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La Comisión Nacional de Monumentos aprobó sin modificaciones, el 6 de enero, el proyecto que propuso demoler parcialmente y ampliar el estadio Luna Park, declarado Monumento Histórico Nacional en 2007. La iniciativa fue impulsada por el Arzobispado de Buenos Aires y el empresario Diego Finkelstein, quien controla el recinto a través de DF Entertainment, en el marco de una concesión de 40 años. El plan incluyó elevar la capacidad de 8.400 a 13.000 espectadores —o incluso 14.030, según una carta de intención— y generó controversia debido a que la normativa vigente prohíbe modificaciones estructurales en bienes protegidos.
La resolución se firmó en apenas dos meses, un plazo inusualmente corto para este tipo de trámites y en pleno receso de verano. Organizaciones como la Fundación Ciudad y Basta de Demoler denunciaron la falta de transparencia del proceso y solicitaron sin éxito acceso a la documentación oficial. Según dichas entidades, la modernización del estadio sería posible sin transgredir la normativa patrimonial.
El proceso estuvo encabezado por Mónica Capano, presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, y por el vocal Juan Vacas, quien además se desempeñó como subsecretario de Paisaje Urbano en el gobierno de Jorge Macri. Este doble rol llamó la atención, especialmente porque la administración porteña había rechazado inicialmente la viabilidad de las reformas. Finkelstein, por su parte, pagó un millón de dólares al Arzobispado al asumir la gestión del estadio y debe abonar un canon anual del mismo monto.
La historia del Luna Park tomó un giro decisivo en 2013, cuando, tras la muerte de Ernestina Devecchi —viuda de Tito Lectoure—, el estadio pasó a manos de la Iglesia Católica al quedar como única heredera. El 23 de octubre pasado, la sociedad propietaria del recinto, Stadium Luna Park SA, firmó una carta de intención para concesionar el estadio por 20 años, con posibilidad de prórroga por otros 20, a Live Nation Entertainment y DF Entertainment. El acuerdo contempló la construcción de un edificio independiente dentro del perímetro actual y la elevación del techo en cuatro metros para alojar nuevas gradas. También consideró la restauración de fachadas y la reconfiguración de los accesos, lo que generó reparos por la posible alteración de las icónicas entradas del estadio.
El Luna Park ocupó un lugar central en la cultura argentina: allí fue velado Carlos Gardel, se realizó el mayor acto nazi en Latinoamérica, se conocieron Juan Domingo y Eva Perón, se disputaron históricas peleas de boxeo y se llevaron a cabo recitales memorables. Además, albergó el último acto político de Néstor Kirchner y la presentación del último libro de Javier Milei. Pese a su protección patrimonial, la Comisión Nacional de Monumentos avaló avanzar con las modificaciones, y ahora la última palabra recayó en el Gobierno de la Ciudad y en el papa Francisco, ya que el recinto pertenece a la Iglesia Católica.
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La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó, ayer jueves, su disconformidad con las políticas del gobierno provincial de La Pampa en relación con la emergencia agropecuaria, la infraestructura vial y el cobro de impuestos. Los ruralistas señalaron que la gestión de la emergencia no resolvió los problemas en tiempo ni forma, lo que derivó en la desaparición de productores, sobre todo en zonas desfavorables. “Sobre la emergencia, no se solucionan los problemas de los afectados ni en tiempo ni en forma, y resultado de ello es la desaparición de productores principalmente de las zonas desfavorables; el reclamo es continuo y la desesperación en los asociados que ven como se les va su empresa”, indicaron.
Los productores advirtieron que “urge buscar alternativas superadoras que aproximen las soluciones necesarias y no sirve ‘posponer’ el pago de impuestos, ya que tarde o temprano se paga con ‘cero’ producción”. También consideraron insuficientes las medidas de alivio que se implementaron, al afirmar: “No sirven por ejemplo ‘5000 kg’ de maíz por productor para 100 o 200 vacas, no sirve un préstamo subsidiado al 25% anual, si se tiene ‘cero’ producción”.
