El periodista “El Presto” denunció ante la Justicia a la diputada libertaria Celeste Ponce por corrupción
Tras la investigación y el escándalo, Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, denunció a la diputada de LLA por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito.
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A mediados del corriente mes, DATA24.COM.AR publicó una investigación que involucra a la diputada nacional por la provincia de Córdoba de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce. Para su labor legislativa la funcionaria nombró asesores, y fueron éstos quienes expusieron su modus operandi:“De los 700 mil pesos que yo cobraba como asesora, ella me sacaba $500 mil y yo me quedaba con $200 mil”, confirmó María Guillermina Ruiz, una de las víctimas de la extorsión.
"Decidí no darle más la plata que me exigía. Estaba trabajando para ganarme la plata y por ende me pertenecía. Decidí no prestarme más a la extorsión", expresó la damnificada, aportando las capturas de pantalla correspondientes a las transferencias. Finalmente, tas manifestar que no cedería parte de su sueldo a la burócrata, la asesora fue despedida.
Hoy, el periodista Eduardo Prestofelippo, más conocido como "El Presto", denunció penalmente a la legisladora de La Libertad Avanza por la presunta comisión de los delitos de coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. La causa (CFP 2986/2024) recayó sobre el Juzgado Nacional en lo Criminal N° 10, a cargo del Dr. Julián Ercolini.
En el documento judicial al que accedió este portal puede leerse los hechos reunidos por el periodista. En primer lugar, se fundamenta la exigencia de dinero por parte de Ponce a sus a empleados. "Abusando de su posición como Diputada de la Nación, habría establecido un esquema coercitivo para extorsionar a sus asesores parlamentarios. Según diversas fuentes y testimonios, la diputada exigía a sus asesores que le entreguen una parte significativa de sus salarios bajo la amenaza explícita de perder sus trabajos en caso de negativa. Este requerimiento de dinero se hacía de manera sistemática y sostenida, obligando a los asesores a realizar transferencias directas a cuentas personales de la diputada".
Julián Ercolini
Luego, se aborda el abuso de autoridad. Allí se detalla que Ponce exigiría parte del sueldo utilizando su autoridad para intimidar a sus asesores. Les dejaba claro que cualquier resistencia a sus demandas resultaría en su inmediato despido o en la negativa de renovar sus contratos laborales. "Este uso indebido de su poder no solo constituyó una forma de coacción, sino también una clara violación de los derechos laborales de los asesores, quienes se encontraban en una situación de vulnerabilidad frente a la autoridad" de María Celeste Ponce, se detalla en el documento.
Finalmente, la denuncia refiere al desvió de fondos, dinero que "provienen del salario legítimo de los asesores y, por lo tanto, del erario público. Este accionar no solo denota una falta de ética grave, sino que además podría constituir un caso de enriquecimiento ilícito, dado que los montos exigidos no se encuentran justificados en ninguna normativa o política" del Congreso.
En sus fundamentos, la denuncia menciona la coacción (Art. 149 bis, CP), exacciones Ilegales (Art. 266, CP) y enriquecimiento Ilícito (Ley 25.188).
La primera imputación se basa en la utilización de amenazas para coaccionar a sus asesores a realizar pagos indebidos. Según la denuncia, tal como ya se relató, Ponce habría exigido una parte significativa de los salarios de sus asesores bajo la amenaza de despido en caso de negativa. Este acto, de acuerdo con la normativa penal vigente, configura un delito decoacción, ya que implica el uso de la intimidación para obtener un beneficio económico ilegítimo.
El segundo fundamento legal señala el requerimiento de sumas de dinero no autorizadas bajo amenaza de despido, lo cual constituye exacciones ilegales. Este artículo del Código Penal se aplica a situaciones donde un funcionario público abusa de su posición para exigir pagos indebidos, aprovechando su autoridad para obtener un beneficio patrimonial ilegítimo. En este caso, la diputada Ponce habría abusado de su cargo para extraer dinero de sus asesores, configurando así este delito.
