Más impuestos y burocracia | Ushuaia pretende crear un ente municipal de turismo para cobrar impuestos a los turistas
La creación de un ente municipal de turismo en Ushuaia despierta críticas por su posible impacto económico en el sector. Desde la Cámara de Turismo advierten que la medida desfinanciaría a entidades claves y cuestionan una nueva tasa que recaería sobre los turistas sin beneficios concretos a cambio.
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La Municipalidad de Ushuaia presentó un proyecto ante el concejo deliberante para crear una nueva estructura estatal dedicada al turismo. El Ente Ushuaia Turismo (Enutur), una entidad descentralizada que absorbería a la Secretaría de Turismo municipal, tendría por objetivo promover el “desarrollo turístico sostenible” de la jurisdicción.
La iniciativa, sin embargo, trajo consigo un montón de críticas, ya que aseguran que mayor impuestos le quitaría competitividad al sector, generando una disminución en el número de visitantes. Esta situación pondría en riesgo el trabajo de cientos de personas que son empleadas en este sector.
Desde la Cámara de Turismo de Ushuaia, cuestionaron el proyecto: “implica la desfinanciación y derogación de la ordenanza que indica cómo se financia el Ushuaia Bureau, que es el ente mixto que se dedica a la promoción y desarrollo turístico. Es una herramienta espectacular que nos permite sentarnos y conversar de igual a igual y resolver juntos el norte de la promoción turística de un destino tan importante como lo es Ushuaia. Ha funcionado muy bien a lo largo de los años”, comentó Patricio Cornejo, presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia.
De esta manera, la tasa de “Derecho de uso urbano” se aplicaría a todos los turistas y excursionistas mayores de doce años. Se cobrarán 5 Unidades de Valor Fiscal (UVF) a los residentes argentinos y 10 UVF a los extranjeros. El último valor publicado de la Unidad de valor fiscal es de $ 1.127,76, actualizado en enero de 2024. “Para enero de 2025, con una actualización por debajo de la inflación podría llegar a los $2.000″, explicaron desde la Cámara de Turismo.
Asimismo, Cornejo sostuvo que en el proyecto no se especifica la contraprestación que recibirá el turista por pagar una tasa. “Si no se da una contraprestación, no es una tasa, es un impuesto. De hecho, ese es el fundamento por el cual la Ecotasa fue declarada inconstitucional en Bariloche y otros destinos”, argumentó el presidente de la Cámara de Turismo.
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En la mañana de este viernes, operarios retiraron un busto del expresidente Néstor Kirchner de las oficinas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ubicadas en la avenida Paseo Colón 239, en la zona del Bajo porteño, en el barrio de Monserrat (Comuna 1).
Según trascendió, la orden fue dictada por la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello. En redes la funcionaria expresó: “En el día de hoy, se retiró el busto del ex presidente Néstor Kirchner que se encontraba en las oficinas de ANSES de la Av. Paseo Colón”.
Esto se da un día después de que la funcionaria emitiera una resolución para dar de baja la jubilación de privilegio que percibía Cristina Kirchner y también la pensión que le correspondía por ser viuda de un expresidente.
A eso sumó cuatro fotos de los momentos en que dos operarios retiraban la estatua del expresidente, que estaba ubicada en una tarima en la zona del ingreso. En la secuencia se observa después a estos dos hombres con gorra y guantes subir el busto a una camioneta Peugeot Partner ploteada con la insignia oficial y, por último, a la representación ubicada en un lugar que parece un depósito, arriba de un pallet de madera.
Tanto detrás en la pared como en la parte inferior de la estatua había dos carteles idénticos pegados. “Las y los trabajadores de la Anses no olvidamos”, decía, junto a una foto de Néstor y Cristina Kirchner abrazados.
La noticia no pasó desapercibida para los representantes del Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Anses (Secasfpi), que publicaron en sus redes sociales un comunicado para repudiar la medida tomada por Pettovello. Primero, a través de una grabación mostraron el momento en que los dos operarios retiraban de la sede gubernamental del centro porteño el busto y lo colocaban en la camioneta, detenida en plena calle con balizas.
