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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se apresuró a criticar al acuerdo que el Gobierno de Alberto Fernández llevó adelante con el Fondo Monetario Internacional. “Todo acuerdo con el FMI es un mal acuerdo por definición”, aseguró.
A pesar de su reflexión, el endeudamiento compulsivo del Gobierno bonaerense pareciera encaminarse en un camino largo y agotador. Recientemente, el equipo de prensa del gobernador Kicillof anunció con bombos y platillos la suscripción de un nuevo préstamo, en dólares, con fondos internacionales.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof.
En efecto, se trata de un préstamo de 75 millones de dólares que será aportado por el Banco Interamericano de Desarrollo. El acuerdo, que apuesta a mejorar la provisión de agua potable en territorio bonaerense de cara al año electoral, fue firmado por el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López. En representación del BID, quien suscribió los acuerdos fue la jefa de Operaciones en Argentina, Denise Obara.
La operación se suma a numerosos endeudamientos en dólares contraídos durante su gobierno (por solo citar algunos ejemplos, ocurrió en diciembre del 2021, en agosto y en septiembre del 2022) y al reciente crédito de 30 mil millones de pesos que pidió en febrero de este año a través de un “rescate” de Letras del Tesoro. Aquella maniobra, ciertamente polémica, tuvo como objetivo el intento desesperado de financiar el pago de vencimientos inmediatos de bonos CER, que son los que ajustan por inflación.
El ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López.
La conducta del gobernador Kicillof respecto al endeudamiento no es nueva. Meses atrás, en una entrevista televisiva, el mandamás bonaerense admitió que durante su gestión como ministro de Economía dejó al país sumido en una deuda de 200 mil millones de dólares, lo que generó un estruendoso revuelo.
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El Gobierno anunció un nuevo aumento en las tarifas de gas y electricidad para septiembre, con un incremento promedio del 4% en las facturas de los hogares, industrias y comercios en todo el país. Este ajuste se enmarca en la estrategia del Ministerio de Economía para continuar con la desaceleración de la inflación, impulsada por la reducción del Impuesto PAIS. Aunque se espera que esta medida contribuya al ordenamiento de precios relativos, también representa un nuevo golpe al bolsillo de los consumidores, particularmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
En el AMBA, el impacto será más pronunciado debido a que, además de las subas en las tarifas de energía, los servicios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) verán un incremento del 4,48%, y los combustibles subirán un 2,5% promedio en todo el país por el diferimiento del impuesto a los combustibles líquidos (ICL). El ministro de Economía, Luis Caputo, junto a su equipo, está evaluando la magnitud exacta del ajuste, aunque las empresas del sector trabajan con una pauta de entre el 2% y el 4%.
La visión del equipo económico es que la desaceleración de la inflación, evidenciada en la reducción del Índice de Precios al Consumidor (IPC), permitirá seguir ajustando las tarifas sin generar un impacto inflacionario significativo. Según Caputo, la reducción del Impuesto PAIS contribuirá a que la inflación “baje otro escalón” en septiembre, continuando la tendencia observada en julio y agosto.
Las tarifas de energía incluyen varios componentes, como el precio de la luz o el gas, el transporte, la distribución y los impuestos. Actualmente, los usuarios residenciales cubren solo un porcentaje del costo real de estos servicios -57% del gas y 64% de la electricidad-, y el resto es subsidiado por el Tesoro. Caputo está analizando la posibilidad de reducir progresivamente estos subsidios para que los usuarios cubran el 100% del costo, aunque este proceso estará condicionado por la situación social y la necesidad de mantener la inflación bajo control.
Analistas del sector señalaron que la corrección de las tarifas es necesaria para evitar el deterioro en la calidad de los servicios, un problema que se acentuó durante las administraciones anteriores. A pesar de los ajustes, la situación social sigue siendo delicada, con una pobreza que escaló al 55% en el primer trimestre de 2024, según la UCA, en parte debido al impacto de la devaluación de diciembre pasado.
