Mientras IOMA le debe $4.100 millones al Garrahan, Kicillof gasta $28.000 millones en pauta
Con $4.100 millones impagos del IOMA al Garrahan, la Provincia destinó $28.000 millones a pauta oficial entre enero y junio de 2025. Para este año, prevé gastar unos $56.000 millones.
10 Years Experiences
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
La evidencia de una deuda cercana a los 4.100 millones de pesos entre el IOMA y el Hospital Garrahan se vuelve central en el cruce entre jurisdicciones. La información oficial del consejo administrativo del Garrahan detalla ese pasivo, señalando que constituye un 40% de los más de 10 mil millones adeudados por obras sociales provinciales.Parte de ese monto—unos 2.500 millones—estaría judicializado.
En ese escenario, voces del gobierno nacional apuntan a que se trata de una deuda histórica. El Garrahan aseguró que solo una parte mínima fue abonada, mientras que Nación insiste en la acumulación que afecta la gestión hospitalaria.
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, ofreció una mirada restrictiva: indicó que en 2025 el hospital facturó 1.268 millones y que ya cobró 1.006 millones.
La Legislatura bonaerense, por su parte, registró acciones formales. La senadora Yamila Alonso presentó un pedido de informes que requiera desglose detallado, montos judicializados, diferencias entre deuda histórica y reciente, y un plan claro para su resolución.
Del otro lado, senadores del PRO, desde la Legislatura, levantaron la alerta institucional y sanitaria. Advertían que esa situación podría comprometer la atención pediátrica en el principal centro especializado del país. En ese contexto, el Hospital Garrahan, en conjunto con gremios y pacientes, realizó una bicicleteada solidaria y medidas de fuerza, en demanda de respuestas urgentes.
– Nicolás Kreplak, Axel Kicillof y Homero Giles (titular IOMA)
En paralelo, una investigación de El Disenso expuso desembolsos en pauta oficial que llegaron a los 28 mil millones de pesos por parte de Axel Kicillof durante los primeros seis meses de 2025.
Lo llamativo es el aumento exponencial de la pauta en los meses previos a una elección. El año pasado, la provincia de Buenos Aires había superado los 26 mil millones de pesos en pauta. En menos de seis meses, el monto ya se igualó.
De acuerdo a información a la que accedió en exclusiva citado medio, el gobierno de Kicillof proyecta gastar más de $56.000 millones para fin del ejercicio.
*Con información de El Disenso
–
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
Las ventas de los comercios minoristas pyme cerraron agosto con una caída del 0,2% frente al mismo mes de 2025. El número parece inofensivo pero descansa sobre una base ya deprimida: el índice quedó en 82,7 puntos, más de diecisiete por debajo de los 100 que marcó diciembre de 2022, mes que citada entidad toma como referencia.
La comparación contra julio es más dura. En la medición desestacionalizada, que descuenta el peso propio de cada mes del calendario, la actividad retrocedió 2,7%. Con ese arrastre, el acumulado del año trepó a -2,4% y agosto se convirtió en la segunda baja interanual consecutiva.
De los ocho meses y contando solo junio dio positivo, con un magro 0,9% que quedó sepultado en julio por un derrumbe del 3,8%.
Cuatro rubros en verde y un índice en rojo
Cuatro de los siete sectores relevados terminaron agosto por encima del año pasado, y aun así el promedio general cayó. La explicación está en qué rubros crecieron y por qué.
El salto lo dio Perfumería, con un alza interanual del 12,8%. Los comerciantes atribuyen el movimiento al Día del Niño, que ubican entre las tres o cuatro jornadas de mayor facturación del año para el sector, y a la irrupción formal de dos categorías que traccionaron con fuerza durante el mes: la perfumería árabe y las líneas de cuidado facial coreanas. Textil e indumentaria avanzó 6,4%, empujado por ropa infantil y deportiva, mientras la vestimenta formal siguió planchada. Calzado y marroquinería subió 1,2% con zapatillas urbanas, calzado escolar y carteras económicas; los zapatos de vestir y las líneas de cuero para adultos quedaron paralizados, limitados a la reposición por desgaste. Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción arañó un 0,3% a fuerza de reparaciones domésticas menores y tickets de bajo valor unitario, con la obra nueva y las remodelaciones integrales postergadas.
Del otro lado del tablero está el rubro que más pesa en la góndola cotidiana. Alimentos y bebidas cayó 2,5% interanual y 3,6% contra julio, condicionado por la absorción del ingreso familiar en tarifas de servicios y por un endeudamiento de los hogares que no cede. El reinicio del ciclo lectivo y el Día del Niño empujaron panificados y repostería durante unos días, pero el volumen físico total se mantuvo pegado a la reposición de primera necesidad. Factores climáticos recortaron la disponibilidad de verduras de hoja y papa, con alzas que retrajeron el consumo de frescos, y la brecha de precios frente a las grandes superficies se llevó las compras de mayor escala fuera del barrio. Los almacenes respondieron con ofertas combinadas y fraccionamiento de productos básicos para mover inventario.