– Ignacio Kovarsky, presidente de CARBAP
En materia de infraestructura, señalaron que los caminos rurales se volvieron intransitables pese a la existencia de un fondo específico para su conservación creado por la Ley provincial 2358, que se financió mediante el impuesto inmobiliario. “No da resultado, ya que los caminos son intransitables, aun con saldos contables disponibles en las cuentas asignadas a tal efecto. Es por ello que desde CARBAP consideramos que se debe dejar de cobrar dicho fondo”, aseguraron. Además, ofrecieron colaborar en la búsqueda de soluciones: “Hay alternativas posibles para la mantención y/o funcionamiento de los caminos vecinales que funcionan en otras provincias, e inclusive en otros países donde los caminos vecinales son perfectamente transitables. Para ello, nos ofrecemos a consensuar alternativas, con el propósito de poder solucionar dicho problema”.
En cuanto al sistema impositivo, CARBAP denunció que La Pampa siguió cobrando impuestos, como las llamadas “Guías de Traslado”. “Estamos en un total desacuerdo con la existencia de las ‘Guías de Traslado’, basadas en ley nacional 23939 y ley provincial 1601, llamadas de otra manera para disimular un impuesto que no puede cobrarse y que a nuestro modesto entender es inconstitucional (art 10 y 11 de nuestra constitución nacional)”, afirmaron. Sostuvieron que dicha figura careció de contraprestación y solo buscó “recaudar para derivar fondos a cuestiones políticas que en nada mejoran el bienestar general de la sociedad”.
– El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto
Por otro lado, el 27 de diciembre de 2024, la entidad también difundió un comunicado para llamar la atención de los intendentes del interior de Buenos Aires y La Pampa. Allí se manifestó una “enérgica preocupación por el aumento desmedido de las tasas municipales” que, en algunos casos, superó el 200%.Según los ruralistas, dichos incrementos resultaron injustificados y no se tradujeron en mejores servicios, tal como ocurre con la red vial. “Les solicitamos con urgencia que junto a los concejales de todos los espacios políticos, revean los aumentos de tasas previstos en las ordenanzas fiscales e impositivas para el año 2025. No pueden seguir adelante con políticas fiscales que solo agravan la crisis”, señalaron. Asimismo, pidieron priorizar “la reducción drástica del gasto público con mejora en la eficiencia de la gestión municipal”.
Los planteamientos de CARBAP provinieron de un “constante reclamo” de los productores, quienes aseguraron que la ausencia de soluciones eficaces puso en riesgo la continuidad de muchas empresas agropecuarias. Pese a la reciente rebaja de derechos de exportación a nivel nacional —vigente hasta el próximo 30 de junio—, desde la Confederación remarcaron que en La Pampa todavía faltaron políticas que atendieran en profundidad la emergencia agropecuaria, el estado de los caminos y el cobro de impuestos que consideran injustos. Concluyeron que estos factores impactaron seriamente en la rentabilidad y subsistencia del sector.
En la jornada de ayer, cerca de 200 productores, en medio de reclamos por el bajo precio de la yerba mate, intentaron impedir el paso de camiones de una planta procesadora en la localidad de San Pedro, a 250 kilómetros de Posadas. Lo que generó momentos de tensión entre los manifestantes y los trabajadores de la empresa.
Fue en el kilómetro 1051 de la ruta nacional 14, en el acceso al secadero de la firma Perez Hermanos, momento en el que un camión se dispuso a seguir camino por sobre quienes estaban allí con el propósito de impedir el paso. La medida se tomó con el fin de que no ingrese materia prima para encarecer el precio del producto final, ante el incumplimiento del pago de 459 pesos por el kilo de hoja verde. Intervinieron en el lugar agentes de la Policía de Misiones y la Gendarmería Nacional.
El presidente de la Unión de Agricultores de Misiones, MarceloHacklander, señaló que “el problema comenzó con el decreto 70/23 de Milei, que desreguló el mercado yerbatero”. Este decreto, que eliminó las funciones de regulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), dejó a los actores del sector en la libertad de negociar los precios a lo largo de toda la cadena productiva.
