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El precandidato a gobernador y actual diputado de Juntos, Diego Santilli, eligió Expoagro para redoblar la apuesta en el debate por la coparticipación bonaerense que mantienen el gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aspirante el primero a la reelección y a la presidencia el segundo.
Santilli dialogó con la prensa en Expogro, luego de las declaraciones de Horacio Rodríguez Larreta en dónde había señalado que “los bonaerenses han sido perjudicados por la coparticipación. Por donde lo mires, es una realidad”. En ese sentido había reclamado “hacer un replanteo del sistema de distribución” de fondos.
El precandidato a gobernador bonaerense y actual diputado nacional de Juntos, Diego Santilli.
Para el precandidato a gobernador no hay contradicción entre esa postura y el planteo que Rodríguez Larreta sostiene ante la Corte Suprema para recuperar fondos que el presidente Alberto Fernándezquitó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por un decreto luego refrendado por el Congreso, planteo que el máximo tribunal aceptó parcialmente.
“Son dos cosas distintas, lo que pasa es que lo que ha hecho este Gobierno que siempre construye un relato y confunde a la sociedad, es mentirle a los argentinos. Que a la provincia de Buenos Aires le falte plata de coparticipación no quiere decir que haya que sacársela a otras provincias. Es el Estado nacional el que tiene que dar esos recursos”, dijo Santilli.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Kicillof había reafirmado su postura al calificar de “escandaloso” el fallo de la Corte al hablar el lunes de esta semana ante la asamblea legislativa. Además, convocó a la oposición a formar una comisión que impulse el forma permanente acciones para recuperar los fondos que Provincia perdió en la década del ’80.
“Nosotros tenemos siempre la misma posición respecto de la coparticipación de la Provincia, que es esta: Buenos Aires está muy perjudicada. Fijate esto: este actual gobernador cuando era ministro de Economía tuvo la coparticipación más baja de su historia, 18,7 puntos en el año 2015. (María Eugenia) Vidal la llevó a 22,5 puntos”, dijo Santilli ante la prensa.
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El Plan Maestro del Río Salado nació en 1999 como instrumento de gestión integrada para atenuar inundaciones y sequías en una macrocuenca de 17 millones de hectáreas que aporta el 75% del rodeo bovino bonaerense, más del 70 % de los granos provinciales y cerca del 20% de la producción láctea nacional. Un cuarto de siglo después, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) advirtió que “solo se ha ejecutado la mitad de las obras” y que la inacción estatal ya generó “pérdidas productivas superiores a USD 5.000 millones”.
El proyecto, concebido por la consultora Halcrow & Partners y financiado inicialmente por el Banco Mundial, preveía un horizonte de finalización de 15 años y un presupuesto base de USD 2.000 millones (actualizado a USD 4.000 millones). No obstante, el avance efectivo se estancó en torno al 50% y dejó sin concluir el tramo 4‑2, entre Las Flores y Bragado, así como la etapa 5 (Bragado–Laguna de Junín), carente de recursos asignados. CARBAP subrayó que “el costo de la inacción —más de USD 40.000 millones entre pérdidas evitables y recursos no reinvertidos— exige una respuesta inmediata”.
La entidad recordó que los objetivos originales apuntaban a “reducir el impacto económico de eventos hídricos extremos, optimizar la sustentabilidad productiva de la cuenca y constituir un marco institucional para la administración planificada del recurso hídrico”. Las primeras obras comenzaron en 2003, tras un trienio de estancamiento vinculado a la crisis política y económica, y desde entonces avanzaron de manera discontinuada.
El año 2025 evidenció la vulnerabilidad estructural del sistema. Entre febrero y mayo, tres pulsos pluviométricos extraordinarios anegaron más de dos millones de hectáreas: en febrero‑marzo, las lagunas encadenadas y la subcuenca B3 del arroyo Vallimanca sufrieron pérdidas forrajeras y daños en cultivos de girasol; en marzo‑abril, un nuevo episodio afectó al corredor oeste (Carlos Casares, 9 de Julio, Henderson, Bolívar, Saladillo, 25 de Mayo, General Alvear, Roque Pérez) e impidió la recolección de soja y maíz; en mayo, precipitaciones superiores a 350 mm en el norte y centro bonaerense comprometieron la ventana de siembra de trigo y cebada.
