19 septiembre, 2025

INÉDITO: La AFIP informó que la Fundación de los Sena solo está habilitada para vender alimentos

La fundación de los Sena solo está habilitada para vender alimentos, pero funcionaba como constructora de viviendas del Estado y percibía fondos del gobierno chaqueño para ello. La AFIP continúa investigando.
rafaela-biazi-470405-unsplash.jpg
10 Years Experiences

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

La Fundación de la familia Sena, denominada “Saúl Andrés Acuña”, funcionaba como una gran constructora y recibía fondos públicos millonarios, pero ante la AFIP sólo aparece inscripta en dos rubros: venta al por menor de pan y productos de panadería, y venta de frutas, legumbres y hortalizas. El dato, al que tuvo acceso la prensa, fue aportado por el organismo recaudador en la causa judicial por el hallazgo de 6.058.190 pesos durante un allanamiento realizado el 4 de junio en la casa de los Sena.

El expediente todavía es una investigación preliminar a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini. La AFIP respondió la semana pasada luego de que la jueza federal de Chaco Zunilda Niremperger levantó el secreto fiscal y bancario sobre César Sena, Emerenciano Sena, Marcela Acuña, pero también sobre la Fundación y la “Cooperativa de trabajo Emerenciano Limitada”.

Cecilia
César Sena junto a su padre Emerenciano Sena.

El informe de AFIP es una de las 17 medidas de prueba solicitadas por el fiscal el 16 de junio pasado para conocer el patrimonio de los Sena. También se mandaron oficios a la Unidad de Información Financiera (UIF), a los Registros de la Propiedad Inmueble de Chaco y de Corrientes, y al Colegio de Escribanos de la Provincia del Chaco, entre otros organismos.

La información comenzó a llegar y ahora está siendo procesada. El Registro de la Propiedad de Chaco respondió, por ejemplo, que aparecen “2 campos registrados hace diez años a nombre de Emerenciano Sena” y que la casa de Santa María de Oro al 1400, donde habrían matado a Cecilia Strzyzowski, está inscripta a nombre de Acuña como “una herencia de su padre”.

Marcela Acuña
César Sena (medio), junto a sus padres Marcela Acuña y Emerenciano Sena.

Los otros 2 bienes detectados hasta ahora son dos terrenos ubicados en la localidad de Colonia Benítez, a solo 10 kilómetros de la ciudad de Resistencia. Esos inmuebles, según las fuentes consultadas por la prensa, fueron informados por una escribanía y se habrían registrado en 2016 por un valor total de 1.800.000 pesos, unos 130 mil dólares según el cambio oficial de ese entonces.

Por su parte, el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), un organismo oficial de la provincia del Chaco, confirmó ante la Justicia que solo este año le transfirió 141.395.812,83 pesos a la Fundación “Saúl Andrés Acuña”. Los pagos comenzaron el 1 de febrero y se cortaron el 2 de junio, el mismo día que fue asesinada Cecilia Strzyzowski. Ese día, el organismo oficial de Chaco transfirió 3 millones. Una semana después, el 9 de junio, cuando la Policía chaqueña detuvo a los integrantes del clan hubo una última transferencia de 825 mil desde otro organismo oficial.

Emerenciano
Emerenciano Sena, padre de César Sena y líder del clan.

El IAFEP aportó ante la Justicia federal dos contratos recientes firmados con Emerenciano Sena, como representante de la Fundación. El primero es para la “ampliación de 20 soluciones habitacionales” por un total de 25 millones. Y el segundo es para construir 10 “soluciones habitacionales” por 40 millones de pesos.

“Vamos a garantizar la finalización de las obras de las 40 viviendas que están en un 90 por ciento de ejecución y también el funcionamiento de las instituciones educativas y del centro de salud”, aseguró el vocero del Gobierno del Chaco, Juan Manuel Chapo.

César Sena
César Sena, sospechoso y pareja de la víctima.

Aunque funcionaba como una verdadera constructora, la Fundación fue inscripta ante la AFIP para vender pan, frutas y hortalizas. “Este tipo de estructuras funcionan como multirubro pero es llamativo que no esté inscripta en ningún rubro vinculado a la construcción”, dijo una fuente de la investigación. Antes de profundizar esa línea, el fiscal le pidió un informe al Registro Público de Comercio de Chaco.

