05 febrero, 2025

La industria metalúrgica argentina enfrenta una carga impositiva que duplica a la de Brasil y amenaza su competitividad

Un informe sectorial detalla que los productos metalúrgicos en Argentina soportan un 32% de impuestos en promedio, el doble que en Brasil y México.
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La industria metalúrgica argentina, uno de los pilares de la economía nacional, enfrenta un panorama crítico debido a una carga impositiva que supera el 32% del precio en puerta de fábrica sin incluir el IVA. Este porcentaje duplica el de Brasil y México, según un reciente informe elaborado por cámaras sectoriales que representan a fabricantes de maquinaria agrícola, acoplados, línea blanca, autopartes y otras ramas del sector.

El estudio, respaldado por entidades como la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), revela que un tercio de estos impuestos son distorsivos, es decir, se acumulan a lo largo de la cadena de valor sin generar beneficios tangibles. Esto incluye tributos como Ingresos Brutos, débitos y créditos bancarios, tasas municipales y sellos. “Argentina tiene una de las cargas tributarias más altas del mundo, con una estructura impositiva compleja y más de 155 impuestos y tasas”, alertaron las cámaras en el documento.

El informe detalla ejemplos concretos de cómo la presión fiscal afecta los costos de productos industriales. Una sembradora, por ejemplo, carga con un 33% de impuestos en Argentina, frente al 15% en Brasil y al 19% en México. Situaciones similares se observan en productos como tolvas, cabezales maiceros y acoplados.

“Los impuestos explican en promedio el 44% del precio final de los bienes metalúrgicos, incluyendo el IVA”, enfatizan los autores. Este nivel de presión fiscal no solo encarece los productos locales, sino que también pone en desventaja a las empresas argentinas frente a sus competidores internacionales.

Este impacto se ve agravado por la acumulación de impuestos en la cadena de valor. En otros países, las tasas municipales y los tributos similares tienen un peso considerablemente menor, lo que facilita la competitividad de sus productos en el mercado internacional. Además, el informe subraya que la complejidad del sistema tributario argentino genera costos administrativos adicionales para las empresas.

El sector metalúrgico genera más de 350.000 empleos directos y representa exportaciones por 11.500 millones de dólares anuales. Sin embargo, los industriales advierten que la falta de competitividad podría desencadenar una crisis de desindustrialización si no se implementan medidas correctivas de manera inmediata.

“Coincidimos con el esfuerzo del gobierno para estabilizar la macroeconomía, pero esto es solo el principio. Necesitamos políticas micro que reduzcan la carga impositiva, el costo laboral no salarial y los costos logísticos”, sostienen las cámaras en el informe.

El documento también destaca la necesidad de fomentar el financiamiento al sector privado, actualmente muy por debajo de los niveles internacionales. Mientras que en Brasil el crédito al sector privado equivale al 72% del PBI, en Argentina apenas alcanza el 12%. Este bajo nivel de financiamiento limita la capacidad de las empresas para invertir en innovación y mejorar sus procesos productivos.

Por otra parte, el informe enfatiza la importancia de una mayor colaboración entre los distintos niveles de gobierno y el sector privado: “Es crucial que los gobiernos nacional, provinciales y municipales trabajen en conjunto para ajustar la presión tributaria de manera ágil y efectiva“, señalan. Sin estas medidas, advierten, el país podría enfrentar un escenario de menor producción industrial y pérdida de empleos formales.

Además de la presión impositiva, la industria enfrenta otros obstáculos como costos logísticos elevados, falta de crédito competitivo y un sistema laboral rígido y costoso. Pese a estas adversidades, las cámaras mantienen un mensaje optimista: “Los industriales argentinos sabemos producir y competir, pero necesitamos políticas públicas que resuelvan los factores que las empresas no podemos controlar”.

La logística también representa un factor crítico. Según el citado informe, los costos logísticos en Argentina son significativamente más altos que en países vecinos debido a la deficiencia de infraestructura y la falta de un sistema ferroviario eficiente. Esto no solo encarece el transporte de bienes, sino que también limita el acceso a mercados internacionales.

