Viajes privados, publicidad y más: Un candidato presidencial gasta entre 10 y 30 millones dólares en campaña
Los especialistas del gasto público comenzaron a poner foco en los cuantiosos gastos de los principales candidatos: Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa, ¿Quién financia sus viajes privados? Claramente, el contribuyente.
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Los aspirantes a Presidente de la Nación invierten mucho dinero a lo largo de sus campañas. La suma total que un candidato puede gastar -como mínimo- es de 10 millones de dólares, pero esto puede elevarse dependiendo de las circunstancias. Según varios especialistas esto se triplicaría, en cuanto a vuelos de altos costo, impresión de boletas, cartelería y publicidad en redes, entre otros.
Según lo que reveló Jorge Lanata en el programa PPT, durante la noche del domingo, “estos vuelos de campaña tienen costos aproximados de unos 5 dólares por kilómetro y el valor del viaje puede variar entre 10 mil y hasta 20 mil dólares” y, a su vez, detalló en lo que gastaron candidatos de mayor grado como el candidato de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta.
Horacio Rodríguez Larreta, candidato a presidente de Juntos por el Cambio y Gerardo Morales, actual gobernador de Jujuy y aspirante a vicepresidente
“El último mes, Larreta usó jets privados cinco veces, el gasto total alcanzaría los 60 mil dólares”, soltaba. Por otra parte, utilizó también de ejemplo a Sergio Massa debido a que hizo uso del avión presidencial Argentina 02 hasta Catamarca, el cual sostuvo que “le costó a los argentinos un total de 40 mil dólares” para luego embestir un viaje a Entre Ríos en el Tango 33 “por unos 10 mil dólares”.
Adentrándonos en lo que respecta la cartelería, este desembolso a nivel nacional, según el informe, “puede ser de un piso de 2 millones de dólares, entre gigantografías y carteles de todo tipo supera los 12 millones de pesos cada 30 días”.
Sergio Massa, precandidato a presidente de Unión por la Patria (ex Frente de Todos)
Datos a destacar fueron la cantidad de millones que se gastan de la moneda nacional con el propósito de “contratar agencias de publicidad y mentes creativas” con el propósito de que “alguien ve ese tipo de contenido que generan en las redes sociales”. Tal es el ejemplo del frente Unión por la Patria, buscó la manera de atraer votantes “despilfarrando más de 10 millones de pesos solo en los últimos 7 días”.
Lanata, además, especificó respecto al reparto del dinero de la inversión de boletas: “El Estado le da a cada fórmula presidencia 104 millones de pesos para imprimir las boletas. Todos, sin excepción, gastan más de lo que tienen y superan los límites permitidos por la ley. La sacan de aportes privados. Los partidos políticos mandan a imprimir hasta tres padrones electorales elevando así el gasto a 320 millones de pesos”. Por último, se refirió al gasto en fiscales debido a que “esto podría variar, ya que el gasto total para cubrir todo el país sería alrededor de 4 millones de dólares”.
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Las diputadas Rocío Bonacci y Lourdes Arrieta encontraron en el despacho de Marcela Pagano, la contención que Martín Menem les negó (Pagano despreciada por buena parte de la bancada que conduce Gabriel Bornoroni). La resistida titular de la Comisión de Juicio Político organizó una reunión con Germán Martínez y Cecilia Moreau, para que sus colegas de bloque hicieran su descargo ante la principal fuerza opositora.
Si bien desde el entorno de Martínez y Moreau negaron que esa cita se hubiera concretado, fuentes del oficialismo confirmaron su existencia. “Fue una charla con legisladores de mucha experiencia”, admitieron.
El sitio La Política Online reconstruyó una serie de conversaciones que Pagano había entablado con líderes de bloques opositores, con el objetivo de confluir desde el más amplio abanico ideológico en una ofrenda floral a la embajada de Francia. Ese gesto pluripartidario pretendía ser un desagravio por la visita a Alfredo Astiz, sentenciado por la desaparición de las monjas Leonie Duquet y Alice Domon.
Pero los contactos trascendieron la mera acción protocolar. De hecho, la cita de Pagano con Martínez y Moreau se produjo después de que se revelara la existencia de un chat integrado por diputados libertarios, jueces y fiscales que trabajaban desde febrero, bajo el impulso de Patricia Bullrich, en la redacción de un decreto que otorgue prisión domiciliaria a los genocidas presos por crímenes de lesa humanidad.
