¿Mafia judicial en Córdoba? | Encarcelaron al fiscal que investigaba a un empresario que hoy es funcionario de Llaryora

En San Francisco, pago chico del gobernador Martín Llaryora, la Justicia federal está en ebullición. Y no sólo por la única poltrona del Juzgado Federal existente allí, vacante desde agosto de 2024, tras el fallecimiento del juez Pablo Montesi. En la cual el hijo del gobernador, Francisco “Pancho” Llaryora Crivello pugna sentar a Agustina Felizia, pareja del juez federal de Rio Cuarto Carlos Ochoa. Y el llaryorismo quiere dejar fuera de carrera a la candidata independiente Carolina Ludueña, con la ayuda del rector de la Universidad de Lomas de Zamora, Diego Molea, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación desde marzo pasado.

En realidad, la crisis en los Tribunales federales de San Francisco comenzó en diciembre de 2020, cuando el fiscal federal Luis María Viaut tomó licencia extraordinaria por una larga enfermedad, luego de haber sido imputado por la fiscal subrogante María Marta Schianni.

Viaut había sido denunciado por los delitos de exacciones ilegales y tráfico de influencias, por lo que el fiscal general federal Carlos Casas Noblega designó a Schianni, fiscal federal en Villa María, para que subrogue en San Francisco. Dos meses después de la imputación contra Viaut, en febrero de 2021, la Procuración General de la Nación confirmó a Schianni en el cargo interino de San Francisco por el tiempo que durara la licencia de Viaut.

Velozmente, catorce meses después, el 26 de abril de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Córdoba sentenció a Luis María Viaut a 5 años de prisión, por los delitos de exacciones ilegales agravadas -o concusión agravada- y tráfico de influencias, además de inhabilitación especial perpetua para cargos públicos y una multa de $ 6 millones. Y un año después, el 5 de abril de 2023, el fiscal Viaut fue destituido definitivamente de su cargo por el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal -por unanimidad-, tras dicha condena.

Casi tres años después de la condena en primera instancia y la destitución; cerca de las cinco de la tarde del viernes 13 de marzo de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso de la defensa, con el famoso “artículo 280” sancionado en los tiempos de Menem y Cavallo, traducible en lenguaje común “no tenemos gana de analizarlo”.

Y así con la condena firme, Luis María Viaut ese mismo día se entregó en la sede de la Policía Federal de San Francisco. Llegó solo al lugar, y después lo hicieron familiares suyos, a darle apoyo. Quedó detenido y horas después fue trasladado al complejo carcelario de Bouwer, al sur de esta Capital y a 208 kilómetros de San Francisco.

El presente informe especial es una profundización y una ramificación directa de las investigaciones publicadas por el portal StripteasedelPoder.com sobre los (des)manejos de la Justicia federal de Córdoba, conocida por los cordobeses como La Torre.

El principio del fin

Para entender el destino final del exfiscal federal Luis María Viaut, es necesario desarmar el rompecabezas desde su primera pieza, allí donde las crónicas oficiales suelen trazar una línea recta pero donde el ojo periodístico entrenado empieza a notar las costuras de un armado conveniente.

El fiscal Viaut aterrizó en el 2009 como un paracaidista polaco en la ciudad fronteriza cordobesa de San Francisco, lindante calle de por medio con la ciudad Frontera de Santa Fe -y sus intríngulis de cambio de jurisdicción- con motivo de la creación de los tribunales federales en esa ciudad. Desempeñando así el cargo de primer fiscal federal en ella.

Desde comienzos de los años 90, había ocupado la titularidad de la Fiscalía Federal de Zapala, donde tuvo alguna trascendencia nacional en 1994 al intervenir inicialmente en la causa penal «Carrasco II», el expediente que investigaba la red de encubrimiento militar en torno al asesinato del soldado Omar Carrasco dentro del cuartel del Ejército de esa localidad neuquina.

Pero a los fines de facilitar el estudio universitario de sus hijos, logró su traslado a la flamante fiscalía sanfrancisqueña. En donde evidentemente, tras una denuncia de la AFIP que involucraba a destacados personajes de esa localidad fronteriza, se encontró con la inusitada frontera de pasar de ser un acusador público, a ser acusado, condenado, y purgar pena de prisión.

La génesis de su caída cómo fiscal federal de San Francisco, sucedió formalmente a mediados de 2020, en plena parálisis por la pandemia de Covid-19. El engranaje judicial se activó a partir de una denuncia que ponía bajo la lupa supuestos pedidos de coimas millonarias. La hipótesis acusatoria, que el Ministerio Público Fiscal validó con llamativa celeridad, apuntaba a dos frentes principales:

El supuesto cobro de $ 2,5 millones a directivos de la cooperativa tambera Las Cañitas, de la localidad de El Tío; para ‘cajonear’ una presunta investigación por evasión. Y un segundo episodio que involucraba un pedido de miles de dólares para torcer el rumbo de una causa por delitos sexuales en la justicia ordinaria.

El relato acusatorio, multiplicado en los medios, se estructuró rápidamente sobre la base de un nombre clave: Darío ‘Paco’ Rivarola, un empleado de maestranza de la propia Fiscalía que operaba como el presunto nexo o ‘recaudador’ callejero del ex fiscal.

Es precisamente en este punto, donde el expediente empieza a exhibir sus primeras e inquietantes particularidades. Mientras la narrativa oficial presentaba el caso como una cruzada ejemplarizante contra la corrupción institucional -siendo la primera vez en la historia de Córdoba que un fiscal federal era llevado al banquillo-, los cimientos de la instrucción penal se edificaban sobre un terreno de llamativas debilidades técnicas.

