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La ministra de Desarrollo Social de la Nación y candidata a diputada nacional por Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, quedó en el centro de la polémica por 2 licitaciones recientes en las que gastó una fortuna de los impuestos de los argentinos.
Por un lado, gastó 1069 millones de pesos en frazadas para asistencia social. Los valores llegan hasta 177 por ciento por encima del valor en el mercado. Por el otro, gastará más de 20 millones en útiles de oficina, entre lapiceras y folios.
Cuadro comparativo de ofertas.
La primera licitación salió publicada en el Boletín Oficial del 4 de septiembre, precisamente en la decisión administrativa 732/2023, que lleva las firmas de Tolosa Paz y del jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de UxP, Agustín Rossi. “Apruébase la licitación pública 95-0042-LPU23 con el objeto de lograr la adquisición de frazadas, destinadas a la atención de los sectores socialmente vulnerables, solicitada por la Secretaría de Articulación de Política Social”, dice el documento.
La compra se realizó por 140 mil frazadas de una plaza y 20 mil de 2 plazas y fue autorizada por una resolución del 20 de abril de 2023. La Secretaría de Articulación de Política Social es una oficina manejada por uno de los principales colaboradores de Tolosa Paz, Leonardo Moyano. Las frazadas se pidieron en otoño, se adjudicaron con un enorme sobreprecio en invierno y llegarán en primavera.
El expediente filtrado.
Las ganadoras fueron dos Grupo Sala, que se llevó la confección de las 140 mil de una plaza. Cotizó dos marcas. Por las GS le cobró al Estado 6330 cada una, y por las otras (Blancomar), 6180 pesos. En total, la firma se llevará un cheque de 875,7 millones.
La otra, la que se quedó con las 20 mil de 2 plazas, es la Cooperativa de Trabajo Manos Berissenses. La organización social pasó 9680 cada pieza, con lo que accedió a una compra de 193,6 millones de pesos. En total, el trío Rossi, Tolosa Paz y Moyano adjudicaron 1069,3 millones de pesos.
Más documentación presente.
Las dos firmas ganadoras tienen estrecha relación con el kirchnerismo. Manos Berissenses fue la ganadora hace poco tiempo, exactamente en julio, de una adjudicación directa para proveer al Ministerio de juguetes para el “Día del las niñeces”. Entonces, sin competir, se llevó una orden de compra de 350,24 millones de pesos y otra por 122,58 que se firmaron el 8 y 9 de agosto. Los valores de las frazadas están entre 147 y hasta 177 por ciento por encima de lo visto en el mercado.
Útiles para un Gobierno de inútiles
La última licitación que está lista para ser adjudicada es para la compra de útiles de oficina. Entre los objetos solicitados se encuentran 400 bolígrafos, folios, bandas elásticas, sobres blancos y carpetas.
Por esta compulsa, la empresa beneficiada fue VISAPEL SRL, a quien el Gobierno le pagará un total de 22.292.800 por estos útiles para abastecer las oficinas del organismo de Tolosa Paz, en medio de una crisis económica y cuando la mitad de los argentinos no llegan a fin de mes.
Esta licitación todavía no fue publicada en el boletín oficial porque resta terminar los documentos de adjudicación, por lo que se estará abonando en los próximos días.
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El martes 28 de abril de 2020, a través de la Decisión Administrativa 552/2020, el gobierno de Alberto Fernández designó a Lisandro Catalán como director del Registro Nacional de Reincidencia.
Allí se desempeñó hasta que llegó Javier Milei a la Casa Rosada. Lejos de eyectarlo, fue promovido al frente de la Secretaría de Interior, un despacho clave encargado de aceitar las relaciones con los gobernadores de las provincias.
De hecho, Catalán supo trabajar “codo a codo” con Guillermo Francos, hasta este miércoles, que fue nombrado jefe de Gabinete. Ahora es él quien maneja la cartera de Interior.
No obstante la designación de marras, Catalán ya había sido puesto como director titular del Correo, con un salario cercano a los 9 millones de pesos, a pesar de que él jura que lo hacía ad honorem.