La Argentina dejará de importar gas natural desde Bolivia en los próximos meses. Es el fin de una era: se trata de la terminación de un contrato que firmaron hace 18 años -en 2006- los ex presidentes Néstor Kirchner y Evo Morales, y que entró en vigencia el 1 de enero de 2007; iba a durar 20 años, hasta el 31 de diciembre de 2026.
En este tiempo, Argentina destinó casi u$s 20.000 Millones a esas importaciones. Pero gracias a Vaca Muerta y la concreción de dos obras estratégicas para el transporte de gas, será historia. En concreto, la reversión del Gasoducto Norte avanza y está a punto de terminarse, por etapas. El gasoducto hoy trae el combustible desde Bolivia. Pero con la reversión de su flujo, podrá llevar el gas argentino a siete provincias del norte, y además ser una vía para las exportaciones a Brasil.
Las empresas Techint (Paolo Rocca) y Sacde (Damián y Marcelo Mindlin) terminaron recientemente la construcción de 100 kilómetros del Gasoducto de Integración Federal, que unirá las localidades de Tío Pujio y La Carlota, en Córdoba, y que entregarán a la empresa pública Energía Argentina (Enarsa).
Es la única obra pública grande que sigue en pie se completa con otro tramo de 22 kilómetros y tareas complementarias, que ejecuta la constructora BTU, y 4 plantas compresoras en Córdoba, Santiago del Estero y Salta, a cargo de Esuco. Una parte de la reversión del Gasoducto Norte deberá estar lista en la segunda quincena de septiembre, mientras que las plantas se demorarían hasta marzo a julio 2025, por su bajo nivel de ejecución actual.
El proyecto estuvo a punto de ser cancelado con el cambio de gobierno, pero Paolo Rocca intercedió ante Javier Milei para convencerlo de la importancia estratégica de terminar las licitaciones y poner manos a la obra. Incluso, la transición fue uno de los motivos que demoró el inicio de la obra, que debió haber estado terminada en mayo de este año, antes del invierno.
El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aportó financiamiento por u$s 540 Millones, de los cuales ya desembolsó 417.417.675 dólares (el 77%). El resto será financiado con fondos públicos. Con todo, la capacidad de transporte de gas natural desde el Centro del país hacia el Norte trepará a 19 MMm3/d.
La 8° adenda al contrato de importaciones de Enarsa con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) terminó el 31 de julio de este año. Con la 9° adenda, se extendió la provisión por hasta 4 MMm3d, mientras tanto se termine la reversión. Después terminará el contrato.
La producción de Bolivia cae aceleradamente y la de Argentina crece, por lo que ya no se necesita ese gas. La situación es posible también por la puesta en marcha entre 2022 y 2023 del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), en la que participaron las mismas constructoras.
Desde agosto 2023, el caño transporta desde Vaca Muerta unos 11 MMm3/d, mientras que a partir de este mes, con la terminación de la planta compresora (PC) Tratayén Neuquén tiene una capacidad operativa de 16 MMm3/d, aunque durante algunos días lleva incluso 18 MMm3/d.
Así hay sustitución de importaciones de combustibles líquidos gasoil y fuel oil- y de Gas Natural Licuado (GNL) por el equivalente a más de u$s 2.500 Millones anuales. O, como remarcan especialistas del sector: trabajo argentino en lugar de “comprar empleo” afuera.
Entre septiembre y octubre, además, se terminará la PC Salliqueló, en la otra punta del GPNK, y se ampliará la capacidad en otros 5 MMm3/d.
Y está pendiente para fin de año la PC Mercedes, que servirá para transferir gas entre los sistemas de Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN), un refuerzo para la confiabilidad del suministro en el Gran Buenos Aires (GBA) y alrededores.
De esta forma, la Argentina alcanzó en 2023 el equilibrio en la balanza comercial energética después de un 2022 con un déficit de u$s 4.400 M- y este año tendrá superávit por u$s 5.000M, en un camino en el que nunca más tendrá resultados negativos, si continúa creciendo la producción en Vaca Muerta y se desarrollan sus obras asociadas.
