LA PLATA | Masivo repudio contra las amenazas K que recibió un periodista
El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad el repudio a amenazas contra un periodista, destacando la necesidad de proteger la libertad de prensa y expresión en la sociedad democrática.
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El Concejo Deliberante de La Plata, en un gesto de unidad y firmeza en la defensa de los principios democráticos, aprobó por unanimidad un proyecto de decreto expresando su enérgico repudio y preocupación ante las amenazas de muerte dirigidas al periodista platense Santiago Sautel, director del GRUPO REALPOLITIK. Este respaldo unánime es particularmente significativo dado que proviene de todos los bloques políticos, incluyendo a Unión por la Patria, al que pertenece la funcionaria provincial Florencia Saintout.
La amenaza a Sautel
El incidente que precipitó esta acción legislativa puso de relieve la urgente necesidad de proteger a los periodistas y medios de comunicación frente a cualquier forma de intimidación o violencia. Sautel fue amenazado a través de redes sociales con ser blanco de un disparo y con el incendio de las oficinas del medio. Estas amenazas no solo constituyen un ataque contra la integridad física y emocional del periodista y su equipo, sino que representan un atentado contra la libertad de prensa y expresión, pilares fundamentales de una sociedad democrática.
Es relevante destacar que Florencia Saintout, actualmente funcionaria de la provincia de Buenos Aires en el gobierno de Axel Kicillof, preside el Instituto Cultural bonaerense. La aprobación unánime de este proyecto, presentado por el concejal del PRO, NicolásMorzone, demuestra que, más allá de las diferencias políticas y las responsabilidades gubernamentales, la protección de la libertad de expresión es un compromiso compartido por todos los sectores de la sociedad.
Este acto de unanimidad en el Concejo Deliberante de La Plata es un recordatorio poderoso de que, en la defensa de los valores democráticos, no hay lugar para divisiones partidarias. La libertad de expresión nos concierne a todos como ciudadanos y es responsabilidad de todos protegerla y promoverla en todo momento y lugar.
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La diputada nacional de La Libertad Avanza volvió a ser protagonista de una nueva controversia, esta vez dirigiendo fuertes insultos hacia su colega en el Congreso, José Luis Espert, y —principalmente— hacia su esposa, María “Mechi” González, conocida en las redes sociales como “La Divagante”.
En audios recientemente difundidos, se escucha a Lilia Adela Bolukalo Lemoine, quien en 2019 ocupó el cuarto lugar en la lista de candidatos a diputados de Espert dentro del Frente Despertar, haciendo una serie de acusaciones y comentarios incendiarios. “Tanto Espert como (Luis) Rosales son gays. Se apañan entre sí. La tapadera de Espert es Mechi —o sea, ‘Mechi’ es una vieja fea que no coge y se viste para el orto—. Pero es la que conocía de redes, no Espert. La que manejaba Twitter y movía gente era La Divagante. Por eso Espert tuvo cierto éxito en las redes. Fue ella, no fue Espert. Por eso le dedica libros. Ahora, la mina que hablaba de Goebbels y de todo, es la más maquiavélica de todas. Y fue ella la que armó el call center”, sostiene Lemoine.
María “Mechi” González, utilizando el seudónimo de @ladivagante, es una figura visible en las redes sociales, apoyando abiertamente las políticas del gobierno del que su esposo forma parte. González fue un pilar en la presencia digital de Espert desde su incursión en la política.
La enemistad entre Lemoine y González no es nueva. En abril de 2022, Lemoine republicó un meme que incluía a “Mechi Espert” en una lista de “gente turbia que ataca el liberalismo y al entorno de Milei”. Más tarde, en enero del año pasado, Lemoine acusó a González de “agarrar adolescentes con problemas (…) cuando están mal y los manda a matar”, calificándola como “la hippie con peor gusto del planeta, muy astuta, sin orgullo, es pantalla”.
Lemoine: Todo el tiempo peleando con todos
Este mes, Lemoine continuó generando polémica en el espacio político al criticar a la vicepresidente, Victoria Villarruel, por su silencio ante las visitas de legisladores de La Libertad Avanza a condenados por delitos de lesa humanidad en Ezeiza. También atacó a su colega en la Cámara Baja, Marcela Pagano, acusándola de impedir el quórum en la sesión del 7 de agosto. Sin embargo, Pagano estuvo presente en la sesión, según el registro oficial de Diputados.