Se trata de un abogado, recibido en la Universidad Nacional de Tucumán y cuenta con una Maestría en Gestión Pública de la Universidad Austral. Y una “extensa” carrera en la administración pública.
Supieron depender de él áreas estratégicas del Estado: la Subsecretaría de Asuntos Políticos, la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Frontera y el Archivo General de la Nación.
A través de algunas de esas dependencias, Catalán ha encontrado la manera de avanzar en puntuales curros. Uno de ellos, el de cobrar “mensualidades” a puntuales comercios para que puedan operar.
Tres de ellos pertenecen a una misma persona, José María Ríos: un minimercado ubicado en el sector del Cotecar de Paso de los Libres, un supermercado y una parrilla buffet. Los tres ponen una millonaria “tarasca” mensualmente para poder trabajar, siempre de manera “precaria”.
No es el único choreo: en Entre Ríos, el dúo mantiene un convenio con Uruguay de 200 mil dólares por refacciones y mantenimiento. Es por ello que en estas horas postulan con énfasis a dos coordinadores que llegan con el impulso del gobierno de esa provincia.
Si la Justicia se decidiera a investigar, debería posar su mirada en el Centro de Fronteras de Horcones y el Centro único de control de cargas de Uspallata.Específicamente debe poner la lupa en los dos buffet y la estación de servicio, la cual modificó la circulación de la terminal de descarga. Allí se habla de una “contraprestación” de 2 millones de pesos al mes.
Algo similar ocurrió en el Centro de Fronteras San Sebastián, Tierra del Fuego, donde se propuso como coordinadora a la dueña de una empresa proveedora del Estado, Hester Gonzales. Pero esa es otra historia…
Un informe del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Allen expuso los números en rojo de la gestión de Marcelo Román, intendente local y vicepresidente de La Libertad Avanza de Río Negro, quien es investigado en la Justicia por malversación de fondos públicos.
El documento de 106 páginas al que tuvo acceso DATA24 detalla ingresos y gastos del municipio entre 2024 y 2025. Fue emitido el 13 de agosto y leído al día siguiente en el Concejo Deliberante local. Durante la sesión quedaron registradas expresiones de sorpresa de los concejales ante las cifras informadas.
El monto que capturó toda la atención es la deuda que el Municipio tiene con proveedores: casi $3000 millones.
– Captura de la última página de las 16 que utilizó el Tribunal de Cuentas para detallar el total de la deuda de Allen con proveedores
Sin embargo, otros gastos realizados por el intendente libertario Marcelo Román chocaron de lleno con el discurso del presidente Javier Milei. Se trata de los más de $576 millones que, según el Tribunal de Cuentas, se gastaron para la Fiesta Nacional de la Pera 2025.
De esa edición se destacan las participaciones de reconocidos artistas. Según consta en el documento, la banda de rock Kapanga cobró poco más de $28 millones; la convocatoria del reconocido músico Miguel Mateos costó $52 millones y la agrupación de cuarteto oriunda de Córdoba, Q’Locura, se llevó unos $123 millones.
La polémica se intensifica si se compara con lo gastado un año antes para el mismo festival: más de $14 millones, por lo que la cifra tuvo un aumento interanual superior al 4000%.
A lo dilapidado en las dos ediciones de la Fiesta de la Pera se le suman los gastos realizados por los festejos del 25 de Mayo, día que la fecha patria comparte con el aniversario de Allen (ciudad fundada en el año 1910).
Los festejos locales del 2024 comprendieron un gasto total de $35 millones. Entre las personalidades artísticas, se destaca un show infantil de Fabián Alberto Gómez, más conocido como Piñón Fijo, quien cobró al Municipio unos $4,6 millones. El monto queda chico al lado de los $90 millones que se necesitaron para contratar a Los Auténticos Decadentes para el aniversario pasado, cuando el total erogado fue de $251 millones: un aumento mayor al 615% de un año a otro.
Este medio intentó, sin éxito, contactar a los concejales Guillermo Pennesi(Juntos Somos Río Negro) y Marta Crespo(Nos Une Río Negro) para acceder al informe completo y ampliar la información. Pennesi nunca respondió; con Crespo hubo un primer intercambio, pero luego interrumpió las comunicaciones. Finalmente, el documento citado, insumo central de esta nota, fue proporcionado por un funcionario provincial ajeno a la localidad de Allen.
