Formosa: La oposición pidió impugnar la reelección indefinida de Gildo Insfrán
Juntos por el Cambio denunció al gobernador de Formosa, quien gobierna desde 1995, porque no se estaría cumpliendo un artículo de la Constitución provincial. "Hay un vacío legal que permite la reelección, pero no las reelecciones indefinidas", denunció Fernando Carbajal de Alianza Juntos por Formosa Libre.
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Este lunes, el diputado nacional y principal referente de la oposición en Formosa, Fernando Carbajal, realizó una presentación formal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación solicitando que se suspendan las elecciones del 25 de junio próximo, fecha en la que el jerarca Gildo Insfrán competirá con la intención de hacerse de su octavo mandato consecutivo.
El gobernador formoseño busca asegurarse 32 años ininterrumpidos frente a la provincia, no obstante, la oposición intentará ofuscar tal pretensión recurriendo a la justicia. El denunciante exige que se revea o que se declare la inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución provincial bajo el fundamento de que es “ambiguo” y poco específico.
Tweet de la diputada provincial y precandidata a intendente, Gabriela Neme
Representado por el abogado Carlos Roberto Lee, la denuncia radicada por el legislador de Alianza Juntos por Formosa Libre,Fernando Carbajal, hace mención al “vacío legal” y la “ambigüedad” del artículo 132 que podría garantizarle otro mandato a Insfrán.
En ese sentido, el magistrado solicitó que se “inhabilite e impugne a todo aquel que pretenda perpetuarse en el poder, a expensas y en perjuicio del pueblo formoseño”. Así como también exigió una “medida cautelar” para que se suspendan las elecciones para el cargo de gobernador hasta dar con la respuesta a su presentación.
Fernando Carbajal, diputado nacional de Juntos por el Cambio
““La situación no es desde el punto de vista jurídico igual, pero presenta similitudes. La diferencia está en que acá la Constitución dice que puede ser reelecto. Hay una cuestión de interpretación, porque no especifica en que puede serlo de manera indefinida“, había expresado Carbajal hace unos días en diálogo con TN.
“Cuando hay una norma que no es clara o precisa, siempre debe ser interpretada de acuerdo a los preceptos constitucionales. Si la reelección indefinida es contrariada los principios republicanos, debería ser interpretada como que puede ser reelecto solo una vez, por más que no lo diga expresamente”, concluyó en ese momento. De llegar a avanzar, el oficialismo formoseño deberá buscar un nuevo candidato.
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El Poder Ejecutivo reglamentó las medidas máximas y mínimas que deberá tener la Boleta Única de Papel (BUP) y estableció las pautas técnicas y materiales necesarios para la implementación de este nuevo mecanismo de sufragio que comenzará a utilizarse en las elecciones legislativas del próximo año.
La ley 27.781, que establece la Boleta Única de Papel (BUP) como instrumento de votación, fue sancionada el 1° de octubre de este año en el Congreso de la Nación y promulgada 17 días después a través del Decreto 915/2024.
Según el Decreto 1049/2024, publicado en la última edición del Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la BUP contendrá en su frente una composición de cuatro tintas, además de un espacio en su dorso destinado a la firma del presidente de mesa, y la identificación del tipo y fecha de la elección.
Según se aclara, únicamente podrá contener imágenes y/o leyendas que la Justicia Federal con competencia Electoral determine para cada elección y su dorso no podrá superar las composiciones de dos tintas.
También tendrá un espacio en su margen izquierdo, inmediatamente a continuación del talón troquelado, destinado a la individualización del distrito, circuito y sección en caso de corresponder; un margen de seguridad superior, inferior y derecho de al menos 0,5 centímetros, que facilite su refilado; y en ningún caso podrá contener datos identificatorios que permitan individualizar las Boletas Únicas de Papel.
Además de las medidas correspondientes para su ancho y su alto, el anexo de la normativa indica que cada talonario contendrá una carátula, una contratapa, las Boletas Únicas de Papel correspondientes y talones troquelados de una extensión de 4 centímetros de ancho adheridos a cada una de las boletas en los que constará la información de serie y numeración correlativa dispuesta por el artículo 62 ter del Código Electoral Nacional.
Según el decreto, son votos válidos aquellos emitidos en boleta única oficializada, donde las marcas en los casilleros sean claras y evidentes. Son votos válidos: los afirmativos en los que el elector marca una opción electoral por una o más categorías y en blanco cuando la persona no marca ninguna preferencia electoral en una o más categorías.
