Más impuestos y burocracia | Ushuaia pretende crear un ente municipal de turismo para cobrar impuestos a los turistas
La creación de un ente municipal de turismo en Ushuaia despierta críticas por su posible impacto económico en el sector. Desde la Cámara de Turismo advierten que la medida desfinanciaría a entidades claves y cuestionan una nueva tasa que recaería sobre los turistas sin beneficios concretos a cambio.
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La Municipalidad de Ushuaia presentó un proyecto ante el concejo deliberante para crear una nueva estructura estatal dedicada al turismo. El Ente Ushuaia Turismo (Enutur), una entidad descentralizada que absorbería a la Secretaría de Turismo municipal, tendría por objetivo promover el “desarrollo turístico sostenible” de la jurisdicción.
La iniciativa, sin embargo, trajo consigo un montón de críticas, ya que aseguran que mayor impuestos le quitaría competitividad al sector, generando una disminución en el número de visitantes. Esta situación pondría en riesgo el trabajo de cientos de personas que son empleadas en este sector.
Desde la Cámara de Turismo de Ushuaia, cuestionaron el proyecto: “implica la desfinanciación y derogación de la ordenanza que indica cómo se financia el Ushuaia Bureau, que es el ente mixto que se dedica a la promoción y desarrollo turístico. Es una herramienta espectacular que nos permite sentarnos y conversar de igual a igual y resolver juntos el norte de la promoción turística de un destino tan importante como lo es Ushuaia. Ha funcionado muy bien a lo largo de los años”, comentó Patricio Cornejo, presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia.
De esta manera, la tasa de “Derecho de uso urbano” se aplicaría a todos los turistas y excursionistas mayores de doce años. Se cobrarán 5 Unidades de Valor Fiscal (UVF) a los residentes argentinos y 10 UVF a los extranjeros. El último valor publicado de la Unidad de valor fiscal es de $ 1.127,76, actualizado en enero de 2024. “Para enero de 2025, con una actualización por debajo de la inflación podría llegar a los $2.000″, explicaron desde la Cámara de Turismo.
Asimismo, Cornejo sostuvo que en el proyecto no se especifica la contraprestación que recibirá el turista por pagar una tasa. “Si no se da una contraprestación, no es una tasa, es un impuesto. De hecho, ese es el fundamento por el cual la Ecotasa fue declarada inconstitucional en Bariloche y otros destinos”, argumentó el presidente de la Cámara de Turismo.
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El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este martes que el gobierno de Javier Milei detectó “gastos innecesarios” por más de USD 4.800 millones en la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) durante la gestión de MalenaGalmarini, esposa de Sergio Massa. Según las declaraciones, AySA se habría utilizado como “plataforma de campaña” para el gobierno anterior, asignando fondos a eventos y obras en distritos afines a la gestión kirchnerista.
En su habitual conferencia de prensa, el portavoz libertario detalló las irregularidades detectadas. Entre ellas, destacan el financiamiento de eventos deportivos y sociales en los municipios de Tigre y Malvinas Argentinas (localidades bonaerenses gobernadas por figuras políticas cercanas al peronismo). De los USD 200 millones asignados a obras, el 25% se destinó a estos municipios, levantando sospechas sobre el uso de los fondos públicos.
Entre los ejemplos mencionados sobresalen gastos asociados al patrocinio de eventos como el Triatlón IronMan y el Challenger de Tigre, un torneo de tenis ATP realizado en el distrito de Sergio Massa.
Además, se denunció un gasto de USD 1,3 millones en el patrocinio del Carnaval de San Fernando entre 2022 y 2023, en lo que Adorni calificó como un “festival de gasto público”. Camiones cisterna y horas extras de personal de AySA habrían sido utilizados para apoyar estos eventos festivos, en lugar de enfocarse en las actividades esenciales de la empresa.
