“Nadie quiere votar a un discapacitado”: La repudiable afirmación de un candidato libertario
Las declaraciones que vertió en redes sociales Lucas Luna, candidato al Parlasur del partido La Libertad Avanza que comanda Javier Milei, iban dirigidas a Franco Rinaldi del PRO.
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Un candidato de La Libertad Avanza (LLA), el partido que lidera el actual diputado nacional y aspirante a presidente de la Nación Javier Gerardo Milei, protagonizó un repudiable momento al asegurar que “nadie quiere votar a discapacitados como Franco Rinaldi”, quien encabezará la lista de candidatos a legisladores del PRO.
“Nadie quiere votar a discapacitados como Franco Rinaldi, uno quiere votar gente como uno”, comentó Lucas Luna en un espacio de Twitter donde los usuarios se reúnen a intercambiar ideas y debatir sobre política.
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Debido al impacto negativo que generaron sus declaraciones, Luna debió cambiar de nombre de usuario varias veces, aunque finalmente decidió borrar la cuenta. El momento quedó registrado en una grabación ejecutada por el periodista de Clarín, Gabriel Martínez Bracesco, quien casualmente participó de dicha reunión virtual.
Tras la viralización total del material, el propio Rinaldi le dedicó varias líneas a Luna: “Rechazo profundo a las declaraciones del usuario Sagaz, que entiendo se llama Lucas Luna y es precandidato al parlasur por el partido de Milei”, inició.
“El tono de sus dichos me generó mucha pena y sus afirmaciones que considero sinceras, pese a cierta socarronería, son incorrectas. Las cualidades o requisitos para representar, legislar, gestionar y gobernar son independientes de la discapacidad. Todavía más: la capacidad de inspirar y movilizar voluntades de personas yendo a votarte conviven perfectamente con casi cualquier tipo de discapacidad”, sumó.
“Las cualidades para ser votable, en síntesis, van por otro andarivel que el de la discapacidad o no discapacidad. Nadie es votado por su discapacidad pero tampoco deja de serlo. Está lleno de ejemplos que lo corroboran, como el del único presidente de Estados Unidos electo 4 veces Franklin D. Roosvelt y que padecía poliomielitis, el gobernador de Texas Abbot que tras un accidente quedó en silla de ruedas, etcétera”, precisó para luego concluir utilizándose de ejemplo.
Jorge Macri junto a Franco Rinaldi
“Con perdón de la pedantería, además, creo que soy una buena prueba de que una persona con discapacidad puede ser tremendamente elegible y eventualmente muy votada. Dicho esto, estoy en contra de toda cancelación o censura a la libertad de expresión“, cerró.
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Victoria Villarruel le solicitó a los legisladores de La Libertad Avanza que formalicen un pedido de sesión para desenganchar la dieta de los senadores del incremento salarial del personal legislativo, un tema que genera rabia en la opinión pública y frente al cual podría exhibir un gesto de austeridad. Sin embargo, ni Bartolomé Abdala, uno de los pocos libertarios que le guardan lealtad, estaría dispuesto a jugarse la presidencia provisional por una apuesta personal de la Vicepresidenta.
El razonamiento del puntano es que sus pares le cobrarían a él la subordinación a un capricho de su jefa, en medio de los planes de la oposición y la Casa Rosada por barrerlo de la línea de sucesión.
El problema es que el Senado está casi vacío, con la mayoría de sus integrantes en sus provincias de origen o en destinos vacacionales. “Villarruel quiere sesionar entre Navidad y Año Nuevo porque dice que entre fiestas hay muchos días hábiles”, declaró una fuente del Congreso al sitio LPO.
Frente a ese escenario, el salteño Juan Carlos Romero propuso que se evite la sesión elevando una nota firmada por todos los jefes de bloque para informarle a la Secretaría Administrativa, en manos de María Laura Izzo, que los senadores mantendrán sus ingresos sin aumentos. La solución ofrecida pasaría por debajo del radar mediático, los recibos de los senadores no escandalizarían a nadie y se los eximiría de tener que sentarse en sus bancas por una cuestión casi burocrática en una fecha insólita.
Pero la Vicepresidente habría pasado la tarde de este miércoles último, recluida en su despacho junto a su vocero, Gaspar Bosch, el joven director de Atención Ciudadana, Juan Martín Donato, la directora de Jurídicos, Griselda García Ortíz, y su par de Auditoría y Control de Gestión, Iris Speroni. Según trascendió, ese cuarteto alimenta la hipótesis de que la instalación de su figura peleando contra la suba del sueldo de los senadores podría rendirle políticamente.