El Gobierno nacional está evaluando la demolición del edificio del ex Ministerio de Desarrollo Social, actualmente conocido como Capital Humano, ubicado en la Avenida 9 de Julio. Este inmueble lleva desde 2011 las imágenes gigantes de Eva Perón.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reveló este sábado que desde el Poder Ejecutivo analizan demoler el edificio donde funcionaba el ex Ministerio de Desarrollo Social, emplazado sobre la avenida 9 de Julio, que tiene la imagen característica de Eva Perón. La noticia se conoce luego del anuncio de Sandra Pettovello de avanzar con un “proceso de reordenamiento” en sus espacios públicos para “garantizar la neutralidad partidaria y evitar la propaganda política”.
“La demolición del edificio que está en medio de la 9 de Julio no es nueva. Hace décadas que la escuchamos hablar. Me acuerdo de cuando yo era concejal en la ciudad de Buenos Aires por los ‘90 y era un tema que siempre estaba en discusión”, recordó Francos en diálogo con Radio Mitre.
“NO ES CONTRA EL PERONISMO, ES PARA MEJORAR EL TRÁNSITO”
En ese sentido, el funcionario detalló que el “edificio está en muy malas condiciones” y “entorpece el tránsito dentro de una avenida troncal y central”. “Lo que la ministra Sandra Pettovello está analizando es toda la infraestructura que tiene su Ministerio en todos los órdenes. Está analizando la necesidad de tener o no tener ese edificio enorme, que tiene un costo de funcionamiento enorme porque no está en buen estado y ella será la que le proponga al Poder Ejecutivo cómo seguir con ese edificio”, concluyó.
El funcionario libertario explicó que la propuesta responde a un proyecto de apertura del tránsito en la principal arteria de la Ciudad de Buenos Aires. “No es algo contra el peronismo, es para abrir el tránsito de la 9 de Julio. No será ahora, tal vez en julio del año que viene. Es un edificio federal, por lo que la Ciudad no tiene injerencia”, aseguró.
El ex intendente de Villa María y actual ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba en uso de licencia, Martín Rodrigo Gill, enfrentará un juicio por lesiones leves calificadas en perjuicio de su expareja, Lourdes Astudillo. La jueza de Control de Villa María, MaríaSoledad Dottori, ratificó la elevación a juicio tras rechazar un recurso de nulidad presentado por la defensa de Gill, que cuestionaba la investigación liderada por la fiscal Juliana Companys.
Esta decisión, emitida en una resolución de 104 páginas hoy 8 de noviembre, marca un avance crucial en la causa que sacude a la política cordobesa y al gabinete del gobernador, Martín Llaryora.
Astudillo denunció a Gill en marzo de 2023, alegando un historial de violencia física y psicológica durante su relación con el funcionario, quien en ese momento ocupaba el cargo de intendente de Villa María.
Entre las acusaciones más graves, la víctima afirmó haber sido presionada por Gill para abortar en 2022, asegurando que él la instigó a tomar la decisión argumentando que un embarazo perjudicaría su vida profesional. La denuncia describe, además, dos episodios específicos de agresión ocurridos entre diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando Gill la agredió físicamente durante discusiones en su departamento.
LAS AGRESIONES DENUNCIADAS
La jueza Dottori detalló en su fallo los dos episodios que sustentan la acusación contra el ministro de Llaryora. El primer incidente, registrado el 3 de diciembre de 2022, ocurrió en el departamento de Gill en Villa María. Según la denuncia, la discusión comenzó por la ausencia de métodos anticonceptivos en un cajón. En medio del altercado, Gill habría zamarreado a Astudillo, quien sufrió hematomas en el brazo derecho, según el informe forense, que estimó 15 días de curación.
El segundo incidente tuvo lugar el 28 de enero de 2023, cuando, durante otra discusión en el departamento de Astudillo, Gill la empujó contra la pared mientras ella reclamaba las llaves del inmueble. El informe médico reveló hematomas en el abdomen, hombro y brazos de Astudillo, con lesiones similares a las reportadas en el episodio previo. La fiscal Companys reunió estas pruebas para fundamentar la acusación y solicitó en marzo de este año la elevación a juicio, argumentando que las evidencias eran suficientes para sustentar la acusación.