“Hoy, la oferta de los secaderos es de 180 pesos por kilo, que ni siquiera cubre los costos productivos, que rondan los 356 pesos por kilo de hoja verde. Hay gente que quiere seguir trabajando porque tiene necesidades y entrega la mercadería a ese precio”, agregó Hacklander. En este sentido, criticó al gobierno nacional, al que acusó de ignorar el reclamo de los productores: “Se jactan de que el precio del kilo de yerba bajó un 30%, pero eso no es cierto; sigue manteniéndose entre 3.000 y 4.000 pesos”.
Por su parte, Omar Tabaczuk, productor de San Pedro, describió la situación como “una pelea de pobres contra pobres” y se sumó a las quejas por los costos. “Estamos en una situación difícil. Los secaderos nos están pagando por debajo de los costos que fijó el INYM, debajo de una producción. Los costos están muy sometidos. Es una situación complicada la que vivimos los productores, tareferos y prestadores de servicios”, sostuvo.
Es importante destacar que Argentina es el principal productor y exportador de yerba mate, elaborando el 60% de las 500.000 toneladas que se producen en el mundo. Misiones es responsable del 90% de esa producción, mientras que el 10% restante proviene de Corrientes.
Ante la grave crisis, los productores no descartan nuevas medidas de protesta, que incluyen un paro de cosecha y la paralización del transporte de yerba mate, hasta que se revierta la situación y se fije un precio justo. De esta manera, los productores del Litoral insisten en la necesidad de garantizar un precio adecuado para quienes producen la materia prima de esta tradicional infusión nacional.
Tras un encuentro informal que se llevó a cabo en Aguas Blancas (Salta), quedó registrado una confusa declaración de la ministra de Seguridad en un video que se viralizó en redes sociales: le prometió viviendas del disuelto plan Procrear al padre de un gendarme que se acercó a ella en reclamo por sueldos dignos para los integrantes de la fuerza.
“Mi hijo no tiene para comer, le sale 400.000 pesos para comer, gana 750.000 pesos por mes, no alcanza”, le explicaba el hombre. La ministra le respondió que “el Gobierno hizo un esfuerzo del 5, más el 1,5, más el 1, es el 5,89. Nadie estaba asumiendo esos riesgos. Hicimos un esfuerzo enorme para todos ustedes. Entiéndanlo” y sostuvo: “Yo le juro que en la medida que el país vaya creciendo los vamos a ir mejorando, téngame confianza, estoy con ustedes”.
La promesa de viviendas del desguazado plan Procrear y críticas
La sorpresa invadió el ambiente cuando, en medio de los reclamos, Bullrich mencionó el posible otorgamiento de techos a los gendarmes a través del Procrear: “Son viviendas para ustedes. Les vamos a dar viviendas”, afirmación que a simple vista contradice la realidad del decreto 1018/2024 en el que el gobierno disolvió el programa y al Fondo Fiduciario destinado a financiarlo.
El exdiputado de Consenso Federal, Alejandro Rodríguez, criticó a la ministra y afirmó que la promesa podría sugerir la libre disposición de los recursos públicos. Además destacó que este tipo de promesas pueden estar cargadas de arbitrariedad en la gestión.
¿Cómo fueron los aumentos?
El aumento anunciado para los gendarmes mantendría bajos los salarios, especialmente para aquellos que habitan en las grandes ciudades y sus altos costos de vida. El Gendarme II, el más bajo en el escalafón, pasará de 599.000 a 636.000 pesos, lo que no parece ir de la mano con el “esfuerzo enorme” asegurado por la ministra.
El plan Procrear fue creado en 2012, discontinuado en 2018 y relanzado en 2020. El programa consistía en la compra de un terreno y la construcción de la vivienda, con el financiamiento total de ambos. Su objetivo era beneficiar a los sectores más vulnerables de la población, a partir de una preselección que consideraba situaciones de enfermedad o la composición de riesgo de las familias. Luego, los adjudicatarios eran determinados por sorteo.
– El gobierno de Milei disolvió el Fondo Fiduciario Público PROCREAR el 13 de noviembre del año pasado
Simultáneamente con el reclamo en el norte del país, este lunes también se manifestaron familiares de efectivos de la Gendarmería Nacional y otras fuerzas federales frente al Edificio Centinela, en el Puerto de Buenos Aires, y en el Monumento a la Bandera, en Rosario, entre otros puntos, exigiendo sueldos dignos para los uniformados.