Otra de las denuncias presentadas por el gobierno de Milei refiere a la adquisición de un edificio en la calle Tucumán, en la Ciudad de Buenos Aires, por USD 31.600.000, durante la pandemia. A este inmueble se le sumaron gastos por USD 9.600.000 en reparaciones que nunca se completaron. Según Adorni, estaba previsto que en este edificio se construyeran varios pisos adicionales destinados al uso exclusivo de la presidencia de AySA.
El vocero también informó sobre la compra de 613 camionetas Renault Kangoo por un total de USD 25.700.000, lo que implica un costo de USD 42.000 por cada vehículo, cifra que calificó como “tres veces mayor a su valor real”. Estas compras fueron realizadas en septiembre de 2023.
AySA se encuentra en la lista de empresas que el gobierno de Milei pretende privatizar. Actualmente, la compañía, que cuenta con más de 7.000 empleados y acumuló pérdidas por $70.000 millones en lo que va de 2024, podría ser puesta a la venta en su totalidad o lanzar sus acciones a la bolsa en marzo de 2025.
El gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de “Ley Hojarasca”, una iniciativa impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, FedericoSturzenegger, con el objetivo de derogar 70 leyes que el Ejecutivo considera obsoletas o contraproducentes para las libertades individuales y los derechos de propiedad.
El proyecto se enmarca en el plan del gobierno para “desregular y simplificar el marco normativo vigente”. Según el comunicado oficial, estas leyes, muchas sancionadas durante los gobiernos militares, “imponen trámites inútiles, limitan la libertad individual, restringen el derecho a la propiedad o crean organismos que dependen de financiamiento público cuando deberían autosolventarse”.
Entre las normativas que el Ejecutivo busca eliminar, destacan leyes tan antiguas como la que regula el uso de palomas mensajeras, sancionada durante el gobierno de facto de Jorge Rafael Videla, y la “Ley del Mochilero” de 1974, que obligaba a quienes realizaban turismo independiente a portar un carnet especial. Estas normativas, según el ministro, perdieron relevancia en el contexto actual y constituyen ejemplos de regulaciones que “ya no tienen sentido”.
En julio de este año, Sturzenegger había adelantado que se buscaría eliminar una serie de leyes que consideraba “obstáculos burocráticos” y que habían sido impuestas por distintos gobiernos a lo largo de la historia argentina, tanto democráticos como de facto.
El análisis que llevó a la selección de las 70 leyes que se proponen derogar fue exhaustivo. Sturzenegger explicó que estas normativas fueron identificadas por seis razones principales: limitación de libertades individuales, imposición de trámites innecesarios, obsolescencia por avances tecnológicos, superposición con leyes más recientes, falta de sentido actual debido a la desaparición de instituciones y la creación de organismos que dependen del financiamiento estatal.
La gestión libertaria fue enfática en su visión de que un “cuerpo jurídico más pequeño, más ordenado y justo” es esencial para el desarrollo económico y social del país. “Cuantas más leyes, peor será una sociedad”, citó Sturzenegger, recordando una frase del jurista norteamericano Grant Gilmore: “En el infierno no hay otra cosa que la ley”.
En principio, la oposición no emitió críticas contundentes al proyecto. La bancada radical en el Congreso ya tiene el documento en su poder, mientras que otros sectores esperan analizarlo antes de adoptar una posición definitiva.
– “El presidente @JMilei ha enviado al Congreso el proyecto de Ley Hojarasca q busca eliminar unas 70 leyes inútiles, obsoletas, o q restringen nuestras libertades. Como anticipo este gráfico indica de q presidencias son las normas a derogar. Más detalles pronto. VLLC!”, tuiteó Sturzenegger
Sin embargo, algunos sectores temen que la eliminación masiva de normativas sin un análisis más profundo pueda generar vacíos legales en áreas sensibles. Especialistas señalaron que, si bien algunas leyes pueden estar obsoletas, su derogación podría requerir la creación de nuevos marcos regulatorios.