El peor desempeño del mes fue para Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles, con una baja del 4,8% interanual que estira el acumulado anual a -9,7%. El gasto decorativo quedó postergado y la demanda se limitó a la reposición indispensable de vajilla y material de cocina, después de comparaciones de precios exhaustivas. Farmacia, en tanto, retrocedió 0,5% interanual y 4,5% contra julio, la caída mensual más pronunciada de la medición: la dispensa se concentró en tratamientos crónicos, la dermocosmética profundizó su contracción y los pacientes se volcaron de manera sistemática a genéricos, al fraccionamiento de tratamientos y a llevar únicamente lo que tiene cobertura total de obra social o PAMI.
El humor del mostrador: complicado
El balance cualitativo agrega la temperatura que los porcentajes esconden. El 46,5% de los dueños consultados dijo que su negocio está peor que hace un año, dos puntos por encima del 44,5% de julio. Otro 47,4% respondió que se mantuvo igual y apenas el 6,1% reportó una mejora en su desempeño operativo.
Hacia adelante, el 43,9% espera que su situación económica siga sin cambios y el 42,8% proyecta un escenario mejor dentro de doce meses, prácticamente lo mismo que en julio. El 13,3% restante anticipa un deterioro.
La pregunta que más define el momento es la de las decisiones de fondos: el 57,9% considera que no es momento de invertir en su firma, el 28,6% no fijó postura y solo el 13,5% respondió que sí.
El cese de operaciones de la planta de Unilever en Rodeo de la Cruz, dedicada al deshidratado de vegetales para los caldos y sopas Knorr, marca la bajada de persiana de un establecimiento con más de seis décadas de trayectoria en la provincia de Mendoza. La medida dejó en la calle de forma inmediata a sus 60 trabajadores directos, quienes recibieron sus indemnizaciones en el marco del cierre total de la instalación industrial.
La paralización del complejo fabril generó un daño colateral directo sobre la red de abastecimiento agrícola en Mendoza y San Juan. Decenas de productores contratados, que adaptaron durante décadas sus superficies cultivables y esquemas tecnológicos para proveer de forma exclusiva a la firma, perdieron a su único comprador en la región, lo que provocó una parálisis en la cadena hortícola dedicada a la deshidratación masiva.
Las razones corporativas del cierre
Mediante un comunicado oficial, la empresa justificó la decisión en una transformación estructural del mercado, argumentando que las sopas secas en sobre sufrieron un declive sostenido en la demanda por tratarse de un consumo fuertemente estacional ligado a los meses fríos. A este factor sumaron el peso de los costos fijos de infraestructura que requería mantener operativa la planta durante todo el año para abastecer un volumen en retroceso.
En ese marco, la estrategia global de la compañía se orientó a volcar su portafolio hacia alimentos de consumo continuo como pastas, risottos y ramen. Para sostener ese esquema, Unilever abandonó el procesamiento agrícola propio en Guaymallén y resolvió migrar hacia un modelo de compras a proveedores externos e importación de materias primas, concentrando la etapa final de empaque en su complejo industrial de Pilar.
El espejo nacional
El desmantelamiento de la planta mendocina se inserta en una dinámica nacional signada por la retracción del entramado productivo. Desde el inicio del ciclo económico actual se registró la baja neta de más de 26.400 empresas empleadoras, a razón de 30 cierres diarios, mientras que la tasa de desempleo del INDEC trepó del 5,7% inicial al 7,8% actual.
Este escenario responde a una apertura de importaciones que avanzó sin una equivalente desregulación ni baja de la presión tributaria para los productores nacionales. La política oficial plasmada en la premisa de que deben cerrar los actores que “no puedan competir” —según expresó recientemente el Presidente— colisionó con la realidad de un mercado interno golpeado, donde la competencia internacional se dio en condiciones de asimetría para la industria local.
Lejos de una simplificación tributaria, la carga sobre el sector privado se mantuvo en niveles asfixiantes. Según los datos proyectados en el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, la presión tributaria consolidada registró un incremento del 0,47% del PBI entre 2025 y 2026, lo que para la caja fiscal representó un aumento de casi 30.000 millones de dólaresen concepto de impuestos que continuó erosionando la competitividad de las plantas instaladas en el país.
