La madre de Cecilia Strzyzowski pidió que “Jorge Capitanich les largue la protección a los Sena”
Familiares de Cecilia Strzyzowski se encuentran actualmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde organizaron una manifestación frente a la Casa del Chaco.
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Después de 45 días desde la desaparición de Cecilia Strzyzowski en la provincia del Chaco, Gloria Romero, su madre, viajó junto a su otra hija, Ángela, a Buenos Aires con el objetivo de exigir que se haga justicia en el caso. Romero afirma que el gobernador, Jorge Capitanich, está “protegiendo” al Clan Sena.
Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Gloria expresó: “Vengo a pedir que el Poder Judicial sea independiente de Poder Ejecutivo, que Jorge Capitanich les largue la protección a los Sena, que siguen siendo presos VIP. Están en una oficina escribiendo cartitas. Pero yo voy a seguir luchando hasta que se pudran en la cárcel”.
“Si bien desde el primer momento supe que mi hija estaba muerta, la realidad es que no estaba preparada para la confirmación del hallazgo de su sangre: me shockeó mucho“, expresó haciendo referencia a la confirmación del ADN encontrado en un colchón de la residencia del Clan Sena.
En relación a los restos óseos que actualmente están siendo analizados por el Equipo de Antropología Forense, manifestó: “Confirmar que esos huesitos son de mi hija sería cerrar el caso. Así y todo nadie va a hacer que este dolor se calme: me mataron a mi monita. Me mataron a esa bebé que soñé y esperé durante seis meses”.
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Mientras se muestra en actos oficiales acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, quedó más cerca del juicio oral en su contra por abuso sexual contra una ex empleada suya.
Este miércoles, la Justicia confirmó el procesamiento del funcionario público bonaerense, en la causa por abuso sexual, tras la denuncia de su ex secretaria privada, quien lo acusó de “tocamientos impúdicos” e intento de violación.
La resolución fue tomada por la Sala VII de la Cámara del Crimen, que rechazó la apelación del referente del peronismo provincial y lo dejó al borde del juicio. Con las firmas de los jueces Rodolfo PocielloArgerich, Juan Cicciero y Ricardo Pinto, se complica la situación procesal de Espinoza.
El fallo, también convalidó la acusación por “desobediencia”, que se había hecho en primera instancia, luego de que el mandatario matancero desoyera “la orden de no tomar contacto ni directa ni indirecta con la víctima”, ya que le ofreció dinero a cambio de que levante la acusación en su contra.
Por ello, la Justicia le trabó un embargo por 1.500.000 de pesos a Espinoza, mientras avanza la causa que intenta desentrañar lo ocurrido el 10 de mayo de 2021, cuando la mujer que tenía 32 años y recientemente había empezado a trabajar para el intendente de manera informal, se sintió intimidada y abusada por el ex presidente del PJ bonaerense.
En ese momento, la jueza de primera instancia Fabiana Galletti, entendió que “la damnificada padeció inesperadamente los tocamientos impúdicos sobre su cuerpo sin su consentimiento por parte de quien se trataba su jefe en ese entonces y de una persona pública, y de la manera que pudo denunció lo ocurrido, con angustia y perturbada producto del accionar sorpresivo y deliberado del imputado de avasallar su libertad sexual aprovechando su autoridad, que la coloca naturalmente por su rol en una situación de desventaja”.
Los fiscales federales Diego Luciani y José Ipohorski solicitaron cuatro años de prisión y diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el exsecretario de Comercio Interior del kirchnerismo, Guillermo Moreno, acusado de manipular los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) para ocultar los verdaderos niveles de inflación.
Moreno enfrenta cargos por abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica de documentos públicos. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de la Capital Federal —compuesto por los jueces Néstor Costabel, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini— es el encargado de juzgar el caso.
La misma condena fue solicitada para Beatriz Paglieri, exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, mientras que para las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda se pidieron dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La “intervención de facto” de Moreno: Bajar los índices “a martillazos”
La investigación se inició en 2007 a raíz de una denuncia presentada por la asociación civil “Asamblea por los Derechos Sociales”, basada en publicaciones periodísticas que denunciaban irregularidades en el desplazamiento de la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua. Según las acusaciones, Moreno habría ordenado a Bevacqua revelar datos confidenciales sobre los comercios utilizados para medir la inflación, y al negarse esta, fue reemplazada por Paglieri.