Incluso, los radicales y macristas sospechan que Villarruel mandó a su vocero a que le pidiera a un periodista que le preguntara por el aumento de las dietas, al término de la sesión de la expulsión de Edgardo Kueider. “Operó para que le pregunten eso para crear un escenario donde lucirse”, argumentaron fuentes.
Por eso, la especulación acerca de la chance de que su imagen se redima ante la sociedad no resiste el menor análisis. Un senador peronista adelantó que el interbloque de José Mayans no participaría de ninguna sesión convocada por el oficialismo pero la bronca se extiende hasta despachos de legisladores aliados: a una senadora que responde a un gobernador llegó a decir que no votaría ni la renovación de las autoridades.
La pregunta al cierre de este artículo no es qué pasará con las dietas sino con qué senadores sesionaría Villarruel. Y en caso que lograra su cometido y los expusiera frente a las cámaras de televisión, habría un gran interrogante sobre la magnitud de la revancha de todas las bancadas, que podrían terminar siendo funcionales a los deseos de Balcarce 50 para terminar de encerrarla.
De hecho, un rumor inquietante llenó de nerviosismo los pasillos de la Cámara Alta. El gobierno prepara su Blitzkrieg contra Villarruel y apuesta a desplazar, entre otros, al secretario parlamentario, Agustín Wenceslao Giustinian, y el director de Publicaciones, Diego El Haj, ambos identificados con el PRO.
En la guerra de Javier Milei contra Mauricio Macri el asalto de esos lugares podrían leerse como otro ataque libertario contra el ex Presidente. Mientras que Giustinian fue jefe de despacho del misionero Humberto Schiavoni y también cumplió funciones con Federico Pinedo, a El Haj lo vinculan con Carolina Stanley y Diego Santilli.
Además de ocupar esos cargos con gente que responda a Milei, la estrategia sería cortarle a Villarruel los nexos con el macrismo en los resortes del poder.
A un año de la llegada de Javier Milei al gobierno, la “motosierra” prometida para reducir el gasto público y reformar el Estado no logró desmontar las estructuras enquistadas en la Administración General de Puertos (AGP). Esta sociedad del Estado, que controla vías esenciales para el comercio exterior como el puerto de Buenos Aires y la Hidrovía Paraná-Paraguay, enfrenta un panorama crítico: pasó de un superávit de 28 millones de dólares en 2021 a un déficit acumulado de 60 millones entre 2022 y 2024.
– Diego y Leonardo Salom con el exinterventor y actual asesor de la AGP José Beni
El desmanejo financiero se atribuye a una gestión signada por la corrupción, la discrecionalidad y el clientelismo político, encabezada por funcionarios designados durante el gobierno de Alberto Fernández y ratificados en sus cargos tras la asunción de Milei. Entre ellos destaca José Carlos Beni, exinterventor de la AGP y referente del Instituto Patria, quien continúa como asesor de la entidad, cobrando un salario bruto de $6,5 millones mensuales. Su influencia, según fuentes internas, sigue siendo determinante debido a la inexperiencia de su reemplazo, Gastón Benvenuto.
– Verónica Piñero, gerenta general de la AGP, de fuertes vínculos con el kirchnerismo y el massismo
Además, la actual gerente general, Verónica Piñero, vinculada al massismo, cuenta con un historial polémico. Durante su gestión, se observaron procedimientos de contratación directa con criterios cuestionables que generaron desconfianza entre analistas del sector. Estas prácticas reforzaron una percepción de discrecionalidad en la gestión de recursos.
– El director de planificación de la AGP, Diego Salom, con Sergio Massa
Pese al cambio de gobierno, los proveedores cuestionados por sobreprecios, como Unlimited Solutions SRL y Smarty Group SRL, continúan ganando licitaciones mediante procedimientos de “compulsa abreviada”, un sistema diseñado para eludir controles y permitir contrataciones directas. Las críticas también alcanzan a empresas como Tecnología Vial Aplicada SA, cuyas contrataciones abarcan rubros que van desde neumáticos hasta organización de eventos, todo bajo el mismo cuestionado mecanismo.
