Separaron de pabellón a las asesinas de Lucio: “Estaban viviendo en una luna de miel”

Abigail Páez y Magdalena Espósito Valenti, se encontraban juntas en la cárcel: "Tenían televisor, equipo de música... Estaban como en su propia casa".
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Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigaíl Páez, las mujeres asesinas condenadas a perpetua por haber torturado y asesinado a Lucio Dupuy —hijo de la primera—, fueron separadas de pabellón. Así lo confirmó el abuelo del infante, en diálogo con la prensa.

La decisión del Juzgado de Ejecución Penal se dio después de un pedido formal que hizo la familia de Lucio, tras denunciar que las asesinas gozaban de ciertos privilegios en su estado de detención. Ambas están presas desde hace 1 año y 8 meses. Primero pasaron por un penal de La Pampa, pero luego fueron trasladadas al complejo penitenciario 1 de San Luis.

“Fueron separadas el martes, pero solo de pabellón dentro del mismo complejo. Yo creo que deberían ser separadas de cárcel, porque en algún momento se van a cruzar. Gracias a Dios sabemos que ya no están más juntas, y eso es una justicia más para Lucio”, expresó a la prensa el abuelo Ramón Dupuy.

Según describió, ambas estaban viviendo en un “Pabellón VIP”, donde antiguamente eran alojadas las mamás con hijos. “Estaban ellas dos solas, custodiadas y salían al patio sin compañía. Tenían televisor, equipo de música, un placar lleno de ropa, hacían actividad al aire libre y tenían talleres. Todos estos son privilegios que muchos privados de la libertad no tienen, incluso habiendo cometido delitos menores. Estaban como en su propia casa, en una luna de miel”, remarcó.

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A raíz de la decisión de la Justicia, tanto Espósito Valenti como Páez comenzaron una protesta. "Están haciendo una huelga de hambre porque no quieren ser separadas. Quieren seguir estando juntas. Es una locura. Ningún detenido del mundo está preso con su pareja", aseguró el abuelo de Lucio.

El viernes 25 de agosto habrá una audiencia en donde la familia de Lucio Dupuy pedirá que se incorpore el delito de abuso sexual para la madre, y el agravante para las dos mujeres del crimen por odio de género. "Es una fecha muy importante para nosotros porque vamos a poder pedir que se le aplique a la progenitora el cargo de abuso sexual y el agravante por odio de género. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen los profesionales que evaluaron a estas asesinas, lo confirman los chats y lo reconfirman la forma en la que lo mataron. Lucio era un estorbo para ellas, impedía que fueran felices. Pero finalmente lograron ser felices, un año más, dentro de la cárcel, juntas", expresó Ramón.

Ahora esperan que esta instancia de apelación sea favorable para continuar haciendo justicia por el chiquito de 5 años. "No hay mucho más para pelear", dijo Ramón. Es que la Justicia, cuando dictó la pena a prisión perpetua por homicidio, aseguró que no estaban dadas las condiciones para pedir el odio de género, pero la familia de Lucio sabe que las asesinas tenían un alto grado de perversidad, que vivían torturándolo, abusando sexualmente de él.

También buscan responsabilizar a la jueza Ana Clara Pérez Ballester, que le dio la custodia del nene a Espósito Valenti, sin advertir que estaba siendo maltratado. "Hicieron todos la vista al costado. Esta mujer ahora está en Europa, vacacionando. Vamos a seguir pidiendo que sea destituida por mal desempeño de su función. Ella fue cómplice", sentenció Ramón.

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Villaverde volvió a ser demandada y enfrenta un embargo de $31 millones por vender lotes ilegales

La diputada nacional por Río Negro de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, volvió a quedar en el centro de un conflicto judicial por la venta de terrenos sin escrituración ni servicios básicos en la zona de San Antonio Oeste – Las Grutas. En las últimas horas ingresó una nueva demanda civil por daños y perjuicios en el marco de la ley de Defensa del Consumidor, con un embargo preventivo que supera los 31 millones de pesos y que podría extenderse si avanza la causa a unos 100 millones de pesos.

La presentación fue radicada en el juzgado Civil y Comercial Nro. 9 de San Antonio Oeste a cargo de la jueza titular, Vanessa Kozaczuk, que actualmente se encuentra de licencia, causa fue derivada a la Unidad Jurisdiccional Subrogante Nro. 1, actualmente a cargo de la doctora Julieta Noel Díaz, quien deberá definir los primeros pasos del expediente, entre ellos el tratamiento de las medidas solicitadas.

La demanda está vinculada al loteo denominado “Tajamar”, un emprendimiento inmobiliario que desde hace tiempo acumula denuncias de compradores por presuntos incumplimientos contractuales. La acción fue impulsada por el estudio jurídico Santos & Arizcuren, de Viedma, en representación de un adquirente que firmó un contrato de compraventa el 23 de septiembre de 2020 por un lote de 465,80 metros cuadrados.

Según consta en la presentación judicial, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y un plan de financiación en 120 cuotas mensuales. La demanda sostiene que el comprador cumplió de manera regular y sostenida con sus obligaciones, llegando a pagar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados al expediente.

Del otro lado, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos. En particular, se remarca el incumplimiento de las obras de infraestructura básicas prometidas en el contrato: apertura y enripiado de calles, provisión de agua potable, energía eléctrica y alumbrado público. Dichas obras debían ejecutarse en un plazo máximo de diez meses, con una prórroga excepcional de seis meses, plazos que se encuentran largamente vencidos.

De acuerdo al escrito, el lote permanece hasta hoy sin servicios, sin condiciones urbanísticas mínimas y sin ningún avance en el proceso de escrituración, lo que lo convierte en un bien inutilizable desde el punto de vista legal y material. Ante esta situación, el comprador llamado Alejandro Kanjer, notificó formalmente el ejercicio del derecho de retención de pago y comunicó la rescisión del contrato por culpa exclusiva de la vendedora, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación.

Uno de los puntos más sensibles del planteo judicial es la situación administrativa del emprendimiento. Los abogados sostienen que el loteo “Tajamar” carece de aprobación formal por parte de la municipalidad de San Antonio Oeste: no existiría ordenanza habilitante, inscripción catastral, trazado urbano aprobado ni apertura formal de calles. Estas omisiones impedirían la obtención de permisos de edificación, la factibilidad de servicios y la posterior escrituración de los lotes vendidos.

Según la demanda, estas irregularidades eran conocidas por la vendedora Lorena Villaverde que ya tiene reiteradas demandas y que fueron deliberadamente omitidas al momento de la firma del contrato, lo que agrava el incumplimiento y fundamenta el pedido de rescisión, restitución del dinero actualizado y la aplicación de daños punitivos previstos en la legislación de defensa del consumidor.

La nueva causa se suma a un cúmulo de demandas y medidas judiciales previas vinculadas al mismo emprendimiento inmobiliario. En los últimos meses, Villaverde ya fue alcanzada por embargos preventivos millonarios y por acciones colectivas iniciadas por otros compradores que denunciaron un esquema reiterado de venta de lotes sin habilitación municipal, sin servicios y sin posibilidades reales de escrituración.

*Fuente: REALPOLITIK (Luciano Barroso)

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