A la desventaja impositiva se sumó la pérdida de competitividad exportadora frente a filiales extranjeras por los altos costos operativos internos y una caída generalizada del consumo golpeado por la pérdida del poder adquisitivo.
El contexto se alinea con la percepción de la opinión pública expresado en una encuesta reciente, donde el 59% calificó la economía como negativa, frente a un 18% que la ve neutra y un 22% que la considera positiva. De esta forma, con la falta de trabajo superando a la inflación como principal preocupación social, el caso Guaymallén expone cómo la reconversión corporativa se combina con un contexto de pérdida acelerada del empleo.
La organización conocida como Federación Familia Grande Hogar de Cristo, presidida por José María “Pepe” Di Paola, sacerdote católico y referente histórico de los curas villeros, con un estrecho vínculo orgánico con el kirchnerismo, celebró la resolución judicial que suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
La entidad religiosa estuvo a favor de la idea de que el sistema “no cuenta con la infraestructura edilicia, educativa y profesional necesaria para sostener los estándares mínimos que exige la normativa vigente”. Anteriormente, había promovido un hábeas corpus presentado el 31 de agosto en defensa de personas vinculadas con sus espacios, en el marco del debate sobre el régimen de imputabilidad juvenil a partir de los 14 años.
La presentación fue realizada por Gabriela Salicio, representante de una de las organizaciones integrantes de la Federación, con el patrocinio de la abogada Patricia Liguori.
— José María “Pepe” Di Paola, más conocido como Padre Pepe
La jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, hizo lugar a una medida cautelar dentro de ese hábeas corpus y suspendió preventivamente durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires. A su vez, ordenó fijar una audiencia multipropósito para el 16 de septiembre a las 10, convocando a autoridades que responden al gobernador bonaerense Axel Kicillof del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia para que informen qué medidas adoptaron, cuáles planean y en qué plazos.
La magistrada con treinta años de experiencia en protección infantil, sostuvo que “no sé trata de discutir la ley en abstracto”, con los dispositivos bonaerenses no estando en condiciones de recibir una población mayor sin riesgo para los derechos fundamentales. Su razonamiento se sustentó, entre otras normas, en la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de La Habana y las Reglas de Beijing.
Pascual remarcó que le parece “pésimo” que haya menores de 18 años que están tras las rejas, y volvió a justificar la suspensión por la falta de infraestructura y recursos para aplicar la ley.
— Marta Elba Pascual
Los defensores del fallo sostienen que un juez no necesita esperar a que ocurra el hacinamiento para proteger derechos, porque el hábeas corpus bonaerense cubre amenazas inminentes y el encierro de adolescentes exige estándares reforzados. La jurisprudencia interamericana ha considerado que el hacinamiento, la insalubridad y la falta de servicios en instituciones juveniles pueden vulnerar la integridad personal y los derechos especiales de la niñez.
“En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, afirmó la senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich en una publicación en su cuenta oficial de X, sumando cuestionamientos al propio funcionamiento “garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”.
Los críticos responden que una jueza de primera instancia no debería suspender en toda una provincia una ley penal nacional aprobada por el Congreso, particularmente mediante una estimación general sobre detenciones futuras. Usina de Justicia denunció a Pascual por presunta usurpación funcional y abuso de autoridad, alegando que el riesgo sería hipotético y que la decisión invade competencias legislativas.
En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad.Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando,… https://t.co/xCwsQmmOww
El fallo tiene un componente institucional relevante, siendo que la Ley 27.801 es nacional, pero su implementación cotidiana necesita jueces, fiscales, defensores, supervisores, centros, personal y programas que en gran medida dependen de cada provincia. El decreto reglamentario reconoce expresamente que la aplicación efectiva exige coordinación con las jurisdicciones provinciales y creó una Mesa Federal para ese fin.
El fallo no derogó la ley, no la declaró inconstitucional y no resolvió definitivamente la discusión sobre la edad de punibilidad en Argentina, solo buscó evitar que ingresaran más adolescentes al sistema bonaerense de encierro antes de verificar que existieran instalaciones, profesionales y programas adecuados.
Germán Díaz, concejal de La Libertad Avanza (LLA) en el partido bonaerense de Bragado, fue aprehendido tras un allanamiento en su vivienda de la localidad de O’Brien, sobre calle Rivadavia al 400.
La Policía Bonaerense secuestró restos de cocaína, flores de marihuana, elementos de corte y estiramiento (usados para adulterar y fraccionar droga), una balanza de precisión, un celular y una notebook. Con 52 años, Díaz quedó imputado por presunta comercialización de estupefacientes y permanece detenido a disposición de la Justicia.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°7 del Departamento Judicial de Mercedes, con la fiscal María Laura Cordiviola al frente, y cuenta con el aval del Juzgado de Garantías N°3. La causa fue caratulada como IPP N°7567-26 por comercialización de estupefacientes. Está previsto que Díaz sea trasladado este lunes a Mercedes para prestar declaración indagatoria, el primer paso formal donde podrá dar su versión de los hechos ante la fiscal.