Con estas obras, Argentina comenzará a exportar gas a Brasil.
Se concretó hoy una baja y eliminación de retenciones a productos del campo que había sido anunciada por el presidente Javier Mileien su discurso en el acto inaugural de la Exposición Rural de Palermo. Se trata del fin de los derechos de exportación para los lácteos, la carne porcina y las categorías de vacas A, B, C, D y E [son para todos los mercados, en especial China, el mayor comprador de carne de vacas]. En tanto, se redujeron en un 25%, de 9 a 6,75%, los derechos de exportación a las cadenas bovina [los cortes del ganado como novillos, no vacas] y aviar, entre otras.
La medida se conoció a través del decreto 697 que lleva la firma del presidente Milei. También pusieron su firma el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Estas disposiciones habían sido informadas por Milei el 28 de julio pasado, cuando estuvo en la Rural.
Es la segunda promesa que cumple el Gobierno esta misma semana luego que este lunes se formalizara otro anuncio que también había realizado el jefe de Estado en la Rural: ya no será obligatoria la inscripción en el Registro Único de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) para quienes comercializan granos y/o derivados granarios para consumo propio.
Más atrás en el tiempo el Gobierno implementó una simplificación de trámites y declaraciones obligatorias para productores y exportadores con foco en agilizar el negocio. También bajó aranceles a insumos herbicidas y a la urea.
“El gobierno nacional anunció la eliminación de los derechos de exportación a los productos de la categoría vaca y de las cadenas porcina y láctea, así como la reducción del 25% en las retenciones para distintas cadenas de carne (bovina, aviar, entre otras). Las medidas, anticipadas por el presidente Javier Milei en la inauguración de la Exposición Rural 2024, apuntan a darle mayor competitividad y previsibilidad a un sector productivo estratégico para la economía argentina”, dijo la Secretaría de Agricultura en un comunicado.
Según precisó luego, el decreto “dispone la eliminación de los derechos de exportación para los productos de la categoría vaca (excepto animales vivos) cuya codificación, de acuerdo a sus características, sea A, B, C, D y E, se encuentre conforme a lo estipulado en el Anexo III de la Resolución N° 32/2018. Estos productos, cuyo principal destino es la exportación, tributaron más de US$60 millones en retenciones durante 2023, un monto que a partir de ahora vuelve a la rentabilidad de la cadena bovina”.
Para destacar, como novedad se sumó la quita a la cadena porcina. De acuerdo a lo que había trascendido en un primer momento, iba a tener una reducción del 25%. Sin embargo, la alícuota se llevó a 0%. Agricultura dijo: “El decreto también establece la eliminación de las retenciones para los productos de la cadena porcina, con el fin de dotarla de una mayor competitividad y proyección internacional para un producto con alta demanda mundial”.
Hace unos días, la Sociedad Rural Argentina (SRA) estimó que el alivio fiscal para el sector ganadero por las medidas de Milei será de US$159 millones. Esto por la baja del 25% de las retenciones desde una alícuota del 9% y el fin de los derechos de exportación para la categoría de vacas.
Para recordar, en 2023 todas las exportaciones de carne vacuna representaron ingresos al país por US$2.735.597.396, una merma de 20,1% versus el año precedente debido a la caída de los precios internacionales. El 60,3% de esas divisas vinieron de China, el mayor cliente del país.
LOS LÁCTEOS
El decreto presidencial, además, ordenó “la eliminación definitiva de los derechos de exportación para los productos de la cadena láctea, un tributo que oscila entre 4,5% y 9% y que hoy se encuentra temporalmente suspendido hasta junio de 2025. Con su eliminación definitiva, los procesos de la industria láctea tendrán mayor previsibilidad para crecer en productividad e inversiones”.
Vale recordar que en octubre pasado, en plena campaña electoral, el exministro de Economía, Sergio Massa, había suspendido las retenciones a los lácteos hasta diciembre de 2023. Luego Milei prorrogó la medida hasta junio pasado y después avanzó con una extensión hasta junio de 2025. Finalmente, ahora se hizo una quita definitiva de los derechos de exportación.