Por último, las acciones descritas en la denuncia podrían ser indicativas de enriquecimiento ilícito. La Ley 25.188 establece que cualquier aumento patrimonial de un funcionario público que no pueda ser justificado con sus ingresos legítimos es considerado ilícito. Los fondos exigidos por Ponce, según el documento judicial, no se corresponden con las atribuciones y deberes propios de su cargo público, lo que sugiere un caso de enriquecimiento ilícito.
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Sofía Clerici, quien seguiría siendo novia u amante de Martín Insaurralde según historias en Instagram donde quedó al descubierto que estaban juntos, se mostró en redes haciendo alarde de ser propietaria de un auto que cuesta varios miles de dólares.
“Si, si, para los que me preguntan es un V8, 2014, manual, me encanta pasar cambios. Y si, lo manejo yo, una mujer. Estamos lista para salir a las pistas”, dice la modelo.
– Video compartido por Clerici en su cuenta de Instagram
¿Cómo logró comprarse un auto que en el mercado cuesta más de 130 millones de pesos, poco más de 100 ml dólares? Preguntas sin respuestas.
Una fortuna sin mucha explicación
Los fondos con los que dispone Clerici están siendo investigados por la Justicia, como los de su pareja u amante u novios, Martín Insaurralde.
Y a ellos se les suma en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito alguien que ya fue condenado por corrupción, como es el caso del contador Andrés Enrique Galera.
¿Quién es el contador Galera? Es un marplatense con antecedentes, no precisamente de atributos positivos: fue sentenciado en la causa relacionada con los “bolsos” que José López, exsecretario de Obras Públicas, utilizó para trasladar 9 millones de dólares. López intentó ocultar esta suma en un convento de General Rodríguez, lo que desencadenó la investigación.
¿Cómo llega Galera a la causa Insaurralde-Clerici? Los fiscales que investigan a Insaurralde destacan que Galera era elcontrolador de Revilier S.A., la empresa que figura como propietaria del departamento de lujo en Puerto Madero donde vivieron Insaurralde y su exesposa, la modelo Jésica Cirio.
Este departamento, ubicado en el exclusivo AlephResidence, es considerado un símbolo del poder adquisitivo que no se corresponde con los ingresos declarados de Insaurralde como funcionario público.
Cómo se compra ropa tan cara Sofía Clerici
Luego del escándalo con Martín Insaurralde, por el que está siendo investigada por la Justicia, Sofía Clerici sigue levantando la apuesta en las redes sociales.
Esta vez se mostró con un conjunto de ropa interior de cuero negro, al estilo microbikini, supuestamente de Chanel, aunque tampoco eso queda tan claro.
Sofía Clerici reveló que toma sangre
Sofía Clerici se hizo conocida años atrás al aparecer en los medios como “Miss Tattoo” y por animarse a posar con poca ropa para las revistas, además de brindar declaraciones explosivas. En 2023, volvió a aparecer su nombre cuando hizo varios posteos en sus redes sociales para mostrar su romance con Martín Insaurralde, disfrutando de lujos en Europa.
Todo llevó a que se investigara de dónde habían sacado el dinero para los viajes, las joyas y carteras y hasta la modelo sufrió un allanamiento en su vivienda. Sin embargo, ella continuó con su empresa de lencería y optó por no ocultarse.
Ahora volvió a sorprender con picantes declaraciones en sus redes sociales cuando le preguntaron qué era lo que estaba tomando al notar que tenía un trago de color rojo. Entonces Clerici contó que estaba tomando su sangre. “Traigo la mía y me la hacen en limonada especialmente para mí”, explicó.
Como muchos seguidores no le creyeron, siguió dando detalles sobre esta particular práctica. “Para los que no me creen, tengo siempre nueve tubos en mi heladera o freezer de sangre y me tomo un cuarto o medio tubo por semana”, afirmó.