El sistema laboral también plantea un desafío importante. La rigidez en las regulaciones y el alto costo de la mano de obra no salarial complican la contratación y reducen la competitividad de las empresas. “Es necesario avanzar en reformas que promuevan la flexibilidad laboral y reduzcan los costos redundantes”, afirman las cámaras.

Redacción

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Autoconvocados y legisladores cruzaron al IOMA tras la muerte de un afiliado y denunciaron amenazas

Los legisladores bonaerenses de la Unión Cívica Radical (UCR) criticaron a Homero Giles, titular del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), luego de que se constatara la muerte de un afiliado a raíz de la demora en la respuesta para su internación. La denuncia se produjo luego de que una vecina del municipio de Mar Chiquita informara que su marido falleció en la Clínica Pueyrredón de Mar del Plata, luego de que los médicos solicitaran de “urgencia” su ingreso, sin obtener respuesta oportuna del ente.

El titular del bloque UCR + Cambio Federal en la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Garciarena, declaró: “Hablar de PASO, de re reelecciones y de comprar Aerolíneas Argentinas mientras mueren bonaerenses por falta de atención de IOMA es ciencia ficción. Menos chicanas, menos campaña electoral y más acción”. Asimismo, el senador Ariel Bordaisco repudió la situación y puntualizó: “Otras vez IOMA. En este caso, lamentamos la pérdida de una persona, ya que el trámite quedó frenado en el área de finanzas. No hay un plan de acción concreto; estamos a la deriva. Mientras tanto, lo funcionarios se dedican a chicanear en lugar de ponerse a trabajar”.

La denuncia se produjo en un contexto de reiteradas críticas al funcionamiento del IOMA. Según se informó, en 2024 los afiliados de más de 20 municipios quedaron desatendidos luego de que Homero Giles decidiera anular, de forma unilateral, el acuerdo con la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (FEMEBA). A raíz de esto, se llevaron a cabo protestas en diversas comunas, y en Mar del Plata la situación se mantuvo acuciante. Para abordar la crisis, desde el bloque UCR + Cambio Federal se presentó un proyecto que propone garantizar la autarquía financiera y administrativa de la obra social, mediante la modificación del artículo 12 de la Ley del IOMA, lo que permitiría disponer de los fondos antes de que ingresen a la Tesorería de la Provincia.

La denuncia familiar se vio reflejada en la entrevista de Adriana André, jubilada docente y afiliada del IOMA oriunda de General Pirán. André denunció que su esposo falleció el 25 de enero, luego de 23 días en los que esperó que la obra social respondiera a la solicitud de internación. “Cuando el trámite llegó al área de finanzas quedó ahí, sin firmar y mi marido no aguantó”, relató la vecina. Recordó que el enfermo presentó problemas en los pulmones y el páncreas desde 2010 y que, en septiembre de 2024, se interpuso el primer recurso de amparo para continuar su atención en la Clínica Pueyrredón, donde fue internado nuevamente tras una segunda presentación judicial que determinó que “este tipo de pacientes tengan las puertas abiertas de la clínica”. André explicó que, el 2 de enero, cuando su marido se descompensó, los médicos realizaron los trámites requeridos por la obra social, aunque el paciente falleció a pocos días.

En tanto, a finales de diciembre, afiliados del IOMA en Mar del Plata denunciaron amenazas por parte de funcionarios del gobierno de Axel Kicillof durante movilizaciones autoconvocadas. Los manifestantes se concentraron —en la esquina de Independencia y Raúl Sonigaray— y marcharon hasta las inmediaciones de la Escuela de Policía Juan Vucetich, donde se esperaba la participación del gobernador, quien finalmente no se presentó. “Cuando llegó un auto oscuro, pensamos que estaba él. La gente se acercó, pero cerraron los portones. Luego salió el ministro de Seguridad, Javier Alonso, en tono matón, a querer bajarnos y que nos fuéramos, pero no nos movimos”, declaró una de las participantes.