En los mismos audios, Lemoine arremetió contra Rebeca Fleitas, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “La mina (por ‘Mechi’ González) es la típica mosca muerta que hay y después te tira mierda por todos lados. Me tomó el pelo toda la campaña(de 2019), siguió bardeando, pero lo hace estilo Rebecca Fleitas, viste, no te enterás, pero yo lo sé”, dijo Lemoine.
En octubre del año pasado, este medio informó sobre un enfrentamiento entre Lemoine y Fleitas. En esa ocasión —también a través de audios— Lemoine criticó el "manejo austero" de Fleitas con las cajas: "es la única hija de puta que dijo '¡Ay! Yo soy libertaria entonces no voy a tener asesores’. No es digna legisladora. Y encima mete proyectos por todos lados para figurar que no sirven para nada, porque nadie se los aprueba, pero hace que trabaja… Y encima, no le entrega contratos a la gente del Partido Libertario de CABA que es la que trabajó para ella gratis… lo cual la hace una reverenda hija de puta".
El escándalo que involucra a la diputada nacional por la provincia de Córdoba, María Celeste Ponce(LLA), parece no tener fin. Ahora, tras la denuncia penal presentada a fines de julio, donde se señala a la burócrata de La Libertad Avanza por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito, ahora se conoció que Ponce tiene un joven asesor que no aparece en la nómina oficial del Congreso como su asesor, quién sería el encargado de gestionar los retornos que la mujer le exigía a sus colaboradores.
Esta nueva información ya fue anexada a la denuncia en el Juzgado Nacional en lo Criminal N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini.
¿QUIÉN ES EL JOVEN ASESOR DE PONCE?
Se trata de Tomás Gutiérrez, de aproximadamente 19 años de edad. El adolescente se desempeña como una suerte de secretario privado de Ponce pero se presenta como un asesor.Está bajo el ala y la protección de Ponce, incluso se dirige a ella como “Mamá”: la cordobesa “lo ayudó en su vida personal, lo adoptó como un hijo postizo y hasta le brindó alojamiento en un departamento que alquilaba en el barrio porteño de Palermo”, declaró una de las fuentes que ya está en la causa a este medio.
En sus redes sociales, Gutiérrez se autodenomina “referente cordobés” de la agrupación apartidaria conducida por la diputada, Pumas Libertarios. En la home de la agrupación política, Tomás aparece coordinando algunas actividades de la organización y figura como un contacto de la misma.
En el marco de las polémicas por los sueldos, Gutiérrez actuó como intermediario. Siguiendo órdenes de Ponce, el joven se comunicaba con los asesores oficiales de la diputada para coordinar las transferencias de dinero.
Gutiérrez cenando con la diputada y junto a Nicolás Márquez, el biógrafo del Presidente
Otro periodista que investigó este entramado, Tomás DíazCueto, publicó en su cuenta de Twitter capturas de pantalla de conversaciones entre Gutiérrez y la exasesora de Ponce que “destapó la olla”, María Guillermina Ruíz.
Los polémicos chats del secretario con la denunciante: Gutiérrez llamando “Mamá” a Ponce
“Cele necesita que le hagas esas transferencias cuánto antes”, tipeó el asesor no declarado, el pasado cuatro de mayo. Previo a ese mensaje, las capturas de las transferencias a Ponce publicadas por DATA24, muestran dos pagos a la diputada: Uno de $500.000 y otro de $400.000, realizado éste último a finales de abril, días antes de la conversación con Gutiérrez. Por esa razón Ruiz, indignada y descontenta, le manifestó sobre la situación al secretario, quien la envió a contactar a Elías, la pareja de Ponce y el encargado de “gestionar” los contratos de los asesores.
Antes de ayer, tras semanas de silencio, presionada por alguno de sus pares del bloque y por usuarios de las redes, la legisladora nacional dio una respuesta que pretendió ser categórica: “ES FALSO”. En ese sentido, publicó que “esto no es la farándula, es el Congreso, y se resuelve en la Justicia”. Además, alegó que todo es una “operación política” contra el oficialismo libertario.
