27 julio, 2024

Un abogado sacó a relucir una antigua denuncia contra D’Elía cuando intimidó a ruralistas en Plaza de Mayo

El precandidato a diputado nacional de Republicanos Unidos, José Magioncalda, expuso una vieja mancha en el legajo del líder piquetero peronista.
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El precandidato a diputado nacional por Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde Republicanos Unidos, José Magioncalda, es reconocido por su labor legal como abogado. Respecto a ello, publicó en sus redes sociales una antigua denuncia contra el aspirante a gobernador bonaerense Luis D’Elía por haber intimidado a ruralistas en la Plaza de Mayo.

“El 4 de agosto del 2008 presenté esta denuncia contra Luis D’Elía, por irrumpir en la Plaza de Mayo para dispersar una manifestación opositora. Desde ese día, no paré de reclamar ante la Justicia, ante cada avasallamiento que implicara vulnerar derechos ciudadanos”, sentenció desde su Twitter.

https://twitter.com/magioncalda/status/1688544213493764096?s=20

En aquel momento, la denuncia llegó a manos de un fiscal que reclamó la indagatoria del líder piquetero, entonces K, quién intimidó a ruralistas y otros manifestantes que se acercaron a la Plaza de Mayo el 26 de marzo del 2008, durante los cacerolazos contra el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y a favor del campo en su protesta contra las retenciones móviles.

La denuncia había sido radicada por el abogado José Luis Magioncalda apenas ocurrieron los incidentes y llevó como pruebas los videos e imágenes que tomaron los medios periodísticos el 26 de marzo. Aquella noche, en medio de la imposición del aumento de las retenciones al agro que había firmado el ex ministro de Economía, Martín Lousteau, un grupo de ruralistas y otros ciudadanos fueron a protestar frente a la Casa de Gobierno, en lo que se convirtió en el primer cacerolazo contra el Gobierno de CFK.

Luis D'Elía
El dirigente piquetero y actual precandidato a gobernador bonaerense Luis D’Elía.

Para demostrar su apoyo al Gobierno, unas 400 personas que respondían al piquetero oficialista D’Elía y al Movimiento Evita de Emilio Pérsico, llegaron a la Plaza de Mayo para replicar la protesta. Incluso el ex secretario de la Federación Tierra y Vivienda agredió a un ciudadano que estaba en la marcha a favor del agro y que, según contó el ex funcionario luego, lo había insultado.

Redacción

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Capitanich y Aníbal en el banquillo de acusados | Arranca el juicio por corrupción en Fútbol Para Todos

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzó el juicio contra 14 personas, incluidos exfuncionarios y dirigentes del fútbol, por irregularidades y desvío de fondos en el programa “Fútbol Para Todos”. Este programa, impulsado por la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), buscaba televisar de manera pública y gratuita los partidos de fútbol entre 2009 y 2015. La próxima audiencia está fijada para el primero de julio.

En el banquillo de los acusados se encuentran figuras prominentes del kirchnerismo como los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, y el excoordinador del programa, Gabriel Mariotto. Junto a ellos, también están acusados varios exdirectivos de la AFA, como Luis Segura y Miguel Ángel Silva, así como directivos de Futbolistas Argentinos Agremiados y representantes de entidades crediticias involucradas en el escándalo financiero.

El Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Miguel Ángel Osorio y la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Andrea Garmendia Orueta, acusa a los imputados de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. En particular, se señala a Fernández y Segura como autores de estos delitos, mientras que Capitanich está imputado por violación de los deberes de funcionario público.

Durante la primera audiencia, el tribunal integrado por Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg, escuchó la acusación fiscal que detalla cómo los fondos públicos destinados al programa fueron desviados a cuevas financieras mediante maniobras fraudulentas. Según la fiscalía, estos desvíos resultaron en un significativo daño al patrimonio público, con fondos que debían fortalecer a los clubes de fútbol terminando en entidades crediticias.

El programa “Fútbol Para Todos” nació con la promesa de ofrecer acceso “libre y gratuito” a los partidos de fútbol y mejorar la situación económica de los clubes. Sin embargo, según la acusación, los objetivos no se cumplieron y los pasivos de los clubes aumentaron. Además, se cuestiona la legalidad de contratos de sponsoreo y la falta de auditorías en los clubes, lo que permitió maniobras de desvío de fondos a través del cobro de cheques en financieras.

Redacción

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CERCA DEL JUICIO FINAL | Confirmaron el procesamiento de Espinoza por abuso sexual

Mientras se muestra en actos oficiales acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quedó más cerca del juicio oral en su contra por abuso sexual contra una ex empleada suya.

