El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reclamó públicamente que se restituya el Decreto firmado en 2017 por el expresidente Mauricio Macri que imponía mayores restricciones al ingreso de extranjeros al país y que, además, preveía un mecanismo rápido de extradición de delincuentes.
“Hay que expulsar a los extranjeros sin ciudadanía que delinquen”, inició vía redes sociales. Y contó: “Anoche ante una alerta al 911 personal de la Policía de la Ciudad detuvo a tres delincuentes que estaban robando en un local de electrodomésticos, en el barrio de Balvanera, y que intentaron darse a la fuga. Los tres son extranjeros y ninguno posee ciudadanía argentina“.
“Se debe restituir la normativa que en 2017 modificó la Ley de Migraciones para agilizar la expulsión de aquellos extranjeros, sin ciudadanía, que eligen nuestro país para delinquir y que fue derogada en 2021 por el kirchnerismo. Nuestra Ciudad no debe ser más el lugar al que se viene a cometer delitos”, concluyó el mensaje.
En enero de 2017, Macri y su gabinete firmó el Decreto 70 que modificó la Ley de Migraciones. Bajo el fundamento de que cada Estado tiene “la prerrogativa soberana de decidir los criterios de admisión y expulsión de los no nacionales”, se creó un “procedimiento migratorio de especial sumarísimo” para negar el acceso y expulsar del país a delincuentes extranjeros en menos tiempo.
En argumento radicó en “la duración de los procesos administrativos y judiciales” y en el incremento de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario que en 2016 alcanzó al 21,3% de la población carcelaria total, pero que al analizar la cantidad de personas detenidas por narcotráfico, la cifra de inmigrantes subía al 33% en aquel año.
Sin embardo, ese decreto fue derogado por el Gobierno de Alberto Fernández bajo el argumento de que el DNU firmado por Macri había modificado “aspectos sustanciales” de la Ley de Migraciones que “resultan irreconciliables con nuestra Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre los que cabe mencionar la violación al principio del debido proceso, al derecho a contar con asistencia y defensa legal, la restricción a un control amplio y suficiente del poder judicial sobre los actos de la autoridad administrativa, la amplitud con la que se prevé la retención preventiva del y de la migrante sin definir las causas que la habilitan y la restricción a los derechos de reunificación familiar y dispensa por razones humanitarias”.