El posteo generó una avalancha de comentarios tanto a favor como en contra de la diputada. A los usuarios que le preguntaban por la denuncia, Ponce les sugirió que destinen su preocupación a otros asuntos, justificando su silencio por su responsabilidad política con La Libertad Avanza: “Soy responsable con el compromiso que asumí, no puedo hacer lo que se me cante y menos darle el gusto a operadores resentidos”. Finalmente, pidió a la comunidad en redes que “entiendan” que es diputada: “No soy una tuitera”.
La disciplina fiscal es importante, y es verdad que muchas de las desgracias de la Argentina provienen de la irresponsabilidad de muchos políticos que han impreso dinero para pagar gastos, haciendo que los argentinos vivan con el cáncer de la inflación. Toda esta metodología nefasta empezó, cuando no, con Perón, quien en su primera presidencia cambió la carta orgánica del Banco Central para poder imprimir billetes. Luego, a pesar de haber recibido un país con reservas récord, declaró el default. En la Argentina de antes de Perón no se imprimía dinero. Usando la denominación de Milei podríamos decir que Perón fue el primer degenerado fiscal (también era degenerado a secas y se acostaba con una chica de 14 años).
Es cierto que la disciplina fiscal es clave. Pero me preocupa la búsqueda de la disciplina fiscal olvidando la empatía. Un presidente no puede ser sólo un contador preocupado por las cuentas; para eso está el ministro de Economía. El presidente tiene que tener empatía con la gente y, en especial, con los que lo están pasando peor. El caso de los jubilados es paradigmático.
No hay sector más vapuleado que el de los jubilados. Son un caso especial, también, porque son personas que trabajaron muchos años y le dieron su dinero al Estado para que se lo devuelva después con la jubilación. Un jubilado no es un “planero” ni alguien que se jubiló sin aportes; es alguien que puso su dinero y que, si no lo recibe de manera justa, está siendo estafado. Ese hecho, sumado a que un grupo de jubilados (los de mayor edad) no pueden esperar demasiado, lleva a una situación de particular complejidad. La búsqueda de la disciplina fiscal no puede estar desligada de la empatía y de la compasión por los que sufren.
El presidente no les habla a los jubilados, no les dice cuándo se podrá votar una ley que los beneficie y los saque de cobrar sumas que dan vergüenza. Las palabras y las promesas ayudan a sentirse acompañado. No es poca cosa: Argentina es un país donde la clase media está desamparada. Los ricos no tienen problemas, y los muy pobres cobran un plan que, muchas veces, es más de lo que cobran los jubilados. La clase media paga el ajuste y, para esta administración, son invisibles. Entre los tantos asesores que tiene Milei, debería haber alguno que le diga que tener empatía con los que lo pasan mal forma parte de la tarea de gobernar. Se puede cuidar la disciplina fiscal y ser empático con los que sufren.
El sistema jubilatorio está quebrado y lo que necesitan los jubilados es que se trabaje en un sistema nuevo. No se debe prestar atención a los que hacen demagogia con los jubilados, pero sí hablarles y explicarles que es necesaria una reforma del sistema, ya que el actual no tiene viabilidad porque el peronismo usó las cajas jubilatorias para beneficio político.
Hay que recordar cómo el delincuente de Boudou nos robó la plata a los que habíamos optado por la jubilación privada y con toda esa plata hicieron un desastre. El gobierno tiene la posibilidad de plantear una reforma y hablarles a los jubilados con respeto. Esto es especialmente importante cuando uno ve que los más grandes degenerados fiscales siguen haciéndose ricos gracias al gobierno. ¿Por qué no elimina el gobierno el infame régimen de Tierra del Fuego, donde los amigos del poder no pagan impuestos? No producen ningún producto sofisticado, ni medicamentos, ni nada que justifique que no se paguen cifras enormes de impuestos, y solo un par de empresarios se hacen ricos con ese régimen. Uno de esos empresarios se apellida, casualmente, Caputo.