– Gastos escandalosos de la actual gestión de la AGP: impresión de 1000 libros para obsequio por $34 millones
Otro punto controvertido es la influencia de los hermanos Diego y Leonardo Salom, sobrinos de un histórico líder sindical portuario y vinculados al massismo. Ambos ocupan cargos jerárquicos en la AGP mientras manejan gremios y empresas relacionadas al sector. Según fuentes del organismo, el nivel de vida de los Salom mejoró significativamente en los últimos años, con lujos que incluyen autos de alta gama y exclusivos viajes internacionales. La conexión de los Salom con figuras como Hugo Moyano y Sergio Massa también genera sospechas sobre posibles manejos irregulares.
– Fuentes de la AGP destacan que cambió el nivel de vida del sindicalista Diego Salom desde su llegada al organismo, con autos de alta gama y viajes internacionales
Los Salom también están vinculados a la Fundación Mundo Puerto, registrada como empresa, y cuyo domicilio coincide con el de otra firma que ganó licitaciones recientes. Este entramado refuerza la imagen de una “casta portuaria” que parece estar a ambos lados del mostrador, maximizando su influencia tanto en el ámbito sindical como en el corporativo.
– Leonardo Salom en un encuentro con el Papa Francisco
El símbolo más evidente del descontrol en la AGP es el proyecto del “Centro de Experiencia Portuaria”, un museo que debía levantarse en el edificio histórico de la entidad con un costo que actualmente asciende a $5.600 millones. Sin embargo, la obra tiene solo un 6,8% de avance. A pesar de esto, la empresa constructora Criba SA ha recibido pagos significativos, justificándolos con demoras atribuibles a trámites burocráticos y permisos pendientes por tratarse de un área de protección histórica.
– Adjudicación de la obra del museo portuario en 2022, que todavía no se construyó, pero por la que ya se pagaron $1500 millones
La construcción del museo implicó el traslado del personal de la AGP a oficinas alquiladas en Puerto Madero, con un costo mensual de 90.000 dólares. Este gasto adicional se suma a los costos de remodelación de las oficinas temporales, que también fueron cuestionados por su magnitud y poca transparencia en la asignación de contratistas. En paralelo, el Gobierno avanza con la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una vía estratégica para el comercio exterior que atraviesa siete provincias y mueve el 80% de las exportaciones. Si bien se anunció una concesión por 30 años, la reforma del sistema troncal sigue enfrentando demoras.
– Así luce el edificio de la AGP hoy, abandonado. Hasta el momento, solo se realizaron trabajos de “puesta en valor” del edificio
El contrato contempla profundizar canales secundarios y modernizar tecnologías, pero los avances han sido lentos. La inclusión de nuevos tramos para beneficiar a puertos menores, como los de Entre Ríos, fue destacada, aunque no logró contrarrestar las críticas por la falta de transparencia en los procesos. Empresas internacionales como Shanghai Dredging y Jan de Nul ya han mostrado interés, pero la licitación enfrenta obstáculos políticos y económicos que prolongan la espera de resultados concretos.
*Con información de Guadalupe Vázquez, Todo Noticias
A medida que el escándalo por el caso de corrupción y lavado de dinero que involucra al ministro de Transporte bonaerense, JorgeD’Onofrio, y a su entorno más cercano sigue escalando, el intendente de la municipalidad de Pilar, FedericoAchával, tomó cartas en el asunto para intentar sofocar las repercusiones en el distrito que gobierna. En ese marco, fuentes locales confirmaron al medio REALPOLITIK que el jefe comunal convocó a una reunión de urgencia con figuras clave de su gobierno para delinear una estrategia de contención.
El encuentro tuvo lugar en el restaurante “Tinto y Soda”, propiedad de CésarMansilla, un conocido operador de la región que controla medios de comunicación, bingos y casinos.
A la reunión asistieron, además de Achával, la cuestionada Claudia Pombo -expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar y figura implicada en las causas que afectan a D’Onofrio- y otros referentes del municipio.Los testigos aseguran que el tono de la discusión fue tenso y que los participantes estaban visiblemente nerviosos.
Silencio forzado y caza de filtraciones
Según los detalles recogidos por el citado medio, una de las principales preocupaciones de Achával durante la reunión fue identificar cómo la información sobre las irregularidades de D’Onofrio y Pombo había llegado a los medios nacionales. En ese marco, el intendente habría interrogado a periodistas locales sobre posibles “filtradores” y ordenado una estricta línea editorial en los medios de Pilar. “De esto no se habla, a lo sumo solo pueden referirse a la defensa de D’Onofrio”, fue una de las máximas escuchadas durante la reunión.