Los legisladores bonaerenses de la Unión Cívica Radical (UCR) criticaron a Homero Giles, titular del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), luego de que se constatara la muerte de un afiliado a raíz de la demora en la respuesta para su internación. La denuncia se produjo luego de que una vecina del municipio de Mar Chiquita informara que su marido falleció en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, luego de que los médicos solicitaran de “urgencia” su ingreso, sin obtener respuesta oportuna del ente.
El titular del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, declaró: “Hablar de PASO, de re reelecciones y de comprar Aerolíneas Argentinas mientras mueren bonaerenses por falta de atención de IOMA es ciencia ficción. Menos chicanas, menos campaña electoral y más acción”. Asimismo, el senador Ariel Bordaisco repudió la situación y puntualizó: “Otras vez IOMA. En este caso, lamentamos la pérdida de una persona, ya que el trámite quedó frenado en el área de finanzas. No hay un plan de acción concreto; estamos a la deriva. Mientras tanto, lo funcionarios se dedican a chicanear en lugar de ponerse a trabajar”.
La denuncia se produjo en un contexto de reiteradas críticas al funcionamiento del IOMA. Según se informó, en 2024 los afiliados de más de 20 municipios quedaron desatendidos luego de que Homero Giles decidiera anular, de forma unilateral, el acuerdo con la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA). A raíz de esto, se llevaron a cabo protestas en diversas comunas, y en Mar del Plata la situación se mantuvo acuciante. Para abordar la crisis, desde el bloque UCR + Cambio Federal se presentó un proyecto que propone garantizar la autarquía financiera y administrativa de la obra social, mediante la modificación del artículo 12 de la Ley del IOMA, lo que permitiría disponer de los fondos antes de que ingresen a la Tesorería de la Provincia.
La denuncia familiar se vio reflejada en la entrevista de Adriana André, jubilada docente y afiliada del IOMA oriunda de General Pirán. André denunció que su esposo falleció el 25 de enero, luego de 23 días en los que esperó que la obra social respondiera a la solicitud de internación. “Cuando el trámite llegó al área de finanzas quedó ahí, sin firmar y mi marido no aguantó”, relató la vecina. Recordó que el enfermo presentó problemas en los pulmones y el páncreas desde 2010 y que, en septiembre de 2024, se interpuso el primer recurso de amparo para continuar su atención en la Clínica Pueyrredón, donde fue internado nuevamente tras una segunda presentación judicial que determinó que “este tipo de pacientes tengan las puertas abiertas de la clínica”. André explicó que, el 2 de enero, cuando su marido se descompensó, los médicos realizaron los trámites requeridos por la obra social, aunque el paciente falleció a pocos días.
En tanto, a finales de diciembre, afiliados del IOMA en Mar del Plata denunciaron amenazas por parte de funcionarios del gobierno de Axel Kicillof durante movilizaciones autoconvocadas. Los manifestantes se concentraron —en la esquina de Independencia y Raúl Sonigaray— y marcharon hasta las inmediaciones de la Escuela de Policía Juan Vucetich, donde se esperaba la participación del gobernador, quien finalmente no se presentó. “Cuando llegó un auto oscuro, pensamos que estaba él. La gente se acercó, pero cerraron los portones. Luego salió el ministro de Seguridad, Javier Alonso, en tono matón, a querer bajarnos y que nos fuéramos, pero no nos movimos”, declaró una de las participantes.
– Afiliados del IOMA acusaron a la delegada Celeste Lazo de intentar amedrentar durante la protesta
Asimismo, los afiliados denunciaron un acto “intimidatorio” de la directora regional del IOMA, Celeste Lazo, quien “quiso filmarnos para amedrentarnos, pero la terminamos escrachando”, según relató otra manifestante, quien agregó: “Ya la conocemos porque tuvimos varias instancias de diálogo con ella, hasta el Comisión de Salud, pero siempre nos miente”.