MARCELO ROMERO CONTRADIJO EL DISCURSO DE MILEI SOBRE LOS FESTIVALES: “LA CULTURA, LEJOS DE SER UN GASTO, ES UNA INVERSIÓN SOCIAL”
Uno de los ejes discursivos del Presidente y máximo referente de la militancia libertaria fueron las duras críticas que, con lógico fundamento, Javier Milei realizó a los gastos que destina el Estado para financiar las miles de fiestas que se celebran a lo largo y ancho del país.
Según el informe “Fiestas Populares y Festivales Argentinos” realizado por el Sistema de Información Cultural de la Argentina, todavía bajo el yugo estatista de Alberto Fernández, para 2022, el Ministerio de Cultura informó que en nuestro país se desarrollaron cerca de 3.255 festivales de los cuales el 74% son gestionados por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales.
– Dato 2022: en nuestro país se desarrollaron cerca de 3.255 festivales de los cuales el 74% son gestionados por organismos públicos
Con este tipo de datos sobre la mesa, el Presidente y sus militantes señalan y cuestionan, sistemáticamente, a diversas personalidades de la cultura. De hecho, de esta cuestión nace la conocida rivalidad entre Javier Milei y Lali Espósito, la cantante que facturó millones al Estado.
Alejado de este principio libertario, el intendente Romero justificó los montos que realizó su Municipalidad: “Respecto a los cuestionamientos sobre la Fiesta de la Pera, dicha celebración no solo fue histórica en cuanto a convocatoria popular, sino que generó un impacto económico altamente positivo para el comercio local, emprendedores y la economía social, con una inversión pública significativamente menor que la de eventos similares en ciudades vecinas. La cultura, lejos de ser un gasto, es una inversión social que promueve identidad, turismo y movimiento económico”.
– Dos segmentos del extenso comunicado publicado por Romero en su Facebook. Fuente: https://qrcd.org/96uJ
La frase se desprende de una suerte de comunicado que Romero publicó en su muro de Facebook. El texto se titula “Basta de operaciones políticas disfrazadas de control institucional” y, además de contradecir al Presidente justificando “la inversión en cultura”, repudió el informe del Tribunal de Cuentas, aludiendo que tiene una “clara dirección política” para perjudicarlo y que busca “generar confusión y malestar en la ciudadanía a través de datos falsos”.
– Cortesía de AN Allen (FM 99.5)
Finalmente, el intendente Romero no solo cuestionó la falta de “validez técnica” del informe, sino que también puso en duda el trabajo de la presidente del Tribunal de Cuentas, María Belén Villar al sostener que es una mujer “sin formación académica ni experiencia comprobada en la función pública” que “excedió” sus atribuciones y “utilizó un órgano institucional para hacer política de desprestigio”.Además, aseguró que la deuda “real” del municipio es de $830 millones: $2170 millones menos que lo informado por el Tribunal.
La investigación por peculado contra el intendente de Allen sumó otra mancha al oficialismo nacional. Como se dijo, Marcelo Román ocupa el rol de vicepresidente de La Libertad Avanza de Río Negro y es alfil de otra figura libertaria que enfrenta múltiples denuncias: la diputada nacional Lorena Villaverde.
Román está afiliado al partido del Presidente. Llenó la ficha en mayo del año pasado, convirtiéndose en el primer intendente de LLA en Río Negro, luego de abandonar las filas de la UCR tras su triunfo en las elecciones de 2023 en las que se impuso con el 35% de los votos desde la boleta del partido centenario.
Sin embargo, pese a su cargo como vice del partido a nivel provincial, la dirigencia de La Libertad Avanza de Río Negro se apresuró para despegarse de la compleja situación que enfrenta Román.
Julián Goinhex, mano derecha de la diputada Villaverde, definió al asunto como “una cuestión de gestión” (municipal) y dijo que Romero estaba alejado de las cuestiones partidarias desde marzo: “No asiste a las reuniones”.
