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El Grupo de Vecinos Autoconvocados de Bariloche anunció que marchará hasta Villa Mascardi el jueves 25 de mayo, como protesta contra el Gobierno de Alberto Fernández. Critican las negociaciones que el ministro de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, entabla con el pueblo mapuche; dicen que se trata de “delincuentes usurpadores” a los que el Estado considera “premiar” con terrenos.
Luego de algunas reuniones con referentes de la tribu autodenominada Lafken Winkul Mapu, Pietragalla analiza otorgarles 10 hectáreas de suelo e inmediaciones del Lago Guillelmo para que los mapuches “se asienten”. El plan también incluye ceder un sitio considerado sagrado para que viva la guía espiritual del grupo, la “machi” Betiana Colhuan, y pueda allí “poner en práctica sus dotes de sanación”.
Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación
El presidente de la Junta Vecinal, Diego Frutos, expresó el enorme disgusto que el proyecto genera en los vecinos de Bariloche. “La idea es defender el Parque Nacional Nahuel Huapi y los lagos Mascardi y Guillelmo, donde el Gobierno quiere entregar tierras a delincuentes terroristas por el solo mérito de haber saqueado, usurpado e incendiado nuestras propiedades durante cinco años”.
Además del proyecto en sí, desde la Junta Vecinal cuestionaron el trasfondo de la iniciativa. Frutos criticó que se “premiara” con 10 hectáreas quienes han cometido todo tipo de “actos vandálicos” en la zona. “Si por cometer delitos, el Gobierno les regala propiedades, ¿cuál es el mensaje para el pobre ciudadano argentino que se levanta todos los días a trabajar?”, reflexionó.
Mapuches en Villa Mascardi reclamando tierras
Entre los antecedentes que explican al menos parte del conflicto, vale destacar que en octubre pasado los vecinos habían marchado en caravana hacia Mascardi en repudio a la usurpación de terrenos. En ese entonces, la policía no les había permitido llegar a la zona ocupada. Sin embargo, días después, la comunidad Lafken Winkul Mapu desalojó tales tierras a causa de un operativo de las fuerzas federales.
Frutos incentivó a todos los “patriotas” de Bariloche a unirse a la movilización contra este “gobierno de escrupulosos”. Y sintetizó su reclamo bajo el siguiente epígrafe: “Para el Gobierno la patria es un negocio. Para nosotros, los vecinos, es un desafío”.
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En un intento por frenar un sistema corrupto que lleva años perjudicando a los usuarios y al Estado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ordenó la intervención de las cooperativas eléctricas de Rawson y Trelew. En conferencia de prensa, Torres expuso cómo estas entidades, en coordinación con un estudio de abogados de Mar del Plata, implementaron un mecanismo que les permitía evitar el pago de electricidad a Cammesa, la mayorista nacional de energía. Además, subrayó que esta práctica ilegal afecta no solo a la provincia de Chubut, sino también al sistema energético nacional.
La denuncia de Torres reveló que las cooperativas utilizaban amparos judiciales emitidos en supuesta connivencia con jueces, lo que les permitía evadir sus obligaciones financieras con Cammesa. “Acá se está robando mucho dinero. Me pregunto cuál sería el sentido de firmar un convenio que le quita a la cooperativa 600 mil dólares por absolutamente nada”, declaró Torres. Además, explicó que el convenio firmado por la presidenta de la Cooperativa de Rawson no pasó por el Consejo de Administración, lo que constituye una irregularidad grave que derivará en una denuncia penal.
El esquema no solo afecta a Chubut —donde la deuda de las cooperativas alcanza los 20 mil millones de pesos— sino que también tiene implicancias nacionales, con un perjuicio estimado en 160 mil millones. Cammesa, que enfrenta un déficit acumulado por este tipo de maniobras, está implementando un plan de saneamiento liderado por Mario Cairella. Este plan incluye la reestructuración de deudas con un período de gracia de 12 meses y un plazo de pago de seis años, además de medidas para garantizar que no se acumulen nuevas deudas.
“Lo que hemos descubierto es solo la punta del iceberg. Este tipo de fraudes sistemáticos no solo perjudican las finanzas públicas, sino que también afectan la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones”, agregó el gobernador.
Torres, en colaboración con el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) y la ministra Sandra Pettovello, inició los trámites para intervenir las cooperativas de Rawson y Trelew. Estas medidas buscan desarticular una red que, según el gobernador, también podría involucrar a otras entidades en la provincia. La intervención incluye auditorías detalladas y una revisión de los contratos firmados por estas cooperativas en los últimos años, con el objetivo de identificar otras posibles irregularidades.