– Afiliados del IOMA acusaron a la delegada Celeste Lazo de intentar amedrentar durante la protesta

Asimismo, los afiliados denunciaron un acto “intimidatorio” de la directora regional del IOMA, Celeste Lazo, quien “quiso filmarnos para amedrentarnos, pero la terminamos escrachando”, según relató otra manifestante, quien agregó: “Ya la conocemos porque tuvimos varias instancias de diálogo con ella, hasta el Comisión de Salud, pero siempre nos miente”.

Las protestas se impulsaron en respuesta a la reducción de prestaciones, la baja cobertura de medicamentos, la falta de atención en las principales clínicas de Mar del Plata y la imposibilidad de elegir libremente los centros de atención. En Tandil, los autoconvocados del IOMA manifestaron su descontento por la falta de prestaciones en estudios de alta complejidad y por los recortes en la medicación, en particular para enfermedades crónicas. La afiliada Cristina Jaramillo denunció: “Hay mucha gente con enfermedades como esclerosis múltiple o problemas oncológicos que no reciben su medicación a tiempo. No hay manera de que les entreguen lo necesario”. Además, criticó a la organización “23 de diciembre”, creada para mediar entre los afiliados y la obra social, por haber sido diseñada para reducir la cantidad de prestaciones.

– El senador bonaerense, Ariel Bordaisco

Durante las movilizaciones, se denunciaron además prácticas de intimidación y condicionamientos, como el relato de una autoconvocada que afirmó recibir llamadas desde La Plata para que, en caso de realizar una convocatoria, se anulara una entrevista con Homero Giles. Por otro lado, en noviembre pasado, el gobernador Kicillof visitó Tandil y se reunió con algunos beneficiarios, aunque, según se informó, “nos recibieron a regañadientes, pero no hubo ningún compromiso real por parte del gobierno bonaerense. El gobernador nos escuchó, pero dijo desconocer la situación y no hizo nada”.

El intercambio de recriminaciones se extendió también a la Legislatura bonaerense. Tras la presentación de un proyecto por parte del senador Ariel Bordaisco para que el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, compareciera y explicara la crisis en el IOMA, Bianco respondió a Bordaisco a través de sus redes sociales, manifestando estar “sorprendido” de que los legisladores desempeñaran su labor en enero y asegurando su disponibilidad, dado que no se había tomado vacaciones en 2025. La senadora Eugenia Gil enfatizó: “Exigimos respuestas. Menos campaña y más acción. Establecer prioridades, hablar y resolver lo que se debe, no es Aerolíneas y reelecciones, es sanear IOMA por el bien de los bonaerenses”.

Redacción

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YPF cerró un acuerdo con India y proyectó exportaciones multimillonarias para 2031

YPF firmó hoy un memorándum de entendimiento con las empresas estatales de India Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OVL) para venderles gas natural licuado. El objetivo contempló exportar hasta 10 millones de toneladas al año, equivalentes a 47 millones de metros cúbicos diarios de gas (30% de la producción nacional actual), una vez que la Argentina avanzara con sus proyectos de licuefacción.

El acuerdo incluyó cooperación en litio y otros minerales críticos, y también abarcó la exploración y producción de hidrocarburos, según informó la petrolera estatal. Esta firma concluyó la gira que el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, inició a comienzo de año por Israel, Corea y Japón para promover el gas de Vaca Muerta en nuevos mercados. El ministro de Petróleo y Gas Natural de India, Hardeep Sinh Puri, el secretario de Petróleo y Gas, Pankaj Jain, y directivos de OIL, GAIL y OVL participaron del acto en Nueva Delhi.

“Es una enorme satisfacción poder avanzar con la India en este acuerdo para abastecerlos potencialmente de gas. Estamos convencidos de que el país tiene una oportunidad de convertirse en un exportador de energía y lograr el objetivo buscado por toda la industria de generar ingresos por US$30.000 millones en los próximos 10 años”, dijo el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín. “Quiero agradecer el compromiso y la dedicación del embajador argentino en la India (Mariano Caucino) y todo su equipo que desde el primer momento se involucraron y contribuyeron a alcanzar este objetivo”, agregó.