Un dato central de la historia es cómo se construyó la causa. Según la información difundida, la investigación policial venía gestándose desde meses atrás, pero el punto de inflexión fue un encuentro comunitario con presencia del intendente municipal, donde vecinos señalaron directamente a Díaz como el presunto “dealer del pueblo”.
A partir de esa exposición pública, resultó clave la recolección de testimonios de múltiples consumidores locales, quienes habrían confirmado en sede policial la compra reiterada de sustancias al propio concejal. Este mecanismo —denuncias vecinales que empujan una causa ya latente— es habitual en pericias de microtráfico en localidades pequeñas, donde el boca a boca comunitario suele ser más eficaz que la inteligencia policial tradicional para identificar puntos de venta.
Díaz asumió como concejal en diciembre de 2023, siendo uno de los dos ediles que LLA obtuvo en Bragado en esa elección junto a Daniela Monzón, y llegó incluso a ocupar la vicepresidencia segunda del Concejo Deliberante local. Esto lo ubicaba como una figura de peso dentro del bloque libertario municipal, no un dirigente marginal.
El bloque de concejales de LLA en Bragado —integrado por Daniela Monzón (presidenta), Paola Alsina, Andrés Drunday y el consejero escolar Gabriel Blaiotta— emitió un comunicado desmarcándose de la situación personal de Díaz, remarcando que la cuestión “debe ser resuelta exclusivamente ante la Justicia” y que el bloque es “absolutamente ajeno” a la investigación, sin emitir valoraciones sobre su eventual responsabilidad.
— Comunicado oficial emitido por el Bloque de Concejales de LLA de Bragado
Además expresaron su “enérgico repudio” a cualquier hecho vinculado a la venta de estupefacientes, calificándola como “un grave flagelo para nuestra sociedad”. El presidente del Concejo Deliberante, Mauricio Yaffaldano, convocó a una reunión de concejales para el martes por la mañana con el fin de evaluar institucionalmente la situación de Díaz, en el marco del Reglamento Interno y la Ley Orgánica de las Municipalidades.
El Gobierno de las Islas Malvinas, administradas ilegalmente por el Reino Unido, abrió una consulta pública que se extenderá hasta el 30 de octubre del corriente año para decidir si autoriza una industria de salmonicultura marina a gran escala en el archipiélago.
La medida señala la contradicción en la que el grupo ambientalista Greenpeace impulsó durante años a favor de la prohibición de esta misma actividad en Tierra del Fuego (territorio argentino), pero que guarda silencio ante un proyecto de magnitud similar —o mayor— en un territorio usurpado que Argentina reclama como propio.
La consulta falklandesa no es una simple encuesta de opinión, ya que incluye seis documentos técnicos elaborados por consultoras contratadas por el gobierno isleño, entre ellos un estudio de capacidad ambiental, una revisión legislativa comparada (Chile, Noruega, Escocia e Islas Feroe) y una evaluación de impacto socioeconómico. El proceso plantea cuatro escenarios posibles desde una prohibición total, producción hasta el límite de capacidad ambiental, producción con límites considerablemente menores, o solo producción de nicho bajo estándares específicos como el orgánico.
El proyecto de referencia usado para modelar estos escenarios es el de Unity Marine, una empresa conjunta entre la firma pesquera local Fortuna y la consultora danesa F-land ApS, que apunta a producir 50.000 toneladas anuales de salmón atlántico en 16 sitios marinos alrededor de East Falkland (Isla Soledad), cada uno con diez jaulas y una barcaza de alimentación, apoyados por una flota de 25 embarcaciones de trabajo, un well boat y un buque de abastecimiento. El gobierno isleño aclaró expresamente que este plan “no constituye una solicitud formal” y que se usa solo como ejemplo ilustrativo para el análisis.
“Resulta extraordinario que el gobierno de las Islas Malvinas se encuentre en una situación en la que presente informes al público durante esta consulta que no utilizan datos primarios verificados de forma independiente. Los informes están plagados de aclaraciones sobre las fuentes de información, hasta el punto de carecer de sentido”, afirmó el Dr. Tom Appleby, jefe de asuntos legales de la ONG Blue Marine Foundation.