Cuando dicen que quieren 100 millones extra para la SIDE (para el aparato comunicacional del gobierno), también muestran, obscenamente, que para la política siempre hay plata. Mientras tanto, se empieza a notar cierta lentitud en el cierre de organismos. En la Televisión Pública (que nadie ve) siguen gastando dinero, y hay muchas empresas públicas que siguen abiertas cuando la promesa era cerrarlas. La Televisión Pública es un antro K que nadie ve y que fue una de las primeras cosas que Milei prometió cerrar. Los impuestos no bajan y el cepo sigue, con lo cual nadie invierte en Argentina. Hace falta que se implementen más de las medidas que Milei prometió en campaña. La motosierra se está apagando.
Otro factor irritante es la impunidad judicial que hay con los corruptos. ¿Quién protege a Insaurralde, que solo ha hecho política en su vida y es millonario? ¿Por qué no se investiga a Massa y a todo su equipo por las barbaridades que hicieron durante su gestión en Economía? ¿Por qué siguen defendiendo a Lijo, que es rico y tuvo actitudes dudosas en casos como el de YPF? ¿Por qué no echan a los miles de La Cámpora y de massistas que aún están metidos en el Estado? El Estado argentino está lleno de militantes y de amigos y amigas del poder. El patetismo de Alberto Fernández dándole cargos a las chiruzas que le hacían favores sexuales es, amplificado, lo que pasa en todos los municipios y provincias gobernados por el PJ.
La clase media y los jubilados deben sentir que no están solos haciendo el ajuste. Nunca hay que olvidar que mucha gente votó a este gobierno como el mal menor frente a Massa. Muchos dijimos públicamente que por eso había que votarlos.
Si el camino va a ser duro, el gobierno debe mostrar empatía con las clases medias y los jubilados. El liberal tecnócrata que no tiene sensibilidad es inofensivo en los países ricos. En los países pobres como Argentina, quedan desubicados. La empatía con los que sufren es una característica de los buenos liberales. Es muy importante que a este gobierno le vaya bien, por eso está bien que muestre los horrores del pasado para explicar este presente espantoso que viene de años de desastre peronista. La inflación va bajando, y eso es un logro, pero nadie explica cómo se sale de la recesión.
Y si hay que sufrir, tienen que sufrir todos. Los amigos del poder y los corruptos tienen que pasarlo muy mal. Si esto no sucede, lo pasan mal solo los buenos, y eso, les aseguro, además de injusto, es violento.
Se concretó hoy una baja y eliminación de retenciones a productos del campo que había sido anunciada por el presidente Javier Mileien su discurso en el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo. Se trata del fin de los derechos de exportación para los lácteos, la carne porcina y las categorías de vacas A, B, C, D y E [son para todos los mercados, en especial China, el mayor comprador de carne de vacas]. En tanto, se redujeron en un 25%, de 9 a 6,75%, los derechos de exportación a las cadenas bovina [los cortes del ganado como novillos, no vacas] y aviar, entre otras.
La medida se conoció a través del decreto 697 que lleva la firma del presidente Milei. También pusieron su firma el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Estas disposiciones habían sido informadas por Milei el 28 de julio pasado, cuando estuvo en la Rural.
Es la segunda promesa que cumple el Gobierno esta misma semana luego que este lunes se formalizara otro anuncio que también había realizado el jefe de Estado en la Rural: ya no será obligatoria la inscripción en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) para quienes comercializan granos y/o derivados granarios para consumo propio.
Más atrás en el tiempo el Gobierno implementó una simplificación de trámites y declaraciones obligatorias para productores y exportadores con foco en agilizar el negocio. También bajó aranceles a insumos herbicidas y a la urea.
“El gobierno nacional anunció la eliminación de los derechos de exportación a los productos de la categoría vaca y de las cadenas porcina y láctea, así como la reducción del 25% en las retenciones para distintas cadenas de carne (bovina, aviar, entre otras). Las medidas, anticipadas por el presidente Javier Milei en la inauguración de la Exposición Rural 2024, apuntan a darle mayor competitividad y previsibilidad a un sector productivo estratégico para la economía argentina”, dijo la Secretaría de Agricultura en un comunicado.