Las cifras se hicieron públicas a fines de junio, cuando el Tribunal de Cuentas denunció a Sebastián Ocampo, principal asesor del intendente Marcelo Román y empresario local de medios partidarios, por presuntamente ejercer funciones propias del jefe comunal sin designación formal.
El lunes 28 del mes pasado, autoridades judiciales y policiales allanaron la Municipalidad.
Desde entonces, Román enfrentó una cadena de renuncias. A 24 horas del escándalo, el jefe de Gabinete Benjamín Marín fue el primero en dejar el cargo. Luego se alejaron la secretaria de Desarrollo Social Marta Escobar, el director de Gestión Comunitaria Rolando Barrueto y su representante en el Tribunal de Cuentas Matías Piergentili.
En Hacienda hubo dos salidas. Griselda Morell renunció en mayo: “Las decisiones más relevantes no se tomaban en el despacho del intendente, sino que eran impuestas por un asesor sin nombramiento oficial”, declaró entonces, anticipando el escándalo.
– La fiscal María Celeste Benatti durante el procedimiento
El cargo fue ocupado luego por Gloria López, quien también renunció. Actualmente, la cartera está a cargo de la contadora pública Cristina Bravo, exintegrante del Tribunal de Cuentas.
La causa continúa en etapa de investigación bajo la órbita de la Fiscalía N.º 4 de General Roca, a cargo de la fiscal María Celeste Benatti.
En menos de dos años, las Fuerzas Armadas perdieron 18.659 militares, que pidieron la baja desmotivados por el retraso salarial y la falta de estímulos profesionales. Así surge del informe que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó en la Cámara de Diputados y de las interpretaciones que se hacen puertas adentro de los cuarteles.
El informe del jefe de Gabinete, que responde a las preguntas de los legisladores con datos aportados por el Ministerio de Defensa el mes pasado, revela que a partir del 10 de diciembre de 2023, fecha en que asumió el presidente Javier Milei, dejaron las fuerzas 840 oficiales, 2398 suboficiales y 15.421 soldados voluntarios.
La mayor deserción se dio en las filas del Ejército y, especialmente, entre los uniformados que conforman la tropa voluntaria. Las Fuerzas Armadas tienen hoy un plantel de 83.000 militares desplegados en todo el país.
Según el detalle ofrecido por Francos, de los 18.659 efectivos que pidieron la baja, 14.614 pertenecen al Ejército, 2971 a la Fuerza Aérea y 1074 a la Armada. En distintas unidades coinciden en que la cantidad de bajas no es compensada por los egresos de los institutos de formación militar. Ya en julio pasado había salido a la luz que más de 2200 militares y efectivos de seguridad habían pedido la baja en el primer semestre del año, por los bajos salarios.
“No es un problema nuevo, se viene dando hace diez años. Pero no por eso deja de ser alarmante y preocupante”, dijo un general en actividad, que mira los números con preocupación.
En cambio, en sectores cercanos a la conducción de las Fuerzas Armadas relativizaron las cifras. “Es un número excesivo. Además de las bajas debe contabilizar el personal retirado, que no es lo mismo. El retiro comprende a los que cumplen los años de servicio. Desde el punto de vista estadístico no presenta ninguna alarma. El movimiento de soldados es normal. Todos los años hay bajas y altas”, argumentó la fuente castrense, ante una consulta del diario La Nación.
EL RETRASO SALARIAL:
Los militares conservan el reclamo de la equiparación de haberes con las fuerzas de seguridad, una promesa que lleva ya varios años y, por lo menos, dos gobiernos. En muchos casos, los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas pelean por no caer bajo la línea de pobreza, que para una familia tipo, según el Indec, ascendía agosto último a $1.160.780.
Los bajos salarios impactan particularmente en las jerarquías más bajas. Mientras un capitán y un teniente de navío cobran $1.109.913, la remuneración de un teniente primero y de un teniente de fragata llega a $987.202. Un teniente del Ejército y un teniente de corbeta perciben $889.995y un subteniente, un guardiamarina y un alférez –las categorías más bajas entre los oficiales- cobran $806.045.
Entre los suboficiales, un sargento y un cabo principal perciben $853.088, un cabo primero, $765.596 y un cabo segundo, $765.596.