Este proceso no nació de buena voluntad administrativa, sino de una batalla judicial. En marzo de 2022 el Gobierno de las islas había decidido directamente impedir el avance de la salmonicultura a gran escala, sin consulta previa. Unity Marine llevó el caso a la Justicia mediante una revisión judicial, alegando que se había prometido una consulta pública que nunca se hizo. En mayo de 2024 ambas partes acordaron anular esa decisión de 2022 y poner en marcha el proceso de consulta que hoy está en curso. Es decir, la industria salmonera llegó a esta instancia no porque el gobierno isleño lo promoviera espontáneamente, sino porque una empresa privada forzó legalmente la reapertura del debate.
Los estudios independientes contratados por el propio gobierno de las islas estiman que una industria de aproximadamente 30.000 toneladas anuales podría aportar entre 30 y 35 millones de libras (entre USD$40 y 47 millones) por año a la economía, equivalente a aproximadamente el 11% del PBI del archipiélago, además de generar unos 133 empleos directos. Para una población de apenas 3.500 habitantes, esa cifra es enorme en términos relativos, lo que explica por qué la gestión isleña avanza pese al riesgo ambiental, en un contexto donde ya dependen fuertemente de la pesca y esperan sumar ingresos del proyecto petrolero offshore Sea Lion.
— Vista aérea de Stanley, Islas Malvinas
Sin embargo, la sociedad isleña estaría dividida al revelarse que habrían vecinos que están pidiendo directamente un referéndum, porque desconfían de un proceso de consulta que consideran sesgado a favor de la industria, ya que los informes se basan en datos dudosos aportados por la propia Unity Marine.
“Será entonces el pueblo quien decida qué sucede en su propio país”, sostuvo Sally Poncet, una de las principales referentes de Salmon Free Falklands (SFF).
— Unity Marine subraya que las aguas de las Islas Malvinas, a 300 millas al noreste de Argentina, son idóneas para el cultivo de salmón
En 2021, la Legislatura de Tierra del Fuego sancionó por unanimidad la Ley 1355, que prohibía toda actividad de cultivo y producción de salmónidos en aguas marítimas y lacustres de la provincia, para proteger los ecosistemas. Greenpeace Argentina celebró esa ley como un hito histórico, calificando a la Argentina como “el primer país del mundo que elige proteger sus ecosistemas diciendo No a la salmonicultura antes de que empiece a funcionar en su territorio”.
Pero en diciembre de 2025, la Legislatura fueguina —impulsada por el Ejecutivo provincial del gobernador kirchnerista Gustavo Melella— derogó parcialmente esa prohibición, habilitando la salmonicultura industrial en lagos, lagunas, ríos y arroyos provinciales, manteniendo la veda únicamente en el Canal Beagle. La reforma reemplazó la ley original por un marco de “acuicultura sustentable” votado con 8 votos a favor y 7 en contra.
Greenpeace y su falso activismo
Matías Kulfas, quien fue ministro de Desarrollo Productivo durante la presidencia de Alberto Fernández, señaló en julio de 2026 que mientras Greenpeace se movilizó con fuerza contra la exploración petrolera offshore frente a Mar del Plata en 2021, ahora no reclama ante el avance de una explotación petrolera mucho más avanzada y controvertida en las Islas Malvinas.
— Una piscifactoría de salmón en Hordaland, Noruega. Activistas estarían preocupados por los efectos de los residuos de salmón en el medio ambiente
Esta comparación reabrió una discusión sobre los criterios detrás del activismo ambiental y, al mismo tiempo, pone sobre la mesa una vez más el tema geopolítico de fondo. El avance británico-israelí sobre recursos que la Argentina legítima bajo su estandarte
A fines de 2021, el gobierno de Fernández autorizó la exploración petrolera en bloques marinos ubicados entre 300 y 400 kilómetros de la costa de Mar del Plata. La medida generó una reacción inmediata, con Greenpeace lanzando lo que Kulfas describió como una “campaña de boicot”, con presentaciones judiciales, movilizaciones masivas y acciones de protesta simbólicas, como una intervención en la playa donde activistas simularon un derrame de petróleo usando pintura negra. El propio intendente marplatense que hoy forma parte del bloque libertario, Guillermo Montenegro, se sumó inicialmente a los reclamos, lo que convirtió a la ciudad en el epicentro nacional del debate ambiental-energético de esos años.
— A la izquierda Matías Kulfas, junto con el exmandatario Alberto Fernández
Lo que Kulfas plantea como contradicción es que, mientras esa exploración en Mar del Plata nunca llegó a la etapa de extracción comercial, el proyecto petrolífero de Sea Lion en Malvinas sí avanzó hasta el punto de recibir la decisión final de inversión (FID) en diciembre de 2025sin una sola objeción, lo que habilitó formalmente el inicio de la fase de desarrollo y extracción comercial.
