Previo a las PASO, Raverta les dio ciudadanía argentina a más de 6 mil bolivianos
La inmigración ilegal es una de las herramientas más centrales del kirchnerismo para poder dar con el incremento de votos en la ciudad de Mar del Plata.
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Las Jornadas Consulares con acompañamiento interministerial, gestionadas desde hilos por la precandidata K Fernanda Raverta, contaron con la participación de más de 600 familias. Durante el encuentro, se brindaron múltiples servicios, gestiones y asesorías a las vecinas y vecinos, reforzando los lazos entre los distintos ministerios y la comunidad migrante residente en la región.
El Consulado General de Bolivia en Argentina, en vista de que Mar del Plata y Batán no cuentan con una sede consular, implementó un dispositivo móvil con una comitiva que llevó equipos tecnológicos especiales para facilitar los trámites de documentación del Estado Plurinacional de Bolivia, tales como certificados de nacionalidad, nacimiento, antecedentes policiales y registro de doble nacionalidad y el procesamiento y entrega de cédulas bolivianas a cargo de SEGIP.
La directora de la Administración de Seguridad Social y precandidata a intendente marplatense K, Fernanda Raverta.
El Estado Argentino se hizo presente a través de organismos provinciales y nacionales ofreciendo en un mismo sitio la posibilidad de asesorarse, gestionar y regularizar ante diversas necesidades, con los equipos de RENAPER, Dirección Nacional de Migraciones, ANSES, Desarrollo Social, INADI, CAJ con asesoramiento jurídico, y Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Se estima que el kirchnerismo se aseguraría así votos para Unión por la Patria.
Ante todo lo referido, es propicio dejar en claro que vuelven a darse nuevamente los casos de “comprar votos”, desde el lado de otorgarles tierras a inmigrantes ilegales, con la idea de lograr votos ilegítimos y robarse Mar del Plata. Lo loco de ello es que se estima que tendrían la nacionalidad argentina, mientras también se quedan con la boliviana.
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En un movimiento que promete sacudir los cimientos del sistema de salud, el Gobierno Nacional confirmó que está trabajando en un proyecto de ley que permitiría el cobro de la atención médica a ciudadanos extranjeros y promovería una mayor intervención del sector privado en la prestación de servicios de salud. La iniciativa, encabezada por el ministro de Salud, Mario Russo, refleja un enfoque que busca redefinir las bases del sistema sanitario nacional, al tiempo que se alinea con las experiencias de provincias fronterizas como Salta, Jujuy y Mendoza, que ya cobran la atención a no residentes.
Ministro de Salud, Mario Russo. Fue secretario de Salud en los municipios de San Miguel y Morón. Graduado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es especialista en cuidados perioperatorios de cirugía cardiovascular y tiene una reconocida trayectoria de casi una década en FLENI.
La propuesta, que podría ser presentada en el corto plazo al presidente Milei, generó un intenso debate en las redes. Según declaraciones del ministro Russo, la iniciativa no solo busca autorizar el cobro a extranjeros por servicios médicos, sino que también pretende reestructurar el sistema de salud hacia un modelo más similar al de Estados Unidos, donde el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) regula guías específicas para los procedimientos de atención médica y cobertura.
El diagnóstico sobre el área de salud es coincidente en los distintos sectores políticos: así como está, el sistema no puede seguir adelante. Según sostienen desde la gestión libertaria, el actual sistema de salud está “quebrado” y necesitan optimizar los recursos disponibles. La reforma planeada incluiría, además, una serie de medidas destinadas a sistematizar la información sobre el consumo de medicamentos y los perfiles de los pacientes, mejorando así la eficiencia y el control del gasto sanitario.
El plan de reordenamiento del sistema de salud nacional contempla un mayor protagonismo del sector privado. Esto implicaría una transición hacia un sistema mixto, donde empresas de medicina privada jueguen un rol crucial en la prestación de servicios a un costo menor para los pacientes. En este sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también está trabajando en la derogación de leyes como la de Salud Mental y Salud Sexual, argumentando que dichas normativas representan una carga presupuestaria insostenible para el Estado.
El fiscal Guillermo Marijuan reveló un nuevo escándalo en la administración de pensiones: la existencia de 3.288 beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que viven en el extranjero y continúan recibiendo pagos del Estado argentino.
Este hallazgo representa un costo anual de más de $6.000 millones para las arcas públicas.
De acuerdo con la investigación, estos adultos mayores, que supuestamente se encuentran en situación vulnerable, regresaron a sus países de origen hace más de 90 días y no han reingresado a Argentina, según los registros de la Dirección de Migraciones.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ha solicitado a la ANSES realizar un cruce de datos para identificar y dar de baja inmediatamente a estos beneficiarios que están cobrando de manera irregular. “El objetivo es eliminar los pagos fuera de la normativa vigente y evitar un mayor perjuicio económico para el país”, declaró Pettovello.
