07 julio, 2024

INDIGNACIÓN EN CORRIENTES | Funcionarios K intentan utiliza el caso Loan para sacar rédito político y “pegarle” a Valdés

Vecinos autoconvocados difundieron un video donde exponen a dirigentes del Movimiento Evita en las marchas por la desaparición de Loan Peña y los acusan de utilizar el caso con fines políticos.
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En medio de la conmoción que despertó la desaparición de Loan Peña en el paraje Algarrobal, vecinos autoconvocados señalaron la “infiltración” de diversos dirigentes ultra kirchneristas en las marchas. Los propios vecinos denunciaron que los dirigentes intentaron utilizar el trágico suceso con intenciones de desestabilizar al gobierno provincial.

Desde sus redes, el diputado provincial de Unión por la Patria, Germán Braillard Poccard, señaló la “responsabilidad política” detrás del caso. “No es únicamente jurisdicción de la Justicia. Hay responsables del poder ejecutivo que no accionaron los protocolos y deben hacerse cargo por tanta inacción”. Finalmente, exigió la destitución del Ministro de Seguridad de la provincia, Buenaventura Duarte. Mientras tanto, en diálogo con los medios, Braillard Poccard dijo que “el gobernador Gustavo Valdés menosprecia la situación”.

Germán Braillard Poccard

Ariel Osuna, dirigente de Barrios de Pie, utilizó el caso directamente contra el gobierno nacional: “En el país de la Libertad, la libertad que pregona la venta de armas y órganos. En la provincia donde el poder político se maneja como un Feudo. Una justicia adicta a cuidar los privilegios del Feudalismo”.

Los vecinos de Corrientes que participaron de la marcha pidiendo justicia por Loan consideraron que los dirigentes “utilizan esta tragedia para hacer política” y difundieron un video en redes donde pueden verse a dirigentes y militantes del Movimiento Evita: Verónica Molina (referente, fue candidata a Diputada Nacional de Massa), a Fabrizio Bin (dirigente del PJ provincial y Secretario General del Evita de Corrientes), a Clara Aymara Mendoza (referente), María José Espíndola (del Movimiento Octubres) y al ya mencionado Osuna.

En esa línea, los usuarios de las redes recordaron que, en febrero, el bloque de Unión por la Patria en el Congreso de la Nación votó negativamente el capítulo de la Ley Bases que buscaba fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la trata de personas y otros delitos, como la corrupción de niños, los secuestros extorsivos, entre otros.

Veronica Molina junto a Sergio Massa durante las elecciones del 2023

El falso audio de Valdés

La semana pasada, a través de un comunicado, el gobierno de Corrientes alertó que “circula un audio que intenta parecer la voz del gobernador Gustavo Valdés sobre el caso del niño Loan Peña”. En el audio puede escucharse: “Imagínate si se levanta ese pueblo de mierda. No me interesa si él aparece o no. Lo que me importa es que esto no salte”.

“El mismo es evidentemente falso, pudiéndose haberse utilizado Inteligencia Artificial para su confección o algún otro método de edición, dada sus características sonoras, el cual claramente se fabricó y viralizó con fines maliciosos para perjudicar al Mandatario provincial. Se puede advertir en el mismo, discontinuidades en los tonos y pausas que no condicen con una verbalización real, además de presentar ruidos extraños, los cuales pudieran haber sido agregados para ocultar la falta de cohesión sonora que evidencia su falsedad”, concluye el texto.

Redacción

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ABERRANTE | Senador de LLA justificó LA VENTA DE NIÑOS en el Congreso

En una sesión polémica y tensa, la Cámara Alta vivió un controversial momento cuando el senador de La Libertad Avanza (LLA), Juan Carlos Pagotto, introdujo modificaciones escandalosas en el proyecto de ley destinado a aumentar las penas por la compra y venta de niños.

Desde su banca, el legislador riojano —miembro informante de la Comisión de Justicia y Asuntos Penalespropuso que las familias que vendan a sus hijos por necesidad queden exentas de pena. Pagotto, conocido aliado de Lule Menem, leyó estas modificaciones como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría, generando una inmediata y feroz reacción y confusión de la oposición.

Durante la sesión, Pagotto enunció: “Se impondrá prisión de 4 a 10 años a quien reciba o entregue un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”. Sin embargo, agregó: “Queda exento de esta pena el progenitor que entregare a su hijo cuando mediare estado de necesidad”.