El yacimiento Sea Lion está ubicado unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, es operado por la empresa israelí Navitas Petroleum (65% de participación) junto a la británica Rockhopper Exploration (35%), y prevé una primera fase de unos 55.000 barriles diarios, con un plan de expansión en fases sucesivas que podría llevar la producción a 150.000 barriles diarios. La inversión total hasta la finalización del proyecto se estima en 2.100 millones de dólares, y el primer petróleo está previsto para 2028.
En una publicación en su cuenta oficial de X, Kulfas remarcó que “ya no se trata de exploración para ver si hay petróleo, sino del inicio de una etapa de extracción de hidrocarburos” en Malvinas, y se preguntó si “cierto activismo e indignación posee una tendenciosa selectividad”.Sin acusar directamente a Greenpeace de motivaciones ocultas o de recibir financiamiento condicionado, dejó la pregunta abierta y cerró con la frase: “Se me ocurren muchas respuestas. Mejor saquen sus propias conclusiones”.
A fines de 2021 el gobierno argentino anunció la autorización de un proceso de exploración de petróleo y gas en el mar argentino, en un caso a 300 km y en otro a 400 km de las costas de Mar del Plata. La organización @GreenpeaceArg anunció una campaña de boicot, contrató 3…
Es importante notar que su reflexión no se limitó a Greenpeace. En un texto más extenso publicado en su newsletter, Kulfas fue más allá y cuestionó también la tibieza del propio gobierno de actual presidente Javier Milei frente al avance de Sea Lion, dado que Navitas es una empresa israelí y Milei ha convertido a Israel en uno de sus socios estratégicos prioritarios, lo que —según su argumento— hace aún más incómoda la falta de una reacción diplomática más contundente.
Asimismo, y a través de la Cancillería, Argentina rechazó formalmente el avance del proyecto por considerarlo una decisión unilateral del Reino Unido y de las empresas licenciatarias, sin autorización de la autoridad argentina competente, y en violación de las leyes 26.659 y 26.915, que prohíben cualquier actividad de exploración o explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina sin ese permiso.
El rol de Chile como socio logístico
Un detalle no menor, es que el proyecto de Unity Marine contempla importar buena parte del alimento para los salmones desde Chile, y los reguladores isleños tomaron como modelo de referencia justamente la experiencia chilena, uno de los mayores productores mundiales de salmón, junto con Noruega, Escocia y las Islas Feroe. Esto convertiría a Chile en un eslabón comercial de la futura industria malvinense, mientras Argentina permanece fuera de ese negocio regional.
Curiosamente, la documentación oficial de la consulta reconoce exactamente los mismos riesgos que motivaron la ley argentina de 2021, como la escapes de salmones, transmisión de enfermedades, piojos de mar, uso de antibióticos, acumulación de materia orgánica en el fondo marino e interacciones negativas con mamíferos marinos.
Las recomendaciones técnicas incluyen exigir salmones triploides estériles, establecer zonas de producción marina, imponer períodos de descanso entre generaciones y fijar un peso mínimo de esmoltificación de 400 gramos antes de trasladar los peces a las jaulas marinas.
Hasta el momento, no se registran comunicados o campañas específicas de Greenpeace sobre el proyecto de Unity Marine en Malvinas, a diferencia de la campaña sostenida que la organización mantuvo en Argentina entre 2018 y 2021.
Solo pudieron trascender las declaraciones de un representante del gobierno británico de las Islas Malvinas, que afirmó que la administración “ni abogaba por la cría de salmón ni se oponía a ella”. De acuerdo a este, los informes que encargaron tienen como objetivo “informar el debate público examinando los posibles resultados e impactos bajo diferentes supuestos, en lugar de proporcionar aprobaciones finales para ningún proyecto específico”.
A su vez, rechazó las insinuaciones de que los impactos ambientales de la acuicultura del salmón no se habían presentado con claridad. El estudio sobre la capacidad de carga, conforme indicó, se había encargado “únicamente para demostrar cómo se aplicaría el proceso de modelización a un posible proyecto”, y no constituía una determinación de la capacidad de carga de las Islas Malvinas. Un tercer relevamiento, sobre los impactos socioeconómicos, no cuantificaba los futuros costos regulatorios, ya que “no pueden estimarse con precisión” en esta etapa.
Clínicas y sanatorios privados de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa cortaron por completo la atención a los afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) el 24 de agosto, algo que —según los propios prestadores— nunca había ocurrido, “ni en 2001”.