Según precisó luego, el decreto “dispone la eliminación de los derechos de exportación para los productos de la categoría vaca (excepto animales vivos) cuya codificación, de acuerdo a sus características, sea A, B, C, D y E, se encuentre conforme a lo estipulado en el Anexo III de la Resolución N° 32/2018. Estos productos, cuyo principal destino es la exportación, tributaron más de US$60 millones en retenciones durante 2023, un monto que a partir de ahora vuelve a la rentabilidad de la cadena bovina”.
Para destacar, como novedad se sumó la quita a la cadena porcina. De acuerdo a lo que había trascendido en un primer momento, iba a tener una reducción del 25%. Sin embargo, la alícuota se llevó a 0%. Agricultura dijo: “El decreto también establece la eliminación de las retenciones para los productos de la cadena porcina, con el fin de dotarla de una mayor competitividad y proyección internacional para un producto con alta demanda mundial”.
Hace unos días, la Sociedad Rural Argentina (SRA) estimó que el alivio fiscal para el sector ganadero por las medidas de Milei será de US$159 millones. Esto por la baja del 25% de las retenciones desde una alícuota del 9% y el fin de los derechos de exportación para la categoría de vacas.
Para recordar, en 2023 todas las exportaciones de carne vacuna representaron ingresos al país por US$2.735.597.396, una merma de 20,1% versus el año precedente debido a la caída de los precios internacionales. El 60,3% de esas divisas vinieron de China, el mayor cliente del país.
LOS LÁCTEOS
El decreto presidencial, además, ordenó “la eliminación definitiva de los derechos de exportación para los productos de la cadena láctea, un tributo que oscila entre 4,5% y 9% y que hoy se encuentra temporalmente suspendido hasta junio de 2025. Con su eliminación definitiva, los procesos de la industria láctea tendrán mayor previsibilidad para crecer en productividad e inversiones”.
Vale recordar que en octubre pasado, en plena campaña electoral, el exministro de Economía, Sergio Massa, había suspendido las retenciones a los lácteos hasta diciembre de 2023. Luego Milei prorrogó la medida hasta junio pasado y después avanzó con una extensión hasta junio de 2025. Finalmente, ahora se hizo una quita definitiva de los derechos de exportación.
En el caso de los lácteos, entre enero y junio pasado se vendieron al mundo productos por 650,5 millones de dólares, una retracción del 2% contra igual lapso de 2023. Brasil fue el principal destino en valor: pagó US$308,8 millones por los lácteos argentinos.
De acuerdo al decreto de hoy, también se implementó “una reducción del 25% en las retenciones para todas las proteínas animales cuya alícuota actual se encuentra entre 4,5% y 9%”. Agricultura precisó: “Las proteínas animales constituyen un agregado de valor en origen a nuestros granos y tienen un impacto federal masivo, ya que ovinos, avícolas, bovinos y el resto de las especies exportables argentinas se producen en todas las provincias de nuestro país”. Según detalló, en 2023 “el 25% de los derechos de exportación que tributaron estas categorías ascendió a más de US$70 millones”.
El gobierno nacional introdujo importantes modificaciones en la normativa que regula la propiedad intelectual en Argentina, adaptándola a las necesidades y realidades del siglo XXI. A través del Decreto 765/2024, el cual actualiza y redefine varios aspectos clave sobre la ejecución pública de obras artísticas, basándose en la Ley N° 11.723, que es la base legal del derecho de autor en el país.
La Ley N° 11.723, sancionada en 1933, establece el régimen legal de la propiedad intelectual en Argentina, protegiendo el derecho de autor sobre diversas expresiones artísticas y culturales. Esta ley asegura que los autores de obras literarias, musicales, dramáticas y cinematográficas, entre otras, tengan el control sobre la utilización de sus creaciones, permitiéndoles autorizar o prohibir la reproducción, distribución y ejecución pública de las mismas.
Sin embargo, con el paso de los años, la evolución de las tecnologías y las nuevas formas de consumir contenido hicieron que algunas de las definiciones y regulaciones de la ley queden obsoletas. Este desajuste entre la normativa vigente y la realidad actual generó la necesidad de actualizar el marco legal para garantizar una protección efectiva de los derechos de los autores.