Córdoba | Martín Gill, el ministro K de Llaryora que molió a golpes y obligó a abortar a su ex pareja
La defensa de Gill, a cargo del abogado Eduardo Luis Rodríguez, intentó frenar el juicio al solicitar la nulidad del proceso. Rodríguez alegó que, tras asumir como ministro en diciembre de 2023, Gill debería haber sido investigado por un juez, no por una fiscal. Sin embargo, la jueza Dottori desestimó este argumento, afirmando que el proceso judicial comenzó antes de que Gill asumiera su cargo ministerial y, por tanto, no le correspondía ningún privilegio jurisdiccional en esta causa. Además, la magistrada destacó que el propio Gill había aceptado ser interrogado por la fiscal Companys en marzo, sin objetar en aquel momento la autoridad de la fiscalía.
En su resolución, la jueza consideró que “las pruebas reunidas en el curso de esta instrucción tienen aptitud lógica y valor convictivo suficiente para arribar al estado intelectual de probabilidad que se exige en esta instancia para sustentar la acusación del imputado”.
En un caso que conmociona a las cúpulas castrenses y al Ministerio de Defensa, el segundo militar más importante en jerarquía, el general Fabián Berredo, denunció ante la Justicia penal a otro general y subjefe del Ejército, al que acusó de amenazarlo con despedir a su esposa que es coronel médica del Hospital Militar, si éste no pedía el retiro de la fuerza.
La denuncia, que recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, es un nuevo capítulo de la dura interna militar que llevó esta semana al retiro del pliego en el Senado del ascenso del general Berredo al cargo superior, y que estaba frenado desde hace meses por la vicepresidente Victoria Villarruel.
Berredo, comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto (EMCO) y como tal número dos de las Fuerzas Armadas, denunció ante el juez Rafecas al subjefe del Ejército, general Carlos Carugno.
Según la denuncia, Carugno le hizo llegar el siguiente mensaje a través del coronel López Stanic: “Decile al General Berredo que si para antes del 10 de Julio no solicita el retiro, le saco el pase del Hospital Militar Central a su señora”.
“El Coronel López Stanic me transmitió ese mensaje tal como fue citado”, señala la denuncia patrocinada por los abogados Carlos Caride Fitte y Mariano Grondona.
La esposa de Berredo, Claudia Barros, es coronel médica y se desempeña desde hace 20 años en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Central Militar. Administrativamente depende del Ejército.
Berredo le ha dicho a sus allegados estar convencido de que el general Carugno actuó bajo instrucciones del jefe del Ejército, general Carlos Presti, con quien está duramente enfrentado. Presti aparece alineado con la vice Villarruel, a quien se señala por haber frenado su pliego de ascenso en el Senado.
Berredo fue a la Justicia federal luego de que, tal como aseguró en su denuncia también ante Rafecas, hizo una denuncia administrativa en el ámbito militar, que entendía debía inmediato tratamiento.
Pero el sumario fue rápidamente archivado, dicen cerca del militar.
Berredo ofreció de testigos al coronel Jorge Mariano López Stanic, y al contralmirante Marcelo Dalla Nogare, subjefe del Estado Mayor Conjunto.
Los amigos de Berredo cuentan que estuvo dos semanas casi sin dormir, hasta que decidió realizar la denuncia. Además se le cruzaron muchas cuestiones personales, por estar involucrada su propia esposa. La denuncia se presentó el 18 octubre y quedó ratificada el 6 de noviembre.
“Quiso hacer una defensa de los valores y de los mecanismos institucionales, no solamente por él, por los que vienen después”, aseguran sus amigos.
PURGA MILEÍSTA E INTERNA FEROZ:
La situación de conflicto se remonta al cambio de gobierno en diciembre de 2023 y a la decisión de Javier Milei de entronizar como jefe del Ejército a Presti, lo que causaba el retiro de 22 generales. Una purga más extensiva que la de Néstor Kirchner, 20 años atrás.
