La fiscal de juicio de La Plata Victoria Huergo solicitó la apertura de una nueva investigación penal que salpica al ex intendente Pablo Bruera, otros ex funcionarios K municipales y también a particulares por el presunto pago de sobornos solicitados a propietarios de tierras que buscaron rezonificar sus fracciones con el objetivo de volcarlas al mercado inmobiliario o incorporarlas al Plan Procrear.
Durante la última jornada del juicio oral que se le sigue a Mariano Bruera, Enrique Sette, Gustavo Petró y Gustavo Orlandi, la fiscal Huergo pidió que la medida alcance al ex secretario de Gestión Pública, Jorge Campanaro, a los ex funcionarios Ricardo Ridick, Lorenzo Jorge Tomasi y los particulares identificados como “Bocha” Castaña y Darío Ballester.
Los nombres de estos ciudadanos aparecen apuntados en la explosiva planilla Excel (que según la fiscalía acredita el pedido de sobornos) secuestrada en el marco de la investigación que llegó a juicio oral cuyo veredicto se conocerá el 31 de mayo al mediodía según dispuso el Tribunal Oral Criminal II de La Plata.
Campanaro fue una pieza clave en el diseño del nuevo Código de Ordenamiento Urbano que en 2010 permitió rezonoficar zonas no aptas para desarrollo inmobiliario y construir edificios en altura en barrios donde no era posible. En ese sentido, aquella reforma del COU es vista por algunos estudiosos del tema hidráulico como una de las causas de la trágica inundación del casco urbano de La Plata, en 2013.
En la primera parte de su alegato la fiscal Huergo aseveró en base a las pruebas del expediente que se trató de una “organización estructurada que rendía dividendos llegando a las más altas esferas” de la administración de Pablo Bruera.
En relación a Jorge Campanaro sostuvo que el ex funcionario “no ignoraba lo que ocurría en la Municipalidad de La Plata y quería tomar el caso” del denunciante Guillermo Andreau “para su ventanilla”.
“Estas estructuras enquistadas en las administraciones públicas de casi todo el país generan situaciones perversas, recortan las posibilidades a los particulares, el que no pagaba no tenía chances”, enfatizó Huergo. El pedido de la fiscal debe ser resuelto por la jueza Silvia Hoerr junto a sus pares Claudio Bernard y Hernán Decastelli.