GAIL tiene la operación de más de 16.000 kilómetros de gasoductos y gestiona los contratos de compra de GNL en la India, mientras que OVL y OIL representan la segunda y la tercera petroleras más grandes del país, con más del 15% de la producción total. En la información difundida, YPF destacó que el MOU es una declaración de intenciones y no implicó compromisos de inversión inmediatos.

La petrolera estatal buscó demandantes de gas equivalentes a 47 millones de m³/d para dar viabilidad a su proyecto de GNL y acceder a financiamiento a tasas razonables. En diciembre pasado, YPF anunció una asociación con la angloholandesa Shell, la segunda mayor operadora de GNL del mundo, para la primera fase del proyecto Argentina LNG, que contempló una capacidad de licuefacción de 10 millones de toneladas al año. El plan completo estimó una inversión de US$30.000 millones para construir gasoductos de 580 kilómetros y levantar una terminal de procesamiento en Sierra Grande, provincia de Río Negro.

Al mismo tiempo, Pan American Energy (PAE) contrató un buque de licuefacción junto con la empresa noruega Golar. El buque FLNG Hilli Episeyo, con una capacidad de 2,45 MTPA (aproximadamente 11,5 millones de m³/d), llegará a la Argentina en 2027. Entre las socias del proyecto figuran Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%), YPF (15%), PAE (40%) y Golar (10%). La compañía noruega construyó además otro buque con capacidad de 3,45 MTPA, que podría estar disponible a fines de 2027, lo que permitiría ampliar la exportación a 27 millones de m³/d, equivalente al 20% de la producción nacional actual.

Hardeep Singh Puri, ministro de Petróleo y Gas Natural de India

En proyecciones de YPF, la Argentina podría exportar el equivalente a US$30.000 millones en 2031 por sus ventas de petróleo y GNL, un monto cercano al valor de las exportaciones de granos (US$23.125 millones en 2024). De ese total, la petrolera estatal previó exportaciones de entre US$10.000 millones y US$12.000 millones. El reciente escenario energético internacional también incluyó una posible aceleración de los proyectos de GNL en Estados Unidos, tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, que el gobierno de Joe Biden había pausado por temas ambientales. Según la información oficial, esta situación podría motivar a YPF a agilizar la llegada de buques de licuefacción y postergar la construcción de una planta en tierra, proceso que demandaría un plazo mayor.

Desde la empresa señalaron que habrá que esperar para conocer el impacto de los anuncios de Trump en materia energética. YPF, por su parte, continuó con la iniciativa de “Argentina LNG”, dividida en tres etapas de 10 MTPA cada una. En esa línea, la compañía consideró que uno de los barcos podría destinarse a las demandas de la India y que la ventana de oportunidad ofrecida por la transición energética urgió a acelerar las exportaciones de gas proveniente de Vaca Muerta.

La firma malaya Petronas salió oficialmente del proyecto, mientras que Shell ingresó como productor y comprador (offtaker) del GNL que genere uno de los buques. El otro podría abastecer a la India u otras grandes petroleras. La llegada del primer buque Hilli Episeyo a las costas de Río Negro representó la fase inicial de un plan de expansión que se complementaría con un segundo buque de Golar. También aparecieron perspectivas de colocaciones en Europa, Israel, Japón, Corea del Sur y China.

Redacción

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La Mesa de Enlace respaldó la baja de retenciones anunciada por Caputo pero exigió su eliminación definitiva

El Gobierno, encabezado por el presidente Javier Milei, comunicó a través de su vocero Manuel Adorni y del ministro de Economía Luis Caputo la reducción y eliminación de los derechos de exportación (DEX) para diversos productos agropecuarios. El anuncio incluyó la rebaja temporal de la soja, que bajó de 33% a 26%; de sus derivados (aceite y harina), de 31% a 24,5%; y de trigo, maíz, cebada y sorgo, de 12% a 9,5%. El girasol disminuyó de 7% a 5,5%. Además, se eliminaron de forma permanente los DEX para economías regionales que aún tributaban entre 2,5% y 5%, como azúcar, algodón, arroz y productos forestales.