Para atemperar los efectos, varios generales fueron destinados en actividad al Ministerio de Defensa o quedaron en funciones en el Estado Mayor Conjunto. Uno fue Berredo, que ya era Comandante Operacional del EMCO desde 2022.
En los papeles, el EMCO como organismo asesor del Ministro de Defensa, es el nexo con el poder político; se supone que mandar, en estos tiempos que corren, por sobre las fuerzas. Es una larga evolución desde el desastre de la guerra de Malvinas una de cuyas causas, denunciada en el celebre informe Rattenbach, fue la falta de “conjuntez”: cada fuerza hizo la guerra que le vino en gana.
Desde el EMCO se hace el planeamiento, se manejan las compras del Fondo para la Defensa (Fondef), se articulan las grandes operaciones, desde las misiones de paz y los operativos electorales, hasta lo que fue el megaopoerativo en la pandemia de Covid-19. El actual jefe es el brigadier general Xavier Isaac.
Pero el aviador no aparece en primera línea al menos, de este conflicto que atañe al Ejército.
Afirman que Presti, el jefe del Ejército, logró ir corriendo a los generales que estaban en Defensa y el EMCO: el jefe antártico Edgar Calandín, el general Juan Baretto de Planeamiento Estratégico, el general Martín Lluch que ni siquiera llegó a asumir en Logística. Desde ese lado aseguran que Presti “rompiendo todos los códigos” llegó a negarle el saludo a Berredoen una reciente formación en el Edificio Libertador.
Berredo, dueño de los “fierros” como Comandante Operacional, fue perdiendo apoyo político, del propio ministro Luis Petri. No tuvo apoyo cuando Villarruel retiró su pliego junto al de otros militares. “El lobby de Presti con Villarruel lo puenteó al propio ministro”, disparan los allegados a Berredo.
Como punto culminante, el viernes pasado con la firma de Milei y de Petri fueron directamente retirados los pliegos de ascenso de Berredo y también del coronel Gustavo Adrián Sívori. Berredo hace dos días presentó su pedido de pase a retiro, aunque sigue en funciones a la espera de su reemplazante.
Al respecto, en otras altas fuentes castrenses que se jactan de conocer al dedillo lo que piensa el ministro Petri, sostienen: “Berredo venía de la gestión anterior y cumplió un ciclo. El ministro decidió su relevo, y no tuvo que ver Villarruel. Si decidió una denuncia penal, está en su derecho”.
Aseguran también que el relevo de Berredo -y por eso finalmente el retiro del pliego del Senado– se decidió porque está a punto de salir la nueva reglamentación de la ley de Defensa, que cambia funciones del Comando Operacional, y Petri quiere allí un nuevo jefe en la etapa que viene.
Como sea, la denuncia penal por “amenazas coactivas” contra el subjefe del Ejército le pone un condimento inédito a la situación.
En la cartera que conduce Petri, esto se suma a otro conflicto de la semana pasada, el escandaloso despido del jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Mengo, acusado por el propio ministro Petride “uso indebido de aeronaves” de la fuerza y presuntos hechos de acoso o abuso. Lo reemplazó el brigadier Gustavo Valverde.
Otro curro más salpica al gobierno de Axel Kicillof, vinculado nuevamente al ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, y su banda comandada por Claudia Pombo (presidenta del Concejo Deliberante de Pilar e íntima del intendente Federico Achaval), Mario Quattrochi (juez de faltas bonaerense de La Plata y San Isidro), Pablo Sanguinetti (director provincial del ministerio), y Lourdes Giménez (subsecretaria Legal y Técnica y, a la par, armadora de la estructura criminal de la banda), y Laura Angeletti (funcionaria de Transporte e integrante de la comisión de preadjudicación de las VTV).
Ahora se vieron involucrados en un entramado que relaciona una “empresa” sin experiencia en el rubro, encargada de prestar un supuesto servicio a empresas adjudicatarias de plantas de VTV, a cambio de un importante porcentaje que abonan los conductores bonaerenses a la hora de realizar el trámite de verificación técnica vehicular.