Luego contó cómo la toma: “A veces en shot, cuando quiero algo más intenso, o lo mezclo en bebidas, en este caso lo hice con frutos rojos… Por eso soy una muñeca de porcelana. Sí, y no soy del montón”.
Al notar que crecía el interés de sus seguidores por saber más sobre esta práctica, entonces propuso ir a contarlo a la televisión: “¡Se pasan! Todos quieren mi secreto, no puedo responder tantos. Bueno, voy a pensar seriamente la idea de ir a la televisión a contarlo, ya que no paran”.
El auge de las apuestas online encendió las alarmas. Potenciado desde las redes sociales, el fenómeno afecta gravemente a miles de personas, especialmente a los más jóvenes.
Las cifras son contundentes: según el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensoría del Pueblo bonaerense, el 15,5% de los jóvenes de entre 25 y 34 años realizó apuestas online, y en el grupo de 15 a 24 años, el porcentaje alcanza al 12,5%. A esta tendencia se le suma otro dato inquietante: el 78% de las apuestas se realizan en plataformas ilegales, lugares incógnitos que exponen a los jugadores a un terreno endeble en cuanto a protecciones legales.
El fútbol, uno de los motores culturales y deportivos más importantes del país, se consolida como el epicentro de las apuestas, con el 41,2% de los apostadores eligiéndolo como su opción principal. El Mundial de Qatar 2022, por ejemplo, movilizó 35.000 millones de dólares en apuestas, un 68% más que el torneo anterior.
La fuerte presencia de patrocinadores de casas de apuestas en el mundo deportivo, donde el 28% de los equipos de la Primera División lucen sus publicidades en las camisetas, podría explicar gran parte de esta conexión.
Pero el problema va mucho más allá del deporte.En Argentina hay aproximadamente 19,9 millones de personas que apuestan de manera asidua y 7 de cada 100 personas tiene ludopatía. Las plataformas de apuestas —tanto legales como clandestinas— proliferaron exponencialmente y movilizaron cifras extraordinarias.
EL ROL DE LAS REDES SOCIALES
Los influencers juegan un rol fundamental en este fenómeno. A través de las redes sociales, ciertos creadores promocionan sitios de apuestas, a menudo sin hacer distinciones entre los que operan legalmente y aquellos que están fuera del marco regulatorio.
Esta falta de transparencia normalizó el juego entre niños y adolescentes, quienes comienzan a apostar desde los 12 o 13 años, facilitados por el uso de billeteras virtuales y la constante exposición en plataformas digitales. De hecho, una encuesta de Opina Argentina revela que el 16% de los jóvenes realiza apuestas online de forma habitual, y si se suman los adultos, esa cifra se eleva al 24%.
El acceso ilimitado a las apuestas online es solo una parte del flagelo. Datos recientes muestran que el 10,1% de los apostadores juega todos los días, y un 11,3% lo hace entre cuatro y seis veces por semana. Esta frecuencia, sumada a la vulnerabilidad emocional y cognitiva de los adolescentes, desató una ola de ludopatía que sigue afectando a cada vez más jóvenes.
Este año, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intimó a influencers y famosos a cesar la publicidad de sitios de apuestas ilegales. Las sanciones a las que se enfrentan se enmarcan en el artículo 301 bis del Código Penal de la Nación, que penaliza la explotación y promoción de juegos de azar sin la debida autorización.
En diálogo con los medios, el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, explicó que la publicidad que realizan los famosos “está prohibida”. A inicios de junio, el funcionario señaló que trabaja junto al Ministerio Público Fiscal para abrir una Fiscalía especializada en esta temática y evaluó que hacen falta acciones judiciales que ordenen un bloqueo general de las páginas que no tienen licencia para ofrecer apuestas.
