El Ministerio de Capital Humano y la Fundación CONIN unen fuerzas en la lucha contra la desnutrición infantil
“La principal riqueza de un país es su capital humano, es el camino a seguir y cuidar”, dijo Abel Albino, la eminencia médica que preside la fundación.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
En una destacada iniciativa para combatir la desnutrición infantil, el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, formalizó un trascendental acuerdo con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (CONIN), fundada y presidida por el Abel Albino. La firma del convenio tuvo lugar hoy lunes, consolidando un compromiso conjuntopara abordar este problema que afecta a los niños más vulnerables del país.
Este pacto estratégico implica la colaboración activa con los más de 100 centros CONIN distribuidos a lo largo y ancho del país. Asimismo, se extiende a las 1500 instituciones dedicadas a proporcionar ayuda alimentaria a familias y niños en situación de vulnerabilidad, acompañándolos a lo largo de su primera infancia y desarrollo.
“La principal riqueza de un país es su capital humano, es el camino a seguir y cuidar”, expresó Abel Albino, presidente de la Fundación CONIN, resaltando la importancia de centrar los esfuerzos en garantizar el bienestar de la niñez.
El objetivo fundamental de este convenio es la concepción y promoción de proyectos y actividades que resulten de interés común. Estas acciones se enmarcarán dentro del “Plan Argentina contra el Hambre”, buscando impulsar medidas concretas para erradicar la desnutrición infantil. La colaboración entre el Ministerio de Capital Humano y la Fundación CONIN se erige como un paso significativo hacia la construcción de un futuro más saludable para los niños. La conjunción de esfuerzos y recursos apunta a generar un impacto positivo y duradero en la vida de aquellos que más lo necesitan.
Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.
Chubut se prepara para un proceso inédito: votar la eliminación de fueros para jueces, legisladores, funcionarios y sindicalistas. El gobernador Ignacio Torres presentó un proyecto que prevé suprimir estos privilegios históricos, con el objetivo de terminar con la impunidad y garantizar igualdad ante la ley.
La propuesta fue aprobada en la Legislatura y se someterá a consulta popular el próximo 26 de octubre, en simultáneo con las elecciones generales nacionales.
El debate encendió la tensión con el Poder Judicial local, especialmente con el juez Claudio Petris, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut (AMFJCh). El magistrado intentó interponer recursos para frenar la votación bajo el argumento de “inconstitucionalidad” del mecanismo de plebiscito.
En medio de esta pulseada, la figura del magistrado se vio envuelta en un escándalo. Durante las últimas semanas, medios provinciales difundieron denuncias anónimas que lo acusan de corrupción, abuso de poder y presuntos favores sexuales a cambio de resoluciones judiciales. Aunque no hay denuncias penales formalizadas, el caso escaló políticamente.
– Claudio Petris
Frente a la presión social y la creciente repercusión mediática, Petris presentó su renuncia “indeclinable” como presidente de la AMFJCh, aunque seguirá en funciones como juez ordinario hasta que se resuelva su situación procesal. En un breve comunicado, negó las acusaciones, a las que definió como “operaciones de desprestigio”.
El gobernador Torres aprovechó la salida del juez para reforzar su campaña por la supresión de fueros. Durante un acto en Comodoro Rivadavia, aseguró que “no puede haber ciudadanos de primera y de segunda” y cargó contra un “sector minoritario del poder judicial” que quería “impedir que el pueblo chubutense decida en las urnas”.
– NACHO TORRES: “Este 26 de octubre, los chubutenses tenemos la oportunidad histórica de enterrar los fueros para siempre. Por eso, instruí al secretario Electoral Permanente, Alejandro Tullio, a que convoque a un referéndum popular, para que la ciudadanía decida si quiere eliminar los fueros en los tres poderes del Estado, y para los sindicalistas”
La reforma constitucional propuesta modifica los artículos 247 y 248 de la carta magna provincial y elimina toda prerrogativa de inmunidad para cargos públicos, incluso sindicales. Según la iniciativa, si prospera en el plebiscito, toda persona acusada de delito podrá ser investigada y juzgada sin necesidad de desafuero parlamentario ni autorización judicial previa.