Fiscales que pidieron la condena para Moreno: Diego Luciani (medio) y José Ipohorski (izquierda)
El fiscal Luciani afirmó que Moreno llevó a cabo una “intervención de facto” del INDEC para bajar artificialmente la inflación, sosteniendo que “a martillazos bajaban los índices”. Según Luciani, desde la llegada de Paglieri, se extraían a diario copias de los formularios del índice que luego eran sacadas del organismo por Paglieri, con la colaboración de Filia y Cámpora Avellaneda.
Las anteriores condenas a Moreno
Los fiscales también solicitaron abrir una investigación contra la exministra de Economía, Felisa Miceli, argumentando que elINDEC dependía de su Ministerio, por lo que se debe evaluar su posible implicación en los delitos. Además, se describió un sistema de control y coerción dentro del INDEC, donde incluso se habría llegado a encerrar a empleados en oficinas y retirarles contraseñas o tareas.
Guillermo Moreno ya enfrentó otros juicios: En octubre de 2017 fue condenado a dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado, y en julio de 2022 fue condenado a dos años de prisión en suspenso por amenazas coactivas.
Felisa Miceli, exministra de Economía
El juicio actual continuará con los alegatos de las defensas el próximo miércoles 10 de julio. Luego, los jueces determinarán la fecha para la audiencia en la que se dará a conocer el veredicto final. Moreno, por su parte, negó las acusaciones, argumentando que su gestión no dependía del INDEC y que simplemente utilizaba la “conversación de los precios” para su trabajo.
Tras las declaraciones del jefe de Gobierno Jorge Macri sobre irregularidades en la gestión anterior relacionadas con los procesos de licitación para el acarreo de autos, el abogado Jorge Monastersky presentó una denuncia penal para investigar posibles delitos de cohecho y defraudación al Estado durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires.
La denuncia se formuló después de que Macri anunciara la cancelación de los contratos con las empresas de grúas de acarreo, señalando directamente a la administración de Rodríguez Larreta por irregularidades en los procedimientos de licitación. “Una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre, yo asumí el 7 de diciembre. Con algunas firmas hechas el 11, con funcionarios que ya no eran funcionarios. Es parte de una investigación interna que estamos haciendo”, explicó Macri en una entrevista con LN+.
Y agregó: “No sé si hubo mano negra. Alguien creyó que faltaba firmar algo y lo firmó. Para mí está mal hecho. Lo firmó después de que dejó de ser funcionario. Firmó después de que había dejado el cargo, sin tener la potestad”.
Al ser preguntado sobre si el gobierno anterior había actuado de manera “impropia”, contestó: “Yo creo que sí, pero eso lo definirá una investigación interna. Vamos a ver si termina en la Justicia. Si hay delito es otra cosa. Si está aclarado administrativamente que hubo una firma digital antes y que después solo se perfeccionó en papel, que pudo haber pasado. Igual, si se firmó el 6 o 7 de diciembre cuando se estaban yendo y yo asumo el 7, por lo menos fue descortés para conmigo”.
Monastersky decidió presentar la denuncia tras leer un artículo que reflejaba las declaraciones del jefe de Gobierno. En su escrito, Monastersky indicó: “Que vengo a formular denuncia penal por averiguación de ilícito, al tomar conocimiento en día de hoy sobre la cancelación de contratos preadjudicados a las empresas de acarreo, el jefe de Gobierno apuntó directamente contra la gestión de Horacio Rodríguez Larreta por irregularidades en los procesos licitatorios. Todo hace presumir que dicha decisión fue tomada porque se habrían cometido delitos a investigar como el de cohecho activo y pasivo y defraudación al estado”.
En su pedido, el abogado citó fragmentos de una nota de Infobae relacionados a los comentarios de Macri durante la entrevista, donde explicó: “Hoy el acarreo vale 25 mil pesos. Si yo tuviera que cobrar el acarreo al valor que se licitó tengo que cobrar 181.250 pesos. Siete veces más. Pero eso no es todo, es más grave”.
Y añadió: “Es la única licitación, además de la basura, que fue por 10 años. Todas las demás son siempre por cuatro. Le dan 8 millones de dólares de adelanto a las empresas para que se equipen. Les pagamos antes de que arranquen 8 millones de dólares. Les garantizamos acarreos aunque no los hagan: 24 mil por mes. Supongamos que los porteños se educan en el marco de 10 años y baja la cantidad de autos mal estacionados, igual les pago. Es un negocio en el que te doy la plata, te garantizo el mercado y la rentabilidad es más del doble que lo que me cuesta hacerlo a mí hoy”.