Estas lluvias intensas pusieron de relieve las restricciones hidráulicas derivadas de un dragado inconcluso. Mientras las etapas 1 a 3 del canal principal muestran avances satisfactorios, la demora del tramo 4‑2 actúa como estrangulamiento y provoca desbordes reiterados. A ello se suma la readecuación pendiente de los arroyos Vallimanca y Saladillo, postergada desde hace más de tres décadas. La pendiente mínima y la escasez de drenajes naturales obligan a depender de la evapotranspiración estacional para el descenso de las aguas, con el consiguiente retraso en las labores agrícolas.
De acuerdo con CARBAP, “los productores han aportado al fisco, exclusivamente vía derechos de exportación, más de USD 35.000 millones”, cifra que permitiría financiar holgadamente el presupuesto actualizado del plan. “La paradoja es evidente: la región ha financiado reiteradamente las obras que se le siguen negando”, remarcó la organización.
La cuenca del Salado recibe aportes hídricos de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y Santa Fe, por lo que CARBAP consideró que “el financiamiento nacional resulta indispensable” y reclamó “liderazgo federal, asignaciones presupuestarias firmes y una gobernanza hídrica coordinada”.
“El caso del Plan Maestro del Río Salado es paradigmático: no se trata simplemente de una obra pública inconclusa, sino de una región neurálgica para la economía nacional que continúa expuesta a daños evitables, pese a haber generado —mediante su producción agropecuaria— los recursos fiscales suficientes para financiar integralmente su propia solución”, advirtió el comunicado.
En consecuencia, la entidad solicitó “culminar el tramo 4‑2, iniciar la etapa 5, materializar el nodo Bragado con sus canales de alivio y readecuar los arroyos Vallimanca y Saladillo”. Recordó, además, que “no existen argumentos técnicos, económicos ni éticos que justifiquen seguir dilatando una solución largamente planificada, parcialmente financiada y reclamada insistentemente por los productores”.
CARBAP concluyó: “El país no puede seguir perdiendo por no hacer”. Para la entidad, finalizar el Plan Maestro del Río Salado constituye “una inversión estratégica impostergable” destinada a salvaguardar el capital productivo, mitigar externalidades negativas sobre el ambiente y consolidar el desarrollo sustentable de una de las áreas agropecuarias más relevantes del país.
EL INFORME DE CARBAP: “El país no puede seguir perdiendo por no hacer”
Tras días de calma aparente, el peronismo bonaerense estalló en Santa Clara del Mar. Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof, sacudió la interna al reclamar disciplina sin matices: unidad con obediencia ciega o nada. El aviso cayó como un baldazo de agua fría sobre la militancia y los intendentes, que no ven con buenos ojos la orden de aplaudir aún en el error.
Bianco llamó a la unidad forzada, o a la ruptura inevitable que expondría al PJ a una derrota frente a Javier Milei. No dejó margen de negociación. La advertencia sonó a amenaza directa y tensó todavía más la cuerda en el espacio peronista.
En contraste, dirigentes como Federico Otermín intentaron poner paños fríos y hablaron de unidad para enfrentar el ajuste libertario, reivindicar a Cristina y defender la gestión bonaerense. Pero sus discursos moderados quedaron desdibujados ante el tono duro que impuso la mesa chica de Kicillof.
Detrás de todo asoma una pelea de poder que ya no se oculta. Kicillof busca construir su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, para independizarse del ala más pura del cristinismo. Los que resisten ven esto como un intento solapado de romper el PJ bonaerense para tallar su liderazgo personal.
La tensión con Cristina Kirchner viene de larga data. La falta de diálogo, la candidatura a diputada que ella misma anunció sin consultar al gobernador, y la puja por el desdoblamiento electoral bonaerense alimentan el clima de ruptura. Ni las gestiones reservadas ni las señales de tregua lograron sanar las heridas.
Cristina, por su parte, mandó a militar la eliminación de las PASO como gesto de unidad, pero para el ala del gobernador bonaerense no alcanzó. El mensaje bajado desde La Plata es claro: primero disciplina, después cargos. Y si no hay disciplina, se rompe.