Son considerados votos nulos los emitidos mediante una boleta única no oficializada, aquellos que contengan dos o más marcas de distintas agrupaciones políticas para la misma categoría, los que por una rotura no se logre identificar alguna de las opciones marcadas, aquellos en los que aparezcan inscripciones, imágenes o leyendas de cualquier tipo distintas de la marca de la opción electoral que no permitan identificar la opción escogida; y los que incluyan objetos ajenos a la boleta en el pliego.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lanzó una dura respuesta contra la vicepresidente Victoria Villarruel tras un tuit que esta última publicó y luego eliminó, en el que criticaba la autorización para que el gendarme Nahuel Gallo viajara a Venezuela, donde permanece detenido. Bullrich calificó la actitud de Villarruel como “vergonzosa” y la acusó de utilizar el caso para “juntar likes”. Además, la ministra señaló que el mensaje fue retirado al no recibir la repercusión esperada, lo que calificó de “cobardía”.
En su descarga, Bullrich explicó que la autorización de viajes dentro de la Gendarmería se realiza a través de mecanismos administrativos específicos y pidió a Villarruel que “se informe antes de emitir declaraciones”. Además, la ministra redobló las críticas con un llamado a que la vicepresidenta frene el “descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado de la Nación”, en referencia a una eventual suba salarial que llevaría las dietas de los legisladores a $9,5 millones mensuales.
Sra. Vicepresidente:Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político. Es claro que usted habla con total desconocimiento de… pic.twitter.com/JHjQDx3BEH
El tuit de Villarruel, eliminado poco después, sostenía que ella “jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela” y calificaba como una “consecuencia tristemente obvia” la detención de Gallo por el régimen de Nicolás Maduro. Este mensaje surgió en respuesta a un usuario que, desde redes sociales, le pidió que se pronunciara sobre el caso. Villarruel lo escribió en un contexto inesperado: mientras respondía comentarios tras publicar una foto suya en un recital de Los Piojos.
El cruce entre ambas funcionarias no ocurre en un vacío político. Por un lado, refleja tensiones dentro del gobierno libertario, especialmente entre Villarruel y el presidente Javier Milei, quien recientemente afirmó que su vicepresidente “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”. Las diferencias entre ambos se evidenciaron desde el inicio del mandato, cuando Milei incumplió su promesa de campaña de entregar los ministerios de Seguridad y Defensa a Villarruel.
El enfrentamiento entre Bullrich y Villarruel también expuso divisiones dentro de la coalición oficialista, con aliados de la ministra como Juan Pablo Arenaza criticando a la vicepresidente por su mensaje sobre el gendarme detenido. “En tu mundo la gente no tiene libertad para ir a visitar a su familia. Muy raro tu comentario”, escribió Arenaza en redes sociales.
Durante un acto oficial en Casares, provincia de Buenos Aires, donde se entregaron viviendas y se inauguró la Casa de la Provincia junto a otras obras, Lucas Terra, un joven con discapacidad, fue agredido por miembros de la custodia del gobernador Axel Kicillof. El incidente ocurrió tras un grito de Terra dirigido al mandatario:“Dejá de mentir, dejá de robar”. La acción derivó en que dos efectivos policiales de civil lo tomaran del cuello y le propinaran un golpe de puño mientras lo retiraban del lugar.
– El intendente de Casares, Daniel Stadnik junto al gobernador Kicillof en el acto donde el joven fue agredido
Lucas Terra, quien desde hace años solicita una vivienda adaptada a su situación de discapacidad, narró su experiencia: “Yo estoy hace años anotado para una vivienda. Lo único que le dije (a Kicillof) es: ‘Dejá de mentir, dejá de robar’. Fue ahí que me agarró un gordo del cogote, me pegó una piña. Tengo certificado de discapacidad. Me pegaron, no me dio tiempo a atinar a nada…”, explicó al medio Casares On Line. Terra también agregó que su intención inicial era hablar con el gobernador, saludarlo y tomarse una foto.
Tras el ataque, Terra realizó una denuncia formal contra los guardaespaldas de Kicillof y destacó la intervención de los funcionarios municipales Juan Goreta y Claudio Coronel. “Si no fuera por ellos, no sé qué me podía pasar”, dijo.