El génesis de la denuncia y el efecto búmeran corporativo

La piedra fundacional que dio origen a la causa penal contra Viaut guarda un secreto incómodo que la instrucción oficial intentó camuflar, pero quedó inalterable en las actas. Según la denuncia original del Ministerio Público Fiscal del 23 de julio de 2020, Pablo Luis González, gerente de la cooperativa de El Tío, declaró bajo juramento que el empleado de maestranza Darío “Paco” Rivarola, supuesto enviado de Viaut para negociar acuerdos extrajudiciales, le habría manifestado de forma expresa que, «si bien trabajaba en la Fiscalía Federal de San Francisco, respondía a Carlos Gonella y Enrique Senestrari».

Así la paradoja procesal ingresa al terreno del absurdo institucional: el fiscal asignado para llevar adelante la acusación contra Viaut fue, precisamente, Carlos Gonella; de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), quien archivó la causa sobre “La ruta del dinero K”.

Traducido: el fiscal cuyo nombre apareció originalmente en la boca del “recaudador” “Paco” Rivarola, terminó a cargo de la investigación contra el fiscal sospechado. Esta anomalía alimentó la hipótesis de la defensa respecto de un ensañamiento corporativo y una “vendetta” interna. Según trascendidos, existiría la sospecha de que el entorno de la Fiscalía de Instrucción de San Francisco a cargo de Bernardo Alberione; habría tenido intereses concurrentes en desplazar a Viaut debido al avance de causas complejas de narcoestructuras que tocaban terminales locales como el club Sportivo Belgrano y el boliche Nina.

En pleno juicio oral, el empleado Rivarola y los demás coimputados optaron por declararse culpables tras recibir ofertas de juicios abreviados, que les garantizaban la libertad condicional. Una alternativa idéntica le habría sido ofrecida al entonces fiscal federal Luis Viaut, quien la rechazó de cuajo al negarse a convalidar un libreto ajeno, sobre delitos que sostiene firmemente no haber cometido. Esta decisión procesal lo dejó en una encerrona técnica frente a un tribunal dispuesto a fallar por acumulación de indicios.

El factor Benso y el «vuelto» político

Antes de que el nombre de Luis María Viaut apareciera en letra de molde en los titulares, ligado al presunto cobro de coimas; el fiscal federal de San Francisco llevaba adelante una silenciosa tarea para desentrañar la trama política que se escondía detrás de la megacausa de la “usina de facturas truchas” denunciada por la AFIP, conocida también como causa «Pizzi», cuyo expediente es el FCB 8191/2020.

En ese marco, en agosto de 2020, el fiscal Viaut ordenó la detención de un peso pesado: Domingo Benso, el influyente mandamás del Grupo Cooperativo Devoto. La caída de Benso sacudió los cimientos económicos y políticos del este cordobés. A partir de la detención de Benso, la lógica de la competencia territorial sufrió una metamorfosis quirúrgica:

-El desplazamiento forzado: Mientras Viaut defendía que la competencia correspondía estrictamente a San Francisco, la vocal de la Cámara Federal de Córdoba, Graciela Montesi, hermana del entonces juez federal subrogante de San Francisco, Pablo Montesi, intervino activamente para que el expediente fuera mudado de urgencia a la Capital provincial.

-La sincronía familiar: “Los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera; tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera”, escribió José Hernández en La vuelta de Martín Fierro; máxima que aprendieron a rajatabla los hermanos Montesi.

-La libertad exprés: Sólo pasaron 37 días entre el lunes 31 de agosto de 2020, y el miércoles 7 de octubre del mismo año; fechas en que Domingo Benso fue detenido y el juez federal Pablo Montesi, dictara su falta de mérito. En un trámite confuso, dado que previamente se había declarado incompetente y había dispuesto girar la causa al Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Córdoba, para su acumulación por una supuesta conexidad.

Ante lo cual el fiscal Viaut se opuso, insistiendo que debía permanecer en San Francisco. Sin embargo, el fiscal subrogante ante la Cámara de Apelaciones Carlos Casas Noblega, disintió extrañamente de la postura de Viaut. Y de esa manera unipersonalmente el camarista Abel Sánchez Torres, cuñado en los hechos del juez Montesi, en lugar de apartarse le dio la razón a este, quedando la picante causa radicada en Córdoba, lejos de las manos de Viaut.

Posteriormente el mismo camarista Sánchez Torres, catorce meses después, en diciembre 2021, a la par de confirmar la Cámara de Apelaciones el procesamiento de otros imputados, pretendió confirmar la falta de mérito del influyente Benso. Lo que fue impedido por los camaristas Liliana Navarro y Eduardo Avalos, quienes hicieron valer la mayoría advirtiendo que la medida era prematura, y que correspondía profundizar la valoración de las pruebas aportadas por la AFIP.

El círculo de esta línea temporal cerró con precisión matemática: el pasado 3 de septiembre pasado, el juez federal Carlos Arturo Ochoa, que es titular en Río Cuarto y subrogante en el juzgado Federal N°1 de Córdoba -y quiere imponer a su pareja Agustina Felizia como jueza en San Francisco- y el secretario Facundo Troncoso firmaron el sobreseimiento definitivo de Domingo Benso y Miguel Angel Montali en la causa de facturas truchas derivada de la gestión original de Viaut.

El mismo mes en que la megaestafa impositiva que amenazaba al cooperativismo regional fue archivada para sus figuras de peso, el fiscal que la impulsó cumple su condena en Bouwer. Actualmente, Benso se desempeña como secretario de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales de la Provincia del gobierno de Martín Llaryora.