Las protestas se impulsaron en respuesta a la reducción de prestaciones, la baja cobertura de medicamentos, la falta de atención en las principales clínicas de Mar del Plata y la imposibilidad de elegir libremente los centros de atención. En Tandil, los autoconvocados del IOMA manifestaron su descontento por la falta de prestaciones en estudios de alta complejidad y por los recortes en la medicación, en particular para enfermedades crónicas. La afiliada Cristina Jaramillo denunció: “Hay mucha gente con enfermedades como esclerosis múltiple o problemas oncológicos que no reciben su medicación a tiempo. No hay manera de que les entreguen lo necesario”. Además, criticó a la organización “23 de diciembre”, creada para mediar entre los afiliados y la obra social, por haber sido diseñada para reducir la cantidad de prestaciones.
– El senador bonaerense, Ariel Bordaisco
Durante las movilizaciones, se denunciaron además prácticas de intimidación y condicionamientos, como el relato de una autoconvocada que afirmó recibir llamadas desde La Plata para que, en caso de realizar una convocatoria, se anulara una entrevista con Homero Giles. Por otro lado, en noviembre pasado, el gobernador Kicillof visitó Tandil y se reunió con algunos beneficiarios, aunque, según se informó, “nos recibieron a regañadientes, pero no hubo ningún compromiso real por parte del gobierno bonaerense. El gobernador nos escuchó, pero dijo desconocer la situación y no hizo nada”.
El intercambio de recriminaciones se extendió también a la Legislatura bonaerense. Tras la presentación de un proyecto por parte del senador Ariel Bordaisco para que el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, compareciera y explicara la crisis en el IOMA, Bianco respondió a Bordaisco a través de sus redes sociales, manifestando estar “sorprendido” de que los legisladores desempeñaran su labor en enero y asegurando su disponibilidad, dado que no se había tomado vacaciones en 2025. La senadora Eugenia Gil enfatizó: “Exigimos respuestas. Menos campaña y más acción. Establecer prioridades, hablar y resolver lo que se debe, no es Aerolíneas y reelecciones, es sanear IOMA por el bien de los bonaerenses”.
El pasado domingo 26 enero, durante el festejo del Año Nuevo chino, en una plaza pública de la Ciudad de Buenos Aires, un grupo de argentinos creyentes de la disciplina milenaria de la Escuela Buda, Falun Dafa, fueron brutalmente agredidos por ciudadanos chinos en connivencia con autoridades del Gobierno de la Ciudad.
Cada año, los practicantes argentinos de Falun Dafa participan con sus familias en la celebración del Año Nuevo chino. Al ser una disciplina milenaria de origen chino, están interesados en celebrar este acontecimiento como parte de la tradición de la cultura antigua china.
Falun Dafa es una creencia milenaria que pone gran énfasis en el mejoramiento espiritual, es decir volverse una mejor persona y retornar a los valores morales y a las tradiciones. Gracias a su profunda enseñanza, en China en los años ‘90, llegó a tener cerca de 100 millones de creyentes. Ante semejante popularidad, en 1999 comenzó una enorme campaña difamatoria, seguida de una persecución brutal contra estas personas -que continúa hasta el día de hoy- en el marco de las persecuciones religiosas que ejecuta el Partido Comunista en el país asiático. El régimen del Partido Comunista califica a sus practicantes de “delincuentes” por creer en Dios y vivir bajo los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia.
Como parte de su campaña transnacional, en Argentina esta represión a la libre expresión y conciencia lleva más de dos décadas, con múltiples informes que documentan la injerencia de la Embajada china sobre funcionarios locales.
Cuando estos creyentes argentinos pacíficos entraron el 26 de enero a la Plaza Parques Nacionales Argentinos, ubicada en el barrio de Belgrano, fueron identificados por patotas chinas, las cuales rodearon a cada uno de los practicantes, según revela un informe difundido por la Asociación Civil Estudio de Falun Dafa en Argentina.
El evento fue coorganizado por instituciones ligadas a la Embajada china, como Fénix Dorada, y con patrocinio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pese a tratarse de un encuentro “abierto» y en un espacio público, la Policía de la Ciudad habría recibido órdenes de no proteger a estos ciudadanos argentinos, quienes fueron identificados de inmediato, golpeados y detenidos. En cambio, sí dejar vía libre a los grupos violentos chinos.
En las imágenes -ver debajo- se observa cómo agresores chinos irrumpieron con violencia en medio del acto público, confiscando a la fuerza celulares, banderas, volantes y paraguas, atacando físicamente a hombres, mujeres y hasta madres con niños.