El intendente de Casares, Daniel Stadnik, inicialmente declaró desconocer los hechos, pero posteriormente confirmó haber hablado con Goreta y Coronel. Según estos últimos, la custodia del gobernador actuó desconociendo que se trataba de una persona con discapacidad. “Ante esa situación, intercedieron para explicarle [a la custodia] que era un chico especial. Si no fuera por ellos, se lo habrían llevado detenido”, relató Stadnik.
El jefe comunal también lamentó el episodio y expresó su compromiso de seguir ayudando a Terra dentro de las posibilidades del municipio. “Nosotros siempre estamos ayudándolo de una u otra manera porque sabemos de su situación, pero le habíamos dicho que no teníamos casa para entregarle. Tendremos que ver de qué manera podemos ayudarlo”, concluyó Stadnik.
El Índice Nacional de Transparencia (Intra), elaborado por RUIDO y Poder Ciudadano con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y la Fundación Federalismo y Libertad, revela que el 92% de las provincias argentinas siguen enfrentando barreras importantes para garantizar el acceso a la información pública. El estudio, realizado durante la segunda quincena de octubre de 2024, evaluó 58 variables y abarcó 25 distritos, incluyendo las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y la Administración Nacional.
En el análisis, solo dos de los 24 distritos subnacionales alcanzan más de 70 puntos sobre 100, ubicándose en la categoría de “alta transparencia”: Mendoza con un puntaje de 77,2% y CABA con 85%. En contraste, el promedio general de transparencia para los 25 distritos es de 54,3%. De este modo, la mayoría de las provincias se encuentran por debajo de la media, con 22 distritos clasificados en las categorías de “transparencia insuficiente” o “moderada”.
Cuatro provincias destacan en la categoría de “transparencia insuficiente” (con puntuaciones de 0 a 39,9%): Formosa (12,8%), Santiagodel Estero (20,8%), Salta (37,9%) y San Juan (38,6%). Mientras que en la categoría “moderada” (con puntajes de 40% a 69,9%), se encuentran 10 distritos con puntuaciones preocupantemente bajas, como Tucumán (40,3%) y Misiones (41,6%).
Por otro lado, con más de 60% de transparencia figuran provincias como Santa Cruz (60,3%), Córdoba (62,4%) y Entre Ríos (63,2%).
Entre las irregularidades más alarmantes, el informe señala que en varias provincias el acceso a la información pública sigue siendo un reto para los ciudadanos. Algunas de las conclusiones más destacadas incluyen:
Ocultamiento de presupuestos: Formosa, San Juan, Santiago y Tucumán no tienen disponible el presupuesto provincial en línea, una herramienta clave para conocer los ingresos y gastos de un gobierno.
Falta de Boletín Oficial:Formosa es la única provincia que no dispone de un Boletín Oficial en línea, una herramienta básica para acceder a las decisiones y acciones gubernamentales.
Declaraciones juradas inaccesibles: A pesar de que 22 provincias tienen leyes que exigen la presentación de declaraciones juradas de los funcionarios, solo en 8 distritos estas declaraciones son accesibles al público. En muchos casos, estos documentos no reflejan valores reales de los bienes declarados, lo que pone en duda la eficacia de la medida.
Acceso presencial: En 10 provincias, como Catamarca, Misiones y Formosa, aún se exige que los ciudadanos presenten sus solicitudes de acceso a la información de manera presencial, lo que dificulta la participación ciudadana.
El informe también señala que en ningún distrito hay registros de reuniones, regalos o viajes de los gobernadores, lo que representa un obstáculo para el control ciudadano sobre las decisiones gubernamentales.
A pesar de estos desafíos, el estudio pone de manifiesto los avances logrados en algunas provincias. CABA, Mendoza y Córdoba, por ejemplo, se encuentran entre las regiones con mayor acceso a la información pública, lo que demuestra que es posible avanzar hacia una mayor transparencia.
– Gildo Insfrán, el dictador de Formosa, la provincia menos trasparente del ránking
No obstante, el panorama general sigue siendo preocupante, y las deficiencias señaladas en el estudio evidencian la necesidad urgente de reformas que permitan una mayor apertura de los gobiernos provinciales. El análisis revela que, si bien existen leyes y normativas sobre el acceso a la información, su implementación sigue siendo desigual y, en muchos casos, insuficiente.
