la rigurosa protección con la que contaba.

El cruce entre ambos ya había escalado durante una reunión de la Comisión de Seguridad de la Legislatura, realizada hoy jueves, donde se analizaban las fugas de presos en la Ciudad. Allí, Wolff le recordó a Ramírez su pasado kirchnerista: “Mientras usted estaba en el kirchnerismo, a mí el kirchnerismo ya me estaba persiguiendo”. También la señaló como parte de un entorno que “rodea muy mal a Javier Milei”. En su intervención, Wolff hizo un repaso de los antecedentes de persecución que sufrió por parte de la gestión anterior, incluyendo investigaciones en su contra que, según él, buscaban perjudicarlo políticamente.

La Justicia podría citar a Ramírez en el marco de la investigación por espionaje. La legisladora, sin embargo, insistió con sus críticas y ratificó su pedido de renuncia del ministro de Seguridad. “Si usted no se siente capacitado para desarrollar la tarea de ministro, como le dije el otro día, váyase a su casa y deje a un buen ministro que lleve adelante la tarea que hoy nos ocupa, que es la fuga de presos”, expresó Ramírez. Wolff, por su parte, desestimó el reclamo y reafirmó su compromiso con la seguridad de la Ciudad.

Redacción

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Detuvieron a cuatro piqueteros por malversar fondos públicos a través de criptomonedas

Una denuncia anónima en Chaco inició la investigación sobre piqueteros de Capitanich que recibían dinero del Estado provincial a través de sus fundaciones y cooperativas.

Las fuerzas de seguridad de la provincia del Chaco, en coordinación con la Policía Federal, desplegaron un amplio operativo que abarcó 23 allanamientos simultáneos en diversas localidades, incluyendo Resistencia, Charata, Cote-Lai y Fuerte Esperanza. Los procedimientos abarcan zonas urbanas y rurales, además de un campo de aproximadamente 1.000 hectáreas en el área rural chaqueña. Se encontraron vehículos de alta gama, relojes de oro, quinchos y otros bienes de lujo que “no corresponden a sus actividades económicas formales”.

Como resultado de estos allanamientos, se logró la detención de cuatro dirigentes piqueteros, entre ellos Juan Carlos Rolón, Diego Rolón, Marcos Cáceres y Lucas Torales, todos vinculados a diversas fundaciones sociales con acceso a fondos públicos. El operativo estuvo dirigido por el fiscal Patricio Sabadini, quien inició la investigación en la Fiscalía Federal N° 1.

“En virtud de una denuncia anónima presentada en un sobre de papel madera color marrón debajo de la puerta de acceso a esta Fiscalía Federal, que daba cuenta de presuntas maniobras de lavado de activos”, afirmó Sabadini.

Las organizaciones vinculadas a los imputados habrían malversado aproximadamente $220.327.655,94 entre los años 2022 y 2023, fondos provenientes principalmente del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) funcionando bajo el entonces titular Mauro Andión, quien se lo conoce por “megacorrupción”, durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich. Según trascendió, $15.000 millones destinados para beneficencia en 2023, fueron mal utilizados o desviados hacia fundaciones privadas sin control adecuado. Más de 400 beneficiarios denunciaron haber sido estafados por dirigentes sociales vinculados al organismo.

Se decomisaron numerosos elementos comprometedores, como armas de fuego de diferentes calibres y municiones, estupefacientes, dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, tarjetas de débito vinculadas a planes sociales y sellos de una fundación provincial.

El referente del movimiento La Roca Sólida, Carlos Rolón habría generado sospechas por ostentar bienes incompatibles con su perfil económico, incluyendo una camioneta 4×4 adquirida durante la pandemia. Además, se lo investiga por ofrecer a la venta un galpón que aparentemente habría sido construido con fondos provenientes del IAFEP.

Según el requerimiento fiscal, Torales y su padre José fueron visto por los investigadores yendo “con bolsos cargados a varios domicilios donde realizan operaciones de cambios de divisas de forma ilegal”. Los investigadores determinaron que compraban dólares norteamericanos, para luego con estos dólares ir hasta Paraguay y venderlos por criptomonedas “USDT”. Luego, al regresar, los cambiaban a pesos.

Cáceres, identificado como referente del Movimiento Juan Domingo Perón, figura como monotributista en la categoría “A” (la más baja) ante la AFIP. Paralelamente, ejercía como presidente de las Cooperativas Trabajo Central Progreso Limitada y la Fundación Juan Domingo Perón, y tendría vinculación con la Fundación Rosana Solidaria y Fundación Peronismo Unido.