Testigos y material audiovisual confirman que personal policial presente en el lugar no intervino para detener las agresiones a pesar de los gritos de auxilio. Peor aún, al menos dos practicantes (entre ellos un padre de familia y una mujer) fueron esposados y detenidos bajo acusaciones infundadas de “agresión” y “hostigamiento”.
Golpizas chinas a ciudadanos argentinos
Ignacio Chirinos, un córdobes que asistió con su esposa, se encontraba al frente del escenario cuando apenas comenzaba el evento. Antes de abrir una bandera fue rodeado por más de 6 ciudadanos chinos quienes empezaron a forcejear la bandera para robársela a la vista de todos los presentes y la inacción de la policía.
Como se puede observar en los videos grabados por vecinos que se acercaron a la plaza, después de que los agresores chinos lograron quitarle la bandera a Chirinos, inexplicablemente, la policía intervino solo para reducir violentamente a este creyente pacífico, al tiempo que dejó “vía libre” a los agresores para que continuaran golpeando impunemente a otros ciudadanos argentinos.
Alejandro Mendiberry, que se había trasladado desde Quilmes para participar de la celebración de Año Nuevo chino, también sufrió una golpiza por un grupo de ciudadanos chinos que lo rodearon, propinando golpes de puño y patadas. Mendiberry tenía una remera que decía “Falun Dafa es bueno – Verdad, Benevolencia, Tolerancia es bueno”. Mediante golpes de puño, los agresores chinos le arrancaron y destrozaron la remera.
Una familia oriunda de Jujuy, practicantes de Falun Dafa, fue acosada por la policía de forma ilegal y arbitraria. La mujer de nombre Romina García se encontraba cerca de una valla cuando una mujer de civil que se identificó como del “Ministerio de Seguridad” quiso robarle una remera amarilla de Falun Dafa, y la acusó de “terrorista”. El inusitado y absurdo suceso también quedó registrado.
“Los hechos dejaron en evidencia que a aquellos chinos comunistas no les importó en absoluto que se tratara de ciudadanos argentinos en su propio país, ni tampoco que hubiese mujeres y niños entre los practicantes de Falun Dafa. ¿Quién les ha dado tanto poder y coraje en Argentina? Indudablemente tenían luz verde por parte de las autoridades del gobierno de CABA -que ordenó a la policía que no reprimiera a los agresores- para hacer lo que quisieran con estos creyentes argentinos”, resalta el informe de la Asociación de Falun Dafa en Argentina.
Las acciones ocurridas en el Año Nuevo chino se habrían impartido para asegurar que nadie viera las remeras amarillas usadas por algunos practicantes argentinos, las cuales llevaban inscripciones como “Verdad, Benevolencia y Tolerancia” y “Falun Dafa es bueno”. El objetivo sería resguardar la imagen de China y ocultar la existencia de Falun Dafa de la Escuela Buda, satisfaciendo lineamientos de la Embajada china. Mientras tanto, los agresores foráneos, identificados con pulseras celestes en las muñecas, se retiraron sin ser demorados.
Cabe resaltar que en 2023 se estrenó el documental ArgenChina: la soberanía perdida, que revela dos décadas de hostigamiento contra practicantes de Falun Dafa en Argentina. Estos hechos se enmarcan en una campaña de represión transnacional del PCCh, ampliamente documentada. A lo largo de los años, las autoridades nacionales y locales —sin importar el gobierno de turno— han permitido que el régimen chino extienda su persecución religiosa más allá de sus fronteras.
“La soberanía argentina no debe ser pisoteada por una potencia extranjera. La comunidad de Falun Dafa continuará sus actividades pacíficas para el bienestar del pueblo argentino, aunque el PCCh las considere una amenaza porque exponen su brutal persecución y matanza de inocentes de fe en China. No se puede erradicar a practicantes argentinos por ejercer su libertad de creencia en un país que se considera democrático y libre, ya que nuestra Constitución y leyes garantizan las libertades fundamentales de los ciudadanos”, indicaron los practicantes de Falun Dafa.
En el escrito citado, los practicantes argentinos de Falun Dafa solicitaron a las autoridades que les brinden garantías para que puedan profesar su fe y expresarse libremente sin temer por sufrir agresiones a su integridad física.