Este miércoles, la Justicia confirmó el procesamiento del funcionario público bonaerense, en la causa por abuso sexual, tras la denuncia de su ex secretaria privada, quien lo acusó de “tocamientos impúdicos” e intento de violación.

La resolución fue tomada por la Sala VII de la Cámara del Crimen, que rechazó la apelación del referente del peronismo provincial y lo dejó al borde del juicio. Con las firmas de los jueces Rodolfo Pociello Argerich, Juan Cicciero y Ricardo Pinto, se complica la situación procesal de Espinoza.

El fallo, también convalidó la acusación por “desobediencia”, que se había hecho en primera instancia, luego de que el mandatario matancero desoyera “la orden de no tomar contacto ni directa ni indirecta con la víctima”, ya que le ofreció dinero a cambio de que levante la acusación en su contra.

Por ello, la Justicia le trabó un embargo por 1.500.000 de pesos a Espinoza, mientras avanza la causa que intenta desentrañar lo ocurrido el 10 de mayo de 2021, cuando la mujer que tenía 32 años y recientemente había empezado a trabajar para el intendente de manera informal, se sintió intimidada y abusada por el ex presidente del PJ bonaerense.

En ese momento, la jueza de primera instancia Fabiana Galletti, entendió que “la damnificada padeció inesperadamente los tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin su consentimiento por parte de quien se trataba su jefe en ese entonces y de una persona pública, y de la manera que pudo denunció lo ocurrido, con angustia y perturbada producto del accionar sorpresivo y deliberado del imputado de avasallar su libertad sexual aprovechando su autoridad, que la coloca naturalmente por su rol en una situación de desventaja”.


Redacción

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Fiscalía pide cuatro años de prisión para Guillermo Moreno por manipular el INDEC: “Bajaba los índices a martillazos”

Los fiscales federales Diego Luciani y José Ipohorski solicitaron cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el exsecretario de Comercio Interior del kirchnerismo, Guillermo Moreno, acusado de manipular los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para ocultar los verdaderos niveles de inflación.

Moreno enfrenta cargos por abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica de documentos públicos. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal —compuesto por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini— es el encargado de juzgar el caso.

La misma condena fue solicitada para Beatriz Paglieri, exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, mientras que para las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda se pidieron dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La “intervención de facto” de Moreno: Bajar los índices “a martillazos”

La investigación se inició en 2007 a raíz de una denuncia presentada por la asociación civil “Asamblea por los Derechos Sociales”, basada en publicaciones periodísticas que denunciaban irregularidades en el desplazamiento de la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua. Según las acusaciones, Moreno habría ordenado a Bevacqua revelar datos confidenciales sobre los comercios utilizados para medir la inflación, y al negarse esta, fue reemplazada por Paglieri.

Fiscales que pidieron la condena para Moreno: Diego Luciani (medio) y José Ipohorski (izquierda)

El fiscal Luciani afirmó que Moreno llevó a cabo una “intervención de facto” del INDEC para bajar artificialmente la inflación, sosteniendo que “a martillazos bajaban los índices”. Según Luciani, desde la llegada de Paglieri, se extraían a diario copias de los formularios del índice que luego eran sacadas del organismo por Paglieri, con la colaboración de Filia y Cámpora Avellaneda.

Las anteriores condenas a Moreno

Los fiscales también solicitaron abrir una investigación contra la exministra de Economía, Felisa Miceli, argumentando que el INDEC dependía de su Ministerio, por lo que se debe evaluar su posible implicación en los delitos. Además, se describió un sistema de control y coerción dentro del INDEC, donde incluso se habría llegado a encerrar a empleados en oficinas y retirarles contraseñas o tareas.

Guillermo Moreno ya enfrentó otros juicios: En octubre de 2017 fue condenado a dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado, y en julio de 2022 fue condenado a dos años de prisión en suspenso por amenazas coactivas.

Felisa Miceli, exministra de Economía

El juicio actual continuará con los alegatos de las defensas el próximo miércoles 10 de julio. Luego, los jueces determinarán la fecha para la audiencia en la que se dará a conocer el veredicto final. Moreno, por su parte, negó las acusaciones, argumentando que su gestión no dependía del INDEC y que simplemente utilizaba la “conversación de los precios” para su trabajo.

Redacción

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Denuncian a Larreta y Moyano por multimillonario contrato con el sistema de grúas y acarreo de CABA

Damián Vera, abogado con reconocida trayectoria, formalizó una denuncia ante la Justicia que acusa a Rodríguez Larreta y a Pablo Moyano de una serie de delitos graves: abuso de autoridad, tráfico de influencias, cohecho, extorsión, entre otros. Según la denuncia, en diciembre de 2023, el entonces Jefe de gobierno porteño firmó un contrato por 360 millones de dólares para el sistema de grúas y acarreo, favoreciendo a empresas vinculadas al Sindicato de Camioneros. Este acto fue ejecutado al final de su mandato, tras una derrota en su candidatura presidencial y sin poder imponer a su sucesor en la Ciudad.