En el interior de las fuerzas entienden que la problemática salarial es decisiva, dado que el estilo de vida de los militares, en general, obliga a tener un solo ingreso familiar, porque con cada cambio de destino su cónyuge suele perder su trabajo. “También existen privaciones relativas a su entorno familiar y de amigos, que muchas veces influye en la decisión de pedir la baja, pese a la vocación”, señaló una fuente castrense.
Incluso, hay voces que sostienen que los suboficiales presentan mejores condiciones relativas que los oficiales que los mandan. “La mayor permanencia en los destinos permite a los suboficiales que su pareja o cónyuge tenga un trabajo más estable y acceso a planes provinciales de vivienda y a emprendimientos. Algunos consideran que tal vez les habría convenido ser suboficial. La diferencia de responsabilidades no está reflejada en las escalas salariales”, señaló una de las fuentes consultadas.
“Hoy la información circula con rapidez y los jóvenes oficiales advierten que en las Fuerzas Armadas de países vecinos, a diferencia de la situación local, proveen el uniforme y las botas. Acá duran seis meses y las fuerzas entrega anualmente un 20% de las necesidades. En las fotos de ejercicios militares se puede ver el nivel de desgaste de los materiales y elementos”, resumen las fuentes consultadas.
Como ejemplo ilustrativo de las restricciones en el equipamiento, muchos militares en el Ejército portan los mismos fusiles FAL que se usaban en Malvinas, un arma con 70 años de vigencia, sin todos los accesorios de tiro y visión de un arma moderna.
“Los morteros pesados, de 120 milímetros, han pasado periodos de cuatro o cinco años sin municiones y unos pocos al año para los morteros de 81 milímetros. La artillería de 105 milímetros recibe unos 40 a 60 proyectiles anuales, lo que alcanza apenas para una sesión de tiro de escuela. Armas antitanque modernas, como el AT4, fueron compradas de a una para cada unidad y hacen solo un disparo al año”, describen en los cuarteles, al señalar que ello impacta en la insatisfacción profesional y la consecuente pérdida de vocación militar.
La pesca registró en junio una caída interanual de 74,1% y fue el rubro de mayor incidencia negativa sobre el Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC.
Desde que Javier Milei asumió la presidencia, los principales efectos negativos se observaron en la industria manufacturera y en la construcción por su peso en PBI y empleo. Sin embargo, desde marzo la pesca fue el sector con mayores contracciones, fundamentalmente por la paralización en el segmento de crustáceos.
En el último Índice de Producción Industrial (IPI) pesquero, el INDEC aclaró que los resultados estuvieron “afectados por un conflicto gremial extendido”. Dado el patrón estacional cambiante y la irregularidad de la actividad, el organismo sugirió analizar la tendencia‑ciclo junto con la serie desestacionalizada; ambas series exhibieron los niveles de producción más bajos desde mediados de 2016.
En 2024 el complejo pesquero exportó más de u$s2.000 millones y fue el octavo en relevancia exportadora a nivel nacional. En 2025 incidió el derrumbe de precios internacionales: el valor por kilo del langostino salvaje cayó cerca de 60% (de u$s12 a u$s5) por sobrecaptura y por la irrupción del langostino vannamei, de menor calidad y más barato.
“En comercio exterior somos un importante actor en la región pero en lo que va del año ya se perdieron por no salir a faena más de u$s200 millones en exportaciones”, señaló Sebastián Pérez, industrial naval del sector servicios. Pérez añadió que otras especies (el calamar Illex y la merluza negra) compensaron parcialmente la baja de ventas.
“Alrededor de 113 buques tangoneros congeladores estuvieron cuatro meses amarrados en distintos puertos de Mar del Plata, Puerto Deseado y Puerto Madryn porque la actividad no era rentable, debido a varios motivos”, agregó Pérez.