El mandatario señaló que los responsables de la Cooperativa de Rawson incurrieron en “una maniobra de mala fe” que perjudica a los usuarios y financia un sistema corrupto. “La creatividad de algunos para robar es sorprendente, pero también lo es la estupidez de quienes no dimensionan semejante estafa”, enfatizó. Además, destacó la importancia de garantizar que los pagos de los vecinos se destinen exclusivamente a mejorar los servicios. En este contexto, Torres adelantó que las denuncias penales incluirán nombres específicos y pruebas documentales que respalden las acusaciones.
A nivel nacional, muchas de estas entidades funcionan como “cajas políticas”, según explicó una fuente de la Secretaría de Energía. En Chubut, cooperativas como la de Gaiman son ejemplo de gestión eficiente, pero otras, como las de Puerto Madryn y Sarmiento, están profundamente endeudadas.
El gobernador también planteó la creación de una empresa provincial de energía que absorba aquellas cooperativas incapaces de prestar un servicio adecuado. “No podemos permitir que operen como clubes de amigos sin rendir cuentas”, afirmó Torres. Según el mandatario, esta nueva entidad tendría como objetivo garantizar la provisión de servicios esenciales con mayor transparencia y eficiencia, además de reducir los costos operativos.
La investigación llevó a Cammesa a sospechar de un mecanismo aceitado entre abogados, jueces y funcionarios para defraudar al Estado. Un ejemplo paradigmático es el caso de la Cooperativa de Villa Gesell, que inició el sistema de amparos que luego se extendió a otras cooperativas. Estas prácticas, según fuentes del sector, contaron con la complicidad de funcionarios que optaron por mirar hacia otro lado.
La Cámara Federal de Mar del Plata revirtió recientemente un fallo que favorecía a estas cooperativas y ordenó que paguen las deudas acumuladas, estimadas en más de 160 mil millones de pesos. Este fallo representa un avance crucial para recuperar los fondos evadidos y frenar las prácticas corruptas. Además, Cammesa implementará nuevas políticas de monitoreo para evitar que este tipo de situaciones se repitan.
El ministro de Economía de Chubut, Andrés Meiszner, detalló las acciones emprendidas por la provincia: “Desde la asunción del gobernador Torres, hemos trabajado en una estrategia para normalizar las entidades cooperativas, con el apoyo de la Secretaría de Trabajo provincial y el Inaes. Este es un paso crucial para garantizar la transparencia y la calidad del servicio”.
Torres aseguró que seguirá adelante con las denuncias penales y las intervenciones necesarias para garantizar la transparencia en el sistema de servicios públicos. “Nuestra decisión es ir a fondo para que nadie se robe más plata y los usuarios tengan el servicio que merecen”, concluyó el gobernador. Además, se prevé la implementación de un plan de modernización para las cooperativas intervenidas, con énfasis en la capacitación del personal y la mejora de la infraestructura existente. “No solo se trata de corregir errores del pasado, sino de construir un sistema que sea sostenible en el futuro”, subrayó Torres.
En medio de una crisis sanitaria que afecta a miles de afiliados, distintos grupos autoconvocados del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) convocaron a una mega movilización provincial el próximo jueves 19 de diciembre a las 12 horas. La protesta, que se realizará en simultáneo en todas las delegaciones de la obra social bonaerense, tiene como objetivo reclamarle al gobernador Axel Kicillof y al titular de IOMA, Homero Giles, por los recortes en medicamentos, la reducción de prestaciones y la falta de atención en el territorio.
La iniciativa fue impulsada desde Mar del Plata por las vecinas autoconvocadas Adriana Santi y Marcela Martinelli, quienes vienen encabezando las protestas desde hace más de un año. Según explicó Santi, docente jubilada oriunda de la ciudad costera, el plan busca que “la mayor cantidad de afiliados se movilicen en todas las sedes de IOMA de la provincia”. “Los vecinos piden movilizaciones y descubrimos que lo que más molesta a los directivos es que nos concentremos en sus lugares de trabajo. Por eso decidimos realizar una mega movilización”, afirmó en declaraciones a este medio.
Desde principios de diciembre, la organización de estas marchas ganaron tracción en las redes sociales, donde se han compartido videos testimoniales de afiliados relatando su situación personal. Entre los testimonios más duros, se destacan los de pacientes oncológicos y personas con discapacidad que han visto retrasada o cancelada la entrega de medicación crítica.