Según fuentes parlamentarias, los miembros de ese grupo de WhatsApp tuvieron un encuentro presencial a mediados de marzo, cuando Oscar Zago presidía el bloque oficialista. Sin embargo, el líder de la bancada del MID no supo de ese cónclave hasta este martes, cuando la información se filtró a través de C5N junto con la foto de los libertarios, con Arrieta en el centro y vestida de naranja, rodeados de los represores de la última dictadura.
LA DENUNCIA DE ARRIETA
La diputada mendocina Lourdes Arrieta preparó una denuncia judicial por amenazas contra su par Beltran Benedit, el organizador de la visita a Ezeizay uno de los que lleva la estrategia para conseguir la prisión domiciliaria a los genocidas.
Con el escándalo estallado, la diputada sufrió el desamparo de Bornoroni y Menem, a tal punto que en su entorno sospechan que se trató de una cama de Karina Mileiy del presidente de la Cámara contra legisladores que en algún momento estuvieron cerca de la vicepresidenta Victoria Villarruel.
En ese contexto, Pagano la contuvo y contactó con un reconocido abogado para que redacte la denuncia contra Benedit, que deja al bloque al borde de una crisis de magnitud.
Por ahora, el oficialismo ignora cómo afrontar la sesión prevista para este miércoles en la Cámara Baja. “Están a las puertas de una guerra total y siguen negando todo”, se quejaban en uno de los despachos disconformes con el manejo de la crisis que impuso Menem desde que se publicó la expedición y estalló el escándalo.
Entre las especulaciones más extendidas, figura la posibilidad de que se parta el oficialismo. “La pregunta es si La Libertad Avanza explota o implosiona”, reflexionaron en una de las oficinas libertarias, y agregaron: “la implosión sería que siga todo como está con el bloque destruido por dentro”.
La contratación de Tamara Pettinato para conducir un evento oficial durante la gestión del Frente de Todos, encabezada por Alberto y Cristina Fernández, desató una nueva controversia en las redes y en el escenario político. Sucedió que Pettinato fue seleccionada para participar en la presentación del programa “Precios Justos”, un acto organizado por la Secretaría de Comercio en noviembre de 2022.
El evento en cuestión se realizó el 11 de noviembre de 2022 en el Centro Cultural Kirchner (CCK) y contó con la presencia del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, y más de 100 invitados, entre los que se encontraban empresarios de las principales empresas alimenticias, funcionarios del Ejecutivo y varios intendentes del Conurbano. El objetivo principal del acto era presentar en sociedad la nueva aplicación “Precios Justos”.
La organización del evento estuvo a cargo de la productora Genoma Producciones S.R.L., propiedad de los empresarios Santiago Andrés Turrado y ArielJelin, quienes ya habían sido contratados en numerosas ocasiones por el gobierno de Alberto Fernández. Según documentos, la productora recibió un total de $1.500.000 por sus servicios, equivalentes a 4.500 dólares al precio del dólar blue en 2022 ($320). Entre las tareas asignadas, Genoma debía contratar a una “figura influenciadora” para explicar el uso de la aplicación, rol que recayó en Tamara Pettinato.
“Tamara Pettinato, el día del video, fue a grabar un documental con ALBERTO FERNÁNDEZ, SOBRE LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS DEL ESTADO CON CHINA”, tuieó Ángel de Brito
Aunque la participación de Pettinato duró apenas cinco minutos y no tuvo un papel central en el evento, el costo de su intervención fue objeto de cuestionamientos tras la viralización del video junto al expresidente. Fuentes cercanas a Sergio Massa prometieron que la contratación de Pettinato no fue una decisión del Ministerio de Economía, sino que provino directamente de la Secretaría de Comercio —conducida entonces por Matías Tombolini—. Sin embargo, algunos insinuaron que la elección de la conductora podría estar relacionada con su cercana relación con el expresidente Fernández, lo que generó suspicacias sobre la transparencia del proceso.
Además de la falta de claridad en torno a los motivos de su contratación, el hecho de que no exista registro audiovisual de la intervención de Pettinato en las redes oficiales del Ministerio de Economía ni de la Secretaría de Comercio aumentó las sospechas. De acuerdo con la periodista Cecilia Boufflet, quien reveló detalles de la contratación en el programa radial Lanata Sin Filtro, el video completo del evento fue subido a YouTube, pero con un corte que coincide justamente con el momento de la presentación de Pettinato. Aunque Tombolini menciona a la hija de Pettinato en dos ocasiones durante el evento, las imágenes de su participación no fueron publicadas.