A pesar de los esfuerzos locales, como las medidas adoptadas por el gobierno de CABA, que bloqueó casi dos mil sitios ilegales, cerró nuevas licencias para operadores, realizó 30 allanamientos y notificó a una veintena de influencers, la situación sigue siendo preocupante. Incluso en provincias como Santa Fe, donde se amplió una denuncia contra 385 sitios ilegales, la proliferación de plataformas clandestinas y la falta de una regulación nacional uniforme continúan facilitando el acceso indiscriminado al “juego”.
– El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, firmó un convenio con el Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, con el fin de responder a las denuncias sobre sitios de apuestas ilegales
La Cámara Argentina de Salas de Casino, Bingos y Anexos (CASCBA) define como juego clandestino a toda actividad relacionada a los juegos de azar no autorizada por la autoridad de aplicación. Los sitios de apuestas ilegales que operan sin licencia y sin pagar impuestos, permiten el acceso de menores de edad, lo que provoca un grave daño social. Además, representan un riesgo para los demás consumidores, ya que carecen de controles de seguridad adecuados, y generan una competencia desleal para las plataformas que sí cumplen con las regulaciones y enfrentan elevadas cargas impositivas.
CASCBA también advierte que “el juego clandestino está asociado a otros delitos”, destacando la gravedad del problema. Para muestras basta un botón…
El pasado 9 de octubre, un operativo conjunto de la Policía Federal, la Bonaerense y la Dirección Nacional de Investigación Criminal allanó dos propiedades de Mariela Andrea C., a quien se le acusa de ser “la reina del juego clandestino en internet”. En los procedimientos se encontraron siete armas de fuego, más de 200 millones de pesos en efectivo y una caja fuerte de más de un metro de alto que guardaba 45 millones de pesos y ocho mil dólares. Las autoridades que investigan el caso cree que los movimiento de los casinos virtuales de la banda es de 2500 millones de pesos.
El debate en el Congreso
Ante este panorama, los proyectos de ley para regular la publicidad de las casas de apuestas comenzaron a proponerse desde la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa causó un especial debate en las redes.
“Lo que se propuso no tiene nada que ver con crear un registro para perseguir influencers, a lo kirchnerista. Tampoco se trata de limitar la actividad publicitaria de los creadores de contenido. Creo que los malentendidos se dieron porque no leyeron el proyecto”, explicó en diálogo con DATA24.COM.AR, Florencia De Sensi, la diputada del PRO que presentó el proyecto que pretende “establecer un marco jurídico para las personas influencers”.
La iniciativa aborda con especial atención el contenido promocional relacionado a sitios de juegos de azar, salas de juego, apuestas deportivas y juegos en línea. También carga contra la revisión de productos elaborados con tabaco, cigarrillos electrónicos, bebidas alcohólicas, productos alimenticios o medicamentos que no sean de venta libre o no posean autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y, finalmente, actos, procesos, técnicas y métodos con finalidad estética vinculados al ejercicio profesional en el área de la salud.
Todo ello, explica De Sensi, se enmarca dentro de lo estipulado por las leyes de Defensa del Consumidor, por el decreto sobre la Lealtad Comercial y la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Además, contempla las autorizaciones correspondientes con las que eventualmente dispone cada influencer. Sobre los juegos de azar se especifica, por ejemplo, que la publicidad o promoción queda prohibida “salvo que sea producida para difusión exclusiva dentro de las salas de juegos de azar, agencias de apuestas y plataformas de juego en línea, y los lugares de venta de lotería habilitados”.
De esta manera, el proyecto “no está en contra de que puedan hacer publicidad en ese sector”, aclaró la legisladora, y agregó que es imposible, considerando las problemáticas que genera la ludopatía, “seguir mirando para un costado como si el avance en la manera de comunicar no hubiese cambiado”.
En este sentido, explicó que la iniciativa nace tras los cambios comunicacionales producidos por la pandemia de coronavirus, que trajo “nuevas formas de vincularse, y todo empezó a cambiar y a modificarse producto de las nuevas tecnologías. También cambió la manera en la que se hace publicidad. Antes se hacía publicidad en la televisión. Hoy la mayoría de la gente en lugar de mirar televisión está con el celular en la mano”.