En el caso de los lácteos, entre enero y junio pasado se vendieron al mundo productos por 650,5 millones de dólares, una retracción del 2% contra igual lapso de 2023. Brasil fue el principal destino en valor: pagó US$308,8 millones por los lácteos argentinos.
De acuerdo al decreto de hoy, también se implementó “una reducción del 25% en las retenciones para todas las proteínas animales cuya alícuota actual se encuentra entre 4,5% y 9%”. Agricultura precisó: “Las proteínas animales constituyen un agregado de valor en origen a nuestros granos y tienen un impacto federal masivo, ya que ovinos, avícolas, bovinos y el resto de las especies exportables argentinas se producen en todas las provincias de nuestro país”. Según detalló, en 2023 “el 25% de los derechos de exportación que tributaron estas categorías ascendió a más de US$70 millones”.
La gestión de Javier Milei oficializó la reglamentación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) mediante el decreto 749/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial. Este programa, diseñado para atraer inversiones extranjeras de gran magnitud, establece un conjunto de normativas destinadas a garantizar un entorno seguro y beneficioso para aquellos proyectos cuyo capital supere los 200 millones de dólares.
El RIGI tiene como objetivo principal brindar seguridad jurídica y una serie de beneficios fiscales a las inversiones en sectores estratégicos de la economía como petróleo y gas, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia y energía. Estos sectores fueron seleccionados por su importancia para el desarrollo económico del país y por su capacidad para atraer inversiones que generen empleo y promuevan el crecimiento sostenible.
El régimen no se dirige a cualquier tipo de inversión, sino que se enfoca en proyectos que pertenecen a sectores clave para la economía nacional. Cada uno de los sectores tiene estipulado un monto mínimo de inversión para poder acogerse al régimen, con una base general de 200 millones de dólares. Sin embargo, en sectores más complejos, como el petróleo y gas, los requisitos son más elevados. Por ejemplo, las inversiones en transporte y almacenamiento deben superar los 300 millones de dólares, mientras que los proyectos de exploración y explotación requieren un capital mínimo de 600 millones de dólares.
El RIGI ofrece a las empresas que participen en el programa una serie de incentivos impositivos, aduaneros y cambiarios. En el ámbito fiscal, uno de los beneficios más destacados es la reducción del Impuesto a las Ganancias al 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU). Además, se permite la amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura, lo que facilita la recuperación de la inversión inicial a través de menores pagos de impuestos. Las empresas también podrán solicitar la devolución de los saldos a favor del IVA en un plazo máximo de tres meses y computar el 100% del Impuesto sobre Débitos y Créditos Bancarios como crédito en Ganancias.
En el ámbito aduanero, las empresas adheridas al régimen estarán exentas del pago de derechos de importación por bienes de capital, repuestos, partes e insumos necesarios para sus proyectos. Durante los primeros tres años, también estarán exentas del pago de derechos de exportación, lo que incrementa la competitividad de sus productos en los mercados internacionales.
Por otro lado, los incentivos cambiarios contemplan un alivio gradual en la obligación de liquidar las divisas generadas por exportaciones. En los primeros dos años de iniciada la inversión, las empresas solo estarán obligadas a liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios, porcentaje que aumentará al 40% en el tercer año y llegará al 100% en el cuarto.
Las empresas interesadas en formar parte del RIGI disponen de un plazo de dos años, a partir de la entrada en vigencia del decreto, para solicitar su adhesión, con la posibilidad de extender este plazo un año más. Este periodo permite a las empresas planificar y estructurar adecuadamente sus inversiones antes de comprometerse formalmente.
Para mantenerse dentro del régimen, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos, como haber completado al menos el 40% del monto mínimo de inversión en activos dentro de los dos primeros años desde la aprobación de su solicitud. El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la pérdida de los beneficios, aunque no de manera retroactiva.