El proyecto también despertó inquietud en ciertos sectores productivos. La reciente desregulación del transporte automotor de media y larga distancia —que permitió a las empresas del sector operar con mayor libertad en términos de recorridos, precios y frecuencias— generó preocupación entre las cámaras empresariales, que temen una saturación del mercado. A pesar de esto, el gobierno asegura que la medida busca estimular la competencia y mejorar la oferta de servicios para los usuarios.
Sturzenegger informó que se darán a conocer más detalles sobre el proyecto en las próximas semanas a medida que avance su tratamiento legislativo. “Este es solo el comienzo”, adelantó, insinuando que el gobierno tiene en sus planes una serie de iniciativas adicionales para continuar desmantelando lo que consideran un exceso de normativas y regulaciones heredadas de administraciones pasadas.
El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, formalizó una denuncia judicial contra el piquetero K, Juan Grabois, a quien responsabilizó por el bloqueo que el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) mantuvo en el acceso al Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) de Mar del Plata. La medida de fuerza, que duró una semana, interrumpió el ingreso y salida de vehículos destinados a tareas esenciales y tuvo graves consecuencias para la comunidad. La tensión alcanzó su punto crítico el pasado domingo por la noche, cuando un incendio en Sierra de los Padres no pudo ser atendido oportunamente debido a que el bloqueo impedía la salida de los guardaparques con sus vehículos y herramientas de combate.
En una conferencia de prensa, Montenegro expresó la gravedad de la situación y acusó a Grabois y al MTE de “tener de rehenes” a los vecinos de la ciudad. “Estamos sufriendo los vecinos, no el Gobierno. No es una discusión con el Gobierno, somos rehenes de una situación delictiva, de gente que comete delitos”, declaró el jefe comunal, quien subrayó que no negociará “bajo extorsión”. Montenegro fue enfático al señalar que el piquete representa “un delito” y que afecta la seguridad de los marplatenses, indicando que no se cederá a presiones mientras se mantengan acciones que “ponen en peligro la vida de los vecinos”.
El conflicto entre el municipio y Grabois
El bloqueo en el Emsur fue implementado por la Cooperativa Recicladores Urbanos Marplatenses (RUM) del MTE y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), quienes demandaban la construcción de un baño y un playón de hormigón en el predio de reciclado ubicado en las calles República del Líbano y Alberti. Pese a la insistencia de los manifestantes, Montenegro sostuvo que no dialogará mientras los vecinos de la ciudad se vean afectados.
La protesta, que incluyó el corte total de los accesos al Emsur, impactó de forma directa en varios servicios municipales, como la recolección de residuos, la fumigación y otras tareas de salubridad pública.
La emergencia por el incendio en Sierra de los Padres
La situación se volvió crítica el domingo por la noche, cuando un incendio forestal en Sierra de los Padres puso en riesgo áreas naturales de la región, incluyendo la Reserva Natural Laguna de los Padres. La imposibilidad de que los guardaparques dispusieran de sus vehículos y equipos de combate para controlar el fuego generó un ambiente de alarma entre las autoridades y los vecinos. Según el director de Gestión Ambiental del Emsur, Marcelo Ragonese, y la bióloga del Departamento de Recursos Naturales, Natalia Martino, el personal tuvo que combatir las llamas “a pie” debido al bloqueo. En un comunicado conjunto, ambos funcionarios advirtieron que la falta de movilidad y equipos exponía a la ciudad a un riesgo extremo de incendio forestal en toda el área natural.
Frente a la urgencia de la situación, el Emsur, representado por su apoderada legal, Laura MuñózMora, presentó un pedido de medida cautelar ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Penal N° 12 de Mar del Plata. La solicitud judicial buscaba obtener una autorización inmediata para garantizar el libre tránsito de los vehículos del Emsur con el fin de “combatir el fuego que desde anoche aqueja a la Laguna de los Padres”, resaltando la imposibilidad de llegar a pie a varios sectores de riesgo.