La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Relativos a la Seguridad Social (UFISeS), a cargo de Marijuan, también está investigando a otros 7.512 titulares de la PUAM que habrían permanecido fuera del país por más de 60 días, lo que también contraviene las reglas establecidas.
Fuentes judiciales informaron que de los 334 nuevos casos detectados, la ANSES ya ha dado de baja a 235 beneficiarios, y los 99 restantes serán judicializados. Estos últimos casos fueron identificados gracias a una actualización de la información migratoria.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor fue instaurada en mayo de 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri y está destinada a personas mayores de 65 años en estado de vulnerabilidad. Actualmente, el monto mensual es de $172.464,66, más un bono extraordinario previsional de $70.000, sumando un total de $242.464,66.
Para acceder y mantener este beneficio, los beneficiarios deben cumplir con varios requisitos, incluyendo la permanencia en el país. “La normativa es clara en cuanto a la residencia. Aquellos que la incumplen están cometiendo una irregularidad y deben ser dados de baja inmediatamente”, afirmó Marijuan. El fiscal ha solicitado a la ministra Pettovello que evalúe la suspensión inmediata de las pensiones de los beneficiarios que no cumplen con los requisitos de residencia, con el fin de cesar los efectos de posibles conductas delictivas vinculadas al incumplimiento de las normativas vigentes.
El escándalo que involucra a la diputada nacional por la provincia de Córdoba, María Celeste Ponce(LLA), parece no tener fin. Ahora, tras la denuncia penal presentada a fines de julio, donde se señala a la burócrata de La Libertad Avanza por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito, ahora se conoció que Ponce tiene un joven asesor que no aparece en la nómina oficial del Congreso como su asesor, quién sería el encargado de gestionar los retornos que la mujer le exigía a sus colaboradores.
Esta nueva información ya fue anexada a la denuncia en el Juzgado Nacional en lo Criminal N° 10, a cargo del juez Julián Ercolini.
¿QUIÉN ES EL JOVEN ASESOR DE PONCE?
Se trata de Tomás Gutiérrez, de aproximadamente 19 años de edad. El adolescente se desempeña como una suerte de secretario privado de Ponce pero se presenta como un asesor.Está bajo el ala y la protección de Ponce, incluso se dirige a ella como “Mamá”: la cordobesa “lo ayudó en su vida personal, lo adoptó como un hijo postizo y hasta le brindó alojamiento en un departamento que alquilaba en el barrio porteño de Palermo”, declaró una de las fuentes que ya está en la causa a este medio.
En sus redes sociales, Gutiérrez se autodenomina “referente cordobés” de la agrupación apartidaria conducida por la diputada, Pumas Libertarios. En la home de la agrupación política, Tomás aparece coordinando algunas actividades de la organización y figura como un contacto de la misma.
En el marco de las polémicas por los sueldos, Gutiérrez actuó como intermediario. Siguiendo órdenes de Ponce, el joven se comunicaba con los asesores oficiales de la diputada para coordinar las transferencias de dinero.
Gutiérrez cenando con la diputada y junto a Nicolás Márquez, el biógrafo del Presidente
Otro periodista que investigó este entramado, Tomás DíazCueto, publicó en su cuenta de Twitter capturas de pantalla de conversaciones entre Gutiérrez y la exasesora de Ponce que “destapó la olla”, María Guillermina Ruíz.
Los polémicos chats del secretario con la denunciante: Gutiérrez llamando “Mamá” a Ponce
“Cele necesita que le hagas esas transferencias cuánto antes”, tipeó el asesor no declarado, el pasado cuatro de mayo. Previo a ese mensaje, las capturas de las transferencias a Ponce publicadas por DATA24, muestran dos pagos a la diputada: Uno de $500.000 y otro de $400.000, realizado éste último a finales de abril, días antes de la conversación con Gutiérrez. Por esa razón Ruiz, indignada y descontenta, le manifestó sobre la situación al secretario, quien la envió a contactar a Elías, la pareja de Ponce y el encargado de “gestionar” los contratos de los asesores.
Antes de ayer, tras semanas de silencio, presionada por alguno de sus pares del bloque y por usuarios de las redes, la legisladora nacional dio una respuesta que pretendió ser categórica: “ES FALSO”. En ese sentido, publicó que “esto no es la farándula, es el Congreso, y se resuelve en la Justicia”. Además, alegó que todo es una “operación política” contra el oficialismo libertario.