Otro aspecto cuestionado es el historial de contratos de Genoma Producciones con el gobierno nacional. La productora fue contratada en repetidas ocasiones entre 2020 y 2023, por un monto total que supera los $183 millones. Entre los eventos organizados por Genoma se incluyen la actividad “Amar al Cine” (por más de $79 millones), las inauguraciones de diversas obras públicas y el “Festival Quiero” (más de $45 millones), además de servicios de iluminación y sonido para la “Noche de los Museos” (más de $3 millones).
En un movimiento que promete sacudir los cimientos del sistema de salud, el Gobierno Nacional confirmó que está trabajando en un proyecto de ley que permitiría el cobro de la atención médica a ciudadanos extranjeros y promovería una mayor intervención del sector privado en la prestación de servicios de salud. La iniciativa, encabezada por el ministro de Salud, Mario Russo, refleja un enfoque que busca redefinir las bases del sistema sanitario nacional, al tiempo que se alinea con las experiencias de provincias fronterizas como Salta, Jujuy y Mendoza, que ya cobran la atención a no residentes.
Ministro de Salud, Mario Russo. Fue secretario de Salud en los municipios de San Miguel y Morón. Graduado de la Universidad Nacional de Buenos Aires, es especialista en cuidados perioperatorios de cirugía cardiovascular y tiene una reconocida trayectoria de casi una década en FLENI.
La propuesta, que podría ser presentada en el corto plazo al presidente Milei, generó un intenso debate en las redes. Según declaraciones del ministro Russo, la iniciativa no solo busca autorizar el cobro a extranjeros por servicios médicos, sino que también pretende reestructurar el sistema de salud hacia un modelo más similar al de Estados Unidos, donde el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) regula guías específicas para los procedimientos de atención médica y cobertura.
El diagnóstico sobre el área de salud es coincidente en los distintos sectores políticos: así como está, el sistema no puede seguir adelante. Según sostienen desde la gestión libertaria, el actual sistema de salud está “quebrado” y necesitan optimizar los recursos disponibles. La reforma planeada incluiría, además, una serie de medidas destinadas a sistematizar la información sobre el consumo de medicamentos y los perfiles de los pacientes, mejorando así la eficiencia y el control del gasto sanitario.
El plan de reordenamiento del sistema de salud nacional contempla un mayor protagonismo del sector privado. Esto implicaría una transición hacia un sistema mixto, donde empresas de medicina privada jueguen un rol crucial en la prestación de servicios a un costo menor para los pacientes. En este sentido, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también está trabajando en la derogación de leyes como la de Salud Mental y Salud Sexual, argumentando que dichas normativas representan una carga presupuestaria insostenible para el Estado.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto que declara a la educación como “Servicio Estratégico Esencial”, con el fin de garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas del país y evitar que los alumnos pierdan días de clases por los paros docentes. La iniciativa recibió 131 votos afirmativos, 95 negativos y dos abstenciones.
El proyecto tuvo el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques aliados del oficialismo como el MID, CREO, Independencia, Producción y Trabajo, y Buenos Aires Libre, en tanto que fue rechazado por el grueso de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
El documento, que ahora se debatirá en la Cámara de Senadores, estipula un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice un 30% de presencialidad del personal docente y no docente en los escenarios de paro o cese de actividades.
EDUCACIÓN COMO SERVICIO ESENCIAL: LA EXPLICACIÓN DE ALEJANDROFINOCCHIARO
El impulsor de la ley y presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, explicó las bases y los objetivos y señaló una contradicción entre el derecho a huelga y el derecho a los niños a educarse.
“Esta ley dará el marco para que buenos gobiernos puedan revertir la tragedia educativa argentina”, aseguró el diputado del PRO.
Y agregó: “Acá están representados los padres que se dieron cuenta que sus hijos no sabían leer o escribir en pandemia, porque acá proponemos escuelas abiertas”.
¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO EN DIPUTADOS PARA REGULAR LAS HUELGAS DOCENTES?
La iniciativa declara a la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo.
La iniciativa legislativa propone que, en caso de declararse paro, el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de huelga. De esta manera se busca garantizar la continuidad de las clases incluso en días de manifestación.
En caso de que la la medida de fuerza se prolongue por más de dos días, el documento propone un cambio en el porcentaje y este se incrementa al 50%. De esta manera, si bien el proyecto no impide la realización de las protestas, si estipula reglas estrictas sobre las que las mismas deben llevarse a cabo.