Por su parte, el procurador general Jorge Miquelarena instruyó al Ministerio Público Fiscal a analizar preliminarmente las denuncias contra Petris, para definir si corresponde iniciar una investigación de oficio. A la fecha, no existen querellas concretas en la justicia ordinaria, pero la fiscalía podría actuar si aparecieran testigos dispuestos a declarar.La discusión tensiona aún más la relación entre los tres poderes provinciales. Legisladores como Daniel Hollmann —alineado al oficialismo— remarcan que el único obstáculo que falta superar es la voluntad popular: “Que decidan los chubutenses si quieren igualdad o seguir con fueros”.
En un esfuerzo conjunto entre el Estado y la comunidad, se conformó en la ciudad de Colón una mesa intersectorial de Salud Mental, iniciativa impulsada por la Municipalidad local con el respaldo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. La jornada de trabajo se llevó a cabo este miércoles, con la participación de referentes institucionales, especialistas y representantes de distintos sectores, con el objetivo de articular acciones frente a problemáticas críticas como el suicidio y los consumos problemáticos.
La apertura del encuentro estuvo encabezada por el intendente José Luis Walser, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y el titular de la Comisión de Salud de la Legislatura, Silvio Gallay. Durante el acto, Hein subrayó la urgencia de avanzar en políticas públicas concretas para abordar estas problemáticas: “La idea es acompañar todas las acciones que se llevan adelante con el objetivo de reducir este flagelo que impacta de manera directa a Entre Ríos, donde lamentablemente somos parte de un ranking fatídico”, dijo, en alusión al suicidio.
El legislador indicó además que esta línea de trabajo responde a una directiva del gobernador, que busca promover la articulación entre ministerios y gobiernos locales. En ese sentido, destacó el papel pionero del municipio de Colón: “Es necesario que esta experiencia se replique en otras localidades”, afirmó Hein.
El intendente Walser, por su parte, señaló la importancia de que los gobiernos municipales asuman un rol activo en el abordaje de la salud mental: “Los padecimientos de salud mental son uno de los grandes problemas en el mundo y los municipios, que son la caja de resonancia de todo lo que pasa, también tienen que trabajar en el tema, porque son nuestros vecinos los que están atravesando por distintas situaciones”, expresó en diálogo con medios locales. “Hay que generar vínculos entre los diversos actores”, agregó.
Walser recordó que la pandemia agudizó muchas problemáticas sociales, entre ellas los consumos problemáticos y los trastornos mentales. “Permanentemente tenemos casos de suicidios, tanto en jóvenes como en personas mayores. Entonces, tenemos que hacer algo y lo que podemos hacer como municipio es ponernos a trabajar de manera coordinada”, sostuvo. En esa línea, explicó que el Observatorio de Salud Mental fue creado por ordenanza municipal y que esta mesa intersectorial representa un nuevo paso en esa política.
Durante la jornada, el médico psiquiatra y docente Juan Pablo Scarpinelli brindó una capacitación dirigida a fortalecer las capacidades institucionales para el abordaje de estas problemáticas. Participaron integrantes del sistema de salud, fuerzas de seguridad, áreas de desarrollo humano, educación, justicia, organizaciones sociales y religiosas, entre otros sectores involucrados.
La Municipalidad de General Pueyrredon reforzó durante junio su política de fiscalización integral del espacio público. En ese período, 530 motocicletas fueron retiradas de circulación y quedaron alojadas en corralones tras constatarse infracciones a la normativa provincial y municipal que regula la seguridad vial.
La intervención —articulada por la Secretaría de Seguridad, la Dirección de Tránsito, el Cuerpo de Patrulla Municipal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires— también derivó en 281 actas a cuidacoches informales, popularmente llamados “trapitos”, a partir de reportes vecinales.
Se aprehendió a 22 personas con antecedentes penales o pedidos de captura vigentes, lo que evidencia la dimensión preventiva de los operativos.
