Tras la gestión del Frente de Todos, pasados 1461 días de rotundo silencio, la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que desplegarán un paro general el próximo miércoles 24. En tal sentido, el vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó que está en mente del Gobierno sancionar a los empleados públicos que se sumen a la medida extorsiva descontándoles ese día.
“Con respecto al trámite legislativo —el debate de la Ley de Bases en el Congreso—, tenemos intención de que efectivamente se debata en la cámara de Diputados lo antes posible. Si es esta semana, bienvenido sea, independientemente de la fecha del paro. Eso es un dato que está determinado, el dato del debate en la sesión depende de variables que no manejamos nosotros”, contestó el vocero.
Desde el organismo peronista, repudiaron la “criminalización de la protesta social como método represivo de un plan de ajuste económico del actual gobierno”; además, apretaron a diputados y gobernadores al señalar que “el diálogo y el consenso es una herramienta de la política, pero cualquiera de esas instancias no puede hacerse a espaldas del pueblo trabajador. Y con más razón aquellos representantes que provienen del campo nacional y popular”.
El oscuro cotitular de Camioneros y de los principales impulsores de la protesta, Pablo Moyano, fue puntual al señalar que “el objetivo es uno: voltear el DNU, voltear la Ley Ómnibus y movilizar el 24 y estar presente en cada conflicto que se va a ir generando”.