Los empresarios solicitaron adecuar el convenio colectivo a la nueva realidad del sector, mientras que los sindicatos denunciaron intentos de rebajar más de 20% los salarios. Finalmente, se firmó un acuerdo con un descuento en los sueldos por viaje: “Por la crisis que argumenta el sector empresario, la cual tiene parada toda la flota tangonera langostinera, a nuestros afiliados con muchos meses sin trabajar y a las familias pasando necesidades: se descontará un 9% del salario bruto por cada viaje. PARA QUE LES QUEDE CLARO, EL DESCUENTO ACORDADO SERÁ SOLO POR ESTA TEMPORADA”, publicó a comienzos de agosto el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos.
En Mar del Plata, entre suspensiones y despidos se calcularon cerca de 200 trabajadores; los sindicatos hablaron de más de 600. “Pero en realidad la crisis afecta a 5.000 trabajadores”, afirmó Pérez. Los asalariados registrados pasaron de 15.100 en febrero a 14.400 en mayo, según el SIPA. El consumo interno de pescados y mariscos fue de 7 kilos anuales por persona, el más bajo de la región, por lo que no compensó la caída exportadora.
Los industriales señalaron costos de producción elevados y solicitaron una reforma laboral y la quita de retenciones. Además, el sector afrontó el pago de cuotas del derecho único de extracción de especies clave, como la merluza y la vieira, que aportaron más de u$s26 millones al Fondo Nacional Pesquero (FONAPE) en lo que va del año, frente a u$s2,67 millones en todo 2023.
En respuesta, el Gobierno nacional analizó reducir o eliminar retenciones a las exportaciones pesqueras como parte de una estrategia para disminuir impuestos distorsivos. El Ministerio de Economía confirmó que la pesca quedó incluida en la agenda de revisión, en línea con el Informe 144 de la Jefatura de Gabinete. Ante una consulta legislativa, dicho informe consignó: “El Ministerio de Economía por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, indica que se continuarán disminuyendo y/o eliminando los impuestos distorsivos, entre ellos, los derechos de exportación, y la pesca es uno de los productos en análisis”. Y añadió: “Es importante agregar que no se puede asimilar al sector agrícola ganadero con el pesquero, por ende, merecen un tratamiento distinto. El agro es una actividad netamente productiva que se desarrolla vinculada a un bien directa o indirectamente propio. La pesca, por el contrario, es una actividad mayormente extractiva vinculada a un recurso que pertenece a los argentinos en su conjunto”.
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei fue citada por la Comisión Investigadora al estar mencionada en la causa $LIBRA tras haber permitido el ingreso a la Casa Rosada de los promotores de la criptomoneda. Su papel resulta clave en la investigación, ya que fue quien facilitó las reuniones entre su hermano, el Presidente, y los creadores de la estafa cripto.
Según lo recabado, los registros de la Casa Rosada muestran múltiples visitas de los principales involucrados en el esquema, incluyendo a Hayden Mark Davis (CEO de Kelsier Ventures), Julian Peh (KIP Protocol), los empresarios argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy (organizadores del Tech Forum), y Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Además, han surgido acusaciones más graves. De acuerdo con mensajes de texto revelados por el sitio web CoinDesk, Hayden Davis subrayó que podía “controlar” al actual mandatario debido a los pagos que realizaba a su hermana.
– La Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA designó al diputado nacional Maximiliano Ferraro, del bloque de la Coalición Cívica, como presidente
“Yo controlo a ese negro. Le envío dinero a su hermana y él firma lo que yo digo y hace lo que yo quiero”, afirmó Hayden Davis.
La comisión aprobó un reglamento interno que le otorga facultades extraordinarias, incluyendo la posibilidad de solicitar el auxilio de la fuerza pública para garantizar la comparecencia de funcionarios citados. Esta medida fue pensada específicamente para casos como el de Karina Milei, donde existía la posibilidad de que los señalados se rehúsen a comparecer ante la Justicia.
En total, 19 personas fueron convocadas a declarar ante la comisión investigadora. Entre los funcionarios gubernamentales figuran la propia Karina Milei, el vocero presidencial, Manuel Adorni, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el asesor presidencial, Damián Reidel, el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik y la exintegrante de la UTI $LIBRA, María Florencia Zicavo.
A la lista se suman otros nombres vinculados a la investigación, cómo Walter Kerr, traductor de Casa Rosada, Diógenes Casares, empresario que denunció el pago de sobornos y Charles Hoskinson, cocreador de Ethereum.