La maniobra también incluyó una renovada presión sobre los medios locales, que se vieron obligados a guardar silencio para no perder la pauta publicitaria oficial en un contexto de crisis económica. Este cierre de filas generó un manto de opacidad en torno al escándalo, dejando a la opinión pública sin respuestas claras sobre los avances judiciales que involucran a figuras relevantes del oficialismo provincial y municipal.
El entramado judicial y los nexos locales
El caso que compromete a D’Onofrio ya ha expuesto un presunto esquema de corrupción y lavado de dinero a través de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que incluye empresas offshore, contratos direccionados y una recaudación millonaria. Entre los principales acusados están Claudia Pombo, Mario Quattrochi -juez de Faltas bonaerense- y otros funcionarios de la cartera de Transporte.
Las conexiones entre los implicados no se limitan al ámbito provincial. En Pilar, la relación entre D’Onofrio y Pombo es un secreto a voces. La vinculación entre sus círculos íntimos también pone en la mira al intendente Achával, quien ha compartido ámbitos políticos con los ahora acusados y tiene en su gobierno funcionarios implicados en varias líneas de investigación. Esta situación complica aún más la gestión local, que enfrenta crecientes cuestionamientos.
Antecedentes oscuros y maniobras sospechosas
El avance judicial en la causa ha revelado detalles que rozan lo cinematográfico. Claudia Pombo y Mario Quattrochi, por ejemplo, crearon empresas en España, adquirieron propiedades y ostentan lujos que no condicen con sus ingresos declarados. También comparten un exclusivo bar en Málaga, “Tardeo Soho”, que ahora está bajo investigación por lavado de dinero.
Mientras las autoridades judiciales continúan realizando allanamientos y analizando movimientos migratorios y transacciones financieras de los implicados, REALPOLITIK pudo saber que la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se encuentra reuniendo pruebas adicionales que podrían profundizar el impacto del caso, involucrando aún más actores de las gestiones Kicillof y Achával.
Para Federico Achával, el escándalo representa una amenaza directa a su liderazgo en Pilar y sus aspiraciones de competir por la gobernación bonaerense. Su estrategia de caza de brujas y control mediático busca minimizar el impacto local del caso D’Onofrio, pero también podría evidenciar cómo la corrupción en niveles provinciales tiene eco en la gestión municipal. En un contexto de crisis política y económica, las maniobras para acallar voces críticas podrían terminar siendo un boomerang para el intendente.
Axel Kicillof volvió a protagonizar un controvertido anuncio, esta vez relacionado con Aerolíneas Argentinas. Durante una conferencia en la Casa de Gobierno bonaerense, el mandatario dejó en clara su postura: si el gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de la aerolínea estatal, Buenos Aires está dispuesta a asumir su control.
“La provincia de Buenos Aires no va a permitir la venta de Aerolíneas. Es un instrumento central para el desarrollo y la conectividad. La Provincia sí la quiere”, expresó, acompañado por representantes sindicales y antiguos directivos de la compañía. El anuncio ocurre en un contexto de crecientes tensiones entre los sectores que abogan por el ajuste fiscal y quienes defienden el modelo estatal.
Kicillof detalló que la cabecera genera ingresos de más de 2.600 millones de dólares anuales y sostiene 81.000 empleos directos e indirectos, resaltando su impacto en el turismo y las economías regionales. Además, calificó la posible privatización como “un intento de vaciamiento” que la Provincia no permitirá.
“Si el gobierno nacional quiere liquidarla, que sepa que la Provincia la va a sostener. No podemos atravesar un vaciamiento ni una estafa. La patria no se vende”, sentenció, en un claro desafío a la administración de Milei.
El gobernador también anunció un plan para convocar a otros mandatarios provinciales y sectores estratégicos con el objetivo de construir una “estrategia colaborativa” que impida la privatización. Los gremios aeronáuticos, como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes, respaldaron su postura, alertando sobre el impacto social y laboral que podría una eventual venta.
La propuesta de Kicillof, sin embargo, genera interrogantes. Los especialistas advierten que un traspaso de este tipo requeriría la aprobación del Congreso Nacional y exigiría enormes recursos para garantizar la operatividad de la aerolínea, la cual depende de subsidios multimillonarios.