Durante los años 2021 a 2023, Cáceres mantuvo un empleo formal en la Municipalidad de Resistencia, aunque posteriormente fue sumariado y cesanteado por ausentismo laboral. A pesar de su modesto perfil tributario, se le atribuye la posesión de varios vehículos millonarios, entre ellos una camioneta Dodge Journey SE 2.4 (2011) y una Dodge Ram 1500 5.7 V8 (2013), un Toyota Corolla XEI 1.8 (2016) y un Volkswagen UP de 5 puertas (2015).

Según la investigación, Torales habría llamado la atención de las autoridades por su ostentación patrimonial, evidenciada en numerosos viajes al exterior y la compra de un inmueble que posteriormente habría transferido a su esposa, quien también está imputada en la causa.

Este caso se suma a una serie de indagatorias similares que se han iniciado contra dirigentes de movimientos sociales. En mayo de 2024, el juez federal Sebastián Casanello dispuso la inhibición general de bienes de 28 dirigentes piqueteros y cooperativas bajo sospecha de extorsionar a beneficiarios de planes sociales. El Ministerio de Seguridad habilitó la línea 134 para este fin, lo que ha contribuido a visibilizar estas prácticas.

Redacción

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Detuvieron al “General” Tobar, el barra y sindicalista acusado de liderar un ataque a un hospital de La Plata

Iván Tobar, más conocido en el ámbito sindicalista y de la barrabrava de Estudiantes como “El General”, fue detenido cuando se entregó voluntariamente en las oficinas de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de la Policía Bonaerense, acompañado por su abogado particular. La orden de arresto había sido emitida por el juez federal Ernesto Kreplak en el marco de una causa por amenazas agravadas en video, donde se ve a un grupo de hinchas usando máscaras y portando armas de guerra, a lo que se suma la coacción contra funcionarios que data del año 2022.

“Vamos a matar al juez, al fiscal, al hijo del juez y al que venga”, afirman en la grabación.

Aunque el delito en primera instancia por el cual se lo acusa es técnicamente excarcelable, el juez determinó su detención junto con la de otros seis allegados al gremialista y luego de 22 allanamientos. Según se conoce, la causa está relacionada con la elaboración y difusión de un metraje donde personas armadas y encapuchadas —similar a los grupos terroristas yihadistas— lanzaban amenazas en defensa de Pablo “Pata” Medina, exsecretario general del gremio Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), con advertencias explícitas de ser “ajusticiados” jueces y políticos.

La detención de Tobar se da en un momento tenso, seguido de incidentes ocurridos días antes en el Hospital San Roque de Gonnet. El martes 25 de marzo trascendió un violento enfrentamiento entre barras de Estudiantes y Gimnasia que dejó al menos cuatro heridos, entre ellos Cristian “El Volador” Camillieri, jefe de la barra de Gimnasia. A pesar de que Tobar ha intentado desligarse de estos hechos, la investigación a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic sostiene la hipótesis de que el ataque habría sido ejecutado por personas vinculadas a un galpón relacionado que fue alquilado en Punta Lara por el propio dirigente. Sin embargo, es crucial señalar que su actual detención no está directamente vinculada con este episodio violento, sino con la recaudación de la causa previa por “amenazas coactivas agravadas”.

“Si mañana van a tomar medidas contra nuestro líder, acá estamos. Estamos con vos, ‘Pata’”, subraya los enmascarados mientras recargan, refiriéndose al grupo de abogados liderado por Alejandro Esmoris en el Tribunal Federal N° 2 de La Plata.

Su actividad criminal en la UOCRA comenzó formalmente en 2016, estableciendo su base de operaciones en Tolosa, donde forjó una significativa “fortaleza gremial”. A partir de este punto estratégico, Tobar ha impulsado sus aspiraciones de controlar la seccional La Plata de la UOCRA, históricamente dominada por “Pata” Medina y actualmente intervenida. Personas cercanas a su entorno, comentan que el dirigente ha desarrollado una extensa red de asistencia social que incluye ollas populares en diversas localidades como La Plata, Berisso y Ensenada. A su vez, el rol de Secretario General de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas sección La Plata, Tobar ha establecido conexiones en el mundo del fútbol. Su agrupación denominada “Los Leales” llegó a liderar la barra de Estudiantes de La Plata tras enfrentamientos con el liderazgo anterior.

“No le tienen miedo solo los barras, toda La Plata le tiene miedo”, declaró una fuente judicial sobre Tobar.