En un país que enfrenta profundos desafíos económicos, la provincia de Formosa, comandada por Gildo Insfrán hace casi treinta años, se erige como un símbolo alarmante de la pobreza. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), la situación es desesperante: el 72% de los formoseños viven en la pobreza y el 20,3% en la indigencia.
Estos números revelan una realidad desgarradora para los habitantes de Formosa, especialmente para los niños: El informe destaca que 7 de cada 10 niños en la provincia viven en hogares pobres, y 3 de cada 10 en hogares indigentes, donde los ingresos no alcanzan para cubrir una Canasta Básica Alimentaria, cuyo valor asciende a $873.168,77. Esta cifra no solo es un número frío; representa la imposibilidad de miles de familias de acceder a alimentos y bienes esenciales.
La pobreza y la indigencia no son exclusivas de Formosa. El estudio de la UCA, basado en los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, revela una situación similar en otras regiones del país. En Gran Resistencia, Chaco, la pobreza alcanza un asombroso 79.5% y la indigencia el 38.6%. Santiago del Estero-La Banda también muestra niveles preocupantes, con tasas de pobreza del 72% y de indigencia cercanas al 30%.
Agustín Salvia, director del ODSA, enfatizó la gravedad de estas cifras y las calificó de “récord histórico”. En el Conurbano Bonaerense, las tasas de pobreza e indigencia son del 62% y 25% respectivamente, afectando incluso a los trabajadores formales, de los cuales más del 44% viven en hogares pobres.
“Todo esto ocurre a pesar de las mejoras en la Asignación Universal por Hijo y las transferencias por Tarjeta Alimentar durante los primeros meses del año”, señaló Salvia. Estas ayudas, aunque significativas, no han logrado mitigar los efectos devastadores de la inflación y la crisis económica.
El mes de julio trae malas noticias económicas para el Gobierno, que se esfuerza por mantener una línea de ajuste brutal en las cuestas públicas, es que por primera vez en lo que va de la gestión de Javier Milei, no se logró alcanzar el superávit financiero durante el séptimo período del año.
Así lo admitió el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien achacó el cierre en rojo de las cuestas públicas al desembolso de 780 millones de dólares para el Fondo Monetario Internacional (FMI) en concepto de intereses de la deuda contraída por él mismo, en 2018, cuando era funcionario del gobierno de Mauricio Macri.
El dato endurece la confianza de los inversores en un momento delicado del mercado financiero, ya que se suma a la inestabilidad en la capacidad de pago de los compromisos en moneda dura, por parte del Gobierno. Además de la poca disponibilidad de dólares que por la falta de disciplina fiscal de los últimos meses.
Asimismo, si a la caída cotidiana de reservas de los últimos días se le agrega un deterioro del panorama fiscal, el dato podía deparar una sorpresa aún más desagradable para el equipo económico que se esfuerza por mostrar logros de gestión a toda costa.
Si bien, las reservas se verán afectadas también por el pago de intereses al FMI por otros mil millones de dólares a finales del mes de agosto, Caputo prometió que las cuestas publicas volverán a tener un saldo positivo, con la intención de llevar calma a los mercados y sobre todo a los inversionistas que miran con desconfianza el panorama de aquí a diciembre.
El titular del Palacio de Hacienda, confirmó que a mediados del nuevo mes que comienza, llegaran fondos frescos por parte del BID, que prestará unos USD 650 millones al país, para equilibrar las salidas de dólares destinadas al pago de intereses internacionales.
También, el Gobierno confía en la llegada de dólares a través del sector del agro, que estableció un compromiso de saldar algunas toneladas de cereales que quedaron pendientes de la cosecha 2024 a la espera de la liberación del cepo cambiario, que no parece dar señales de desaparecer en lo inmediato.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, aseguró que la situación que se atraviesa es dramática, ya que no se avizora aún un piso de la caída de la actividad. Resaltó el esfuerzo de su gestión de preservar el trabajo y alentar la producción, para la generación de empleo privado en una provincia donde el 50 por ciento de los trabajadores depende del Estado.