La senadora Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria, lo interrumpió inmediatamente: “No está leyendo el dictamen, ¿no, senador Pagotto? Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas pero no es el dictamen”. La aclaración de Di Tullio desató una ola de críticas hacia Pagotto, quien intentó excusarse diciendo que el dictamen de comisión era solo una “guía” y que la discusión debía darse en el pleno.

El debate giraba en torno a la modificación del artículo 139 bis del Código Penal, inicialmente impulsada por la senadora radical, Carolina Losada, y el peronista, Antonio Rodas. El proyecto buscaba endurecer las penas por la compra y venta de menores, aumentando las condenas de “4 a 10 años al que reciba y a quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.

La “trampa” de Pagotto y la inclusión de la excepción para familias en estado de necesidad provocaron un escándalo mayúsculo: “Hay familias enteras que tienen ocho o nueve hijos, que alguna vez han dando, como quien dice, algún chico y si nosotros lo sancionamos, dejamos todo el resto de la familia sin protección”, expresó, intentando justificar su polémica modificación.

Pagotto junto al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

La organización Militamos la Adopción denunció la maniobra del senador libertario a través de Twitter, señalando que los cambios propuestos hubieran implicado la aprobación de un código penal que legalizaba la venta de menores de edad. La reacción de los senadores y la presión de la sociedad civil lograron evitar la aprobación de esta modificación, devolviendo el proyecto a la comisión para un análisis más exhaustivo. “Los niños no son mercancía, ni puede equipararse la apropiación con adoptar. No existe la adopción ilegal, si no es legal es apropiación”, puede leerse en el texto.

El proyecto original de Losada y Galaretto contemplaba la eximición de la pena a los progenitores en “situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas”, exceptuando aquellos casos donde se denoten antecedentes relacionados a los artículos comprendidos en el Capítulo. Esta redacción más cuidadosa buscaba evitar la criminalización de las familias más vulnerables sin abrir la puerta a la legalización de la venta de niños.

Finalmente, el Senado aprobó la ley en general por unanimidad, pero la intervención —señalada como “maliciosa”— de Pagotto, y la necesidad de un debate más profundo sobre el articulado, obligaron a los legisladores a regresar el expediente a comisión. La votación final, sin embargo, reafirmó el compromiso del Senado con la protección de los menores y el endurecimiento de las penas por su comercialización.


Redacción

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Lousteau presentó un dictamen alternativo a la ley Bases que beneficia a su esposa Carla Peterson

El debate sobre la subsistencia del INCAA pareciera haber sumado un nuevo capítulo. Recientemente, el director del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Carlos Pirovano, oficializó el cierre de varias áreas y suspendió al personal a través de una licencia con goce de sueldo hasta nuevo aviso. Ahora, pareciera que el conflicto se metió de lleno en el debate por la ley Bases.

Las sospechas apuntan al legislador Martín Lousteau, quien actualmente se encuentra al frente de la Unión Cívica Radical. El mediático dirigente anticipó que presentó un “dictamen alternativo” a la ley Bases, y no fueron pocos los que relacionaron una de sus premisas con favores familiares.

En efecto, los puntos más importantes del proyecto de Lousteau incluyen reformas en educación, emergencia pública, delegación de facultades, obra pública, jubilaciones, RIGI, privatizaciones y blanqueo, entre otros aspectos. Uno de ellos, sin embargo, llamó la atención.

En el punto vinculado a ciencia y tecnología, Lousteau presentó una propuesta que indica que “el poder ejecutivo nacional no dificultará el normal funcionamiento de organismos como el CONICET, el INCAA, el INTI o el Servicio Metereológico Nacional, entre otros”.

Este gesto esconde una ayuda a su pareja, la reconocida actriz Carla Peterson, quien se vio envuelta en una nueva polémica en las últimas semanas. En efecto, numerosos sectores criticaron duramente la producción de la película “No me rompan”, protagonizada por la pareja de Lousteau, junto a Julieta Díaz, Celina Font y Salvador del Solar, entre otros.

La razón de la controversia se debió a que el propio INCAA admitió haber gastado 19 millones de pesos en concepto de “masa salarial” de aquellos que intervinieron en la proyección. Específicamente, figuran unos 19.845.000 destinados a la empresa Pan Contenidos SA, involucrada en el film.

