A mediados del corriente mes, DATA24.COM.AR publicó una investigación que involucra a la diputada nacional por la provincia de Córdoba de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce. Para su labor legislativa la funcionaria nombró asesores, y fueron éstos quienes expusieron su modus operandi: “De los 700 mil pesos que yo cobraba como asesora, ella me sacaba $500 mil y yo me quedaba con $200 mil”, confirmó María Guillermina Ruiz, una de las víctimas de la extorsión.

"Decidí no darle más la plata que me exigía. Estaba trabajando para ganarme la plata y por ende me pertenecía. Decidí no prestarme más a la extorsión", expresó la damnificada, aportando las capturas de pantalla correspondientes a las transferencias. Finalmente, tas manifestar que no cedería parte de su sueldo a la burócrata, la asesora fue despedida.

LA DENUNCIA DE EL PRESTO

Hoy, el periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como "El Presto", denunció penalmente a la legisladora de La Libertad Avanza por la presunta comisión de los delitos de coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. La causa (CFP 2986/2024) recayó sobre el Juzgado Nacional en lo Criminal N° 10, a cargo del Dr. Julián Ercolini.

En el documento judicial al que accedió este portal puede leerse los hechos reunidos por el periodista. En primer lugar, se fundamenta la exigencia de dinero por parte de Ponce a sus a empleados. "Abusando de su posición como Diputada de la Nación, habría establecido un esquema coercitivo para extorsionar a sus asesores parlamentarios. Según diversas fuentes y testimonios, la diputada exigía a sus asesores que le entreguen una parte significativa de sus salarios bajo la amenaza explícita de perder sus trabajos en caso de negativa. Este requerimiento de dinero se hacía de manera sistemática y sostenida, obligando a los asesores a realizar transferencias directas a cuentas personales de la diputada".

Luego, se aborda el abuso de autoridad. Allí se detalla que Ponce exigiría parte del sueldo utilizando su autoridad para intimidar a sus asesores. Les dejaba claro que cualquier resistencia a sus demandas resultaría en su inmediato despido o en la negativa de renovar sus contratos laborales. "Este uso indebido de su poder no solo constituyó una forma de coacción, sino también una clara violación de los derechos laborales de los asesores, quienes se encontraban en una situación de vulnerabilidad frente a la autoridad" de María Celeste Ponce, se detalla en el documento.

Finalmente, la denuncia refiere al desvió de fondos, dinero que "provienen del salario legítimo de los asesores y, por lo tanto, del erario público. Este accionar no solo denota una falta de ética grave, sino que además podría constituir un caso de enriquecimiento ilícito, dado que los montos exigidos no se encuentran justificados en ninguna normativa o política" del Congreso.

En sus fundamentos, la denuncia menciona la coacción (Art. 149 bis, CP), exacciones Ilegales (Art. 266, CP) y enriquecimiento Ilícito (Ley 25.188).

La primera imputación se basa en la utilización de amenazas para coaccionar a sus asesores a realizar pagos indebidos. Según la denuncia, tal como ya se relató, Ponce habría exigido una parte significativa de los salarios de sus asesores bajo la amenaza de despido en caso de negativa. Este acto, de acuerdo con la normativa penal vigente, configura un delito de coacción, ya que implica el uso de la intimidación para obtener un beneficio económico ilegítimo.

El segundo fundamento legal señala el requerimiento de sumas de dinero no autorizadas bajo amenaza de despido, lo cual constituye exacciones ilegales. Este artículo del Código Penal se aplica a situaciones donde un funcionario público abusa de su posición para exigir pagos indebidos, aprovechando su autoridad para obtener un beneficio patrimonial ilegítimo. En este caso, la diputada Ponce habría abusado de su cargo para extraer dinero de sus asesores, configurando así este delito.

Por último, las acciones descritas en la denuncia podrían ser indicativas de enriquecimiento ilícito. La Ley 25.188 establece que cualquier aumento patrimonial de un funcionario público que no pueda ser justificado con sus ingresos legítimos es considerado ilícito. Los fondos exigidos por Ponce, según el documento judicial, no se corresponden con las atribuciones y deberes propios de su cargo público, lo que sugiere un caso de enriquecimiento ilícito.

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