Uno de los puntos centrales que plantea la norma es la redefinición del concepto de “ejecución pública”. Hasta ahora, la última modificación significativa en esta área se había realizado en 1945, cuando se ajustó el Decreto N° 41.223/34. No obstante, la definición de ejecución pública en ese momento respondía a una realidad muy distinta a la que enfrentamos hoy en día, donde el acceso a obras artísticas y culturales se democratizó y diversificó considerablemente gracias a las tecnologías digitales.
El objetivo de esta actualización es proporcionar una definición más clara y actualizada del término “ejecución pública” que refleje mejor la realidad del siglo XXI. Esto implica reconocer los nuevos medios a través de los cuales las obras pueden ser compartidas y consumidas por el público, como el streaming en Internet y otras plataformas digitales, así como garantizar que los derechos de los autores sean respetados y adecuadamente compensados.
Modificaciones claves en dos artículos fundamentales del Decreto N° 41.223/34, que reglamenta la Ley N° 11.723.
1- Redefinición de la ejecución pública
El nuevo artículo 33 establece que la ejecución pública se refiere a cualquier representación de una obra en un espacio de acceso público, dirigida a una pluralidad de personas, independientemente de los fines que persiga dicha representación. Esta definición amplia incluye tanto las ejecuciones realizadas en vivo por artistas, como aquellas que se realizan a través de medios mecánicos, electrónicos o digitales, como es el caso de las transmisiones por radio, televisión, altavoces e Internet.
Lo que resulta novedoso es la exclusión explícita de las representaciones o ejecuciones que se realicen en ámbitos privados. Es decir, si una obra es interpretada en un lugar de acceso restringido y no está abierta al público general, no se considerará una ejecución pública bajo esta normativa. Esto busca aclarar situaciones donde, por ejemplo, una obra es compartida en reuniones familiares o eventos privados.
2 – Derechos de los autores en la era digital
El artículo 35 también fue revisado para adaptarse a las nuevas realidades tecnológicas. Según esta modificación, las obras musicales, cinematográficas y los fonogramas no pueden ser objeto de ejecución pública sin la autorización expresa de los titulares de los derechos. Esta autorización puede ser gestionada directamente por los autores o a través de sociedades de gestión colectiva que los representen.
Además, se establece que cualquier persona que obtenga un beneficio económico, ya sea directo o indirecto, a través de la ejecución pública de una obra, debe proporcionar una compensación justa a los titulares de los derechos. Esto incluye a quienes utilizan la obra de manera ocasional o permanente en actividades comerciales, como bares, restaurantes, gimnasios y otros establecimientos similares.
Un aspecto importante de este artículo es que no será necesario abonar una compensación cuando las obras se utilicen con fines didácticos en establecimientos educativos o durante conmemoraciones patrióticas en instituciones oficiales. Esta excepción reconoce el valor social y educativo de la difusión cultural, permitiendo un acceso más amplio a las obras artísticas en contextos que no buscan un beneficio económico.
IMPACTO EN EL SECTOR ARTÍSTICO Y CULTURAL
La idea de la actualización es equilibrar el derecho de los autores a ser remunerados por su trabajo con la necesidad de adaptarse a un entorno tecnológico en constante evolución. La clarificación del concepto de ejecución pública y la incorporación de las nuevas formas de consumo digital son pasos significativos hacia una protección más efectiva de la propiedad intelectual.
Para los artistas, músicos, cineastas y otros creadores, esta actualización representa un reconocimiento de la importancia de su trabajo y un esfuerzo por proteger sus derechos en un contexto donde la tecnología cambió las reglas del juego. Sin embargo, también plantea desafíos, especialmente en la implementación y monitoreo de estas normativas en el vasto y dinámico espacio digital.
Por otro lado, para los establecimientos que utilizan obras protegidas, como bares, restaurantes y gimnasios, el decreto subraya la importancia de contar con las licencias adecuadas para la ejecución pública de obras. De no hacerlo, se arriesgan a enfrentar sanciones por el uso no autorizado de material protegido por derechos de autor.