“¿Seguirá Argentina permitiendo que matones comunistas golpeen a su pueblo bajo la tutela de la Embajada china? ¿O tendremos un gobierno que vele por los derechos fundamentales y la soberanía nacional?”, concluye el informe.
En un paso inédito para la educación y la digitalización en el interior del país, la ciudad entrerriana de Gualeguaychú avanza en la creación de la ICT Academy Huawei. La iniciativa prevé capacitar a 2.000 personas en inteligencia artificial, 5G y ciberseguridad, con el respaldo de la renombrada empresa internacional. Además, se busca fortalecer el desarrollo profesional de los habitantes y potenciar la innovación en sectores productivos clave de la región, como el agro y la hotelería.
La reunión para concretar la iniciativa se llevó a cabo este martes por la mañana y fue encabezada por el intendente Mauricio Davico, quien calificó el anuncio como una “excelente noticia para la ciudad”. El jefe comunal destacó la importancia de la iniciativa al señalar:“Gualeguaychú será el primer municipio de Argentina en contar con una Academia Huawei, que otorgará títulos certificados a nivel mundial por esta reconocida empresa”. Además, resaltó que “estas son herramientas que, verdaderamente, generarán oportunidades y un mejor desarrollo profesional a los vecinos, ya que se van a poder formar en cursos y diplomaturas de nivel internacional”.
Por su parte, Gustavo Costanzo, responsable del Centro de Desarrollo del Conocimiento, subrayó la relevancia del proyecto: “Desde diciembre del año pasado se vienen haciendo gestiones para generar capacitaciones que ofrece la empresa Huawei desde su plataforma digital. Se lanzó una capacitación de inteligencia artificial y esta semana se lanza la próxima, que tiene que ver con la utilización del 5G. La parte más importante es que esta reunión trae, por pedido y gestión del Centro de Desarrollo, la posibilidad de generar en Gualeguaychú la ICT Academy Huawei”.
Durante la jornada, también se abordaron temas vinculados a la relación entre tecnología y turismo, tecnología y pymes, y la posible participación de Huawei en un foro educativo y en una expo tecnológica a realizarse este año. “Se cumplieron los ejes principales y, además, se charlaron de otros temas que nos pueden unir como municipio y empresa privada, como los concursos informáticos y el desarrollo de las TICs en la región”, agregó Costanzo.
En tanto, Federico Forastier, gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social de Huawei Argentina, enfatizó la dimensión global del programa: “Huawei Academy es un programa global que ya está en 110 países y cuenta con más de 2.600 universidades, 11.000 instructores y 200.000 estudiantes. Es una plataforma viva, con capacitaciones que se actualizan constantemente. Actualmente hay 30 cursos en español y habrá más, ya que Huawei está cada vez más presente en Latinoamérica”.
Forastier destacó el potencial que implica la llegada de la academia para la economía local: “Comenzamos con Huawei Gualeguaychú primero con los cursos más generales, para que la mayor cantidad de gente pueda tomarlos, pero estamos en tratativas de sectorizar y ofrecer capacitaciones específicas para el agro y la hotelería, sectores productivos clave en la región”.
– Al encuentro asistieron, además del intendente Davico, la viceintendente Julieta Carrazza, el secretario de Desarrollo Humano, Juan Ignacio Olano, la asesora de la Dirección de Educación, Berta Baldi Coronel y el responsable del Centro de Desarrollo del Conocimiento Gustavo Costanzo. En representación de Huawei Argentina participaron Juan Bonora (vicepresidente), Federico Forastier (gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social) y Javier Cortes (gerente de Comunicación)
Asimismo, Juan Bonora, vicepresidente de Huawei Argentina, recalcó la apuesta de la empresa por la formación de talentos: “Estamos haciendo junto al intendente el lanzamiento de la Academia Huawei para el entrenamiento de 2.000 personas en ciberseguridad, inteligencia artificial, procesamiento de datos y 5G. Huawei lleva más de 20 años en Argentina y siempre se ha enfocado en la generación de talentos, porque por más que esté la tecnología, si no se sabe cómo emplearla, no sirve de nada”.