La maniobra denunciada derivó en la causa caratulada como “FSM 23688/2024 D’Onofrio Jorge Alberto y otro S/ Infracción ART. 303″, la cual recayó en el juzgado Federal de Campana – secretaría Penal Nro. 2, a cargo del juez Adrián González Charvay, el cual en primera instancia se declaró incompetente para investigar, por un presunto pedido del intendente de Pilar, Federico Achaval, a fin de proteger a su colega pilarense, Claudia Pombo.
Finalmente, la cuestión fue resuelta en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, la cual revocó la decisión del Juez Charvay, y le ordenó que investigue a los funcionarios denunciados por lavado de activos.
HECHOS
El 15 de mayo de 2023, Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA (CUIT 30-70798737-1) realizó una “oferta irrevocable para la implementación de innovaciones tecnológicas para la gestión de servicio de VTV” a las empresas de VTV:
1.- VTV Norte SA (CUIT 30-68520007-0);
2.- SGS Argentina SA (CUIT 30-54711042-7);
3.- Applus Iteuve Argentina SA (CUIT 30-68520014-3);
4.- VTV Noroeste SA (CUIT 30-68492348-6);
Esta “oferta irrevocable”, atento a que se realizó de manera previa a la licitación del servicio de VTV que realizara el ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires el 15 de junio del 2023, se encontraba misteriosamente supeditada a que dichas empresas resultaren finalmente adjudicadas de dicho servicio.
La mencionada oferta, se convertiría en caso de efectivizarse tal condición -según cita textual- en un “acuerdo estratégico permitiendo un esquema de colaboración mutua que habilite a las concesionarias (empresas de VTV) dar cumplimiento a los requerimientos formulados por el ministerio de Transporte tendiente a implementar innovaciones tecnológicas en el sistema de VTV”.
En concreto, el ministerio de Transporte realizó supuestos requerimientos tecnológicos (vaya a saber a quién, cuándo y cómo), de los cuales tomó conocimiento la empresa “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA”, por ende se anticipó a ofrecer brindar “esa solución” a las empresas de VTV, a quienes evidentemente les tenía mucha fe de que resultarían adjudicatarias de un futuro llamado a licitación realizado por la cartera ministerial de Jorge D’Onofrio.
La empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, es presidida por Sebastián Desio, y su vicepresidente resulta ser Diego Fornesi.
Sebastián Desio, en el medio. A su izquierda, Tomás Uthurriague (director de Sistemas de Transporte). A su derecha, Mario Quattrochi, juez de Faltas provincial, dependiente también del ministerio de Transporte, y miembro reconocido del club platense de Rubgy San Luis.
Sebastián Desio, a quien se puede observar en la foto en un acto de campaña del ministro Jorge D’Onofrio, resultar ser entonces el presidente de la empresa que, sin ningún tipo de licitación ni antecedentes en el rubro, percibe el 8,5 por ciento + IVA, del 70 por ciento del producido de las empresas de VTV adjudicadas de la provincia que conduce Axel Kicillof, conforme la cláusula séptima del convenio: “La proveedora tendrá derecho al cobro y recibirá una retribución del 8,5 por ciento más IVA del valor total de cada pago realizado a través de los medios de pago habilitados, en el marco de los contratos de concesión, incluidas las prórrogas, adendas y/o enmiendas correspondientes, que a cada una de las empresas concesionarias le corresponda por la prestación del servicio de VTV que prestan, calculado sobre el cobro de la tarifa de VTC neta de IVA”.
Uno puede preguntarse: ¿Qué garantía tenían las empresas, las cuales cederían un importante porcentaje del cobro de VTV, de que se cumpla con la promesa de adjudicación? Sucede que todo estaba expresamente supeditado a que el ministerio de Transporte emita el acto administrativo de aprobación de dicho acuerdo.
La “propuesta tecnológica” de la empresa de Sebastián Desio, vaya sorpresa, fue posteriormente aprobada por parte de ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, y de esta forma consumada la asociación ilícita para el desvío de los fondos que representan un 8,5 por ciento más IVA de cada pago que los contribuyentes bonaerenses realicen a cada una de las empresas de VTV concesionadas.