Tras la denuncia del intendente, el presidente del Emsur, Santiago Bonifatti, intervino en el conflicto comprometiéndose a cumplir con parte de las demandas del MTE. Bonifatti acordó la construcción del baño y el playón de hormigón exigidos por los manifestantes, además de la colocación de dos contenedores de uso exclusivo para los trabajadores del reciclado. Asimismo, el funcionario municipal garantizó que, en caso de necesidad, se proveerán herramientas adicionales antes de finalizar el año para optimizar las condiciones de trabajo en el predio.
Por su parte, la Cooperativa RUM y el MTE destacaron en un comunicado que, tras la promesa de Bonifatti, la medida de fuerza fue levantada. En el documento difundido, los manifestantes enfatizaron que este avance representaba “un logro que genera dignidad en el trabajo diario y la posibilidad de mejorar las condiciones operativas de la planta de reciclado”.
Un antecedente de tensiones políticas y sociales: La injerencia de Grabois en Mar del Plata
El conflicto actual entre el municipio y el MTE no es el primero entre la gestión de Montenegro y el dirigente Juan Grabois. En su declaración, Montenegro hizo referencia a un episodio anterior cuando Grabois lideró la toma de 140 hectáreas de tierras en primera línea frente al mar en la zona de El Marquesado. Según el intendente, “la política está metida en esto” y el conflicto actual se suma a un historial de disputas con el dirigente social, quien ha promovido múltiples ocupaciones y protestas en la ciudad. El intendente reiteró que “donde haya métodos extorsivos de la vieja política, me van a encontrar enfrente”.
Finalmente, y tras una semana de bloqueo y múltiples presentaciones judiciales, el municipio logró el desbloqueo del acceso al Emsur. Sin embargo, Montenegro advirtió que no tolerará futuras acciones de protesta que afecten a la comunidad bajo ninguna circunstancia. “No podemos tener de rehenes a los vecinos”, insistió, reiterando que cualquier instancia de negociación se debe desarrollar en un marco de respeto a la legalidad y sin afectar a terceros.
El legislador porteño Eugenio Casielles presentó, esta semana, tres proyectos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires orientados a mejorar la seguridad. Las iniciativas se centran en tres áreas clave: la actualización del Código Contravencional, la instalación obligatoria de cámaras de seguridad en el transporte público y la implementación de controles de narcotest en los operativos de tránsito.
Uno de los ejes centrales del paquete legislativo es la reforma del Código Contravencional, cuyo objetivo es actualizar las sanciones y extender los plazos de prescripción para ciertos delitos. Casielles argumenta que las sanciones actuales, especialmente las económicas, no reflejan la realidad inflacionaria del país, lo que llevó a que multas por delitos graves sean insignificantes: “Hoy, con muy poco dinero se pueden pagar multas por delitos graves como acosar en la vía pública o disponer de menores de edad pidiendo plata en la calle”, señaló el legislador en sus redes sociales.
El proyecto propone calcular las multas en Unidades Fijas (UF), un valor que se actualiza de acuerdo con la inflación, asegurando que las sanciones no pierdan su efecto disuasorio. Además, el proyecto de Casielles busca extender los plazos de prescripción de la acción y de la sanción a dos años. Actualmente, muchas contravenciones prescriben en plazos más cortos, lo que, según el legislador, deja a numerosos infractores sin castigo adecuado.
Las sanciones propuestas en la reforma incluyen trabajo de utilidad pública, multas ajustadas a la nueva normativa y arresto. Enfocándose en la protección de menores, la propuesta endurece las penas para delitos que involucren a menores, como la inducción a la mendicidad o la distribución de material pornográfico.