El Intra no solo mide la existencia de herramientas de transparencia, sino también su accesibilidad. En este sentido, la complejidad de algunos procedimientos y la falta de información en línea dificultan la participación ciudadana, dejando en evidencia la necesidad de mejorar el acceso a los datos oficiales y garantizar que estos sean fáciles de consultar para cualquier persona.
A nivel nacional, la Administración Pública obtuvo una calificación de 83,9%, destacándose en comparación con las provincias. Sin embargo, el reciente decreto presidencial 780/24, que amplía el secreto de ciertos documentos, generó preocupación entre organizaciones civiles que luchan por mantener la transparencia en el gobierno federal. Esto resalta la importancia de seguir monitoreando los avances en la materia y de realizar un seguimiento continuo sobre los niveles de transparencia en todos los distritos.
El índice INTRA, aunque útil, tiene limitaciones, ya que no mide el cumplimiento real de las normativas y solo refleja la existencia de las herramientas. Un seguimiento en los próximos años será clave para evaluar si las reformas propuestas y la presión social logran traducirse en una mayor transparencia en todo el país.
Durante el acto de Entrega de Sables de la Policía Federal, el presidente, Javier Milei hizo referencia al cambio de género de los presos en las cárceles.“Los delincuentes no van a poder solicitar un cambio de penal bajo el paragüas de la identidad de género y vamos a impulsar una iniciativa para que los sistemas penitenciarios provinciales puedan adherir”, dijo.
Dicho acto tuvo epicentro en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde estuvo acompañado Patricia Bullrich. Hizo referencia a que los presos hacen uso de este cambio de género para que los trasladen a cárceles de mujeres y así aprovecharse de las reclusas.
Estas declaraciones son una respuesta a dos casos que resonaron fuerte en la opinión pública durante los últimos días: el preso de Bouwer que se autopercibió mujer y fue trasladado a un pabellón femenino donde cometió abusos, y el de Ariel Cantero, líder de los Monos, quien dijo autopercibirse mujer y pidió -mediante un habeas corpus- el traslado a la cárcel femenina de Marcos Paz.
“LOS BUENOS SON LOS DE AZUL, LOS MALOS SON LOS DELINCUENTES”
El presidente resaltó los logros de gestión en materia de seguridad y reiteró su respaldo a las Fuerzas Armadas: “Era tal el ninguneo que se llegó al absurdo de liberar presos o castigar policías por hacer su trabajo”, planteó.
“Nosotros venimos a girar el timón 180 grados, el monopolio de la fuerza y la represión del delito es una responsabilidad pública e indelegable”, siguió.
En este sentido, recordó que mantendrá “tres pilares fundamentales” en su gestión. El primero: “El que las hace las paga, el delito hay que castigarlo en todo momento y lugar. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”. Luego, en referencia a los piquetes, dijo que “el orden público es sagrado, la calle es de todos, no la pueden secuestrar un puñado de inadaptados”. Y por último, el tercer eje: “Los buenos son los de azul, los malos son los delincuentes. El Estado tiene que proteger a las víctimas y castigar a los victimarios”.
“La misión de este Gobierno es establecer bases que sean duraderas para restablecer la grandeza de nuestra Nación, en seguridad y en los demás órdenes de la vida también. Porque entendemos que llegará el día en el que nosotros no seamos gobierno y le tocará a otros continuar con nuestro legado. Las Fuerzas de Seguridad tendrán que sostener los pilares que reivindican el rol social de las fuerzas del orden. Ustedes serán los verdaderos protagonistas de este cambio de paradigma”, le dijo Milei a los uniformados presentes en el Salón Blanco.
Y finalizó con dos consignas que definió como “verdades inmutables”: “La seguridad pública es indispensable para el crecimiento de nuestro país, y son las leyes las que separan a los hombres de las bestias, y están para ser cumplidas”.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, intervino el Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER) mediante el Decreto N° 3675, en respuesta a un déficit mensual cercano a los $2.000 millones y denuncias de graves irregularidades administrativas. La decisión pone fin a la gestión sindical que había administrado la obra social desde hace más de dos décadas.
Al frente del proceso se designó al abogado Mariano Gallegos, exvicepresidente de la obra social de la Ciudad de Buenos Aires, como interventor, y a la doctora Marina Alegre como subinterventora. La intervención tendrá una duración de seis meses e incluirá una auditoría integral en los aspectos financieros, administrativos y contables del organismo, en colaboración con la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Según fuentes oficiales, estas universidades fueron seleccionadas por su independencia y trayectoria académica.