El truco de la «carátula fantasma»

Cuando se examina la letra chica del veredicto que envió a Viaut a prisión, el andamiaje probatorio del llamado “Primer Hecho” -el caso de la Cooperativa Las Cañitas de El Tío- exhibe fisuras insalvables. El denunciante Pablo González afirmó que el empleado Rivarola lo había extorsionado exhibiéndole un expediente secreto titulado “Benso Domingo, Agustín Benso y otros”.

Sin embargo, los registros informáticos del sistema oficial Coirón expusieron una realidad incómoda: los sumarios iniciales no se indexaban bajo el nombre civil de los imputados en esa etapa y la causa real jamás llevó el apellido Benso en su portada, sino que estaba bautizada bajo la carátula “Pizzi”.

La incorporación del apellido Benso en el relato del denunciante habría funcionado, según la hipótesis de la defensa, como un forzamiento posterior para inyectar gravedad institucional a una maniobra que, en rigor, respondía a un conflicto ajeno al fiscal. El propio Benso, convocado como «testigo nuevo» en el juicio oral, manifestó ante los magistrados haber recibido un pedido de USD 250.000 por parte de otros detenidos, mientras estaba alojado en la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA); no identificando a Viaut.

Ante la absoluta ausencia de comunicaciones directas como llamadas, mensajes o reuniones entre el entonces fiscal federal de San Francisco y el cooperativista de El Tío, el Tribunal Oral Federal N.º 2 aplicó la teoría del modus operandi como sustituto de la prueba directa. Los jueces extrapolaron una matriz de sospecha extraída del segundo hecho para dar por probado el primero.

Para fundar la condena, se aferraron al cruce de antenas de una comunicación telefónica entre el empleado Rivarola y el fiscal el día de la reunión clave. Los investigadores jamás interceptaron ni conocieron el contenido real de esa conversación y de ninguna otra. El tribunal procedió a «redactar» de forma presuntiva el diálogo, descartando motivos laborales ordinarios, y rechazó la compulsa de las sábanas telefónicas históricas de los tres meses anteriores solicitadas por la defensa, para demostrar la habitualidad del contacto diario en medio del teletrabajo por la pandemia.

Las contradicciones del fiscal Gonella en el dictamen acusatorio

Para desmontar el andamiaje jurídico que llevó al exfiscal a una celda en la cárcel de Bouwer por cinco años; es indispensable someter la pieza jurídica acusatoria a una rigurosa autopsia procesal. Al confrontar los fundamentos del dictamen de elevación a juicio y alegatos del fiscal federal Carlos Gonella con las actas y la denuncia original de 2020, emerge un forzamiento dogmático plagado de contradicciones estructurales.

-El ocultamiento de la imputación de origen (La paradoja Gonella – Senestrari): En su acusación, el fiscal Gonella presentó el caso como una estructura piramidal donde Luis María Viaut digitaba de forma exclusiva el pago de sobornos a través de Rivarola. El fiscal acusador omitió de forma deliberada el dato medular de la denuncia original del 23 de julio de 2020: bajo juramento, el denunciante Pablo Luis González dejó asentado que Rivarola le exigía el pago irregular, manifestándole expresamente que él respondía a los fiscales de los Tribunales federales de Córdoba Carlos Gonella y Enrique Senestrari.

Que el propio Gonella haya actuado como el fiscal acusador habiendo sido mencionado de forma directa por el «recaudador» callejero constituye una anomalía procesal insalvable. En términos de neutralidad, Gonella debió haberse apartado de inmediato. El dictamen, por ende, operó como un mecanismo de purificación y desvío de la sospecha original hacia Viaut, jefe natural de Rivarola en la fiscalía de San Francisco.

-La traspolación arbitraria de la evidencia (El vacío del primer hecho): Para justificar la coautoría de Viaut en el pedido de sobornos por $ 2,5 millones a la Cooperativa de El Tío, Gonella estructuró su alegato afirmando que existía un «patrón de comportamiento criminal unívoco e indivisible» entre el primer y el segundo hecho. El propio dictamen debió admitir que no existían escuchas, mensajes, correos, ni un solo testimonio directo que ubicara a Viaut interactuando o exigiendo dinero a los directivos de El Tío. Es más, quedó probado que Viaut jamás conoció a González, ni tuvo una causa relacionada a la Cooperativa “Las Cañitas”.

“No queremos patearles la puerta”, le advirtió “Paco” Rivarola a Pablo González, dirigente de la Cooperativa Tambera Las Cañitas de El Tío. González, como muchos otros productores, tenía “problemas de papeles” y necesitaba ponerse al día con la AFIP. Ahí apareció Rivarola, empleado raso de la Fiscalía Federal de San Francisco, que según palabras propias, reportaba a los fiscales cordobeses Gonella y Senestrari.

Tras varias reuniones con González, la solución propuesta fue el pago de una coima: “Si podemos hacer algo, que no sea con las cosas a medias; si se puede hacer algo que lo hagamos bien, cosa que no quede nada, que quedes limpio, limpio, limpio, pero después a cuidarse”, le advirtió Rivarola al gerente de la cooperativa. El pedido de coima fue de $ 2,5 millones y González respondió que iba a discutir la propuesta con los otros directivos y darle una respuesta. Así se inició la causa contra el exfiscal Luis Viaut.

El Tío es un pueblo del este cordobés, de poco más de 2.000 habitantes ubicado sobre la Ruta 19, a 76 kilómetros de San Francisco y a 132 de esta Capital, el corazón de la cuenca lechera que comparten las provincias de Córdoba y Santa Fe.