De aprobarse el proyecto del líder radical, habrá creado una suerte de paraguas protector sobre el financiamiento de proyectos como el de su esposa, por el que los actores cobran sumas exorbitantes de dinero que suelen salir del estado. La polémica pareciera recién haber comenzado.

*Con información de REALPOLITIK

Redacción

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Eugenio Casielles repudió al senador de Milei que justificó la venta de niños: “¿De qué carajo habla este señor?”

Tras el episodio que sorprendió al Congreso, el legislador porteño de La Libertad Avanza, Eugenio Casielles, expresó su firme rechazo a las declaraciones del senador riojano, Juan Carlos Pagotto, quién intentó justificar la venta de niños en el Congreso. Casielles, armador político conocido por su activa contribución en la campaña que llevó a Javier Milei a la Presidencia, no dudó en criticar duramente a su compañero de partido.

El polémico episodio tuvo lugar durante la sesión del Senado en la que se debatía un proyecto de ley para aumentar las penas por la compra y venta de menores. Pagotto, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, introdujo una modificación para eximir de pena a las familias que vendan a sus hijos “por necesidad”. La propuesta desató un escándalo, generando la inmediata reacción de la oposición y de organizaciones civiles, quienes lograron bloquear la maniobra.

El rechazo de Casielles se hizo público a través de un tweet contundente: "¿De qué carajo habla este señor? Vender un niño está mal, es ilegal y debe seguir siéndolo. Aparte de ser un hecho absolutamente repugnante. Lo haga quién lo haga. Lo haga por lo que lo haga. Como persona, padre y dirigente, repudio este comentario por completo. Es un asco".

El incidente comenzó cuando Pagotto, miembro informante de la Comisión, leyó modificaciones de su autoría como si fueran parte del dictamen aprobado por la mayoría. El texto de Pagotto eximía de pena a los progenitores que vendieran a sus hijos en situaciones de necesidad, lo cual generó la inmediata intervención de la senadora Juliana Di Tullio, quien desenmascaró la trampa del riojano.

"Usted no está leyendo el dictamen, está leyendo una propuesta que trajo y está en nuestras bancas, pero no es el dictamen", afirmó Di Tullio en medio del debate. La senadora agregó que el tratamiento dado por Pagotto al dictamen acordado para la sesión era "raro" y acusó al legislador de intentar aprobar cambios no discutidos previamente.

El repudio del legislador Casielles despertó el debate en las redes, y reflejó una postura firme en defensa de los derechos de los niños y una crítica contundente a cualquier intento de legalizar la venta de menores, independientemente de las circunstancias.

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Redacción

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Macri prepara una agenda legislativa para empezar a “marcarle la cancha” a Milei

Buscando mantener su identidad partidaria y preparando el terreno para futuras contiendas electorales, el líder del PRO, Mauricio Macri, diseña una serie de iniciativas legislativas para marcar una agenda levemente diferenciada en el Congreso y establecer una posición clara frente al presidente Javier Milei y su partido, La Libertad Avanza.

A pesar de ser “aliados naturales” en algunos temas, Macri busca evitar una fusión completa del PRO con el oficialismo de Milei. El expresidente está dispuesto a negociar un acuerdo con el libertario, pero sin sacrificar la identidad de su partido.

Macri prepara una agenda legislativa para empezar a "marcarle la cancha" a Milei

Entre las iniciativas que el PRO prevé impulsar en el Congreso se destaca la ley de “ficha limpia”, que prohibiría las candidaturas de personas condenadas por corrupción. Además, el partido busca avanzar con una reforma electoral para implementar la boleta única, una propuesta que actualmente se encuentra estancada en el Senado. También desean habilitar el voto por correspondencia para residentes extranjeros, una opción eliminada por el gobierno del Frente de Todos.

Aunque el PRO coincide con el Gobierno en aspectos clave, como la reducción de la edad de imputabilidad, desea que estos temas reciban un tratamiento legislativo más acelerado. Existen también otras diferencias de este estilo, como las referidas a la política exterior: Macri considera que Milei no debería limitarse a mantener vínculos internacionales exclusivamente con referentes y partidos de derecha.