En ese contexto, el jefe de Gobierno aclaró: “Yo no me lo quiero quedar siempre estatizado, lo que digo es ‘así no lo voy a adjudicar’. Lo sigo teniendo en la Ciudad, pero no descarto hacer una licitación distinta. En el medio, garantizamos el trabajo a los que están hoy y la seguimos haciendo nosotros. Era tres empresas porque eran tres zonas”.
Entre otras solicitudes, Monastersky pidió que se corra vista al fiscal y que se designe a peritos informáticos e ingenieros de oficio para que “propongan medidas de prueba”. Además, solicitó que se continúe con la tramitación del expediente “con toda prueba que vuestra fiscalía y el Juzgado considere”.
Los concejales de Santa Rosa han preparado un encendido pedido de informes. Allí piden explicaciones por el crecimiento patrimonial de la intendenta Flor Destéfanis y su grupo familiar. Lo hacen de manera ingeniosa, sacando cuentas de los eventuales ingresos del clan.
Lo fundamentan contrastando la cuestión con la situación económica que viven los ciudadanos de a pie: “Hace años, que a los argentinos, y por ende a los santarrosinos se nos hace más complejo sobrevivir, quizás ahora un poco más, pero es un debate político al cual no es el propósito de este escrito, aunque a veces miran a nuestro alrededor, escuchamos y de ahí empezamos a sacar conclusiones, equivocas o no, pero para eso están los debates, los papeles y los distintos poderes en nuestro país y provincia”.
El documento avanza luego en el mismo sentido: “Sabemos lo difícil que es llegar a fin de mes, con lo mínimo e indispensable, como pensar en comprar un lote, un vehículo, o ir un poco más allá, construir una vivienda propia, un sueño imposible, o poco probable hoy en día”.
Acto seguido, el paper va al hueso: “Nos pusimos a sacar cuentas, en base a estas deducciones, como para entender un poco la situación a plantear, como para comprender un simple problema matemático, donde 2 más 2 son 4, pero aunque eso en la práctica de la política de algunos no es así. Entonces, primero vamos a las dudas que tenemos, que nos hicieron solicitar este informe, debemos primero plantear el problema matemático, y así tratar de develarlo, que sinceramente a nosotros las cuentas no nos dan”.
Los ediles explican que se trata de una “familia tipo”, de 4 personas, “padre y madre y dos menores, deduciendo que los niños no trabajan, ya que sería un delito”. Hablan de los años que se desempeñaron como funcionarios públicos Diego Foco y Flor Destefanis.
En tal contexto describen el supuesto patrimonio de la pareja. “Decimos supuestamente, ya que no coincidiría con lo informado a la Oficina de Ética Pública de la provincia a través de la declaración jurada presentada por los funcionarios”. Se trata de:
Una mansión en el distrito La Dormida, con un terreno de una superficie de 13.000 metros cuadrados y una superficie cubierta de 500 metros cuadrados aproximadamente, casa y caballerizas, piscina, reservorio de agua, paneles solares de importante envergadura.
Un lote con construcción, ubicado en km 11 distrito de Guaymallén, con un lote con superficie de 589 metros cuadrados, una vivienda de 250 metros cuadrados aproximadamente, más piscina.
Un vehículo Hyundai Tucson modelo 2020.
Declaración de productos bancarios y tenencia de dinero que no sabemos los montos ni el tipo de moneda.
Caballos de carrera, los cuales serían 3, pero sin certeza alguna.
EN EL MISMO PEDIDO DE INFORME, LOS CONCEJALES LE DAN UN VALOR APROXIMADO A LOS BIENES DE REFERENCIA:
Terreno 1300 metros cuadrados. $ 3.000.000. Mansión 500 metros cuadrados aproximadamente precio enero por metro cuadrado según el centro de ingenieros de mendoza de $ 927.721 lo que da un total de $ 463.860.500. Piscina costo por metro cuadrado $ 300.000 por 50 metros cuadrados total $ 15.000.000. Paneles solares aproximadamente $ 2.000.000. Reservorio de agua $3.500.000 lo que da un subtotal del punto de: $483.860.500.
Lote en km 11 $ 10.000.000. Casa de 230 metros cuadrados aproximadamente x $ 927.721 el metro de construcción: $213.373.830. Piscina de 30 metros cuadrados aproximadamente por $ 300.000 el metro de construcción: $9.000.000. Subtotal punto dos: $232.373.830.
Camioneta aproximadamente $30.000.000.
Monto desconocido.
Precio estimado de caballos $ 5.000.000.
Todo esto da un total de $751.233.330. “Tenemos un patrimonio, sin saber el punto 4, sin el equipamiento tecnológico y amoblamiento de aproximadamente $ 751.233 330”, sostienen los ediles.