El IOSPER, que presta servicios a funcionarios y empleados estatales, provinciales y municipales de Entre Ríos, cuenta con casi 300.000 afiliados y es financiado por un aporte del 3% de los haberes de los trabajadores. Sin embargo, la administración de Fernando Cañete, quien renunció un día antes del anuncio oficial, dejó un panorama crítico: un déficit acumulado de $20.000 millones, retrasos de hasta cuatro meses en pagos de prestaciones por discapacidad y una acumulación de gastos judiciales que, solo en septiembre, alcanzaron los $868 millones.
Los informes de la Comisión Fiscalizadora Permanente revelaron que el Directorio omitía rendir contrataciones directas y las incorporaciones de personal, además de presentar informes financieros fuera de término. El Tribunal de Cuentas provincial inició nueve juicios contra las autoridades por mala rendición de cuentas y pagos irregulares a prestadores. Entre las irregularidades detectadas se encuentran pagos duplicados a prestadores, falta de licitaciones públicas y omisión de controles sobre los gastos operativos, lo que generó un clima de desconfianza entre los afiliados y los proveedores de servicios.
Además, se detectaron casos de abuso en las contrataciones de servicios tercerizados, con montos muy por encima de los valores de mercado. Estas prácticas, sumadas a la falta de controles internos, profundizaron la crisis financiera y dañaron la credibilidad de la obra social ante sus afiliados.
En un discurso pronunciado tras la intervención, Frigerio destacó la necesidad de “poner luz donde había oscuridad”. Según el gobernador, la medida responde al impacto del déficit del IOSPER sobre toda la población, dado que el Tesoro provincial debía cubrir las pérdidas del organismo. También denunció “obstaculizaciones sistemáticas” al trabajo de los órganos de control.
“Venimos a poner orden donde había desorden y a garantizar servicios de calidad para los entrerrianos vinculados con el sector público”, afirmó Frigerio. El mandatario también enfatizó la necesidad de trabajar junto a los sindicatos para garantizar la transparencia y mejorar las prestaciones. En su mensaje, resaltó que la intervención no busca enfrentarse con las organizaciones gremiales, sino colaborar con ellas para construir un sistema más eficiente y justo.
La intervención también incluye un paquete de medidas urgentes, como la renegociación de contratos con prestadores médicos, la revisión de acuerdos salariales internos y la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real para los ingresos y egresos del organismo. Estas acciones están diseñadas para frenar el aumento del déficit y evitar nuevos casos de irregularidades administrativas.
– De izquierda a derecha: Mariano Gallegos, Manuel Troncoso, Rogelio Frigerio y Mariana Alegre
La administración sindical del IOSPER se estableció a fines de los 90 bajo el gobierno de Jorge Busti, quien devolvió el control del organismo a los afiliados. Sin embargo, la situación financiera y organizativa ha llevado a sucesivas intervenciones, incluyendo una en 2005. Durante la gestión anterior,de Gustavo Bordet, se aumentaron los aportes patronales al 6%, pero esto no logró revertir los problemas estructurales.
El equipo de intervención ya comenzó a implementar auditorías y medidas correctivas. Gallegos destacó la importancia de ordenar las finanzas y garantizar la cobertura médica, particularmente en áreas sensibles como discapacidad y prótesis. “Vamos a transparentar el IOSPER para que vuelva a ser una herramienta al servicio de los trabajadores”, aseguró.
– Isaías Fernando Cañete, exdirector del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos
Con esta intervención, el Gobierno provincial busca revertir años de gestiones cuestionadas y sentar las bases para un manejo eficiente y transparente de la obra social más grande de Entre Ríos. Entre los objetivos planteados para los próximos meses, se incluye la implementación de un nuevo modelo de gestión basado en principios de austeridad y eficiencia. Además, se espera que los resultados de la auditoría integral permitan identificar responsables y aplicar sanciones, si corresponde.
Mientras tanto, los afiliados esperan que las mejoras prometidas se traduzcan en un acceso más ágil y eficiente a los servicios médicos, así como en la reducción de los tiempos de espera para tratamientos esenciales. El desafío para el gobierno de Frigerio será equilibrar las expectativas inmediatas con la necesidad de reformas profundas y sostenibles.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político.