“Al gobierno no le importa. Quieren que las prestaciones las pague la gente, pero por ley no pueden hacerlo, entonces no hace nada. Nunca viví un mecanismo tan ridículo y tan dogmático de funcionamiento”, afirmó el dueño de un sanatorio. “Algunos profesionales dejaron de atender, entonces los afiliados de PAMI solo pueden ir a las urgencias. Es una situación muy perversa”, añadió.
Estas instituciones atienden a casi 300.000 jubilados de la región patagónica, donde PAMI representa entre el 25% y el 55% de sus prestaciones totales. La medida es la escalada final de un conflicto que se viene arrastrando desde febrero de 2026, con recortes progresivos que fueron endureciéndose mes a mes.
El corazón del conflicto sería puramente económico. Desde diciembre de 2023 los aranceles que PAMI paga a los prestadores subieron 130%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período superó el 300%, lo que implica una brecha del 75% entre lo que cobran y lo que necesitarían cobrar para empatar los costos.
Solo en lo que va de 2026, con una inflación acumulada de 19.3%, el Gobierno ofreció un aumento de apenas 6% a los prestadores, recién efectivo en octubre. Distintas cámaras del sector —como la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS)— hablan de un atraso arancelario superior al 100% respecto de diciembre de 2023, con incrementos recientes de únicamente 1.9% mensual, muy por debajo del índice de inflación del INDEC.
Andrés Sabalette, administrador del Sanatorio Juan XXIII de Río Negro, resumió el diagnóstico del sector: “No cubrimos costos y las brechas son insalvables”. Los prestadores explican que el sistema de “módulos” con el que PAMI paga —que incluye honorarios médicos, insumos, medicamentos y uso de quirófano— quedó completamente desactualizado frente al costo real de los materiales, hasta el punto de que algunos módulos “no alcanzan ni para cubrir el material descartable” que se usa en una práctica.
Desde febrero de 2026, la crisis comenzó a traducirse en una interrupción progresiva de las prestaciones. En ese mes se registraron las primeras suspensiones de prácticas programadas y ambulatorias debido a deudas impagas y a la falta de respuesta a los reclamos de los prestadores.
En abril, la situación se profundizó aún más con la suspensión de cirugías programadas en las cuatro provincias patagónicas, en reclamo de una recomposición del 70% que abarcó a 30 instituciones. Para junio, las restricciones alcanzaron las guardias, la recepción de derivaciones y la asignación de nuevos turnos en consultorios externos a nivel nacional.
— Andrés Sabalette, quien se desempeña como Gerente en el Sanatorio Juan XXIII, en General Roca, provincia de Río Negro
El proceso desembocó en un escenario inédito para los afiliados, con el corte total de las prestaciones por primera vez en la historia argentina. Esta evolución escalonada muestra que no se trata de una decisión repentina sino del punto final de casi siete meses de advertencias, negociaciones fallidas y medidas parciales que no alcanzaron para destrabar el conflicto.
Los intentos de solución
El PAMI, a través de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, ofreció incrementos de 1.9% para mayo y otro 1.9% para junio, cifras que el sector calificó de “inaceptables” frente a una inflación proyectada del 19% para el primer semestre. Más adelante, el ministro de Salud Mario Lugones habría “destrabado” un 1.9% adicional, pero según denuncian los prestadores esa promesa no se tradujo en pagos concretos.
— Esteban Leguízamo
En paralelo, existió un boletín oficial de PAMI que aprobó un aumento del 8% para ciertas prestaciones específicas (Centros de Día y Residencias de Larga Estadía) a partir de junio 2026, tomando como base los aranceles de diciembre de 2025, una cifra que —de todos modos— sigue muy por debajo de la inflación acumulada en ese lapso.
Esta crisis arancelaria coincidió, además, con la salida del exviceministro de Salud Guido Giana, cuya renuncia estuvo directamente vinculada al manejo de este conflicto, en un contexto que —según trascendió— casi terminó también con la salida del propio Lugones.
Un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA de los Trabajadores (IEF-CTAA) aporta el marco estructural detrás de estos cortes regionales. En el primer trimestre de 2026 las prestaciones de PAMI cayeron 41.3% en términos reales respecto al mismo período de 2025, mientras la deuda acumulada con médicos, clínicas y farmacias llegó a 500.000 millones de pesos (unos 370 millones de dólares).
— Guido Giana
El mismo relevamiento señala que el Tesoro nacional redujo drásticamente las transferencias a la obra social, de 0.5 billones de pesos en el primer trimestre de 2025 a 0.2 billones en el mismo período de 2026, con marzo de 2026 en cero transferencias. Esto ocurrió en simultáneo con un superávit fiscal primario de 6.8 billones de pesos en ese mismo trimestre, lo que alimenta la lectura de que el ajuste sobre PAMI forma parte de la estrategia de consolidación fiscal del gobierno del presidente Javier Milei.