La reducción comenzaría la próxima semana y se extendería hasta el lunes 30 de junio. Para acceder a estas alícuotas más bajas, los productores debían liquidar sus ingresos en el mercado de cambios en un plazo de 15 días tras presentar la declaración jurada de ventas de exportación (DJVE), aunque las exportaciones efectivas podrían concretarse más adelante.

La Mesa de Enlace, conformada por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y la Federación Agraria Argentina (FAA), consideró que la iniciativa representó “un paso positivo ‘en la dirección correcta’” para el campo. Al mismo tiempo, resaltó la necesidad de que la quita de retenciones sea definitiva. “Las retenciones son un tributo regresivo y perjudicial que debe ser eliminado de manera definitiva. Este impuesto ha sido históricamente un freno para el desarrollo del sector productivo. No es sostenible pedirle al productor que pague impuestos cuando ni siquiera logra cubrir los costos de producción”, expresaron en un comunicado conjunto.

Las entidades explicaron que venían advirtiendo “sobre una situación crítica para el sector agropecuario, que se agravó significativamente en las últimas semanas” por la baja de los precios internacionales, la sequía que afectó a cultivos de soja y maíz y la alta presión impositiva. Precisaron que el jueves anterior solicitaron públicamente un “alivio fiscal” y alertaron sobre la crisis que atravesaba la actividad. En ese mismo encuentro, acordaron pedir una reunión con el ministro Caputo, quien prometió recibirlos el 6 del mes próximo.

La Comisión de Enlace afirmó que “la eliminación de este impuesto no debe ser sólo una medida transitoria, sino un cambio estructural que garantice las condiciones para fomentar la inversión y el desarrollo genuino”. También recordó que “desde el año 2002, los productores agropecuarios hemos aportado más de 200.000 millones de dólares en retenciones”, y estimó que “ha llegado el momento de que esos recursos se transformen en inversión y trabajo genuino en las provincias que generan riqueza y empleo”.

En cuanto a las economías regionales, las cuatro entidades destacaron que “la eliminación de retenciones para productos de las economías regionales es una medida fundamental para cientos de productores que están asfixiados y necesitaban de este alivio”. Subrayaron, además, que “para potenciar al campo como motor económico del país es fundamental avanzar también en temas estructurales como la mejora de la infraestructura, la conectividad, la seguridad y otros aspectos que permitan consolidar el desarrollo sostenible del sector”.

Redacción

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Argentina registró en 2024 el superávit comercial más elevado de las últimas dos décadas

Argentina alcanzó en 2024 un superávit comercial de USD 18.899 millones, la cifra más alta de los últimos 20 años en términos nominales, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El resultado final se definió en diciembre, cuando el país registró un saldo positivo de USD 1.666 millones, con exportaciones por USD 7.035 millones e importaciones por USD 5.369 millones.

Este desempeño cerró 12 meses consecutivos de superávit y revirtió el déficit de USD 6.926 millones observado en 2023. Las exportaciones crecieron 19,4% interanual durante el año, hasta alcanzar los USD 79.721 millones, mientras que las importaciones cayeron 17,5%, con un total de USD 60.822 millones. Aun así, el Indec estimó que la Argentina habría obtenido un superávit de USD 21.246 millones si hubieran prevalecido los precios de 2023, pero la caída del índice de precios de las exportaciones (-5,8%) en comparación con el de las importaciones (-4%) generó una pérdida en los términos de intercambio de USD 1.550 millones.

Dentro de la dinámica de diciembre, las compras externas aumentaron 26,2% en la comparación interanual y registraron una suba de 8,8% frente a noviembre. En tanto, las ventas al exterior avanzaron 33,4% respecto de diciembre de 2023. Los rubros que más impulsaron las exportaciones fueron las manufacturas de origen agropecuario (36% de suba interanual), los productos primarios (30%) y el sector energético (50%). Por el lado de las importaciones, el alza más significativa se dio en vehículos (230%) y bienes de consumo (53%), mientras que las compras de energía descendieron 43%.