Aparte de las citaciones, la comisión decidió enviar un cuestionario escrito a Javier Milei, quien tiene cinco días hábiles para responder. Esta decisión se tomó como una vía intermedia antes de considerar una citación directa al mandamás.
El caso ha escalado a acusaciones de corrupción severas. Casares, hijo del empresario millonario Wenceslao Casares, aseguró en una entrevista que una autoridad estatal cobró por el tuit de Milei donde promocionaba el activo. Hoskinson, reveló que allegados al gobierno le ofrecieron sobornos para organizar una reunión con el presidente. Estas acusaciones se han visto reforzadas por el análisis de las transacciones de dinero digital, que revelan que tres de las cuatro billeteras que se beneficiaron con 100 millones de dólares aparecen etiquetadas con el nombre “Milei”.
– Gabriel Bornoroni (LLA): “se está vulnerando la representación de las mayorías y las minorías, en un mecanismo que va a dejar un precedente que vamos a impugnar”
La nueva estructura investigativa está bajo el liderazgo de Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, quien fue designado presidente de la Comisión Investigadora después de cuatro meses de parálisis institucional. La comisión había permanecido empantanada debido al empate de 14 diputados oficialistas y 14 de oposición, situación que se resolvió cuando la oposición impuso una resolución que permite elegir autoridades basándose en los bloques que representen más diputados.
Juan Marino, diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), fue nombrado secretario, mientras que la vicepresidencia quedó vacante debido al retiro del oficialismo. El oficialismo libertario impugnó esta designación y anunció que apelarán la decisión.
El gobierno intentó crear una “autoinvestigación” a través del Ministerio de Justicia y la Oficina Anticorrupción. Zicavo fue designada al frente de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI), aunque críticos señalaron que era imposible que una funcionaria investigue seriamente a su propio jefe. La Oficina Anticorrupción, dirigida por Melik (exsocio del ministro de Justicia), cerró su investigación en junio de 2025 sin encontrar irregularidades, una acción que generó desconfianzas adicionales.
Argentina atraviesa un contexto económico que genera un éxodo de empresas multinacionales. Bajo la política económica del presidente Javier Milei y un entorno desfavorable para la inversión, varias compañías comenzaron a retirarse del país, y se prevé un agravamiento del panorama tras su decisión de profundizar su programa económico pese a la reciente derrota electoral.
Uno de los casos más significativos es el de Raízen, la empresa energética del grupo brasileño Cosan junto a Shell, que inició su proceso de desinversión. Para ello, contrató a J.P. Morgan con el objetivo de vender sus activos en Argentina, lo que pone en riesgo más de 2.500 empleos. Entre sus principales activos se encuentran la refinería de Dock Sud —la más antigua del país— y una red de más de 700 estaciones de servicio Shell, que representan el 18% del mercado de combustibles local.
Raízen había adquirido estos activos en 2018 por 950 millones de dólares, pero su operación ha enfrentado cuestionamientos, como denuncias por presuntas irregularidades en comercio exterior. Su salida se suma a una lista creciente de empresas como HSBC, Mercedes Benz, ExxonMobil, y otras que están reestructurando o evaluando su permanencia en el país, como Equinor. Las principales razones de este fenómeno incluyen la imposibilidad de girar utilidades al exterior debido al cepo cambiario, y una percepción generalizada de inviabilidad del negocio local, incluso en sectores estratégicos como Vaca Muerta. Esta ola de retiros empresariales evidencia un deterioro profundo en el clima económico argentino
DATA24 accedió al informe del Tribunal de Cuentas de Allen (Río Negro). Con el municipio en crisis, el intendente Marcelo Román destinó millones a cuatro festivales locales, gastos que luego justificó como inversión cultural.
Dan Parisini, Ramiro Marra, siguen queriendo presentar un mundo que no es. Karina Milei es Milei. Pareja es Milei. El Nene Vera es Milei. Luis Caputo es Milei. Como Kikuchi fue Milei. Javier Milei es el jefe de la banda de los chorros. Javier Milei es quien expulsó a Marra y es… pic.twitter.com/LZ6kWbMWYR