La Fundación actualmente está intervenida por la gestión de Jorge Capitanich y ya se especula que podría terminar disuelta. La medida fue instrumentada a través de la Resolución 798 del Ministerio de Gobierno y Trabajo local, que designó a Mirta Morel y Hernán Knezovich, 2 ex funcionarios cercanos al gobernador, como los responsables de la intervención. “Van a mirar las transferencias que tuvieron, los gastos y se avanzará en una auditoría para ver el destino de los fondos y tener una mayor transparencia”, aseguró el inspector de Personas Jurídicas, Eduardo Colombo.

Search

Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.

CHACO | La Justicia indaga a Capitanich por la entrega irregular de 3.600 hectáreas

La investigación judicial que involucra al exgobernador Jorge Capitanich y a la exministra Marta Soneira representa una de las causas de corrupción más significativas en la provincia del Chaco. Este martes, ambos funcionarios prestaron declaración indagatoria ante la Justicia Federal por una compleja trama de irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales y beneficios industriales.

Capitanich, exgobernador del Chaco durante el período de 2019 y 2023, se lo acusa de defraudación contra el Estado, malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. La acusación sostiene que habría actuado como “socio” de su ministra en un esquema sistemático de fraude mediante la firma de decretos que facilitaron operaciones irregulares.

– Jorge Capitanich y Marta Soneira

Soneira, quien ocupó simultáneamente los cargos de presidenta del Instituto de Colonización y ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial, es señalada como la figura central de la causa. Se le imputan los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función y lavado agravado de activos.

La investigación se centra en la adjudicación irregular de aproximadamente 3.600 hectáreas de tierras fiscales a personas del círculo íntimo de Soneira, entre las que se encuentran Mauricio Ariel Cian (pareja de Soneira), sus hermanos Diego y Federico Soneira, y empresarios vinculados al grupo como Leandro Nicolás Bessone, Nelson Ariel Pochón y Federico Storti. Las pesquisas revelan operaciones sospechosas en las que personas sin aparente capacidad económica llegaron a manejar sumas millonarias derivadas de esas adjudicaciones.

A su vez, otros exfuncionarios que también están implicados son Sheina Waicman, expresidenta del Instituto de Colonización y exsubsecretaria de Asuntos Registrales, imputada por fraude, lavado de activos y abuso de autoridad; y Darío Giménez, exdelegado de Colonización en Pampa del Infierno, acusado de fraude a la administración pública como partícipe necesario y de abuso de autoridad, cuyo rol fue determinante en las inspecciones que avalaron las adjudicaciones irregulares, al confeccionar informes con un evidente “copia y pegue” para distintos solicitantes con la misma fecha.

La causa se inició el 10 de marzo de 2025 cuando el fiscal federal, Carlos Amad, solicitó la instrucción al Juzgado Federal de Sáenz Peña. El proceso tuvo su origen en una denuncia presentada por Ana María Canata, actual presidenta del Instituto de Tierras Fiscales del gobierno de Leandro Zdero, quien detectó irregularidades al revisar la documentación heredada de la gestión anterior.

“Pudimos constatar que la cesión de tierras y otros actos se realizaban sin los correspondientes procedimientos administrativos previos”, afirmó Amad.

Canata explicó que “cuando nosotros entramos a este instituto, iniciamos todo el proceso de mirar documentación y corroborando datos catastrales nos dimos cuenta que esas tierras estaban adjudicadas a una persona y terminaron para otros empresarios”. La funcionaria identificó cuáles serían “los lazos que tenían algunas personas principalmente con quien estaba al frente del instituto de tierras fiscales en ese momento que era la señora Marta Soneira”.

Capitanich también está acusado de otorgar beneficios irregulares a empresas vinculadas a los imputados, incluyendo exenciones fiscales y bonificaciones en tarifas de energía eléctrica y agua potable en el marco de la promoción industrial. Estas empresas, como Grupo Pampa Agro SRL y Grupo Pampa Semillas SRL, habrían sido conformadas por los empresarios imputados.

Un elemento fundamental de la maniobra fue la modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos mediante el Decreto 2157/22. Esta normativa habría facilitado la entrega de tierras en zonas ambientales protegidas. La actualización del ordenamiento territorial fue criticada por organizaciones ambientales por vulnerar el principio de no regresión ambiental.

Search

LO MÁS IMPORTANTE

TWEET DEL DÍA

LO MÁS LEÍDO

Tevero liberavisse
comprehensam nec.

Copyright 2023 © Data 24 - Todos los derechos reservados
Data 24.com.ar © Copyright 2023

Subscribe Now