Otro de los proyectos presentados establece la obligatoriedad de cámaras de seguridad en todas las unidades de transporte público de la Ciudad (colectivos, subtes y trenes). Según Casielles, la falta de cámaras facilita la comisión de delitos como robos y agresiones. “Estamos cansados de que nos roben a cualquier hora en cualquier centro de trasbordo”, comentó.
Las imágenes captadas por las cámaras tendrán carácter secreto y sólo podrán ser solicitadas por las autoridades policiales, judiciales o administrativas en el marco de investigaciones o prevención de delitos. Las empresas concesionarias de transporte serán responsables de la instalación y mantenimiento de estos dispositivos.
Casielles subrayó que la instalación de cámaras es una medida indispensable para reducir la sensación de inseguridad en los medios de transporte y contribuir al bienestar de los porteños.
Por último, en el ámbito de la seguridad vial, presentó un proyecto que exhorta al Gobierno de la Ciudad a garantizar la incorporación de dispositivos para la detección de estupefacientes en los controles vehiculares. Esta medida busca complementar los actuales controles de alcoholemia y mitigar los riesgos de accidentes causados por conductores bajo los efectos de drogas.
“Hay un accidente cada 28 minutos en la Ciudad y las calles están cada vez más llenas de irresponsables al volante”, destacó Casielles.
El consumo de narcóticos —tanto legales como ilegales— afecta la capacidad de reacción y percepción de los conductores, incrementando el riesgo de accidentes. Casielles relaciona esta situación con lo que denomina “una epidemia de accidentes de tránsito” y considera que la implementación de narcotest no solo castigaría a los infractores, sino que también serviría como una herramienta preventiva y educativa.
“El control de narcóticos es fundamental”, afirmó Casielles, quien ya había impulsado previamente una ley de Alcohol Cero al volante. Si bien la propuesta fue recibida con críticas, el legislador sostiene que es una medida clave para mejorar la seguridad vial.
El Gobierno de Javier Milei, continuando con su plan motosierra de cortar gastos innecesarios en el Estado, decidió cancelar un contrato que tenía vigente con Abuelas de Plaza de Mayo. El ministro de Justicia comunicó esta medida a través de redes sociales, con el fin de “evitar malgastar la plata de los argentinos” y “terminar con ese curro”.
“El gobierno anterior le regaló a las Abuelas de Plaza de Mayo el equivalente a hoy de $2.300 millones. Esta administración no va a permitir que se malgaste la plata de los argentinos. Por ese motivo, decidimos rescindir el contrato y terminar con ese curro.” twitteó el ministro.
El jurista publicó información que justifica la decisión del gobierno: “El Ministerio de Justicia tenía a su cargo la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Solo un 0,62% de los alumnos se recibieron entre 2020 y 2023. Cada uno nos salió $100.000.000. La Universidad de Plaza de Mayo gastó $1500 millones y tuvo 16 egresados”.
La ONG Abuelas de Plaza de Mayo no emitió comunicado oficial al respecto, sin embargo, la presidente Estela de Carlotto realizó declaraciones en una entrevista. Allí expresó que esta decisión tendrá “consecuencias judiciales” y que denunciará penalmente al ministro. Además, sostuvo que “ha dejado su vida” en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. “Si vieran la casita en la que vivo ni un centavo. Poníamos la plata de la jubilación cada una para poder viajar al exterior, hemos puesto no solo el dinero, la vida en encontrar los nietos robados y hemos trabajado con un respeto y una historia pura” se defendió.
“Yo tengo ahora esta casita que vivo lugares donde ya no puedo entrar de tantos premios, tantas placas, tantos honores fuera y antes dentro del país y ahora estamos siendo humillados por este personaje” manifestó Estela de Carlotto en referencia al ministro Cúneo Libarona.
El rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, respondió las acusaciones del presidente sobre mal uso de fondos. A las críticas por el millonario contrato de un chofer institucional, se suma la controversia por la construcción de un “baño inclusivo” en la Facultad de Psicología.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.