El actual Jefe de Gobierno, Jorge Macri, canceló esta adjudicación debido a la carga financiera que implicaba para la ciudad y los beneficios indebidos que otorgaba al sindicato. Como respuesta, el Sindicato de Camioneros, encabezado por Pablo Moyano, organizó una protesta los días 22 y 23 de julio de 2024, dejando basura en las calles de CABA. El conflicto se intensificó cuando un camión recolector arrojó residuos en la vía pública, exacerbando el problema de la recolección de basura en la ciudad. “La relación histórica entre los líderes de Camioneros y varios gobiernos municipales muestra un patrón de negociaciones tensas pero fructíferas para sus intereses”, concluye el documento.

¿Qué irregularidades consideró Vera?

El documento judicial al que tuvo acceso DATA24.COM.AR incluye una serie de acusaciones específicas. Se alega que Rodríguez Larreta permitió irregularidades en la adjudicación del sistema de acarreo de vehículos, incluyendo firmas de documentos por funcionarios que ya no estaban en funciones. Además, el gremio de camioneros habría ejercido presiones para evitar la privatización de los servicios de recolección de basura, utilizando tácticas coercitivas para influir en decisiones gubernamentales.

Empresas como UTE Ashira-Ecoba y Transporte 9 de Julio, presuntamente vinculadas al sindicato, habrían sido favorecidas en la licitación, comprometiendo la imparcialidad del proceso. Las acciones del sindicato afectaron directamente a los ciudadanos de Buenos Aires, utilizando el desorden como herramienta de negociación. El incendio de un camión recolector y la dispersión de basura en las calles apuntan a una posible intención de intimidar y causar daño a la propiedad pública.

Licitación Pública N° 7323-1117-LPU22, que se refiere al servicio de grúas para el acarreo de vehículos en la ciudad. Se han preseleccionado tres ofertas en cada una de las zonas, y se ha adjudicado un monto total de $57.169.446.266,96.

La denuncia sostiene que los hechos configuran múltiples delitos según el Código Penal. Entre estos se incluyen el abuso de autoridad, que implica la utilización de la posición de poder para beneficiar al sindicato; el tráfico de influencias, con presiones ejercidas para adjudicar contratos y realizar pagos indebidos; el cohecho, con la posible recepción de beneficios económicos a cambio de favores políticos; y la coacción, con amenazas para afectar servicios esenciales. Además, se señala la extorsión, la obtención de beneficios mediante amenazas o violencia; el daño intencional a la propiedad, con el incendio del camión recolector; la administración fraudulenta, con gestión indebida de fondos públicos; las negociaciones incompatibles con la función pública, con decisiones en beneficio de intereses privados; y la malversación de fondos públicos, con el uso indebido de recursos públicos.

LA DENUNCIA DEL ABOGADO VERA

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Redacción

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Juez federal ordena el cierre de tabacalera en Rosario, deja a 261 familias sin sustento y es denunciado por prevaricato

La comunidad de Rosario se encuentra en estado de conmoción tras la resolución del juez federal, Gastón Salmain, que ordenó el cierre de la fábrica de tabacos Bronway Technology SA, dejando a 261 trabajadores sin empleo directo y afectando a más de 1.200 familias de manera indirecta. La PYME —que produce los cigarrillos Dolchester y Pier— había sido objeto de una denuncia en 2021 por la multinacional Massalin Particulares, conocida por marcas como Marlboro y Philip Morris.

Salmain, quien asumió su cargo en Rosario en junio, revivió la denuncia de Massalin y emitió un fallo que no solo favorece a la multinacional, sino que además instruye a la AFIP a no otorgar a Bronway las estampillas necesarias para la comercialización de sus cigarrillos, una medida que forzó el cierre de la planta sin esperar el pronunciamiento de la Cámara Federal de Rosario.

Darío Ippolito, presidente del directorio de Bronway Technology SA, denunció penalmente a Salmain por el delito de prevaricato ante el juzgado penal federal N° 4. “Este juez llegó a Rosario con la instrucción de cerrar nuestra fábrica. Creemos en la Justicia, quiero a este país y por eso voy a seguir. Voy a ir a declarar a cuanto juzgado me convoquen para que se llegue a la verdad, ya que tengo todas las reuniones documentadas”, declaró Ippolito.