En el caso de la Cooperativa Tambera Las Cañitas, el fiscal Gonella forzó la figura de la coautoría funcional utilizando las desgrabaciones y los indicios del “Segundo Hecho” (caso Brugnoni) como «resina jurídica» para rellenar el absoluto vacío probatorio del Primer Hecho. Utilizar la prueba de un suceso independiente para dar por probado otro hecho penalmente autónomo, viola de forma flagrante las reglas de la sana crítica racional y el principio de lesividad de la ley penal.

-El forzamiento de la «capacidad de influencia» y la omisión de destino: Respecto al Segundo Hecho, el caso Brugnoni, Gonella encuadró la conducta de Viaut en el delito de tráfico de influencias, argumentando que el fiscal federal utilizó su peso institucional para torcer el rumbo de una investigación penal ordinaria a través de la fiscal provincial Isabel Reyna, quien, cabe mencionar, fue denunciada y formalmente sancionada en agosto de este año por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba, tras acreditarse un patrón sistemático de maltrato laboral, violencia y hostigamiento hacia empleados y colegas.

La propia instrucción determinó que Viaut y Reyna pertenecían a órbitas jurisdiccionales sin nexo vinculante, ya que el primero era fiscal federal; mientras que la segunda era fiscal de Instrucción de la Provincia de Córdoba; no tenían una relación previa; además de que la causa ya se encontraba en la Cámara de San Francisco, y no en la fiscalía de Reyna.

La causa Brugnoni está relacionada al presunto cobro por parte de Luis Viaut de USD 17.100, que el empresario Víctor Brugnoni le habría entregado para que éste lograra la liberación de su hijo José Agustín Brugnoni (23), detenido e imputado por abuso sexual por la Justicia provincial de Córdoba. Ese monto sería el primer pago de un total de USD 250 mil, la suma total sería completada cuando el joven acusado de violación recuperara su libertad.

En este llamado Segundo Hecho, además del fiscal federal de San Francisco fueron investigados e imputados como intermediarios Gerardo Agustín “Coco” Panero y Walter Gustavo Fattore; mientras que Brugnoni fue acusado de pagador de la coima, delito tipificado como cohecho activo.

La madrugada del 25 diciembre 2019, luego de concurrir a un boliche de la localidad de Laborde, José Agustín Brugnoni, habría violado a una chica; aprovechado que la víctima había bebido de más. Luego de que la joven denunció a Brugnoni, la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville libró una orden de detención en su contra, pero el muchacho se había fugado.

Fue detenido cinco días después en Formosa, y los investigadores sospechan que quería fugarse a Paraguay, y luego a Brasil, país con un largo historial de negativas a los tratados de extradición. Ya en 2020, el sospechoso quedó alojado en la cárcel de Villa María, a 129 kilómetros de Laborde.

El dictamen fiscal fundamentó la existencia del delito, basándose únicamente en el registro de una llamada sacada de contexto, pero omitió el requisito típico esencial del tráfico de influencias: la capacidad real y efectiva de influir. La situación procesal de Brugnoni jamás sufrió alteración alguna. El dictamen transformó un acto acreditado de sugerencia de asistencia familiar ordinaria, como la simple recomendación de consultar a un abogado particular, familiar del fiscal, en un engranaje extorsivo mediante inferencias conjeturales.

–La incoherencia cuantitativa y la “ceguera” patrimonial: En su alegato final, Gonella solicitó una pena de 7 años de prisión efectiva argumentando la existencia de un beneficio económico espurio de gran escala derivado de la función pública. Los peritajes contables y las declaraciones juradas oficiales incorporadas al expediente arrojaron un resultado unívoco: cero incremento patrimonial. Los bienes de Viaut reflejaban una vida completamente austera y concordante con sus ingresos ordinarios de magistrado de carrera.

Existe una contradicción matemática insalvable en el dictamen acusatorio al mensurar el presunto delito. La fiscalía acumuló y mezcló de forma caótica en su plataforma fáctica cifras que iban desde los $ 2.500.000, los USD 250.000 exigidos supuestamente en la UCA según el testigo de oídas Benso, hasta terminar fijando un supuesto pago acreditado de apenas USD 17.100. La dispersión cuantitativa y la total ausencia de trazabilidad del destino de ese dinero exponen que el dictamen no persiguió la comprobación de un flujo financiero delictivo, sino la construcción de un relato de sospecha para justificar un veredicto condenatorio predeterminado.

Las escuchas censuradas

Mientras el dictamen del fiscal federal acusador Carlos Gonella y la instrucción penal se concentraban en asfixiar la defensa de Viaut mediante conjeturas, las pruebas de desgrabaciones oficiales de intervenciones telefónicas incorporadas en el expediente -específicamente bajo los folios 929, 932 y 934- exponían una colosal filtración de información en el fuero provincial que la fiscalía acusadora decidió no ver.

De las transcripciones técnicas de los audios que el propio Viaut logró capturar y denunciar públicamente, surgen diálogos en código entre informantes del periódico El Tiempo y funcionarios judiciales provinciales de San Francisco:

[AUDIO FOLIO 929 – INTERVENCION LÍNEA «HUGO GRASSINO» / «JULIÁN MEDINA»]

Hugo: Che, escuchame, llamó recién el loco de Delitos… el amigo de la financiera.

Julián: ¿Qué pasó? ¿Se movió el agua?

Hugo: Me dice que el Federal [en referencia a la fiscalía de Viaut] les tiró el camión encima, que están armando los papeles para entrar a la tarde o mañana a primera hora. Que avisen a la cueva grande que limpien los discos y los papeles de las carpetas blancas.

Julián: Uh, qué cagada… ¿Y el jefe de ellos [Alberione] sabe algo?