El economista Jerónimo Montalvo, de la consultora Abeceb, señaló que el país exhibió en diciembre un superávit comercial “durante toda la gestión Milei, con una aceleración por segundo mes consecutivo y con un crecimiento sensible respecto del resultado de diciembre de 2023 (64%)”. Montalvo afirmó que el récord de 2024 (que no se dio como porcentaje del PBI) respondió a la combinación de un fuerte crecimiento de las exportaciones y una marcada reducción de las importaciones, las cuales alcanzaron su menor nivel desde 2015 en proporción al producto bruto.

Según Montalvo, en 2025 las exportaciones seguirían en aumento, impulsadas por una buena cosecha y el aporte del sector energético, con un incremento estimado de 7%. Sin embargo, auguró también una mayor dinámica en las compras externas, que se proyectarían con una suba de 16%. En ese escenario, el país podría mantener un saldo comercial positivo de entre USD 14.000 y USD 15.000 millones, con casi la mitad proveniente del sector energético.

En línea con esta tendencia, el economista Jorge Vasconcelos, del Ieral, observó que la recuperación económica en Argentina mostró un sesgo hacia el crecimiento de las importaciones no energéticas. Destacó asimismo el comportamiento del comercio bilateral con Brasil: las importaciones argentinas desde ese país pasaron de caer 50,5% interanual en junio de 2024 a incrementarse 46,9% en diciembre, mientras que las exportaciones a ese destino se desaceleraron a 2,5% en el mismo lapso.

Por otra parte, el sector energético también exhibió un desempeño notable. A lo largo de 2024, la balanza comercial energética mostró un superávit de USD 5.668 millones, el mayor de los últimos 18 años. Las exportaciones de combustibles y energía crecieron 22,3% y totalizaron USD 9.677 millones, lo que representó el 12,1% de los envíos argentinos al exterior. Chile se posicionó como el principal destino de estas ventas, con USD 2.844 millones, un 74,1% más que en 2023. A la vez, las importaciones de combustible y lubricantes se contrajeron 49,4%, hasta USD 4.009 millones.

En diciembre, este rubro marcó un superávit energético de USD 852 millones. Según los datos oficiales, las exportaciones del mes sumaron USD 1.032 millones, de los cuales USD 5.473 millones correspondieron a la venta de aceites de petróleo, al tiempo que las compras externas se ubicaron en USD 180 millones, un 42,9% menos que en diciembre de 2023. De este modo, el país consolidó un año con resultados positivos tanto en el balance energético como en el global, alcanzando el superávit comercial nominal más alto de las últimas dos décadas.

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El gobierno reglamentó la publicación de precios en dólares

Desde este último viernes, todos los comercios y prestadores de servicios pueden exhibir sus precios, no solo en pesos, sino también en dólares o en cualquier otra medida extranjera. La Resolución 4/2025 de la Secretaría de Comercio, publicada en el Boletín Oficial, oficializa esta medida, que está alineada con la normativa del Banco Central que permitirá el pago en dólares con tarjetas de débito a partir del 28 de febrero.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la medida a través de sus redes sociales el pasado jueves: “Los precios de bienes y servicios deberán figurar en pesos, indicando también el importe total en dólares u otra moneda, siempre especificando el precio final que debe abonar el consumidor”. Además, la normativa elimina la obligación de destacar más los valores en pesos que en otras divisas, por lo que se establece una paridad visual entre ambas. Esta iniciativa busca responder al creciente contexto de dolarización y aportar mayor transparencia en las transacciones comerciales.

El ministro destacó que la reglamentación “también prevé que los establecimientos comerciales deben indicar el precio por unidad de medida, y que el precio de góndola coincida con el que se cobra en líneas de cajas”.

La medida modifica puntos clave de la resolución 7/2002 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, particularmente en lo referente a la exhibición de precios en moneda extranjera. Específicamente, elimina la obligatoriedad de que los valores en pesos tengan preeminencia visual, y permite que los precios en divisas se muestren con igual relevancia.

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El nuevo sistema será obligatorio para bancos, administradoras de tarjetas y empresas adquirentes, que deberán garantizar a los usuarios de tarjetas de débito la posibilidad de pagar en dólares en los comercios que acepten esta modalidad. 