En lo que respecta a los influencers, la diputada sostuvo que el “espíritu” del proyecto de ley es promover la transparencia y la responsabilidad en la actividad publicitaria, evitando “la promoción de productos que son perjudiciales para la salud de los consumidores”.
Según un informe de la Universidad de San Andrés, en Argentina existen 32 millones de usuarios de redes sociales, de los cuales —según la herramienta Influencity— más de 1,7 millones son creadores de contenido. Sin embargo, sólo entre el 1% y el 4% de estos emprendedores logra monetizar su trabajo de manera sostenible.
“Los influencers en Argentina, producto de la crisis económica en la que vivimos, ganan muchísima menos plata que cualquier influencer en cualquier otra parte del mundo. Lo que termina pasando es que, cuando un influencer acepta promocionar una empresa de apuesta online o de casino, ponele que por una publicación le pagan cien dólares. Las plataformas ilegales, por otra parte, te ofrecen dos o tres mil dólares. Obvio que cualquier creador agarra viaje”, detalló De Sensi.
Esta iniciativa, presentada sobre agosto en la Cámara Baja, considera modelos de regulación de otros países: “Es hacia donde están teniendo las legislaciones del mundo. Es algo que se empezó a regular en España. Está bien que Europa sea vista, y esto lo entiendo, como mucho más zurda. Pero perseguir no forma parte del espíritu de esta propuesta. Después, si quieren transgiversar, si quieren decir que yo soy zurda, y bueno… que lo digan”.
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Para ayudar a personas con adicción al juego en Argentina, existen varios recursos disponibles:
Jugadores Anónimos ofrece apoyo las 24 horas a través de su línea telefónica 114328-0019 y también están disponibles en Instagram bajo la cuenta @jugadoresanónimosargentina. En su sitio, además, se pueden encontrar el detalle de contacto para todas las provincias argentinas en las que tienen presencia: https://jugadoresanonimos.org.ar/
En todo el país: el Ministerio de Salud ofrece la línea 141 para adicciones generales. Las denuncias se pueden canalizar a través del correo electrónico de la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos.
Provincia de Buenos Aires: el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo ofrece ayuda a través del número gratuito 0800-444-4000, y la Lotería provincial facilita un enlace para denunciar sitios de apuestas ilegales.
Ciudad de Buenos Aires: se puede acceder a orientación específica sobre juego problemático llamando al 0800-666-6006. Además, el sitio “Saber Jugar” de la Lotería de la Ciudad promueve el juego responsable.
Hace poco más de un año, el Ministerio de Seguridad de la Nación, gestionado en aquel entonces por Aníbal Fernández, ofreció una recompensa de 4 millones de pesos aquienes brinden datos que permitan encontrar y capturar a Carlos Ezequiel Guazzora, el militante K de las redes y ex precandidato a diputado provincial por el partido que lidera Guillermo Moreno que abusó a una menor de edad.
Tras permanecer casi 70 días prófugo, Guazzora fue detenido el 21 de octubre de 2023 en Merlo, provincia de Buenos Aires.
– Franco Mendieta, Responsable del Programa Nacional de Recompensas; ValeriaKowalewsky y Sheila Carriolo, abogadas del Ministerio; Gustavo Gavassa, Subsecretario de Gestión Administrativa y Martín Ferlauto, Director de Normativa. Las autoridades que controlaron el debido proceso. Del acto participaron también escribanos de la Escribanía General de la Nación
Ayer, las actuales autoridades del ministerio confirmaron a DATA24.COM.AR que se realizó el pago correspondiente.
Un documento judicial al que tuvo acceso este medio detalla que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N24 de Capital Federal determinó que “la información aportada por el llamante fue útil para la aprehensión del prófugo”. La identidad de quien aportó los datos a las autoridades es reservada por cuestiones de seguridad.