Hugo: Y, si el secretario [Gaido] está al teléfono cruzando las patentes, imaginate. El pibe de Alberione ya se metió como abogado para mirar el revés desde adentro. El interés es voltearlo a este tipo [Viaut] porque se les metió en la ruta de Sportivo y el boliche Nina.

Estas desgrabaciones demuestran que, mientras la Justicia provincial de San Francisco simulaba cooperar en la lucha contra la criminalidad económica, los funcionarios de segunda línea cruzaban llamadas con los investigados del entorno del ex directivo de Sportivo Belgrano, Pablo Esser, para vaciar las oficinas antes de los allanamientos.

El dictamen de Gonella omitió deliberadamente contextualizar estos audios en su acusación. Para un observador agudo, el desembarco de la fiscal federal de Villa María, María Marta Schianni -designada para reemplazar a Viaut en San Francisco- actuó en perfecta sintonía con la incorporación de Juan Alberione, como patrocinante del cooperativista Pablo González en la causa contra Viaut.

El abogado Alberione es hijo del entonces fiscal de Delitos Complejos de San Francisco, Bernardo Alberione. La ingeniería de la maniobra queda expuesta en la trama familiar de los Montesi y los Alberione; quienes desde los fueros federal y provincial habrían operado en bloque para demoler la labor del fiscal federal Luis María Viaut, que ponía en peligro el millonario negocio de las mesas de dinero, cooperativas emisoras de facturas truchas, y la ruta del narcotráfico regional, a través de pantallas como Sportivo Belgrano y el boliche ‘Nina’.

Una llamada fantasma

Respecto al “Segundo Hecho” como se conoce el caso Brugnoni, la acusación estructuró el delito de tráfico de influencias sobre la base de una supuesta llamada telefónica dirigida a la fiscal de instrucción Isabel Reyna, que en la realidad nunca fue realizada. En el expediente no figura, no está consignada dicha comunicación, y en los fundamentos de la sentencia condenatoria al ex fiscal Luis María Viaut, se reconoce explícitamente que no se pudo determinar la existencia de dicha llamada, ya sea realizada por el propio fiscal Viaut o por el ordenanza Rivarola.

A partir de esta indeterminación material, el tribunal dedujo que la influencia se ejerció en nombre del fiscal federal. La defensa técnica a cargo del penalista Tristán Gavier, expuso la debilidad de esta inferencia al demostrar que Viaut y Reyna no se conocían, pertenecían a órbitas y fueros distintos, y que la causa se tramitaba ante la Cámara de San Francisco, y no ante la fiscalía de origen. Asimismo, los informes técnicos confirmaron que la situación procesal del imputado Brugnoni no sufrió ninguna modificación favorable como consecuencia del llamado.

Frente a la narrativa extorsiva, la hipótesis defensiva sostiene que la intervención de Viaut se limitó a sugerirle a un allegado particular, en una situación económica crítica por el aislamiento de la Covid-19, que consultara a un familiar abogado, configurando un acto de asistencia ordinaria que la acusación descontextualizó.

Esta inconsistencia probatoria se complementa con las contradicciones numéricas del fallo, donde los montos del presunto cohecho oscilan caóticamente entre los $ 2,5 millones y los USD 250.000 exigidos supuestamente en la UCA según testificó Benso, un empresario que había sido investigado, precisamente por Viaut en la megacausa de la usina de facturas truchas.

Esa versión indicó, además, que Viaut habría cobrado un retorno de unos USD 17.000; sin embargo, los peritajes contables ratificaron una vida familiar austera y concordante con los ingresos del magistrado, habiendo quedado su familia en una situación de vulnerabilidad patrimonial extrema. Y en constante miedo por represalias de parte de las mafias a la que Viaut se enfrentó a lo largo de su carrera judicial.

La conyugalidad de casación: el dudoso revisor

El derrotero del expediente sumó su capítulo más opaco al llegar a la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal el 14 de agosto de 2025. Al revisar la condena de primera instancia, el máximo tribunal penal de la Nación se fracturó. El juez Carlos Mahíques votó en minoría, haciendo lugar parcialmente al recurso de la defensa, tras dictaminar que la tipificación de exacciones ilegales aplicada en Córdoba era técnicamente insostenible y debía ser encuadrada bajo la figura de concusión, obligando a revisar integralmente el fallo.

Con la unanimidad rota y el juez Mahíques votando en disidencia por hacer lugar parcialmente al planteo defensivo, el voto definitorio (2 a 1) para sepultar la inocencia de Viaut quedó en manos del polémico juez Diego Barroetaveña. Camarista federal arrastra en su foja de servicios otras intervenciones marcadamente controvertidas.

Diversas investigaciones periodísticas, como las publicadas por la dirigente Elisa Carrió o entidades de transparencia judicial, pusieron el foco sobre su llamativo desempeño al frente del Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), cargo al que debió renunciar a fines de diciembre de 2025 ante las intimaciones por incompatibilidad de funciones.

Durante su ejercicio en la entidad deportiva, Barroetaveña intervino de manera directa en expedientes internos que terminaron blindando y favoreciendo al presidente de la asociación, Claudio “Chiqui” Tapia -como el polémico dictamen que determinó que el dirigente no era una Persona Políticamente Expuesta (PEP)– para luego verse llamado a dictaminar en Comodoro Py sobre causas por presunto lavado de activos y fraude que acorralan a la misma cúpula dirigencial del fútbol.