La protesta apunta a presionar a las autoridades del IOMA con el fin de visibilizar la situación crítica que atraviesan los afiliados. La convocatoria difundida en redes sociales por los grupos autoconvocados señala que la “desprotección y el desamparo del IOMA se extienden a toda la provincia” y destaca la necesidad urgente de respuestas concretas frente a los recortes en medicamentos y prestaciones que afectan a miles de personas.
Según informaron los organizadores, los manifestantes llevarán carteles y pancartas en las inmediaciones de las delegaciones de IOMA, con mensajes que reflejan las problemáticas más urgentes: la falta de cobertura para tratamientos de alta complejidad, el incumplimiento en la entrega de medicación crítica y la vulneración del derecho a la salud.
La crisis de IOMA se profundizó a partir de la eliminación del convenio con la FEMEBA (Federación Médica de la provincia de Buenos Aires), que afectó a 20 distritos y más de 160 mil afiliados en toda la provincia. Los municipios más golpeados incluyen Alberti, Bragado, Colón, Rojas, Lincoln, Olavarría, Azul y Tandil, entre otros. En estas localidades, los afiliados perdieron prestaciones, dejaron de elegir a sus médicos de cabecera y, en muchos casos, deben pagar de su bolsillo las consultas mientras continúan aportando a la obra social.
Además, en comunas como Navarro, el conflicto alcanzó un punto crítico con el cierre de acuerdos directos con IOMA por sumas millonarias. Este tipo de medidas generó una fuerte reacción en los municipios, donde intendentes y dirigentes locales han sido interpelados por sus decisiones.
Según los autoconvocados, la situación responde a una decisión política del tridente Kicillof-Kreplak-Giles (en referencia al gobernador, al ministro de Salud Nicolás Kreplak y al titular de IOMA, Homero Giles). A partir de la pandemia, el gobierno provincial habría impulsado la creación de 232 policonsultorios que funcionan como efectores propios de IOMA en varias localidades, desplazando a los médicos agremiados y generando desigualdad en la cobertura.
Desde Mar del Plata, los autoconvocados lograron contactar a sus pares de Alvarado, Mar Chiquita, Saladillo, Azul, Alberti, Roque Pérez, Tandil, Olavarría y La Plata. El plan es que la convocatoria alcance a las 135 dependencias que IOMA tiene en la provincia de Buenos Aires.
Adriana Santi confirmó que esta será la última movilización del año, aunque advirtió que las protestas continuarán en 2024. “Vamos a hacer una movida grande en La Plata, pero eso quedará para el año que viene. Ahora, con las vacaciones de por medio, nadie nos va a escuchar”, señaló.
En paralelo, los organizadores se encuentran trabajando en la creación de redes de coordinación entre los diferentes municipios para facilitar las futuras movilizaciones.
Mientras los reclamos crecen, el gobernador Axel Kicillof aún no se pronunció sobre la crisis de IOMA. Los autoconvocados denuncian que el mandatario “mira para otro lado” y que su gestión avala el accionar de Homero Giles, alineado con La Cámpora.
Cansados del destrato y la interna de La Cámpora contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, por los presuntos manejos discrecionales de los fondos públicos y “el permanente disciplinamiento contra la militancia que opina distinto”. De esta manera, decidieron salir a expresar su descontento en las calles mediante pintadas.
“Hacemos público nuestro descontento. Perdemos elecciones. Una tras la otra. No hay democracia interna, pero sí total discrecionalidad en la elecciones de funcionarios y candidatos”, resaltaron algunas fuentes oficiales del radiopasillo.
“Una interna feroz para disciplinar a Axel se nota. Hacen actos públicos inaugurando obras de la provincia y ni lo nombran al gobernador. Ni hablar del manejo oscuro de los fondos públicos. Esto se debe acabar de una vez y para siempre”, sentenció un dirigente de peso dentro del peronismo.
Las pintadas en la ciudad de Mar del Plata expresaban que Fernanda Raverta “no va más”, además de que la apodaron como “Derrota”. ¿Se terminó la unidad?
La Comisión de Justicia de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó recientemente un proyecto de ley que establece la prohibición del acceso a los estadios de fútbol a aquellos padres que no cumplan con la cuota alimentaria de sus hijos.
La reforma, que fue presentada por el legislador Facundo Del Gaiso (Coalición Cívica), establece que cualquier progenitor que adeude dos cuotas consecutivas o alternadas en un mismo año calendario será automáticamente restringido de ingresar a los partidos. Esta medida se implementará sin necesidad de la intervención de un juez, simplemente con la verificación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
En una reunión encabezada por la presidenta de la Comisión de Justicia, Inés Parry, se destacó la dimensión de género de la problemática, dado que el 98% de los afectados por la falta de pago son mujeres, y dentro de este grupo, el 68% se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Parry subrayó que el proyecto también introduce medidas que buscan optimizar el cobro de las deudas alimentarias y proteger los derechos de niños y niñas, quienes son los principales perjudicados por la morosidad.