Por ello, a finales de septiembre de este año, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, dispuso que se pague la colaboración establecida por el Programa Nacional de Recompensas.
Hasta el momento de su detención el comunicador K cambió tres veces de celular y modificó notablemente su fisonomía: lucía sin barba, con la cabeza rapada y más corpulento. Durante el arresto aseguró ser “un perseguido político”.
El juicio comenzó el pasado 11 de septiembre. Guazzora llegó a debate oral acusado de los delitos de abuso sexual agravado por haberse cometido con acceso carnal y corrupción de menores.
De acuerdo a la investigación, el imputado logró el encuentro con la joven de 16 años a partir de un pacto que realizó con la propia madre de la menor. Según señalaron fuentes de la causa, la mujer acordó un precio por el abuso sexual de la niña y, luego del pago, accedió a llevarla a la casa de Guazzora para que el hombre pudiera concretar el aberrante abuso.
El ex intendente de Villa María y actual ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba en uso de licencia, Martín Rodrigo Gill, enfrentará un juicio por lesiones leves calificadas en perjuicio de su expareja, Lourdes Astudillo. La jueza de Control de Villa María, MaríaSoledad Dottori, ratificó la elevación a juicio tras rechazar un recurso de nulidad presentado por la defensa de Gill, que cuestionaba la investigación liderada por la fiscal Juliana Companys.
Esta decisión, emitida en una resolución de 104 páginas hoy 8 de noviembre, marca un avance crucial en la causa que sacude a la política cordobesa y al gabinete del gobernador, Martín Llaryora.
Astudillo denunció a Gill en marzo de 2023, alegando un historial de violencia física y psicológica durante su relación con el funcionario, quien en ese momento ocupaba el cargo de intendente de Villa María.
Entre las acusaciones más graves, la víctima afirmó haber sido presionada por Gill para abortar en 2022, asegurando que él la instigó a tomar la decisión argumentando que un embarazo perjudicaría su vida profesional. La denuncia describe, además, dos episodios específicos de agresión ocurridos entre diciembre de 2022 y enero de 2023, cuando Gill la agredió físicamente durante discusiones en su departamento.
LAS AGRESIONES DENUNCIADAS
La jueza Dottori detalló en su fallo los dos episodios que sustentan la acusación contra el ministro de Llaryora. El primer incidente, registrado el 3 de diciembre de 2022, ocurrió en el departamento de Gill en Villa María. Según la denuncia, la discusión comenzó por la ausencia de métodos anticonceptivos en un cajón. En medio del altercado, Gill habría zamarreado a Astudillo, quien sufrió hematomas en el brazo derecho, según el informe forense, que estimó 15 días de curación.
El segundo incidente tuvo lugar el 28 de enero de 2023, cuando, durante otra discusión en el departamento de Astudillo, Gill la empujó contra la pared mientras ella reclamaba las llaves del inmueble. El informe médico reveló hematomas en el abdomen, hombro y brazos de Astudillo, con lesiones similares a las reportadas en el episodio previo. La fiscal Companys reunió estas pruebas para fundamentar la acusación y solicitó en marzo de este año la elevación a juicio, argumentando que las evidencias eran suficientes para sustentar la acusación.
Córdoba | Martín Gill, el ministro K de Llaryora que molió a golpes y obligó a abortar a su ex pareja
La defensa de Gill, a cargo del abogado Eduardo Luis Rodríguez, intentó frenar el juicio al solicitar la nulidad del proceso. Rodríguez alegó que, tras asumir como ministro en diciembre de 2023, Gill debería haber sido investigado por un juez, no por una fiscal. Sin embargo, la jueza Dottori desestimó este argumento, afirmando que el proceso judicial comenzó antes de que Gill asumiera su cargo ministerial y, por tanto, no le correspondía ningún privilegio jurisdiccional en esta causa. Además, la magistrada destacó que el propio Gill había aceptado ser interrogado por la fiscal Companys en marzo, sin objetar en aquel momento la autoridad de la fiscalía.