En el caso del ex fiscal federal de San Francisco, la defensa había planteado la recusación urgente de Barroetaveña tras ventilarse que el magistrado mantenía una relación de pareja estable y pública con la jueza María Noel Costa, integrante del Tribunal Oral Federal N° 2 de Córdoba y redactora del voto condenatorio original contra Viaut, que fue convalidado por los jueces Fabián Asís, y Fabián Falcucci.

La recusación fue desestimada por sus propios pares de sala, Daniel Petrone y Ana María Figueroa, a quien seguidamente se la jubiló de prepo, al no permitirle renovar su designación cumplidos los 75 años, siendo sustituida por Mahiques. Y así el camarista Barroetaveña operó como el gran elector del expediente, convalidando formalmente en la máxima instancia penal el fallo dictado de puño y letra por su propia pareja, la jueza María Noel Costa.

La disparidad de la vara penal de la Justicia federal adquiere tintes escandalosos al contrastar esta condena a cinco años de prisión efectiva basada en inferencias y llamadas sin contenido, con otros fallos dictados en la Justicia provincial.

Por caso, en el plano de la opinión pública, analistas independientes coinciden que en el juicio que enfrenta el ex presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González, quien habiendo protagonizado un trágico siniestro vial en las Altas Cumbres con saldo de una víctima fatal y graves secuelas para dos sobrevivientes, recibió un pedido de condena de tres años y diez meses de prisión efectiva más 10 años de inhabilitación para conducir.

Sin pruebas concluyentes y en base a indicios, a Viaut se lo condenó a cinco años de prisión; mientras que a González, con una víctima fatal; otra con graves secuelas en su salud y otra ya recuperada, sólo le pidieron menos de cuatro años de cárcel. Esa firmeza implacable aplicada sobre el ex fiscal de San Francisco contrasta de forma evidente con la elasticidad procesal otorgada al poder político tradicional.

La yunta de camaristas y las terminales del entramado

La red de conexiones e influencias políticas que rodea el caso sumó un hito documental el 23 de julio de 2026, cuando el juez federal Alejandro Sánchez Freytes imputó a los camaristas federales Abel Sánchez Torres y su pareja, Graciela Montesi, por el presunto delito de admisión de dádivas. Montesi es presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba; mientras que Sánchez Torres es su vicepresidente.

La acusación de los fiscales Pablo Turano y Maximiliano Hairabedian puso bajo la lupa un viaje de lujo realizado a Punta del Este, valuado en USD 34.000, en un avión privado perteneciente a los directivos del Grupo Astori y Porta Hermanos, compañías que tramitaban en la Cámara Federal de Apelaciones causas ambientales e inmobiliarias. Para sumar opacidad a la trama, en las últimas semanas, la camarista Montesi contrató como defensor a Tristán Gavier, el mismo penalista que ejerció la defensa de Viaut en el proceso en su contra por el caso de la cooperativa Las Cañitas y el prófugo Brugnoni.

La caída de Viaut devela el inicio del entramado político-judicial; donde el gobernador Martín Llaryora mueve sus hilos para dominar la Justicia federal de San Francisco, su pago chico. El portal StripteasedelPoder.com reveló cómo los hilos del cordobesismo operan subterráneamente en el Concurso 517 del Consejo de la Magistratura para designar a Agustina Felizia como titular del Juzgado Federal de San Francisco -vacante por el fallecimiento del juez Pablo Montesi en agosto de 2024.

El hijo del gobernador Llaryora, Francisco «Pancho» Llaryora Crivello, prosecretario penal, opera para que su amiga Felizia ascienda a jueza y él a secretario penal. Pero como todo tiene que ver con todo, la joven aspirante a jueza, además, está en pareja con Carlos Ochoa, el juez federal de Río Cuarto.

El mismo magistrado que también está a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Córdoba ,y que el pasado 3 de septiembre firmó el sobreseimiento express de Domingo Benso; primero imputado y luego testigo que declaró en el juicio oral contra Viaut, quien mientras estuvo detenido en la UCA dijo haber escuchado un pedido de USD 250.000 por parte de otros detenidos, para mejorar su situación y lograr su libertad. Actualmente, Benso es secretario de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales de la Provincia del gobierno de Martín Llaryora.

A seis años del proceso iniciado contra Luis María Viaut, y viendo cómo se mueve el ajedrez judicial federal en San Francisco, la pregunta que flota en el departamento San Justo es si la imputación, juicio y condena a cinco años de cárcel del exfiscal fue una jugada de Llaryora con sus alfiles, para controlar la justicia federal en su pago chico infierno grande.

Apostillas 1: Los hermanos Montesi y la genealogía del poder que llega hasta los Sánchez Torres

Para comprender cómo funciona la Justicia Federal de Córdoba, es indispensable estudiar sus linajes, como bien los describió Sergio Carreras en su libro La sagrada Familia. Por caso, Graciela Montesi, la polémica presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y su hermano Pablo, el fallecido juez federal de San Francisco, representan la continuidad de una genealogía judicial que hunde sus raíces en la figura de su padre, Luis Rodolfo Montesi, histórico y poderoso magistrado que manejó el estratégico Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, con exclusiva competencia electoral provincial durante las décadas de 1980 y 1990.

En la causa de la usina de las facturas truchas, en la que el juez federal Ochoa sobreseyó por pedido del fiscal Maximiliano Hairabedian a los imputados Domingo José Benso y Miguel Angel Montali, acusados por asociación ilícita fiscal, y María Florencia Alisio, Nancy María Magdalena Dupraz de Alisio y Juan Pablo Alisio, por alteración dolosa de registros fiscales; en octubre de 2020 el juez Pablo Montesi en tiempo récord le dictó falta de mérito y le otorgó la libertad a Domingo Benso, sólo 37 días después del megaoperativo con el que había sido detenido.