Ello explica por qué el ministro Jorge D’Onofrio junto a Axel Kicillof, decidieron aumentar, en un plazo de diez meses, un 296,7 por ciento los valores de la VTV en el territorio bonaerense. El 4 de abril del 2024, el valor de la tarifa básica fue de 15.997 pesos, y por la resolución dictada en septiembre de este año, el costo de verificación fijado para febrero del 2025 será de 63.463 pesos, es decir, casi el triple de lo fijado para abril del año en curso.
Para cuantificar la importante caja que queda en manos de Axel Kicillof y su ministro de transporte, veamos que, según datos oficiales, cada año se realizan en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, más de 3.1 millones de verificaciones. Y casi una décima parte de lo recaudado queda en manos de la empresa fantasma cuyos socios son los amigos de transporte.
Ahora bien, ahondando un poco más acerca de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, su vicepresidente resulta ser, Diego Ernesto Fornisi, presidente del querido club San Luis, íntimo amigo de Mario Quattrochi, socio histórico del club, al cual concurren sus dos hijos Francisco e Ignacio Quattrochi.
El denunciado e investigado por la justicia Mario Quattrochi, juez de Faltas de la provincia de Buenos Aires tanto del departamento La Plata como el de San Isidro, participó también de la evaluación de las ofertas de las luego adjudicadas empresas de VTV. En la imagen a la que tuvo acceso el medio Real Politik, se los ve a Mario Quattrochi junto a Sebastián Desio y uno de los empresarios de la VTV, en pleno proceso de adjudicación. Resulta más que extraña la relación que puede tener un juez de Faltas provincial con la adjudicación de un servicio de verificación técnica vehicular.
Mario Quattrochi a la derecha de la foto, y a su izquierda, Claudia Pombo, mano derecha de Jorge Donofrio y presidente del Concejo Deliberante de Pilar, cuyo intendente es Federico Achaval.
Recordemos que Mario Quattrochi tiene un intenso vínculo con Claudia Pombo, compañera de muchos viajes a la localidad de Málaga, España. Ambos constituyeron, Mario Quattrochi y Claudia Pombo, al menos tres empresas en Málaga, denominadas “Cattleya Blue”, “Almus Blue” y “Balin Europa SL”, las cuales se encuentran actualmente investigadas por la Justicia de nuestro país. Ello implica el motivo por el cual, de acuerdo al informe de Migraciones requerido por la Justicia, ambos cuentan con catorce salidas del país, tanto Claudia Pombo como Mario Quattrochi, en su mayoría a España.
A la izquierda de la imagen, Mario Quattrochi, y su derecha, Claudia Pombo, en el lujoso bar que comparten en Málaga “Tardeo Soho”.
Claudia Pombo, con un exclusivo champagne “Lamborghini” en el bar Tardeo Soho.
Volviendo al entramado de las VTV, los socios de los funcionarios de transporte, Sebastián Desio y Diego Fornisi, titulares de la empresa en cuestión, se aseguraron de quedar atados en una importante suma, durante todo el período de la concesión de las empresas VTV, en caso de que éstas resultaren finalmente adjudicatarias.
En caso de resultar adjudicatarias las empresas de VTV mencionadas, según la cláusula séptima “Contraprestación económica – Retribución de la proveedora”, la visionaria sociedad de Sebastián Desio, cita textual, “tendrá derecho al cobro y recibirá una retribución del 8,5 por ciento más IVA del valor total de cada pago realizado que a cada empresa le corresponda por la prestación del servicio de VTV que prestan, calculado sobre el cobro de la tarifa de VTV neto de IVA”.
Finalmente, vaya sorpresa, las cuatro empresas que recibieron la “oferta irrevocable para soluciones tecnológicas”, resultaron adjudicatarias de once zonas, de un total de dieciséis licitadas. Es decir, ganaron el 70 por ciento del total licitado. Ello surge de la resolución dictada por el ministro de Transporte Jorge D’Onofrio el 4 de enero de 2024, N° RESO-2024-2-GDEBA-MTRAGP, en el marco del expediente EX2023-03711402-GDEBA-DSTECMTRAGP.