Empresas como Fiserv, Mercado Pago, Payway y Getnet ya avanzan en la incorporación de esta funcionalidad para tarjetas Mastercard y Visa. Además, algunas de estas firmas han iniciado negociaciones con grandes cadenas comerciales para la rápida implementación del sistema.

Aunque la medida podría alterar la forma en que se exhiben los precios y se realizan los pagos en el país, analistas consideran que su éxito dependerá de la receptividad de comerciantes y consumidores. La posibilidad de pagar en dólares podría resultar especialmente atractiva en sectores donde los precios ya están dolarizados, como el inmobiliario o el tecnológico. Sin embargo, su adopción podría ser más gradual en otros ámbitos. “Queremos acompañar a los sectores que ya utilizan al dólar como unidad de cuenta, sin desatender el rol fundamental del peso. Esta medida traerá más claridad en las transacciones y ayudará a fomentar la actividad económica”, aseguró Caputo.

La resolución constituye como principio clave que los consumidores deberán acceder siempre al precio final del producto, ya sea de manera presencial como virtual. Además, aclara que las ofertas y descuentos podrán publicarse por separado, sin necesidad de incluirse en la información presentada en el fleje de góndola.

La opción de elegir el pago en pesos o dólares estará disponible antes de que finalice febrero para tarjetas de débito, mientras que la implementación para códigos QR comenzará a regir a partir del 1.° de abril.

Redacción

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URUGUAY | Subastaron un campo que Lázaro Báez compró para lavar dinero

El emblemático campo “El Entrevero”, ubicado en José Ignacio, Uruguay, y confiscado a Lázaro Báez tras su condena por lavado de dinero, fue subastado por orden de la justicia uruguaya. La propiedad, valuada originalmente en 14 millones de dólares, tenía una base de 3,5 millones, pero alcanzó un precio final de 10,8 millones en una reñida puja. La oferta ganadora fue realizada por una sociedad vinculada al empresario Eduardo Costantini, fundador de Nordelta, y al polista Adolfo Cambiasso, a través de la empresa Consultatio.

La subasta tuvo lugar en el hotel Jeans Clever de Punta del Este, donde empresarios y abogados se congregaron para participar del remate. Solo diez postores cumplieron con el requisito de un depósito inicial de 10.000 dólares para competir por el predio de 145 hectáreas. La entrada de “El Entrevero” se encuentra en el kilómetro 171 de la Ruta Nacional 10, a solo ocho kilómetros del exclusivo balneario de José Ignacio, y el terreno ofrece grandes posibilidades de desarrollo inmobiliario.

El campo había sido adquirido en 2011 por Báez a través de maniobras que buscaban blanquear fondos ilícitos. Según Leonardo Fariña, uno de los imputados en el caso y colaborador clave como testigo arrepentido, la compra se realizó mediante sociedades fantasma como Traline SA y Jumey SA para ocultar a los verdaderos propietarios. “Según la escritura se pagaron 14.109.340 dólares, pero si sumamos lo que no aparece en los papeles llegamos a 16 millones”, declaró Fariña durante el juicio.

La propiedad fue decomisada en el marco de la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”, que destapó un esquema de corrupción liderado por Báez. En 2023, la justicia uruguaya condenó al empresario a cuatro años y medio de prisión por lavado de dinero, mientras que Fariña recibió una pena reducida de dos años y medio por su colaboración.

Además de “El Entrevero”, Báez poseía otro terreno en la zona del Faro de José Ignacio, adquirido por 800.000 dólares, y una propiedad en Maldonado valuada en 320.000 dólares. En total, el decomiso de bienes alcanzó los 14,8 millones de dólares.

El rematador Javier Fasanelo destacó las características del terreno subastado, que incluye 40 hectáreas habilitadas para desarrollos inmobiliarios cercanas al mar. “Es un terreno único, con posibilidades de desarrollo que justifican un precio final cercano a los 10 millones de dólares”, aseguró Fasanelo antes de conocerse la oferta final.

Redacción

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