Tras el escándalo revelado anoche que involucra a Alberto Fernández y a Fabiola Yáñez, tomó relevancia en los medios el nombre del oscuro abogado de la pareja presidencial más polémica de la historia, Juan Pablo Fioribello. En la tarde de ayer, la exnovia de Alberto decidió reemplazarlo por Mariana Gallego y, además, el letrado fue denunciado por violación ética en el Colegio Público de Abogados de CABA.
Ocurrió que Fioribello representó a ella y al ex presidente del Frente de Todos en la causa conocida como Olivos Gate; además de haberla asesorado en los primeros momentos cuando el juez, Julián Ercolini, le informó sobre los chats y las fotos que se encontraron en el teléfono de la secretaria presidencial María Cantero sobre hechos de violencia.
Sin embargo, la reconstrucción del costado oculto de Fioribello arroja panoramas aún más polémicos y controversiales. En agosto de 2021, este medio publicó hizo eco de una extorsión por parte del abogado. Allí, se detalla que Fioribello se desempeñó como jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad y fue asesor del ex ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanian.
En el año 2009, Fioribello fue arrestado y procesado por extorsión. Estuvo detenido algunos días hasta que fue liberado luego de pagar una fianza de $50.000 —casi $20 millones a valor acutal—. Según la acusación que se había presentado ante la Fiscalía Nacional de Instrucción 47, el exabogado de Fabiola Yáñez habría intentado extorsionar a un hombre con un video privado.
La víctima que lo denunció que había recibido varios llamados de un presunto sargento de la Policía Federal que investigaba su vida privada. Y agregó que un video en el que se lo veía manteniendo relaciones homosexuales sería repartido entre sus familiares si no pagaba aquella suma.
El denunciante declaró que Fioribello se habría hecho pasar por un sargento de la Policía Federal y que le habría exigido una suma de 25.000 dólares a cambio de no repartir el material. El 26 de junio del 2009, la Policía realizó la detención de Juan Pablo Fioribello y un acompañante, llamado Ramiro Cenoz. Los efectivos le secuestraron credenciales de portación de varias armas de fuego y tarjetas personales que lo presentaban como “Jefe de Asesores del Gobierno de la Ciudad”.
Tras el arresto, la Justicia ordenó un allanamiento a su departamento en un tercer piso, en el que encontraron cajas de proyectiles 9 milímetros, un silenciador, una granada de humo, chalecos antibalas y uniformes de las policías Federal y Bonaerense, además de varias tarjetas con los nombres de oficiales de esas fuerzas. Fioribello estuvo preso tres semanas, pagó la fianza que le permitió recuperar la libertad y quedó procesado en la causa que abrió la Justicia. Para entonces, su contrato en el gobierno porteño ya había sido rescindido, aunque por “razones presupuestarias” y no por su comprometida situación.
LA DENUNCIA DE GRANATA
Luego de que Yañez denunciara a Fernández, Amalia Granata apareció en escena y reveló información que complica a Juan Pablo Fioribello. La diputada utilizó su cuenta de X para decir: “El abogado de la víctima tiene un historial de violencia de género más amplio que el del expresidente. Esto es información, no opinión”.
“Me shockeó mucho escuchar al abogado, yo declaré como testigo en un juicio el año pasado contra él. Lo investigué a este señor que hoy se la da de feminista y en su momento en una nota que estaba haciendo en el programa de Susana Roccasalvo dijo que yo no tenía la moral para hablar porque yo tenía la bombachita bien floja y hoy dice que defiende a las mujeres”, sentenció Granata.
Y agregó que investigó sobre “sus relaciones y sus parejas (…) mandé un chat de una chica que está aterrada y que nunca quiso hablar, no lo quiere denunciar. Lo que dice esta persona es que cada vez que lo ve en la tele tiene que cambiar porque le agarran ataques de pánico”, dijo, tras sostener que también habló con otra mujer que habría tenido una relación amorosa con el letrado y que habría sido víctima de violencia, pero que no se anima a denunciarlo: “Las amenaza constantemente”.
Además, contó una experiencia propia con Fioribello: “En el country donde vivía él una vez se la encuentra a mi hija porque su padre vive en el mismo lugar y se saca una foto con Uma y se la manda a mi marido y le dice ‘mirá con quién estoy’”.
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.