El posteo generó una avalancha de comentarios tanto a favor como en contra de la diputada. A los usuarios que le preguntaban por la denuncia, Ponce les sugirió que destinen su preocupación a otros asuntos, justificando su silencio por su responsabilidad política con La Libertad Avanza: “Soy responsable con el compromiso que asumí, no puedo hacer lo que se me cante y menos darle el gusto a operadores resentidos”. Finalmente, pidió a la comunidad en redes que “entiendan” que es diputada: “No soy una tuitera”.
La Libertad Avanza (LLA) se ha convertido en un negocio redondo para la política, debido a la imagen positiva que cosecha el presidente Javier Milei y su aura de “algo nuevo contra la ‘casta”, que aún mantiene la popularidad creciente como la espuma. Hasta para algunos, es un lavado de cara automático, si es que saltan a tiempo desde los 2 costados de la “grieta”.
Un coordinador de General Rodríguez para La Libertad Avanza (LLA) le hizo llegar amenazas al nuevo integrante del espacio de Javier Milei en Mar del Plata, César Moraiz. El hombre que le hizo llegar las amenazas se trata de Miguel Martínez, el cual trabaja con los equipos de Sebastián Pareja, armador bonaerense y actual subsecretario de Integración Socio Urbana.
Quién manejaría el negocio libertario en la provincia de Buenos Aires es el subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, el cual no quiere que nada se le escape de las manos. Más aún porque cuenta todo ello con el aval de la secretaria de Presidencia, Karina Milei.
Ahora bien, el desembarco del diputado José Luis Espert a la provincia de Buenos Aires con vuelo propio de armado, ha generado malestar en el Clan Menem y compañía. De hecho, ya hay diferentes núcleos que iniciaron su travesía, como es el caso del empresario gastronómico de Mar del Plata, César Moraiz, quién visitó General Rodríguez y ya probó el veneno de Pareja y sus alfiles.
“Me llamaron los peronistas de General Rodríguez. Están re enojados con vos”, inicia el audio filtrado a La Postal de Mar del Plata. Y siguió con total impunidad aclarando: “Tené cuidado que podés tener un accidente si andás por ahí. Están recontra enojados mal”.
La voz es del dirigente político cercano al subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, el peronista Miguel Martínez. Este último, al tener amistad con César Moraiz, le pudo filtrar lo ocurrido por los hombres del armador bonaerense, quiénes vieron con malos ojos que haya una nueva facción libertaria que responda a José Luis Espert directamente en General Rodríguez.
Todo empezó tras filtrarse la reunión que hubo en el pasaje entre Luján y General Rodríguez, en dónde diferentes facciones de Propuesta Republicana (PRO), la Unión Cívica Radical (UCR) y ex Unión del Centro Democrático (UCeDe), coordinaron junto al empresario gastronómico de Mar del Plata un espacio que responda al presidente Javier Milei, sin tener que pasar por Karina Milei y su “mano derecha” Sebastián Pareja. Este último puso el grito en el cielo, remarcaron en “off” a La Postal de Mar del Plata.
Resulta propicio dejar en claro que Sebastián Pareja puso “a dedo” como coordinador y candidato libertario a Sandro Paggi. Este último dio aviso a los suyos por el desembarco de Moraiz como representante de Espert en General Rodríguez.
En la respuesta de César Moraiz, indicó que “ninguno era peronista de los que estaban ahí en la mesa” junto a él. Y siguió: “Estos son todos radicales, del PRO…”.
Sin embargo, poco le importó a Miguel Martínez, que le aclaró: “Justamente por eso. ‘¿Quién es este payaso?’, me preguntaron. Y les dije que sos amigo mío. Están re enojados con vos”.
Ante toda la problemática ocasionada, se deja en claro que Sebastián Pareja quiere monopolizar las cajas de La Libertad Avanza, y Karina Milei no le pone ningún freno. ¿Cuándo el Gobierno dejará de permitir comportamientos de “casta” en el espacio?
La agenda política de Provincia de Buenos Aires parece no estar avocada a la difícil situación del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), que está dejando desprotegidos a más de 2 millones de bonaerenses y a lo que el gobernador Axel Kicillof hace oídos sordos: “la problemática se agravó en vez de darle solución a estas personas que están padeciendo la mala gestión del director Homero Giles a través del gobernador“, dijo el concejal de General Pueyrredon, Cristian Beneito.