Redacción

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SANTA CRUZ | Funcionarios K robaban agua de la red pública para venderla

“Acá hubo negocios con el agua toda la vida”. La ciudad santacruceña Caleta Olivia fue territorio de un accionar delictivo insólito: el gobernador de la provincia, Claudio Vidal, preocupado por numerosas denuncias de vecinos de la localidad, solicitó renuncias en los cargos de conducción de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE).

Según informaron desde el gobierno de Vidal, se descubrió que la empresa estatal boicoteaba el normal suministro de agua en la ciudad para robar el agua potable que se distribuye entre los vecinos residenciales, para cargarla en camiones y venderla en forma particular. “La planta de ósmosis de Caleta Olivia es el claro ejemplo de lo que pasó en la provincia durante tantos años: corrupción. Pequeños grupos de la política que se quedó con el patrimonio de los santacruceños”, detalló Vidal.

El boicot de los funcionarios K que hacían el oscuro negociado afectó, según señalaron las fuentes oficiales, a tres escuelas del barrio. Las autoridades encontraron llaves de paso estranguladas cuando investigaron la zona.

“Hoy he solicitado diversos pedidos de renuncias a los cargos más altos de la empresa de Servicios Públicos en Caleta Olivia”, el tuit del gobernador de Santa Cruz

“Hubo constantes acciones de boicot para afectar el normal suministro de agua en la ciudad. Esos sabotajes consistían en cerrar las llaves de los centros de distribución, para ‘robar’ el agua potable que se distribuye entre los vecinos residenciales, y así cargarla en camiones y venderla en forma particular”, señaló.

Dijo que la planta de Ósmosis invertida en Caleta funciona “en un 35%” y que la toma de agua “está construida en un lugar que no corresponde“. “La planta funcionó solamente 8 años y parte de la tecnología que se utiliza para esto no se fabrica más“, aseveró.

Redacción

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Más poder | Karina Milei se queda con el manejo de los medios públicos y desplaza a Serenellini

El Gobierno decidió disolver la Secretaría de Empresas del Estado, que anteriormente funcionaba bajo la Jefatura de Gabinete a cargo de Mauricio González Botto, y transferir los medios públicos a la Secretaría General de la Presidencia, manejada por Karina Milei, la hermana del Presidente.

A su vez, el ministro de Economía, Luis Caputo, tendrá el control de las demás empresas estatales, organizadas en una Unidad bajo la dirección del actual interventor de los medios públicos, Diego Chaher. Este reordenamiento se desencadenó tras la sustitución de Nicolás Posse por Guillermo Francos (ex ministro de Interior) como jefe de Gabinete.

Eduardo Serenellini

Manuel Adorni, vocero de la Presidencia, confirmó en la conferencia de prensa del pasado martes que Télam, Radio Nacional y TV Pública pasarán a depender del área de Comunicación: “Pasan a depender de Comunicación, área en la cual soy responsable. El plan sigue siendo exactamente el mismo, el de Télam es efectivamente su cierre y el de los medios públicos dependemos de la decisión que tome el Congreso. Pero nuestra decisión es que todas las empresas públicas transiten el camino de la privatización”, aseguró.

La Cámara de Diputados dio media sanción a la Ley Bases para privatizar Radio y Televisión Argentina (RTA), pero el Senado la excluyó de la lista, dejando pendiente la decisión final.

Karina Milei sigue ampliando su influencia. La semana pasada, logró que la Fundación Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, área de Diana Mondino, pasara de la Cancillería a la Secretaría General de la Presidencia. Además, es responsable de consolidar el partido La Libertad Avanza en todo el país.

El desplazamiento de Eduardo Serenellini, quien aspiraba a controlar Télam, la TV Pública y Radio Nacional, marca una derrota para el secretario de Prensa. Serenellini había intentado recuperar influencia mediante visitas a diversas sedes de Radio Nacional y reuniones con Chaher. Sin embargo, su agenda no logró los resultados esperados, dejando el control de los medios públicos en manos de Karina Milei.

Diego Chaher, por su parte, ascenderá a la Unidad de Empresas Estatales del Ministerio de Economía, reemplazando a González Botto, quien seguirá en su rol hasta que la resolución oficial se publique. Chaher planea reestructurar las empresas públicas, siguiendo el mandato de ajuste y eficiencia promovido por el gobierno de Milei. Bajo su gestión, Télam cerró sin grandes conflictos, y se espera la apertura de la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima (APESA) con alrededor de 100 empleados.

Redacción

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