En detalle, uno de los artículos también plantea que, a principios de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deberán informar a las autoridades sobre la “nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento” de esta medida.
El documento recoge aportes de otras propuestas similares presentadas por diferentes legisladores y llega al recinto luego de ser aprobada en la Comisión de Educación. La iniciativa cuenta con un amplio consenso entre los diputados del PRO, UCR, CC, LLA, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, pero es rechazado por los diputados de Unión por la Patria y la Izquierda, que consideran que, de aprobarse, afectaría al derecho a huelga.
Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, dijo que “este proyecto beneficia a toda la sociedad” y agregó que “pone en el centro del debate educativo a los chicos, sin los cuales no habría sistema educativo”. “Tenemos que encontrar un equilibrio entre el derecho a educarse y el derecho a huelga. Claramente en nuestro país en los últimos años hay una colisión entre dos derechos. El derecho de los docentes a ejecutar medidas de fuerza y el derecho de los chicos a educarse”, precisó.
Añadió que el proyecto busca que “en el caso de una medida de fuerza federal, la escuela debe estar abierta, los directivos deben ser responsables de que eso suceda”. “Y que debe haber una guardia de directivos docentes y no docentes que ese día reciban a los chicos que den clase de acuerdo a la organización de la escuela y que además garanticen los otros derechos que hoy garantiza la escuela, como el derecho alimentario”, remarcó.
Desde la oposición, la diputada kirchnerista Blanca Osuna indicó que el proyecto lo único que busca “es regular el derecho de huelga como ya lo ha dicho claramente el informante del oficialismo”. “A nosotros estamos planteando es que eso nos avergüenza”, agregó y señaló: “El verdadero problema es el agravamiento de la situación de hambre y de nutrición lo vemos en cada rincón, en cada centro de salud del país”.
Por su parte, el diputado radical Julio Cobos afirmó que respaldaba este proyecto porque tienen que “hacer todo el esfuerzo posible para que esa relación se mantenga en la cantidad de días establecidos para cumplir con un calendario académico de 180 o 190 días”.
La diputada de izquierda, Vanina Biasi, por su parte, sostuvo: “Nosotros vamos a defender la docencia, el derecho a la protesta. Quienes quieren prohibirlo son los verdaderos responsables de que la educación no sea de calidad en la Argentina”.
Ayer, Mauricio Macri salió con los “tapones de punta” contra Karina Milei y Santiago Caputo en su vuelta al ruedo público. Después de apuntar al “entorno” de Javier Milei durante el acto en La Boca, el ex presidente confirmó en dos entrevistas que su pelea es con la hermana y el asesor.
El líder del PRO se fue desde La Boca primero a los estudios de TN y luego a La Nación + y puntualizó sus críticas contra Karina y Caputo. “Todo lo que hemos hecho siempre ha sido con la contra de ellos, ha sido con la contra de ellos. No entiendo, si queremos ayudar, hay una experiencia, la podemos aprovechar”, señaló en el programa de Jony Viale. Consultado si se refería a Karina y Caputo, respondió que “esa es la mesa chica” de Milei y agregó que “antes era Posse“.
Después de la entrevista en TN, Macri se fue a LN+ y siguió pegando al entorno de Milei. “Nunca he podido hablar con Karina. No la conozco, no la conozco. Hablé dos veces, pero nunca pude sentarme así a hablar”, dijo cuando le consultaron sobre la secretaria general de la Presidencia.
Con Caputo fue mucho más duro. “Las cosas que hablamos con Santiago no funcionaron. Por eso me sorprendió mucho el mensaje de ayer”, afirmó en relación a la curiosa “entrevista” que el asesor dio a TN para halagar a Macri en la previa del acto, acaso previendo que venían las críticas después que una semana antes lo había amenazado. Por lo visto el intento de contener al ex presidente, no le funcionó a Caputo.
“Dijo muchas cosas maravillosas, la verdad le quiero agradecer porque estuvo generoso por demás”, afirmó Macri con ironía. “Lo descansó”, se burló un asesor del ex presidente, apelando al vocabulario que usan los trolls libertarios en las redes.
“Dice una cosa que es muy verdad que nosotros le hemos dado un apoyo incondicional no solo en la segunda vuelta sino desde que arrancó el gobierno el PRO ha estado trabajando a destajo para sacar la Ley Bases. Ahora me sorprende porque lo que ha venido de parte de ellos durante estos estos meses no ha sido una vocación de coordinar, de sumar, de fortalecer el equipo”, agregó Macri.