La situación de Bronway se agrava al considerar que la planta, ubicada en el barrio Nuevo Alberdi de Rosario, había suspendido a 172 trabajadores en meses anteriores debido a la imposibilidad de comercializar sus productos por la falta de estampillas. La Cámara de Empresas Tabacaleras apuntó a la AFIP y a la Justicia Federal, sugiriendo que la decisión fue influenciada por intereses de la competencia, particularmente la empresa Sarandí.

Rodrigo Piaggio, del departamento de Ventas de Bronway, expresó la desesperación de los empleados: “Nos juntaron a todos y nos explicaron que la situación no da para más. Estamos muy preocupados. Son muchas familias, es terrible quedarse sin trabajo en esta época. No entendemos por qué en todas las provincias las tabacaleras funcionan con medidas cautelares para poder trabajar. Sólo en Rosario no nos dejan. Por favor pedimos una respuesta de la Justicia y de la AFIP para poder seguir trabajando”.

El nombre de Salmain no es nuevo en el ámbito judicial. Anteriormente, su candidatura a un puesto similar en Concordia fue objetada por irregularidades en sus exámenes y actividades vinculadas a reajustes jubilatorios. Además, Salmain trabajó en el estudio jurídico Servini y Asociados, vinculado a la jueza de Comodoro Py, Maria Servini de Cubría, lo que genera suspicacias sobre posibles influencias en sus decisiones.

Mientras tanto, diversas organizaciones gremiales han comenzado a realizar acciones para visibilizar la crisis laboral y en apoyo a los empleados de Bronway. Desde la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras (CANET), se denunció que los abogados de la AFIP acusaron falsamente a Bronway de abuso de medidas cautelares, argumento utilizado para revocar la inscripción de la empresa en el registro de tabacaleras.

Las próximas semanas serán cruciales para determinar el futuro de Bronway y sus empleados. Mientras tanto, Ippolito y otros afectados por la decisión de Salmain continúan buscando vías legales y de protesta para revertir el fallo. “Este jueves ingresamos a la Cámara Federal de Apelaciones un escrito donde le recordamos a los magistrados que lo sucedido ya había sido avisado. Rogamos que los jueces de un tribunal superior, que sabemos honrados, salven las fuentes de trabajo y coloquen las cosas en su lugar“, concluyó Ippolito.

Redacción

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Vivía amenazado: reveló la existencia de la mafia de Manzur en Mendoza y apareció muerto en Luján de Cuyo

*Por Christian Sanz, director periodístico de Diario Mendoza Today

“Hola Christian! Soy Osvaldo Rofrano presidente de Gases Aconcagua SA”. El mensaje me llegó por mensaje directo de Twitter el pasado 23 de mayo de 2024.

Acto seguido, el hombre me explicó: “Hoy está entrando a Mendoza una empresa Cascia S.A. que son testaferros de Juan Manzur, senador Nacional, líder narco del norte”.

A su vez, me reveló que se tuvo que ir del país “por amenazas que llegaron de Tucumán (…) Estoy a más de 10 mil km de Argentina”.

Le respondí al día siguiente, el 24 de mayo, y acordamos que me pasaría una serie de documentos y datos sobre aquella corrupción que juraba conocer.

En realidad, ya lo habíamos entrevistado en octubre del año pasado, lo cual derivó en un par de notas que fueron publicadas por Diario Mendoza Today. Esta fue una de ellas.

Pero ahora la cosa era diferente, más densa: Rofrano me aseguró que lo venían amenazando de muerte luego de tener una fuerte discusión con una tal Suárez, quien estaba instalando una empresa de gases medicinales en el parque industrial de Luján de Cuyo. En la trama aparecía el tópico del narcotráfico.

Le recomendé hacer una denuncia en el Ministerio Público Fiscal, incluso le expliqué que podía hacerla desde internet. Sin necesidad de concurrir a la Justicia de manera presencial. No al menos en un principio.

En esos días advirtió en sus redes sociales: “Ante las amenazas recibidas por tucumanos, aclaro: NO ME VOY A SUICIDAR. Cualquier daño que se produzca a nuestra familia y/o empresa, responsabilizo a los mafiosos líderes narco y trata que pretenden amedrentar a los que ponemos la vida para seguir generando trabajo y dignidad”.

Ello concluyó en el terrible hallazgo de este jueves: Rofrano apareció ahogado en la pileta de su vivienda, en Luján de Cuyo. Presuntamente con manos y pies atados con precintos.

Los investigadores persisten en decir que pudo haberse suicidado, ya que los mismos no estaban ajustados. Pero todo es muy extraño en estas horas. Demasiado.

Redacción

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