La iniciativa contempla que quienes figuren en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos no solo verán restringido su acceso a los estadios de fútbol, sino que también se les podrán aplicar otras sanciones, como la responsabilidad solidaria de los empleadores que intenten ocultar dichas deudas.
En cuanto a la implementación de la medida, Del Gaiso explicó que utilizará las mismas herramientas tecnológicas que ya se emplean para controlar el ingreso de barrabravas a los estadios. “Es un mecanismo fácil de aplicar porque ya está la tecnología y las herramientas en funcionamiento en la actualidad”, sostuvo el legislador. Además, destacó que esta medida representa un “hecho de justicia”, ya que considera que es injusto que un progenitor que no cumple con sus responsabilidades alimentarias tenga la posibilidad de gastar grandes sumas de dinero en entretenimiento. “Si tenés 100 mil pesos para ir a un partido de fútbol, pero no le pasás ni un centavo a tus hijos, sería justo que esta ley fuera posible”, afirmó.
El proyecto de ley también establece que, al momento de ingresar a los estadios, los asistentes deberán presentar su DNI, y si se encuentra en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, se activará una alerta que impedirá su acceso. Esta medida no solo afecta a los padres morosos, sino que también tiene como objetivo enviar un mensaje claro sobre las responsabilidades familiares.
El proyecto, que ya cuenta con dictamen favorable, se someterá a votación en la próxima sesión de la Legislatura porteña, prevista para el 12 de diciembre. La propuesta ha generado una amplia discusión, pero Del Gaiso se mostró optimista respecto al apoyo que recibirá de diversas fuerzas políticas. Aunque mencionó que podría haber algunas sorpresas, como ya ocurrió en votaciones anteriores, el legislador espera que la medida sea respaldada por la mayoría de los diputados, incluidos los de La Libertad Avanza (LLA).
Con esta reforma, el legislador porteño también destacó la importancia de priorizar las necesidades básicas de los hijos sobre los gastos personales de los deudores alimentarios, alineándose con una postura que busca la justicia social y una distribución más equitativa de los recursos en la sociedad.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, dio inicio al Plan de Recuperación y Mantenimiento Vial, un proyecto destinado a intervenir el 100% de las rutas provinciales en un plazo de 24 meses. El acto de apertura tuvo lugar en la Ruta Provincial N° 20, en el departamento Gualeguaychú, donde comenzaron las primeras tareas de bacheo.
“Esto marca el fin de años de abandono. Hemos trabajado intensamente para llegar a este día y aunque contamos con recursos limitados, empezamos a ejecutar las obras que siempre debieron realizarse”, expresó Frigerio, quien firmó el acta de inicio de las obras correspondientes al Grupo 1 del plan.
La primera etapa incluye la reparación de rutas clave en ocho departamentos: Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay e Islas del Ibicuy. Entre las rutas a intervenir se encuentran la N° 11, N° 16, N° 20, N° 26, N° 45 y N° 51, totalizando 469 kilómetros de obras.
El proyecto se desarrollará en cuatro etapas. El Grupo 2 abarcará rutas de Concordia, Colón, San Salvador y otras localidades, mientras que el Grupo 3 y 4 cubrirán accesos y caminos regionales en diferentes zonas de la provincia. “Mañana firmaré en Concordia los convenios para el tramo dos y en un mes más haremos lo propio con el tramo tres”, adelantó Frigerio.
El gobernador enfatizó que esta iniciativa fue posible gracias a una política de austeridad y recorte de privilegios. “Nunca en la historia de la provincia un gobierno tuvo tan pocos recursos como este año. Sin embargo, hemos trabajado con transparencia y eficiencia, logrando destinar fondos a la obra pública que antes se perdían en los bolsillos de los vivos”, señaló, aludiendo a las irregularidades de gestiones previas.
Frigerio subrayó la importancia de las rutas para el desarrollo económico de Entre Ríos. “Estos caminos son fundamentales para nuestra producción y la seguridad vial. El estado calamitoso de las rutas ha sido una preocupación constante de los entrerrianos, y estamos aquí para cambiar eso”, afirmó.
El mandatario también destacó los esfuerzos realizados para reactivar obras paralizadas y saldar deudas de la provincia. “Encontramos un panorama desolador. Negociamos 30 mil millones de pesos en deudas y desneutralizamos la mayoría de las obras. Ahora estamos en condiciones de avanzar”, explicó.