“A Javier yo lo veo con una actitud siempre abierta, siempre me dice ‘esto está bueno hay que hacerlo’ y después no sucede. Ojalá que este mensaje de Santiago Caputo ayer sea que comenzarán una nueva etapa”, completó Macri.
La respuesta del “entorno” a Macri fue la esperable: Primero un fuerte ataque de los trolls que maneja Santiago Caputo, y luego una respuesta política directa por parte de Sebastián Pareja, el armador político de Karina, que lo trató de “falso profeta”.
“La gesta histórica que hoy encarna nuestro Presidente sería imposible sin el trabajo incansable de Karina, que entre muchas cuestiones fundamentales impide que se antepongan en el camino falsos profetas, viejas prácticas y quimeras que intentan borrar el horizonte del Presidente”, escribió Pareja en la red social X. El mensaje fue compartido por Javier Milei.
Esta semana, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i) anunció la suspensión de la financiación de nuevos proyectos de investigación científica al menos hasta 2025. Esta decisión, comunicada por la titular del organismo, Alicia Caballero, a las autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), generó preocupación e impacto en la comunidad científica.
La suspensión de la financiación de investigaciones afecta directamente a los proyectos conocidos como “PICTs” (Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica), los cuales son fundamentales para el desarrollo de la ciencia en el país.
Desde su creación en los años 90, la investigación científica dependió de un esquema de financiamiento que incluye infraestructura a cargo de las universidades y el Ministerio de Ciencia, salarios y recursos humanos financiados por el CONICET, y los proyectos específicos cubiertos por la Agencia I+D+i. Este último es el organismo responsable de financiar el “hacer” de la ciencia, que abarca desde la compra de equipos y reactivos hasta la organización de encuentros científicos y el apoyo a startups basadas en ciencia.
La decisión de suspender la financiación de nuevos proyectos hasta 2025 incumple, según detallaron, con la ley nacional que establece el financiamiento progresivo de la ciencia y tecnología con el objetivo de alcanzar el 1% del PBI en 2030. Este incumplimiento no solo representa un recorte de recursos, sino que pone en riesgo la continuidad y la calidad de la investigación científica, y amenaza con provocar un éxodo de talentos.
La preocupación de la comunidad científica
La medida fue recibida con preocupación y sorpresa en los círculos académicos y científicos. Alejandro Vila, un reconocido investigador del CONICET y miembro de la Academia Americana de Microbiología, expresó que “cancelar la investigación científica provocaría un daño irreversible” y comparó la situación actual con la crisis de los años 90, cuando el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, hizo su tristemente célebre comentario de que los científicos debían “lavar los platos”. Según Vila, la suspensión de proyectos significaría “la destrucción de años de trabajo” y pondría a la ciencia argentina en una situación crítica.
El Dr. Alejandro Vila, reconocido a nivel mundial. Es investigador superior del CONICET, profesor titular en la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario, trabaja en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario y actualmente es director científico de la incubadora de la UNR
El investigador señaló además que la investigación ya venía avanzando “a paso de tortuga”, debido a la falta de actualización de los presupuestos desde el kirchnerismo, en 2021: “Los pesos que nos otorgaron en 2020/2021 representaban unos 20 mil dólares, y hoy los cambiamos por 2.000 dólares, cuando todos los insumos están dolarizados“, explicó el científico, subrayando la imposibilidad de adquirir nuevos equipos o incluso reparar los existentes.
Bottasso dedicó su vida a la investigación y la docencia de grado y posgrado en la Universidad y en otras instituciones de nuestro país y del mundo. Actualmente, se desempeña como Investigador Superior de UNR y CONICET
Por su parte, Oscar Botyasso, doctor en medicina e investigador superior del Consejo de Investigaciones de la Universidad Nacional de Rosario (CIUNR) y del CONICET Rosario, se mostró igualmente consternado por la medida, afirmando que “uno se pellizca y no lo puede creer”. Botasso recordó que la Agencia I+D+i financió la ciencia de forma ininterrumpida desde 1998, y expresó su esperanza de que “el Gobierno recapacite porque los montos para el Estado tampoco son tan altos”.
La diputada nacional de LLA fue denunciada penalmente por coacción, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. En medio de acusaciones, Ponce negó todo pero evitó detalles sobre su situación judicial.