Luego, ponen el foco a una cuestión inquietante:“Según la cuenta oficial de redes sociales de la intendente, un empleado municipal gana $101.000 por mes de promedio, por lo lo desarrollaremos un problema matemático como para un alumno de escuela primaria, preguntándonos ¿cuántos años se demoraría un empleado municipal para poder alcanzar el patrimonio de la intendente?”.
Ello se resuelve de manera matemática de la siguiente manera: “Un empleado necesitaría 619 años para llegar a ese número, esto sin contar que al sueldo hay que descontar lo que se necesita para lo cotidiano, alimentos, indumentaria, servicios, etcétera”, según el comunicado.
Allí mismo se plantea otro problema: “Supongamos que el patrimonio se haya alcanzado en 6 años, serían $751.233.330 en 6 años lo que por mes necesitaron un ingreso mensual de $ 10.433.796,25”. Por todo ello, para evitar suspicacias y dudas, los concejales solicitan que se apruebe el siguiente pedido de informes, con reservas:
Que la Sra. intendenta envié copia de la declaración jurada presentada ante la Oficina de Ética Pública de la provincia de Mendoza.
Que se solicite a A.T.M los montos pagados en impuestos por facturación como profesiones del doctor Diego Foco y de la doctora Flor Destéfanis.
Que se solicite a la A.F.I.P lo facturado como profesionales por el doctor Diego Foco y la doctora Flor Destéfanis.
A su vez, se deja reserva de iniciar la correspondiente comisión investigadora a la Sra. intendenta Flor Destéfanis y al concejal Diego Foco.
Finalmente, piden que se deje reserva de denuncia penal, “por mal desempeño como funcionarios públicos y enriquecimiento ilícito ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza”.
En una movida estratégica que marca su regreso a la escena política, el expresidente, Mauricio Macri, participará en dos eventos cruciales organizados por el PRO, uno de los cuales tendrá lugar en Paraná a fines de agosto. El gobernador Rogelio Frigerio será el anfitrión de esta cumbre, que se llevará a cabo en el Centro Provincial de Convenciones y que contará con la presencia de destacados mandatarios del partido.
Después de meses de relativo silencio, Mauricio Macri decidió elevar su perfil y asumir un rol activo en la conducción del PRO. Su primer acto público está programado para el 1 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires, donde se celebrará su regreso a la presidencia del partido. Este evento, más que un simple acto de asunción, se presenta como un “relanzamiento” del PRO de cara a las elecciones legislativas de 2025.
Previo a la cumbre en Paraná, Macri participará en un acto en Vicente López dentro de unos 15 días. Gobernado por Soledad Martínez, vicepresidenta primera del PRO, este distrito de la Provincia de Buenos Aires será escenario de una celebración por el regreso de Macri a la conducción del partido.
La actividad en Paraná, programada para fines de agosto, se enmarca en la formalización de la vuelta de Macri a la conducción partidaria, oficializada en abril en medio de controversias sobre una posible fusión con La Libertad Avanza, promovida por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Organizado por la Fundación Pensar, presidida por la ex gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el evento contará con la asistencia de figuras prominentes del PRO.
Pese a las diferencias internas, Macri decidió decidido invitar a todos los referentes del PRO, incluyendo a Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, las tensiones persisten, y algunos dirigentes vinculados a Bullrich han sido excluidos de la mesa ejecutiva del partido.
Aprovechando una larga distracción de los trabajadores, dos jóvenes doblaron los barrotes de hierro del patio interno y se dieron a la fuga. Se comenta que ambos, durante las semanas anteriores, bromeaban con “tomarse vacaciones de invierno”.
Uno de ellos fue interceptado por la Policía Local, quien lo detuvo al verlo caminando en actitud sospechosa a unas seis cuadras del centro. Ahora permanece en la comisaría local. Sin embargo, nada se sabe del otro, quien al momento de escribir estas líneas todavía permanecía prófugo.
De este modo, las fugas de este centro suman tres solo en un mismo fin de semana. Federico Rodríguez, un joven detenido por homicidio que trabajaba en la panadería del centro, escapó mientras realizaba sus actividades diarias de venta de productos. Dejó su canasta en el suelo y corrió, aprovechando un descuido del personal policial.
En este punto, vale destacar que el director del centro, Sebastián Lofredo, ha renunciado dos veces durante el último tiempo, pero fue persuadido para continuar debido a la falta de un reemplazo competente. Por todo ello, la gestión de Andrés Larroque, autoridad máximo detrás del OPNyA, es centro de críticas por no encontrar soluciones efectivas a los problemas de seguridad en el organismo.