Otro hallazgo relevante fue la detección de cinco licencias de conducir presuntamente apócrifas. El material probatorio fue remitido al Juzgado de Faltas para su evaluación y, en su caso, la aplicación de sanciones administrativas y penales.
Desde la Secretaría de Seguridad indicaron que “el objetivo es garantizar el orden en la vía pública, reducir siniestros viales y disuadir conductas delictivas vinculadas al uso indebido de motos”. La estrategia descansa sobre dispositivos móviles de control, retenes sorpresivos y patrullajes en puntos críticos identificados mediante estadísticas de accidentes y denuncias ciudadanas.
Los reportes vecinales llegan a través de un número de WhatsApp habilitado las 24 horas, herramienta que agiliza la respuesta operativa: la geolocalización y la descripción de la incidencia permiten despachar móviles en cuestión de minutos. “La participación comunitaria es clave para mantener la seguridad y la convivencia”, subrayaron las autoridades.
Funcionarios locales adelantaron que la iniciativa continuará durante el invierno con un enfoque “sostenido y planificado”, priorizando los barrios donde los indicadores de siniestralidad y de conflictividad social resulten más elevados.
La Justicia otorgó este miércoles el arresto domiciliario a José Jorge Alperovich, exsenador nacional y tres veces gobernador de Tucumán, sentenciado el 18 de junio de 2024 a 16 años de prisión por nueve hechos de abuso sexual cometidos contra su sobrina segunda —seis con acceso carnal y tres simples en grado de tentativa— ocurridos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. La resolución de Juan María Ramos Padilla llegó después de poco más de un año de detención efectiva en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.
El magistrado dispuso que el condenado de 70 años permanezca en uno de sus inmuebles del complejo Zencity de Puerto Madero, escenario de uno de los ataques acreditados en el debate oral. Para garantizar la medida impuso monitoreo electrónico permanente y fijó una caución real de 400 millones de pesos. Además, prohibió cualquier tipo de contacto, directo o indirecto, con la denunciante y su entorno, así como referencias públicas que pudieran afectarla.
El lugar fijado es uno de los departamentos del imputado en Puerto Madero, precisamente uno de los lugares donde se cometieron los primeros abusos por los que fue condenado.
– TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL NRO. 29 DE LA CAPITAL FEDERAL CCC 86.765/2019/TO1
“Debe quedar claro que no voy a conceder el arresto domiciliario solicitado como un privilegio ni por compasión, sino como ejercicio legítimo de una atribución legal fundada en condiciones de estricto control, neutralizando los riesgos de entorpecimiento y fuga, y asegurando la protección” de la víctima, sostuvo Ramos Padilla.
El juez advirtió que “cualquier omisión o intento de evasión —por mínimo que sea— habilitará la revocación inmediata del beneficio y el reingreso al establecimiento penitenciario”.
Entre los fundamentos aparecieron la edad de Alperovich y un agudo dolor de columna que, según informes médicos del Servicio Penitenciario Federal, limitaba su movilidad, junto con hipertensión y un cuadro depresivo diagnosticado en marzo de 2025. Durante su estadía en Ezeiza recibió atención en el Hospital Penitenciario Central y fue trasladado en varias ocasiones al Hospital Italiano.
La familia ya había intentado morigerar la detención tres meses después de la condena. Gabriel, Mariana, Sara y Daniel Alperovich se ofrecieron entonces como “fiadores”, prometieron acompañar a su padre las 24 horas y entregaron sus pasaportes “para demostrar que no existiría riesgo de fuga”. La Justicia rechazó aquella petición en dos oportunidades, pero ahora el juez consideró que mantener al exmandatario en prisión preventiva sería “arbitrario” frente a las condiciones carcelarias y a su estado de salud, aunque la condena y la inhabilitación perpetua para cargos públicos siguen vigentes.