La piedra angular de los procesos judiciales contra Tobar se originan en agosto de 2021, aunque institucionalmente se radicó en 2022, cuando la Justicia Federal debía decidir si el exlíder de la UOCRA, “Pata” Medina, regresaba a prisión o continuaba bajo arresto domiciliario. Medina, que tenía prohibido participar en actividades gremiales, había encabezado un acto de militantes de la construcción, lo que ponía en riesgo su situación procesal.

En ese contexto, Tobar, quien intentaba quedarse con el control del gremio a toda costa, habría urdido un plan para perjudicar a Medina. La estrategia consistió en la filmación de insultos al juez encargado de definir la situación del sindicalista que dificultase su libertad, esto en concordancia con lo que recopiló la fiscalía en el caso.

Redacción

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La fiscalía rechazó la apelación de Cristina Kirchner y respaldó el pedido de agravar la condena

El fiscal general ante la Cámara de Casación, Mario Villar, emitió su dictamen sobre el recurso presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, donde se la condenó por fraude al Estado en un fraude estimado en 85.000 millones de pesos. En su análisis, Villar rechazó la apelación argumentando que los planteos presentados “no son más que reiteraciones” de argumentos ya revisados y desestimados previamente por la Sala IV de la Cámara de Casación.

Villar sostuvo en su dictamen que la vía federal intentada “no es apta para crear una tercera instancia”, reforzando la imposibilidad de revertir la condena en esta etapa del proceso. Con esta decisión, respaldó los criterios jurídicos adoptados tanto por el Tribunal Oral Federal como por la Cámara de Casación Penal. En concordancia con el rechazo a los planteos de CFK, también desestimó los recursos presentados por Lázaro Báez y los demás imputados en la causa, quienes insistían en que los procesos licitatorios fueron legales y negaban el perjuicio ocasionado al Estado.

– Mario Villar

El pasado 14 de febrero, la defensa de la exvicepresidente, encabezada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema solicitando la anulación de la condena. En un documento de aproximadamente 40 páginas, los letrados señalaron supuestas irregularidades en el proceso judicial y cuestionaron la imparcialidad de los jueces, alegando vínculos con el expresidente Mauricio Macri.

Entre los principales argumentos de la defensa, se destaca que la exmandataria no tenía un control directo sobre las obras viales en Santa Cruz, dado que estas fueron aprobadas mediante leyes presupuestarias, licitaciones y supervisadas por organismos descentralizados como Vialidad Nacional. Además, señalaron la incorporación de pruebas que, según ellos, no fueron debidamente exhibidas durante el juicio, y sostuvieron que las adjudicaciones a Lázaro Báez y otros imputados se realizaron dentro del marco legal, sin evidencia de malversación.

Tras el dictamen de Villar, corresponde ahora a la Sala IV de la Cámara de Casación decidir si concede las apelaciones para que los reclamos sean verificados por la Corte Suprema de Justicia. En caso de rechazo, la defensa de CFK aún podría recurrir con un recurso de queja ante el máximo tribunal. Sin embargo, la Corte ya intervino indirectamente en la causa en junio de 2022, cuando desestimó los recursos presentados alegando que no se dirigían contra una “sentencia definitiva”.

El Ministerio Público Fiscal, en paralelo, también decidió pronunciarse ante la Cámara de Casación con el objetivo de aumentar la pena impuesta a CFK y que se la condene también como “jefa de una asociación ilícita”. Durante el juicio, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola sostuvieron que el esquema de corrupción en los sobreprecios viales no solo constituía administración fraudulenta, sino que también configuraba una organización destinada a desviar fondos públicos en favor de empresarios vinculados a la “Ruta del dinero K”.

Villar respaldó el pedido y afirmó que la maniobra de desvío de fondos fue ejecutada con “un diseño premeditado desde las más altas esferas del poder político”.

Cabe recordar que el caso se originó a partir de las denuncias del exdirector Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, y culminó con el juicio oral ante el Tribunal Oral Federal N°2. En diciembre de 2022, el tribunal condenó a CFK a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta, aunque la sentencia no está firme mientras continúen los recursos legales. La fiscalía, representada por Diego Luciani y Sergio Mola, había solicitado una pena de 12 años al considerar que existía un esquema de corrupción sistematizado y estructurado en torno a la concesión de obras viales con sobreprecios.

Redacción

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Torres denunció a un juez por obligar a la obra social de Chubut a cubrir una cirugía de cambio de sexo

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres anunció este jueves que el Estado provincial denunciaría al juez de Familia de la localidad de Sarmiento, Santiago Martín Huaiquil, por ordenar a la obra social provincial Seros que cubriera el 100% de una cirugía de cambio de sexo. El mandatario consideró que el fallo “pone en riesgo al sistema de salud” y definió al magistrado como “demagogo, irresponsable e ignorante”.