Si bien Frigerio evitó entrar en detalles sobre otros desafíos como infraestructura educativa y sanitaria, cerró con una promesa: “El próximo año, el 100% de las rutas provinciales estarán intervenidas. Vamos a demostrar que la obra pública es un motor clave para el bienestar de los vecinos”.
La Legislatura de Tierra del Fuego decidió retirar del debate un controvertido proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas. La iniciativa, impulsada por el Bloque FORJA y apoyada por legisladores como Federico Greve, generó un amplio rechazo en redes sociales y críticas de diversos sectores de la sociedad. En una decisión tomada durante la sesión del miércoles 11 de diciembre, el proyecto fue enviado nuevamente a la Comisión 2 para un análisis más profundo.
El proyecto buscaba alinear la legislación provincial con la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género, sancionada en 2012. Entre sus disposiciones más controvertidas, permitía a menores de 13 años iniciar trámites de cambio de identidad de género con la autorización de uno de sus padres o de la justicia. Además, establecía que adolescentes entre 13 y 16 años pudieran realizar este cambio sin consentimiento parental, siempre que contaran con asistencia legal. La reforma también proponía que mayores de 16 años pudieran tomar estas decisiones de manera autónoma, sin intervención judicial.
– Legislador Federico Greve, del FORJA
Esta propuesta estaba “diseñada para simplificar los procedimientos administrativos” relacionados con el cambio de identidad de género, eliminando requisitos judiciales. Sin embargo, estos cambios también generaron preocupaciones sobre el impacto que podría tener en las garantías familiares y el equilibrio entre derechos individuales y responsabilidad parental. Aunque la iniciativa se planteó como una herramienta para garantizar derechos fundamentales, fue interpretada por algunos sectores como una medida apresurada e ideologizada.
La propuesta provocó una reacción adversa en redes sociales, donde se multiplicaron las críticas por considerar inapropiado otorgar este tipo de facultades a menores de edad. Desde el colectivo LGBTI+, solo un segmento reducido expresó apoyo explícito al proyecto.Muchos usuarios en redes sociales calificaron la medida como una “ampliación desmedida de derechos sin sopesar sus implicancias”, mientras otros apuntaron a una posible intromisión en el rol de las familias.
El secretario de Justicia y Bienestar Ciudadano, Gonzalo Carrillo, intentó defender la iniciativa argumentando que respetaba los derechos de las personas trans.“A partir de los 13 años la capacidad progresiva permite a los adolescentes tomar decisiones sobre su cuerpo”, afirmó Carrillo. Sin embargo, estas declaraciones intensificaron las críticas, especialmente entre quienes consideraron que la propuesta debilitaba las garantías familiares y potenciaba conflictos parentales.
Se cuestionó, adicionalmente, la falta de consenso previo a la presentación del proyecto. Varias agrupaciones civiles y organizaciones sociales expresaron su malestar por no haber sido consultadas durante la elaboración de la iniciativa. Desde la oposición, también se criticó la rapidez con la que el proyecto obtuvo dictamen, señalando que el tratamiento legislativo debería haberse extendido para incluir un debate más amplio.
El legislador Federico Greve, uno de los autores del proyecto, solicitó que este fuera enviado nuevamente a la Comisión 2 para continuar el debate: “Se buscará un análisis más profundo antes de someterlo al recinto”, indicó. Esta decisión llegó tras un evidente desgaste en la imagen pública del proyecto y sus promotores.
La retirada también se interpretó como una medida preventiva para evitar un posible rechazo contundente en el recinto. Pese a esto, las tensiones persisten, con críticas de la oposición y de sectores que consideran que el proyecto responde a una agenda ideológica. Mientras tanto, desde FORJA aseguran que la intención de la iniciativa es “promover derechos humanos universales”.
– Agustín Coto, legislador de LLA
El bloque de La Libertad Avanza se manifestó en contra del proyecto, calificándolo de un intento por imponer la ideología de género. “Desde el bloque de La Libertad Avanza frenaremos esta locura junto a los demás bloques opositores”, declaró el legislador Agustín Coto. También subrayó que estas decisiones afectan profundamente los derechos y garantías familiares, pidiendo un debate más amplio y respetuoso de los derechos de los menores y sus familias.
Coto también apeló a un discurso que mezcló argumentos legales y referencias religiosas, afirmando que “la razón y la justicia prevalecerán con el apoyo del pueblo y la guía de nuestra fe”. Sus declaraciones reflejan la polarización que genera este tipo de temas en la arena política y social.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político.