En su resolución, la jueza consideró que “las pruebas reunidas en el curso de esta instrucción tienen aptitud lógica y valor convictivo suficiente para arribar al estado intelectual de probabilidad que se exige en esta instancia para sustentar la acusación del imputado”.
El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, fue denunciado nuevamente ante la Justicia Federal por la “clausura arbitraria e ilegal” del proyecto de expansión del Centro de Distribución de Mercado Libre en la localidad de Tapiales. La denuncia, presentada hoy por la abogada LeilaGianni, ex subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, recae sobre el juzgado a cargo de la jueza María Romilda Servini.
La presentación judicial acusa a Espinoza de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, acciones que, según el texto de Gianni, “perjudican la economía local y afectan el desarrollo de un proyecto crucial cuya obra está valorada en 75 millones de dólares y prometía generar 2.300 empleos”.
El escrito detalla que la clausura se produjo el 18 de octubre de 2024, cuando agentes municipales y efectivos policiales—bajo órdenes directas de Espinoza— se presentaron en el sitio de construcción impidiendo el acceso de camiones con materiales e interrumpiendo completamente la obra.
Gianni, quien renunció a su cargo para militar por La Libertad Avanza en La Matanza, critica que se haya optado por la clausura sin agotar previamente otras medidas menos severas, como multas o plazos de regularización. También cuestiona la legalidad del acta de clausura, señalando que carece de una descripción clara de las infracciones y resulta ilegible, lo que limita el derecho de defensa de la empresa.
“Los agentes municipales, acompañados de efectivos policiales, con una actitud prepotente y desmedida, justificaron su intervención con excusas que resultaban completamente insuficientes. Hablaron de razones ‘burocráticas’, ‘administrativistas’ e incluso ‘ilegales’”, describe la denuncia. “Sin dar lugar a un diálogo o a una reconsideración razonable de la situación, procedieron a la clausura y paralización total de la obra, lo que sorprendió tanto a los trabajadores como a los directivos de la empresa”, agrega.
El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, denunció la clausura en sus redes sociales. Espinoza respondió al CEO de Mercado Libre a través de sus redes sociales, sugiriendo que la firma no habría solicitado la habilitación municipal para edificar en el Mercado Central. “Como en toda jurisdicción del país, una obra edilicia debe solicitar la habilitación municipal. Y no siendo la suya una empresa frutihortícola, para construir en el Mercado Central es preciso congeniar muchos aspectos que hacen a las normas establecidas”, señaló Espinoza en un mensaje dirigido a Galperin.
Leila Gianni, por su parte, afirmó que “La Matanza necesita liberarse de la opresión de líderes como Espinoza”, a quien calificó como “un personaje muy siniestro” y “una persona perversa”. La abogada representa a la Asociación para la Libertad, Compliance y la Lucha contra la Corrupción en la denuncia, y sostiene que la sanción fue desproporcionada en relación con las supuestas infracciones.
LOS ANTECEDENTES DEL FEUDO DE ESPINOSA
En 2017, el municipio ya había denunciado que Mercado Libre no contaba con los permisos de construcción correspondientes para una obra en el mismo predio. La empresa alegó que tenía los permisos nacionales necesarios, ya que el predio es federal. La disputa legal se extendió por varios meses, hasta que en 2018 la justicia federal falló a favor de Mercado Libre.
Espinoza ya está señalado en la justicia por otra causa judicial por un abuso sexual a su ex secretaria Melody Rakauskas. El intendente solicitó un permiso para viajar a Barcelona, pero le fue negado por no haberse presentado a una pericia psiquiátrica.
Con cada vez más niños atrapados en este mundillo impulsado por plataformas clandestinas, la diputada Florencia De Sensi busca frenar esta problemática. La iniciativa apunta a la promoción irresponsable y pretende proteger a los más vulnerables en un entorno digital que crece sin barreras.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.