Según detalló Torres, la intervención quirúrgica demandaría “millones de pesos que exceden los costos de los tratamientos oncológicos más caros”. El gobernador explicó que, al asumir, encontró a Seros con un déficit de más de 6.000 millones de pesos y que, para su gestión, el fallo del juez Huaiquil “no tiene por qué ser cubierto” por la obra social. “Estos jueces creen que pueden fallar cualquier cosa sin contemplar la factibilidad financiera o económica, y eso es un riesgo enorme para todos los chubutenses”, señaló.

Torres remarcó que no permitiría que “un juez ideologizado y populista vuelva a fundir nuestra obra social”, y adelantó que haría “un cruce con todos los amparos presentados y los fallos que nos obliguen a cubrir prestaciones que no tiene por qué cubrir nuestra obra social”. Entre los puntos que el magistrado ordenó cubrir se incluyeron “feminización facial, contorno de frente, rinoplastia, blefaroplastia, pexia de cejas y cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno de mandíbula, transferencia de grasa facial, más toda la cobertura sanatorial y honorarios médicos”.

“Se trata de un conjunto de intervenciones estéticas para modificar la apariencia de género que la obra social no tiene por qué cubrir. Esto no es una batalla cultural, sino una discusión sobre derechos y obligaciones”, puntualizó el mandatario provincial. “Desde el día uno de gestión les dije que cada vez que nos encontráramos con un cuello de botella que atente contra el desarrollo de la provincia, íbamos a dar todas las peleas que sean necesarias de cara a la ciudadanía”, agregó.

No es la primera vez que el Poder Judicial ordenó a Seros cubrir una cirugía de readecuación corporal. En septiembre de 2021, el juez de Familia de Trelew, Daniel Manse, resolvió que la obra social debía brindar cobertura a un adolescente trans de 17 años, luego de que el joven presentara un recurso amparado en la Ley 26.743 de Identidad de Género.

Esa ley ordena la inclusión de los tratamientos de adecuación de género en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Sin embargo, en febrero pasado, el Gobierno anunció la prohibición de tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo en menores de edad, derogando los artículos que permitían a los menores modificar su nombre, sexo y someterse a cirugías de este tipo. Desde entonces, “los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO)”, precisaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.

Dentro de las operaciones afectadas se incluyeron procedimientos como mastectomía, vaginoplastia, faloplastia y otras intervenciones de adecuación de género.

Redacción

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Marra propuso cobrarle a Kicillof la atención sanitaria a bonaerenses en CABA

El legislador porteño Ramiro Marra confirmó la semana pasada que competiría por fuera de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones del 18 de mayo y adelantó los principales lineamientos de su nueva campaña. “Que se prepare Kicillof”, arengó el dirigente libertario luego de anunciar que lanzaría una propuesta para cobrarle a la administración de Axel Kicillof el servicio de salud que brindan los hospitales públicos de la Ciudad a los bonaerenses.

Marra subrayó que “el 40 % de la gente que se atiende en el sistema público de la ciudad viene de la provincia de Buenos Aires” y explicó que su iniciativa consistiría en “pasarle la factura” a la provincia cuando esos pacientes se atendieran en hospitales porteños. “Cuando vienen le pasas la factura a Axel Kicillof, a la provincia de Buenos Aires”, resumió el legislador en diálogo con Paulino Rodrígues, en LN+. Según aclaró, no buscó confrontar con LLA ni ser funcional al kirchnerismo o a Pro, sino que quiso “aportar desde su espacio a la consolidación del ideario liberal en la Ciudad”.

Al detallar otras propuestas, Marra hizo hincapié en la importancia de impulsar reformas en materia educativa, entre ellas, un proyecto para transparentar el financiamiento del sistema escolar. “Queremos que haya transparencia en la educación. Saber cuánto recibe cada establecimiento, tanto privado como público. Queremos información y a partir de ella, se van a poder tomar decisiones. Porque sabemos que de los 2500 escuelas que hay la mayoría, hasta los privados, reciben subsidios”, señaló. “Vos mandás a tu hijo a un parroquial que recibe subsidio y no tenés información de cuánto es y pagás un cuota sin saber esto”, advirtió.

El legislador consideró urgente revisar los contenidos de las currículas para incorporar tecnología. “Hay que estar más enfocado en el mundo moderno, la educación siempre llega tarde. Los chicos están más preocupados por ver qué hay en el teléfono que lo que dicta el profesor. Porque lo que dicta el profesor capaz ya está en una alguna inteligencia artificial”, planteó. “Hay que incorporar la tecnología en los colegios”, reclamó.