Pese a esto, el gobernador no escatimó en elogios hacia Aerolíneas Argentinas, calificándola como “una pieza clave en el rompecabezas de la Argentina federal” y sugiriendo que la compañía es “de las mejores del mundo”. Según afirmó, la Provincia ya está “explorando todos los caminos posibles” para asumir el control si la Nación decide desprenderse de ella.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, intervino el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) mediante el Decreto N° 3675, en respuesta a un déficit mensual cercano a los $2.000 millones y denuncias de graves irregularidades administrativas. La decisión pone fin a la gestión sindical que había administrado la obra social desde hace más de dos décadas.
Al frente del proceso se designó al abogado Mariano Gallegos, exvicepresidente de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, como interventor, y a la doctora Marina Alegre como subinterventora. La intervención tendrá una duración de seis meses e incluirá una auditoría integral en los aspectos financieros, administrativos y contables del organismo, en colaboración con la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Según fuentes oficiales, estas universidades fueron seleccionadas por su independencia y trayectoria académica.
El IOSPER, que presta servicios a funcionarios y empleados estatales, provinciales y municipales de Entre Ríos, cuenta con casi 300.000 afiliados y es financiado por un aporte del 3% de los haberes de los trabajadores. Sin embargo, la administración de Fernando Cañete, quien renunció un día antes del anuncio oficial, dejó un panorama crítico: un déficit acumulado de $20.000 millones, retrasos de hasta cuatro meses en pagos de prestaciones por discapacidad y una acumulación de gastos judiciales que, solo en septiembre, alcanzaron los $868 millones.
Los informes de la Comisión Fiscalizadora Permanente revelaron que el Directorio omitía rendir contrataciones directas y las incorporaciones de personal, además de presentar informes financieros fuera de término. El Tribunal de Cuentas provincial inició nueve juicios contra las autoridades por mala rendición de cuentas y pagos irregulares a prestadores. Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos duplicados a prestadores, falta de licitaciones públicas y omisión de controles sobre los gastos operativos, lo que generó un clima de desconfianza entre los afiliados y los proveedores de servicios.
Además, se detectaron casos de abuso en las contrataciones de servicios tercerizados, con montos muy por encima de los valores de mercado. Estas prácticas, sumadas a la falta de controles internos, profundizaron la crisis financiera y dañaron la credibilidad de la obra social ante sus afiliados.
En un discurso pronunciado tras la intervención, Frigerio destacó la necesidad de “poner luz donde había oscuridad”. Según el gobernador, la medida responde al impacto del déficit del IOSPER sobre toda la población, dado que el Tesoro provincial debía cubrir las pérdidas del organismo. También denunció “obstaculizaciones sistemáticas” al trabajo de los órganos de control.
“Venimos a poner orden donde había desorden y a garantizar servicios de calidad para los entrerrianos vinculados con el sector público”, afirmó Frigerio. El mandatario también enfatizó la necesidad de trabajar junto a los sindicatos para garantizar la transparencia y mejorar las prestaciones. En su mensaje, resaltó que la intervención no busca enfrentarse con las organizaciones gremiales, sino colaborar con ellas para construir un sistema más eficiente y justo.
La intervención también incluye un paquete de medidas urgentes, como la renegociación de contratos con prestadores médicos, la revisión de acuerdos salariales internos y la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real para los ingresos y egresos del organismo. Estas acciones están diseñadas para frenar el aumento del déficit y evitar nuevos casos de irregularidades administrativas.
– De izquierda a derecha: Mariano Gallegos, Manuel Troncoso, Rogelio Frigerio y Mariana Alegre
La administración sindical del IOSPER se estableció a fines de los 90 bajo el gobierno de Jorge Busti, quien devolvió el control del organismo a los afiliados. Sin embargo, la situación financiera y organizativa ha llevado a sucesivas intervenciones, incluyendo una en 2005. Durante la gestión anterior,de Gustavo Bordet, se aumentaron los aportes patronales al 6%, pero esto no logró revertir los problemas estructurales.
El equipo de intervención ya comenzó a implementar auditorías y medidas correctivas. Gallegos destacó la importancia de ordenar las finanzas y garantizar la cobertura médica, particularmente en áreas sensibles como discapacidad y prótesis. “Vamos a transparentar el IOSPER para que vuelva a ser una herramienta al servicio de los trabajadores”, aseguró.