Mientras que la camarista federal Graciela Montesi y presidente de la Justicia Federal de Córdoba acaba de ser sobreseída por el juez federal Alejandro Sánchez Freytes en la causa “Padilla” por abuso de autoridad; y sigue investigada en la causa de las dádivas por el viaje a Punta del Este en el avión de Porta Hermanos y Grupo Astori.

La dinastía Montesi se completa así: Josefina Bobone, hija de Graciela Montesi, es prosecretaria en el Tribunal Oral Federal 3. Tomás Bobone, hijo de Graciela Montesi es oficial en el Juzgado federal 3, con el juez Hugo Vaca Narvaja. Damián Bobone hijo de Graciela Montesi, trabaja en la Municipalidad de Córdoba; está casado con Yamila Batalla, nombrada por Montesi en la Cámara Federal de Apelaciones. Por su parte Gerónimo Bobone, sobrino de Graciela Montesi, trabaja en la Secretaría Electoral.

Por su parte el camarista Abel Guillermo Sánchez Torres pareja de Montesi y vicepresidente de la Justicia Federal de Córdoba, coló en La Torre como se conoce donde funciona a: su ex esposa, Alejandra Cecilia Cabido , jefa de Despacho del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 1. Ingresó al Poder Judicial de la Nación el 11 de febrero de 2004 y previamente se desempeñó en el Banco Social de Córdoba, la Lotería de Córdoba y la Fiscalía de Estado.

Y a sus hijos: Joaquín Nicolás Sánchez Torres; relator del Tribunal Oral Federal N° 3. Lucía Sánchez Torres; escribiente en el Juzgado federal N° 1, bajo las órdenes del secretario Facundo Troncoso, juzgado vacante, subrogado por Carlos Ochoa, juez federal de Río Cuarto. Y Agustina Sánchez Torres,  prosecretaria en el Juzgado federal N° 3 a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja.

Apostillas 2: Vulneración de garantías convencionales en el caso Viaut según los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

1. Objeto: El presente memorial tiene por objeto sintetizar las violaciones flagrantes y sistemáticas a las garantías judiciales consagradas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) durante el proceso penal seguido contra el ex fiscal Luis María Viaut, inconsistente y condicionado por factores del contexto político local.
2. Violación al Derecho a un Tribunal Independiente e Imparcial (Art. 8.1 CADH): Se vulneró la garantía de neutralidad objetiva en la etapa de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal. El magistrado Diego Barroetaveña emitió el voto de desempate (2 a 1) para confirmar la condena a cinco años de prisión efectiva, a pesar de mantener una relación de pareja estable y pública con la jueza cordobesa María Noel Costa, redactora del fallo condenatorio en primera instancia. Asimismo, el circuito de desplazamiento de la competencia territorial operado por los hermanos Montesi y validado por el juez Sánchez Torres evidencia un direccionamiento institucional incompatible con el principio del Juez Natural.
3. Violación a la Presunción de Inocencia (Art. 8.2 CADH): La condena dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2 carece de evidencia objetiva independiente en el tramo denominado «Primer Hecho»; en la cual los magistrados sustituyeron la certeza probatoria y el estándar de in dubio pro reo, por la traspolación automática de un supuesto modus operandi extraído de un hecho ajeno e independiente. Se sentenció a Viaut utilizando el mero registro de antenas de una llamada telefónica ordinaria sin contenido interceptado ni conocido, forzando una interpretación incriminatoria unilateral y presuntiva.
4. Violación al Derecho de Defensa y Exclusión de Prueba (Art. 8.2.f CADH): El tribunal que juzgó al ex fiscal Viaut bloqueó la producción de prueba informática crítica solicitada en tiempo y forma por la defensa, como son las sábanas telefónicas históricas de las prestatarias. Esta denegación impidió demostrar técnicamente que la frecuencia de las comunicaciones respondía a la dinámica laboral diaria de la fiscalía federal y no a una coordinación delictiva incidental, quebrando la igualdad de armas procesales.
5. Violación al Principio de Legalidad y Desviación de Poder (Arts. 9 y 25 CADH): La disidencia técnica planteada en Casación por el juez Carlos Mahíques demuestra que la tipificación penal de exacciones ilegales fue forzada por el tribunal cordobés. El 3 de septiembre de 2026, la Justicia federal de Córdoba firmó el sobreseimiento definitivo de Domingo Benso, quien pasó de principal investigado por evasión a testigo de cargo de la acusación. En enero de 2024, antes de su desvinculación definitiva por los delitos de evasión tributaria y lavado de activos, Benso había sido designado por el gobernador Llaryora como secretario de Desarrollo de Cooperativas y Mutuales, en el Ministerio de Cooperativas y Mutuales. Mientras que el fiscal que lo investigó, está preso en el complejo carcelario de la localidad de Bouwer, al sur de esta Capital.

Apostillas 3: Contradicciones de fondo e inconsistencias técnicas en la resolución del juez Ochoa y algunos interrogantes incómodos:

La doctrina de la carátula fantasma: ¿Con qué fundamentos técnicos el Tribunal Oral Federal N° 2 validó y dio por ciertos testimonios basados en la exhibición de un expediente caratulado con el apellido «Benso», cuando los registros informáticos demuestran de forma objetiva que la causa jamás llevó esa nomenclatura en el sistema Coirón y estaba titulada formalmente como “Pizzi”?

La paradoja de la prueba IP: ¿Por qué la trazabilidad técnica de direcciones IP pertenecientes a una cooperativa fue considerada insuficiente por los camaristas federales para procesar a empresarios por una evasión multimillonaria, mientras que la existencia de una simple llamada telefónica ordinaria sin contenido grabado fue suficiente para condenar a cinco años de prisión a un fiscal federal?