Marra también recordó su reciente desvinculación del bloque libertario en la Legislatura porteña, aunque afirmó que mantendría su respaldo a las iniciativas del Gobierno. “Acompaño las políticas de este Gobierno porque desde mi salida no cambiaron las políticas. Entonces, ¿por qué cambiaría mi apoyo?”, expresó. Al mismo tiempo, ratificó su respeto personal hacia la figura del presidente Javier Milei y prefirió no dar más detalles sobre su relación con el mandatario: “Mientras este Gobierno siga con este grupo de ideas ¿por qué no voy a respaldarlo y apoyarlo? No necesito un carnet para defender algo”, sostuvo días atrás, al explicar que su objetivo principal apuntó a reforzar las propuestas libertarias en la Ciudad.

Redacción

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El Senado bonaerense aprobó la suspensión de las PASO: La discusión continuará en Diputados

El Senado de la provincia de Buenos Aires votó este martes por la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el año 2025, en sintonía con el pedido del gobernador Axel Kicillof. Sin embargo, el oficialismo no logró avanzar con las modificaciones a los plazos del calendario electoral que también formaban parte del proyecto original. La iniciativa continúa su trámite en la Cámara de Diputados.

Durante la sesión, solo se debatieron y aprobaron los artículos 1 y 2 del proyecto, excluyendo los incisos 3 y 4 que planteaban cambios en los tiempos de convocatoria, presentación de listas, alianzas y boletas. Esta exclusión dejó en evidencia el impacto político del comunicado difundido un día antes por la líder del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, quien expresó: “solicité que transmitan a los compañeros y compañeras de ambas bancadas, que acompañen, en la parte pertinente, el proyecto de ley del compañero gobernador que fuera firmado por la oposición”.

El mensaje de CFK implicó que el kirchnerismo acompañaría solo los primeros dos artículos del proyecto, y que no avalaría alterar el cronograma electoral vigente. La exmandataria también criticó el desdoblamiento dispuesto por Kicillof, con el calificativo de “error político”.

El proyecto original del Poder Ejecutivo respondía a una recomendación de la Junta Electoral bonaerense en caso de suspenderse las PASO y avanzar con un esquema de elecciones concurrentes. No obstante, los artículos 3 y 4 que preveían flexibilizar los plazos fueron descartados. Entre ellos, se incluía la posibilidad de convocar a elecciones con al menos 100 días de anticipación, registrar alianzas 80 días antes y presentar listas y boletas con 70 y 50 días, respectivamente.

El texto aprobado finalmente establece la suspensión del régimen de PASO por única vez en 2025, con excepción de los artículos 16 y 17 de la ley vigente. De este modo, la campaña electoral podrá comenzar 30 días antes del comicio y deberá finalizar 48 horas antes del mismo.

– Carlos Curestis

En el debate parlamentario, las posiciones políticas quedaron expuestas. Sergio Vargas, senador de La Libertad Avanza, celebró el acuerdo multipartidario: “Hemos trabajado todos los bloques para flexibilizar posiciones y tratar este proyecto”. Su compañero de espacio y presidente del bloque, Carlos Curestis, fue más tajante: “Venimos trabajando para eliminar las PASO. Que los bonaerenses se ahorren 150 mil millones de pesos es importante”.

Desde la UCR, el senador Agustín Máspoli reconoció el consenso alcanzado, pero cuestionó los tiempos del debate: “Discutir cuestiones electorales en un año electoral no es lo ideal. Estamos fuera de tiempo por las tensiones internas del oficialismo”.

– Christian Gribaudo

El presidente del bloque PRO, Christian Gribaudo, apuntó en la misma dirección: “Algunos pensaban que esto era una interna del oficialismo, pero es un debate dentro de cada fuerza. No puede haber más modificaciones del Ejecutivo a las reglas del juego”.

Por el oficialismo, Teresa García, presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado, ratificó la posición del kirchnerismo: “Creemos que es mejor una sola elección, concurrente. Este no era el momento de experimentar. Ya hubo suficiente incertidumbre con la Boleta Única. No creemos en la municipalización ni en la provincialización de la política, apostamos a un proyecto nacional”.

– Teresa García

García también destacó la decisión de Cristina Kirchner como una “salida por arriba” ante el desdoblamiento impuesto por el Ejecutivo: “Es de una enorme inteligencia política. Sabemos que pagamos un costo, pero los dirigentes deben asumirlos”.

En tanto, el senador Federico Faggioli, también de Unión por la Patria, se abstuvo de la votación. Representante del sector Patria Grande, que lidera Juan Grabois, sostuvo que su espacio sigue respaldando las PASO.

Redacción

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