“Para el gobernador, la solución fue inventar unos policonsultorios, que lo único que hacen es que tengan que alquilar lugares nuevos y poner más personal. Eso es para ñoquis de un movimiento, de un sector, y no para darle solución real a lo que están necesitando los vecinos tanto de Mar del Plata y Batán, como en la provincia de Buenos Aires. Este problema no es solamente que está pasando en Mar del Plata donde tenemos más de 100.000 afiliados a IOMA, los cuales padecen la mala gestión del gobernador. A nivel provincial estamos hablando de 2 millones de bonaerenses. Solamente en La Plata son 600.000 los afectados por el tema IOMA. Es un tema preocupante”, agregó el edil.
Los ejemplos sobran y lo están padeciendo afiliados principalmente pero los profesionales también: “el otro día tuve una reunión con docentes autoconvocados por el tema IOMA, y tienen problemas para hacerse una diálisis hasta, por ejemplo, una internación. En la clínica Belgrano, habían dicho que el convenio ya estaba subsanado y hace 15 días se cayó nuevamente por falta de pago. Estas personas siguen quedando la deriva, te tenés que internar y vale $2 millones diario. Es una locura lo que está pasando y no hay quien le pone la cola al chancho”.
IOMA no es una mancha en un buen sistema de salud, sino que es un muestra más del desinterés del gobernador como pasa con el Interzonal: “el hospital está en estado deplorable porque también hace más de 30 años que no le ponen 1 peso. En los últimos cuatro años del gobierno, lo último que hacen es pintarlo por afuera. Sigue teniendo los mismos problemas de infraestructura que son severos y graves. Desde que no andan los ascensores y tienen que llevar por camillas a los pacientes hasta problemas edilicios de gravedad. Ni hablar de los insumos”.
Homero Giles, presidente del IOMA
Como si eso fuera poco, a los afiliados les siguen descontando dinero todos los meses que el gobernador luego utiliza para lo que quiere: “el problema que tenemos acá es que los afiliados están obligados a estar con IOMA, no pueden elegir otro obra social. El gobernador saca de la caja de IOMA, decide en que lo gasta y luego dice qué partida presupuestaria va para IOMA”, recordó.
El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, recibió a integrantes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial, quienes plantearon su interés por que se mantenga el actual 82% para el haber jubilatorio. Señalaron además la importancia de modificar algunos aspectos de la redacción en el proyecto de ley enviado por el Gobierno provincial para su tratamiento en el Poder Legislativo.
Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación de la Magistratura, subrayó la disposición de su organización para colaborar en la mejora del proyecto. “Compartimos la premisa del Poder Ejecutivo de sanear el déficit y ordenar administrativamente la caja de jubilaciones”, señaló. Agregó además que el objetivo común es asegurar unas jubilaciones adecuadas y tranquilizadoras para todos los afiliados y destacó que esta postura fue respaldada por diversos sectores en las conversaciones mantenidas con el presidente de la Cámara.
Alejandro Cánepa, presidente de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos
Uno de los puntos críticos que la asociación planteó durante la reunión fue la necesidad de mantener el actual 82% móvil para el haber jubilatorio. Cánepa enfatizó la importancia de asegurar que este porcentaje no se vea afectado por la reforma: “Queremos hacer valer la promesa del Ejecutivo de no afectar el 82% móvil de nuestras jubilaciones”. La Asociación considera esencial que la ley garantice esta medida para proteger los derechos de los jubilados y evitar recortes en sus ingresos.
El letrado abordó preocupaciones sobre la redacción del proyecto de ley. “Entendemos que hay aspectos en la redacción que no ayudan y que deberían modificarse. Puntualmente, el proyecto establece una base de cálculo para el haber jubilatorio inicial que podría quedar estancada en el tiempo”, explicó. Los profesionales consideran que es crucial que la ley contemple una base de cálculo móvil para evitar que los haberes previsionales queden desactualizados.
“Vamos a defender nuestra Caja provincial y el 82% móvil que es algo que no tienen otras cajas provinciales y mucho menos las jubilaciones nacionales de ANSES”, aseveró el gobernador Frigerio esta semana
Cánepa también destacó la importancia de diferenciar entre reajustes aplicados a haberes existentes y ajustes sobre un haber jubilatorio inicial. “Reajustar sobre haberes que ya tienen reajustes es diferente a hacerlo sobre un haber jubilatorio inicial. La actual redacción podría complicar los reajustes futuros”, advirtió.
La recepción de la propuesta por parte de Hein fue calificada como positiva. Cánepa indicó que el presidente de la Cámara demostró apertura a las observaciones y propuso que las inquietudes de la Asociación se plasmaran en un documento formal para su consideración por la Comisión de Legislación.“Estamos agradecidos por la receptividad y esperamos ser convocados para trabajar en comisión con otros sectores afiliados a la caja”, concluyó.
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.