El estándar del testigo ciego: ¿Cómo se convalida internacionalmente ante la CADH (Convención Americana sobre Derechos Humanos) una condena de prisión efectiva basada en el testimonio de un imputado cooperativista que, bajo juramento en el juicio oral, manifestó explícitamente ser incapaz de identificar la cara, la presencia o la voz del imputado Luis María Viaut en las presuntas exigencias de dinero?

El cerrojo tecnológico: ¿Cuál es la justificación procesal y técnica para negarle a la defensa del acusado la compulsa y producción de las sábanas telefónicas históricas, las cuales hubieran aportado datos matemáticos e independientes sobre la habitualidad y rutina de los llamados en la fiscalía federal?

La ética de la mesa de luz: ¿Qué estándar de juez imparcial e independiente le queda a la República Argentina ante los organismos internacionales cuando el revisor definitivo en Casación, el juez Diego Berroetaveña, tiene una relación de pareja pública con la jueza cordobesa María Noel Costa, redactora de la condena de primera instancia?

La sincronía de los sobreseimientos: ¿Responde a criterios de estricta hermenéutica jurídica que el sobreseimiento definitivo de Domingo Benso y del contador Miguel Montali haya sido firmado por el juez subrogante Carlos Ochoa en septiembre de 2026, clausurando la usina de facturas truchas inmediatamente, seis meses después de que el fiscal investigador del caso, Luis Viaut se entregara a la Policía Federal tras la sentencia definitiva de la Corte Suprema de Justicia de la Nación?

Carta pública del ex fiscal federal Luis María Viaut

El 13 de marzo, previo a entregarse ante la ‘Justicia’ el fiscal Viaut hizo la siguiente DECLARACIÓN PÚBLICA:

“A la opinión pública, a los medios de comunicación y a las autoridades de la República Argentina Luego de casi cuarenta años de trayectoria en el sistema judicial federal, considero necesario expresar públicamente mi posición frente a los hechos y versiones que se han difundido en distintos ámbitos. Inicié mi carrera en los juzgados federales de Santa Fe como empleado judicial, posteriormente me desempeñé como secretario en Zapala, provincia de Neuquén, y desde el año 1993 ejerzo el cargo de Fiscal Federal.

A lo largo de estas décadas he intervenido en investigaciones complejas vinculadas al narcotráfico, a delitos económicos, a la evasión fiscal y al lavado de dinero, siempre con el compromiso de actuar con independencia y respeto por la ley. En los últimos años se ha intentado instalar en mi contra una acusación de supuesto tráfico de influencias, una imputación que rechazo de manera categórica. Dicho delito presupone la utilización indebida de una posición o influencia para obtener beneficios o favorecer intereses particulares. En mi caso, no existe ninguna prueba que demuestre una conducta de esa naturaleza.

Se ha afirmado, por ejemplo, que habría intentado influir sobre una fiscal mediante una llamada telefónica. Sin embargo, no existen registros, audios ni documentación que respalde tal afirmación. Cuando solicité que se incorporaran las correspondientes sábanas de llamadas -prueba objetiva que permitiría verificar cualquier contacto- dicho pedido fue rechazado, lo cual genera una situación difícil de comprender desde la perspectiva del derecho de defensa.

Asimismo, se han difundido versiones que pretenden vincularme con expedientes o personas con las que jamás he tenido relación. En la fiscalía a mi cargo nunca existió un expediente relacionado con la cooperativa que se menciona públicamente, ni he ordenado o sugerido a persona alguna solicitar dinero para manipular o cerrar causas judiciales. Considero que la forma en que se han presentado estos hechos configura una operación mediática que busca instalar sospechas sobre mi nombre y mi trayectoria, construida durante décadas de servicio público.

Esta situación se desarrolla, además, en un contexto particularmente delicado para mi familia, que desde hace aproximadamente tres años viene atravesando un proceso judicial que consideramos profundamente injusto. Durante ese tiempo hemos soportado presiones e intimidaciones que exceden lo razonable dentro de un debate judicial.

Se ha llegado incluso a una situación que resulta, cuanto menos, preocupante desde el punto de vista institucional. En la instancia de revisión en casación ha intervenido como superior un magistrado que es pareja reconocida de quien dictó la sentencia cuestionada. Esta circunstancia plantea un serio interrogante respecto de la imparcialidad que debe regir en todo proceso judicial y profundiza la percepción de parcialidad que ha rodeado este caso.

He decidido, no obstante, continuar afrontando el proceso dentro de los canales institucionales que establece la ley, con la esperanza de que las instancias correspondientes revisen los hechos con objetividad y pleno respeto por las garantías constitucionales. No puedo dejar de señalar que situaciones similares han sido atravesadas por otros fiscales federales que, en distintos momentos, investigaron hechos sensibles vinculados a estructuras de poder económico o criminal. Este contexto exige una reflexión profunda sobre la necesidad de preservar la independencia del sistema judicial.

Por todo lo expuesto, considero imprescindible realizar un llamado a los medios de comunicación, a los periodistas, a los representantes políticos y a las autoridades nacionales para que se garantice el respeto por los principios básicos de una república: el debido proceso, la presunción de inocencia y una justicia verdaderamente independiente. Después de casi cuatro décadas dedicadas al servicio de la justicia federal, mi única expectativa es que los hechos sean analizados con seriedad, sin presiones ni operaciones, y que finalmente prevalezcan la verdad y el derecho.”

Luis María Viaut Fiscal Federal

*Fuente: StripteasedelPoder.com