EMPRESAS EXTRANJERAS PARA DESVÍO DE FONDOS:
Capítulo aparte merece el entramado de expresas extranjeras que impunemente han constituido los funcionarios de la cartera ministerial de Transporte.
Tal como se ha denunciado en el expediente judicial, se han utilizado al menos tres empresas en el Reino de España, concretamente de Málaga, constituidas a partir del desvío de fondos de las maniobras identificadas, para concretar el lavado de dinero de los fondos recaudados en Argentina mediante las operaciones denunciadas.
La crisis de combustible en Bolivia se agudiza mientras cientos de camiones cisterna permanecen detenidos en Argentina, a la espera de cargar combustible barato. Desde el pasado viernes, aproximadamente 100 vehículos de carga se encuentran varados en la Ruta 9 —en el tramo entre Rosario y Buenos Aires— luego de que la refinería Vitco-Zárate suspendiera el abastecimiento por la falta de pago de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según denunciaron los propios transportistas.
A través de un video difundido en redes, los conductores relataron que el gobierno boliviano no realizó los pagos correspondientes, lo que los dejó en una situación desesperante, sin acceso a servicios básicos como agua o baños, y sin poder acercarse a la refinería.“Nosotros, como cisterneros, venimos para llevarnos el combustible y al no pagar el gobierno boliviano, nos botan a nosotros acá a orillas de la ruta”, expresó uno de los transportistas bolivianos.
La refinería emitió una instrucción que les prohíbe terminantemente acercarse al área de carguío, bajo advertencia de multas y posibles sanciones. DATA24.COM.AR se contactó, sin demasiado éxito, con la refinería Vitco: “No estamos autorizados a dar información”, expresó uno de los trabajadores.
Mientras tanto, el país andino enfrenta una escasez generalizada de combustible, agravada en parte por los bloqueos en carreteras que sectores afines al expresidente, Evo Morales, mantienen desde mediados de octubre. Esta situación provocó una disminución en los volúmenes de carburantes, afectando principalmente a las ciudades de La Paz y El Alto, donde se registran largas filas en las estaciones de servicio.
Lucio Gómez, representante de la Confederación de Choferes de Bolivia, demandó una pronta solución a su gobierno, subrayando que esta escasez compromete el servicio de transporte en Bolivia, especialmente con la cercanía de las fiestas de fin de año. “Se está trabajando a media máquina. Tenemos responsabilidad con nuestro pueblo”, dijo, aludiendo a los compromisos incumplidos por las autoridades de Hidrocarburos.
Sectores de la oposición boliviana y analistas argumentan que la escasez de dólares limitó la capacidad de pago de YPFB a sus proveedores internacionales, generando tensiones y demoras en el suministro de combustibles desde países como Argentina, Paraguay y Perú. Alejandro Reyes, diputado de Comunidad Ciudadana (CC), denunció que la incapacidad de YPFB para cumplir sus obligaciones responde a una crisis de gestión en la estatal, y advirtió que Bolivia podría enfrentar mayores restricciones si Paraguay o Perú también suspenden sus envíos.
Esta versión de la falta de pago de YPFB choca contra las declaraciones del ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Alejandro Gallardo Baldiviezo, quien señaló ayer que “fue un tema de una sanción a la planta de almacenaje de Zárate”.
Para hoy, miércoles 6 de noviembre, el gerente de Comercialización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Joel Callaú, afirmó que hubo problemas en la importación de diésel porque la Municipalidad de Zárate inició una acción legal.
“Toda esta sanción ya fue subsanada y ya se han cargado 47 cisternas que ya se encuentran en tránsito hacia Bolivia”, explicó.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
A la izquierda progresista y garantista: dejen de usar a los pobres para sus negocios. En este caso no es gente en situación de calle. Estos son delincuentes que viven en la calle, mandados para generar caos como el que se ve en esta noticia. Sepan que no me voy a quedar de… pic.twitter.com/XR5QApcWgY