Durante el juicio oral iniciado en febrero de 2024 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 declararon más de 80 testigos, incluido el exgobernador Juan Manzur. En su sentencia, Ramos Padilla subrayó: “Los indicios son graves, precisos, concordantes y basados en hechos comprobados que, relacionados entre sí, nos llevan a un único resultado”. El tribunal entendió que Alperovich aprovechó “un contexto de confianza, afecto familiar, dependencia laboral y asimetría de poder” para perpetrar los abusos.
Alperovich negó siempre las acusaciones y las atribuyó a motivaciones “políticas y económicas”. Su entonces pareja, la exganadora de Gran Hermano Marianela Mirra, difundió en mayo último una fotografía del exsenador internado que reavivó críticas a las condiciones de detención. El expediente continúa en trámite de apelación y revisión. Mientras se define la instancia superior, el exgobernador permanecerá bajo arresto domiciliario, controlado electrónicamente y sujeto a supervisión judicial periódica.
El dirigente de Escobar y funcionario del Ministerio de Seguridad de la Nación, Walter Klix, advirtió que el Consejo Escolar local aprobó obras de infraestructura sin los permisos exigidos, realizó compras mediante procedimientos irregulares y consintió “abusos de poder”, mientras dos establecimientos de Maquinista Savio permanecieron dos meses sin suministro de gas. La comunidad educativa denunció en redes sociales que “Los están haciendo entrar a las 10 hs para que los chicos no pierdan más días de clases”, sin que las autoridades ofrecieran respuestas.
Klix difundió un video para contextualizar la denuncia: “Estoy haciendo este vídeo como vecino de Escobar para contarles una preocupante situación que se está atravesando en el distrito de Escobar en el Consejo Escolar y sobre el derecho de los chicos a estudiar y acudir a la escuela en un ambiente seguro”. Explicó que “hace semanas venimos acudiendo con mi equipo a las sesiones del Consejo Escolar para interiorizarnos de la situación y para acompañar y eventualmente profundizar proyectos que acompañen a los chicos a estar más seguros y a poder estudiar de una mejor manera”.
Klix puntualizó que recibió “denuncias de obras adjudicadas sin permiso, compras irregulares y abuso de poder” y que, para documentar cada caso, solicitó las actas oficiales por correo electrónico a la casilla institucional del Consejo. Ante la falta de respuesta, volvió a requerir la documentación por mesa de entrada: “Cuando hicimos la misma solicitud por mesa de entrada dilataron la situación, algo que hace dudar sobre la transparencia de lo mismo”. Mientras tanto, advirtió, “la plata de los chicos se estaría malgastando o desapareciendo”. Y subrayó: “La plata de la educación no se toca”.
Aunque las reuniones son públicas —“Estas sesiones por ley son abiertas y cualquier vecino puede participar de ellas”— el dirigente aseguró que “se nos negó la entrada a la siguiente sesión del Consejo Escolar, algo que fue totalmente irregular porque para que pase eso debería votarse por mayoría”.
Entre las anomalías enumeró la “contratación de empresas para llevar adelante obras de infraestructura sin los permisos correspondientes”, “compras en procesos irregulares” y “demoliciones en jardines de infantes sin permiso”. Agregó que “mientras tanto pasan este tipo de irregularidades que el municipio al día de hoy todavía no pudo explicar” y expuso que “caen denuncias de firmas de contratos irregulares y se hacen pagos que después el municipio no puede justificar porque los hizo”.
“Aquí hay escuelas que dependen del clima para poder dar clases”, enfatizó el dirigente de Escobar. “Los chicos en jardines de infantes o en escuelas secundarias o primarias no tienen los avances en las obras necesarias para poder llevar adelante una educación de calidad”, señaló, y advirtió que la situación demanda una solución integral y urgente.
El organismo, ubicado sobre la calle Independencia, acumula reclamos por la ausencia de condiciones básicas en los edificios escolares del partido. En ese contexto, adelantó que va a “solicitar las actas pero también se las voy a pedir al Ministerio de Educación de la provincia” y se comprometió a mantener informada a la comunidad.