El detonante estructural fue la eliminación del Impuesto PAIS en diciembre de 2024, un tributo que aportaba el 28% de la recaudación del PAMI. El Gobierno prometió cancelarla en varias etapas, pero terminó recurriendo a un mecanismo cuestionado, pagándole a las farmacias no con dinero en efectivo sino con Letras Capitalizables del Tesoro (LECAP), o sea, bonos con vencimiento a fin de julio. Esta modalidad generó fuertes críticas porque, sostuvieron, permitía “maquillar” el superávit fiscal trasladando el costo financiero a los propios prestadores, que además reclamaban un atraso arancelario superior al 100% respecto de diciembre de 2023.
El 9 de abril de 2026 el PAMI publicó la resolución 1107/2026, que modificó el esquema de pago a los médicos de cabecera, elevando el pago fijo mensual por paciente de 946 a 2.100 pesos, pero eliminó los adicionales por consulta presencial, visitas domiciliarias e incentivo al posgrado. El sindicato de la Asociación de profesionales de la salud (APPAMIA) reportó que esto implicaba, en la práctica, un recorte salarial del 50% para los profesionales, lo que desató una huelga de médicos y odontólogos de 72 horas ese mes que agravó aún más la falta de atención.
La protesta del jubilado
Este trasfondo numérico se traduce en historias concretas como la de un jubilado de 66 años que, en medio de un reclamo público, relató que pese a haber aportado 30 años y contar con cobertura de PAMI, enfrenta trabas para acceder a los controles anuales que necesita tras haber sido operado de próstata. Su frase de “me están dando vueltas para darme la atención” resume la experiencia de miles de afiliados que hoy se enfrentan a tres únicas alternativas cuando su clínica cierra la atención: pagar la consulta de forma particular, recurrir al sistema hospitalario público, o postergar el tratamiento.
Los afiliados denunciaron una cadena de recortes muy tangibles a lo largo del año. Demoras y suspensiones de tratamientos de alta complejidad, cobro de “plus” médicos no contemplados en la cobertura, dificultad para acceder a medicamentos gratuitos, y hasta la eliminación de actividades recreativas como clases de natación y gimnasia para adultos mayores. Una vecina de Mar del Plata, integrante de la Multisectorial de Jubilados, subrayó que “para operarnos cobran la anestesia y en varios lugares nos han cerrado la atención en cardiología, traumatología, dermatología y nutrición”. En paralelo, los haberes jubilatorios mínimos rondaban apenas los 400.000 y 450.000 pesos mensuales, una cifra que los propios beneficiarios calificaban de insuficiente para cubrir remedios y alquiler.
Cada vez habría menos trabajadores formales aportando al sistema mientras crece la población de jubilados, que además vive más años. Entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 411.613 puestos de trabajo registrados (una caída del 4,2%), lo que reduce los aportes que sostienen al organismo justo cuando más se necesitan. Sobre esto pesa además la Ley de Emergencia Sanitaria —vigente desde 2001 y prorrogada hasta diciembre de 2026— que protege a unos 5.000 prestadores privados de ejecuciones fiscales por sus propias deudas con el Estado, y cuya eventual no renovación podría agravar aún más el escenario.
A diferencia de las restricciones previas —que preservaron guardias y urgencias mientras recortaban turnos programados y cirugías electivas—, el corte anunciado para el 24 de agosto sería la primera suspensión total de cualquier tipo de prestación en la historia del sistema, incluyendo probablemente las urgencias en los establecimientos adheridos. Es un salto cualitativo respecto de las medidas de fuerza anteriores, y explica por qué los propios prestadores insisten en que “esto no pasó nunca, ni en 2001”, una referencia directa a la crisis económica y social más severa que atravesó la Argentina en las últimas décadas. El desenlace dependerá de si el aumento del 6% previsto para octubre —o el 1.9% adicional que Lugones habría comprometido— se concreta antes de esa fecha, o si la falta de respuesta empuja efectivamente a que las clínicas patagónicas ejecuten el corte total anunciado.
Murió a los 82 años. Firmó su propia alta para volver al aire, condujo en silla de ruedas y dejó dos valijas hechas para viajar al Mundial. La despedida de Crónica al periodista que le enseñó a preguntar.
La Fiscalía santafesina acusó a Mariano Ríos Artacho de liderar un esquema destinado a retirar fondos de causas penales mediante prestanombres y reposiciones temporales para evitar que los faltantes fueran detectados.
Se trata de Ángel Rossi, cardenal desde 2023 y elector en el cónclave que eligió a León XIV. El arzobispo también ironizó sobre los millones que el Gobierno dice haber sacado de la pobreza.