– Isaías Fernando Cañete, exdirector del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos
Con esta intervención, el Gobierno provincial busca revertir años de gestiones cuestionadas y sentar las bases para un manejo eficiente y transparente de la obra social más grande de Entre Ríos. Entre los objetivos planteados para los próximos meses, se incluye la implementación de un nuevo modelo de gestión basado en principios de austeridad y eficiencia. Además, se espera que los resultados de la auditoría integral permitan identificar responsables y aplicar sanciones, si corresponde.
Mientras tanto, los afiliados esperan que las mejoras prometidas se traduzcan en un acceso más ágil y eficiente a los servicios médicos, así como en la reducción de los tiempos de espera para tratamientos esenciales. El desafío para el gobierno de Frigerio será equilibrar las expectativas inmediatas con la necesidad de reformas profundas y sostenibles.
El senador nacional Edgardo Kueider, representante de la provincia de Entre Ríos y miembro del bloque Unidad Federal, fue detenido hoy miércoles en Paraguay cuando intentaba ingresar a ese país con más de 200 mil dólares y 600 mil pesos sin declarar. La retención ocurrió durante un control de rutina en el Puente Internacional de la Amistad —que conecta Paraguay con Brasil— según confirmó Oscar Orué, jefe de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) de Paraguay.
“Se abrió el vehículo y se encontraron paquetes que contenían dólares no declarados. Se informó al fiscal interviniente y el dinero fue incautado. También se retuvo el auto del senador”, explicó Orué en declaraciones a la radio paraguaya AM780. Según el funcionario, Kueider no colaboró en el procedimiento ni justificó el origen del dinero.
El incidente generó una fuerte conmoción en el Senado. Aliado estratégico del oficialismo, Kueider fue una figura clave en votaciones recientes, como la aprobación de la Ley Bases, que consolidó apoyo legislativo para el gobierno de Javier Milei.
Desde el kirchnerismo, que “ya había roto relaciones” con el legislador tras su distanciamiento del bloque oficialista en 2022, la reacción fue contundente. El senador Oscar Parrilli sugirió un pedido de desafuero para que sea investigado “como cualquier otro ciudadano”. Por su parte, el interbloque Las Provincias Unidas, al que pertenece Kueider, emitió un comunicado en el que manifestó su disposición a que “la Justicia esclarezca los hechos”.
Por su parte, la vicepresidente Victoria Villarruel, optó por la cautela, esperando mayores precisiones. Sin embargo, legisladores opositores se mostraron críticos. “Es tremendo que un senador esté involucrado en esto”, expresó un dirigente de Unión por la Patria.
ACUSACIONES PREVIAS Y VÍNCULOS POLÉMICOS
El nombre de Kueider ya estaba bajo escrutinio antes de su detención. En su provincia enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Entre las pruebas en su contra se encuentran inversiones inmobiliarias a nombre de terceros, incluidos departamentos de lujo registrados a nombre de su secretaria y de una empresa vinculada al senador.
A nivel federal, la jueza Sandra Arroyo Salgado también investiga su patrimonio, que, según su última declaración jurada de 2021, ascendía a 5 millones de pesos. Sin embargo, Kueider no presentó actualizaciones desde entonces, incumpliendo la normativa que exige declaraciones patrimoniales anuales.
SU RELACIÓN CON EL OFICIALISMO DE MILEI
Kueider jugó un rol estratégico en el Senado al acercarse al actual gobierno a través del asesor presidencial Santiago Caputo. Este vínculo lo consolidó como un aliado clave en votaciones esenciales y le valió propuestas como liderar la Comisión de Asuntos Constitucionales y, eventualmente, ocupar la embajada argentina en Uruguay.
La detención en Paraguay podría derrumbar estas aspiraciones y agravar su situación judicial. Según fuentes judiciales, el origen del dinero incautado podría estar relacionado con presuntas coimas. En Entre Ríos, hay versiones indican que Kueider habría recibido 500 mil dólares para votar a favor de la Ley Bases.
El caso Kueider reavivó el debate sobre la transparencia y la ética. Con 17 asesores en el Senado y una carrera política que comenzó de la mano de el actual diputado Bordet, el escándalo amenaza con sepultar su trayectoria. “Este episodio demuestra el deterioro ético en la política”, señaló un dirigente opositor.
El senador deberá declarar en las próximas horas ante la fiscalía de Ciudad del Este, donde se determinará si será imputado formalmente. Mientras tanto, su futuro político y judicial pende de un hilo.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político.