“Por supuesto vamos a pelear con mi equipo para que haya transparencia. Transparencia que hace rato el municipio de Escobar le debe a todos los vecinos del distrito. No vamos a permitir que jueguen con la educación, con la seguridad y con el futuro de nuestros chicos”, concluyó el funcionario, quien reiteró que continuará investigando hasta garantizar el uso correcto de los recursos y la normalidad en las escuelas del distrito.
En una sesión realizada ayer, la Cámara de Diputados de Entre Ríos convirtió en ley el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo provincial para crear la Obra Social de Entre Ríos (OSER), organismo que reemplazará al actual Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER).
La iniciativa fue aprobada por mayoría, sin modificaciones respecto al texto remitido por el Senado provincial, durante la quinta sesión especial del 146° período legislativo, presidida por Gustavo Hein. La ley establece que la OSER funcionará como una entidad pública con autarquía administrativa y financiera, heredando legalmente todos los derechos, obligaciones y patrimonio del IOSPER.
Durante el debate, el diputado Silvio Gallay (Juntos por Entre Ríos), presidente de la Comisión de Salud Pública, destacó la participación amplia en el tratamiento legislativo: “se detectaron graves falencias en el funcionamiento del Instituto, un déficit estructural creciente producto de una gestión ineficiente y un modelo de dirección sobredimensionado, que le costaba al Iosper 251 millones de pesos al mes”. Agregó además que, tras la intervención del IOSPER, se evidenciaron “otras irregularidades, como el retraso e incumplimiento en la entrega de más de 1.126 prótesis”.
Gallay también resaltó los beneficios que la nueva ley traerá a los afiliados: “Los usuarios van a tener garantizada la asistencia médica integral, odontológica, farmacéutica, laboratorios, auxiliares de medicina, internación, traslado por internaciones, subsidios y, naturalmente, las prestaciones médicas obligatorias que establece el marco nacional. Pero vale aclarar que este es el piso, no es el techo”.
Entre las innovaciones destacadas se mencionó la reducción del directorio a solo cuatro miembros, de los cuales dos serán designados por los gremios. Además, se establecerá un consejo consultivo ad honorem y un nuevo sistema robusto de fiscalización con dos síndicos designados por el Poder Legislativo, uno del oficialismo y otro de la oposición, para garantizar transparencia.
La diputada Gabriela Lena (JxER) defendió la reforma con énfasis: “Es un cambio fundamental y necesario, es una respuesta urgente a una situación que no podemos seguir tolerando”. Asimismo, añadió: “Con OSER se establecen límites claros, pero lo más importante es que recuperamos la confianza con un nuevo sistema de fiscalización y quienes tengan la responsabilidad de conducirla responderán con su patrimonio personal por los daños causados por actos penales”.
Por su parte, Laura Stratta (Más para Entre Ríos) cuestionó duramente la iniciativa: “no es necesaria una nueva ley” para resolver los problemas planteados y afirmó que la nueva composición del directorio “reduce la participación de los representantes de los afiliados” y “concentra el poder en el gobierno de turno”. Stratta también criticó que la aprobación del proyecto tuvo un “tratamiento exprés” y señaló deficiencias administrativas actuales como el aumento de coseguros.
El diputado Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos) también se mostró en desacuerdo con el proyecto, aunque reconoció que era “seguramente necesaria una actualización” del marco normativo. Advirtió sobre “una reducción significativa de las prestaciones actuales”.
El cierre del debate estuvo a cargo del diputado López, quien defendió la propuesta del Ejecutivo provincial como una medida necesaria para mejorar el funcionamiento de la obra social. Además, anunció que algunas inquietudes planteadas, como el impacto sobre la Mutual Municipal de Concepción del Uruguay, serán corregidas por el gobernador mediante reglamentación.
Finalmente, la ley fue aprobada con 20 votos a favor y 13 en contra, marcando un nuevo rumbo para la salud pública en la provincia de Entre Ríos.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
No tiene sentido lo que dice el Gobernador. El ingreso del sistema financiero son los intereses de los préstamos que pagan los que toman crédito. Al aumentar IIBB sobre los intereses, sube el costo del sistema productivo que es el que dice defender. https://t.co/JU7ZMccZtm