Mientras tanto, en la sede nacional del PJ reina la desconfianza. Hay quienes denuncian falta de coordinación, vacíos de información y rosca de espaldas a las bases. La cumbre prevista para la semana próxima asoma como la última chance de evitar un incendio irreversible.
A esto se suma la presión de Milei, que en su gira por la provincia se despachó con insultos directos contra Kicillof, en busca de explotar las fisuras del peronismo y posicionarse para el 7 de septiembre. El presidente ve en la fractura peronista una oportunidad para avanzar.
Martín Llaryora acudió ayer a la Corte Suprema y reclamó que la Administración Nacional de la Seguridad Social(Anses) liberara de inmediato las cuotas de mayo y junio —$5.000 millones cada una— comprometidas para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones provincial.
“No hay más excusas”, advirtió el mandatario provincial después de incorporar al expediente una copia certificada de la ley que ratificó el convenio con la Nación. Ese acuerdo preveía doce envíos mensuales de $5.000 millones para este año y la posterior auditoría de los déficits de 2017-2024, cuyo saldo será compensado mediante el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
Cuando firmó el entendimiento, Llaryora indicó que “al menos parte” de esos fondos se destinaría a “mejorar los ingresos de los jubilados de menores recursos bajo un esquema de distribución que será definido”.
Pese al pedido de ayuda a la Casa Rosada, el oficialismo cordobés logró que la Legislatura provincial aprobara, el 10 de diciembre de 2024, el Presupuesto General 2025. El documento de casi 500 páginas al accedió este medio prevé gastar más de $38 mil millones en “publicidad y propaganda” durante 2025: casi el cuádruple de lo que Llaryora reclama a Milei.
Dentro de ese mismo cálculo de recursos y gastos, por ejemplo, el Ministerio de Vinculación Comunitaria destinó en su Programa Información Pública $19.198 millones en difusión. Otra partida específica del Poder Ejecutivo añadió $13.582 millones al mismo concepto. La Defensoría del Pueblo, por su parte, incorporó $350 millones adicionales y el subprograma El Defensor con Todos sumó $45,2 millones . El Poder Judicial también reservó $14,1 millones y otros organismos menores completaron el esquema con asignaciones inferiores, como los $4,3 millones del Centro de Mediación Judicial.
En total, las partidas correspondientes corresponden a los 15 ministerios y demás áreas centralizadas. En diálogo con Data24.com.ar, una legisladora provincial aclaró que el monto real podría incrementarse considerablemente al sumar las 10 agencias y los organismos descentralizados —como EPEC, Bancor o APROSS—, dado que esos entes también manejan fondos propios para publicidad oficial.
Esa política expansiva de comunicación oficial contrasta con el pedido urgente de recursos previsionales: los $10.000 millones que Córdoba exigió a la Nación representan más de un tercio del crédito publicitario aprobado para el ejercicio. Además, el cronograma pactado ante la Corte fija que el 30 de junio se conozca la auditoría de los déficits 2017-2018 y que en marzo de 2026 se determine el rojo de 2024, paso indispensable para calcular la deuda total que la Anses deberá saldar.
Leila Gianni, referente de La Libertad Avanza (LLA) en La Matanza y ex subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, ha denunciado públicamente un sistema de usurpación de terrenos públicos en el municipio bonaerense de Ciudad Evita, señalando la complicidad de intendentes kirchneristas y describiendo un patrón operativo que se repite en diferentes jurisdicciones.
“Este predio, que ustedes pueden observar, pertenecía al Banco Hipotecario. Se lo cedió al Colegio Técnico Islas Malvinas, acá de Ciudad Evita”, afirmó en el vídeo, difundido a través de su cuenta oficial de Instagram. “Hace dos sábados atrás, una nueva toma, de las muchas y tantas que suceden a diario en la provincia de Buenos Aires”, agrego.
La dirigente política, una de las principales figuras de La Libertad Avanza en el conurbano bonaerense, ha venido realizando estas denuncias en el marco de su trabajo político territorial y su enfrentamiento con la gestión del intendente Fernando Espinoza, enfocándose sobre la Av. Güemes entre las calles El Ñanduty y El Crispín.
El Municipio de La Matanza, habría denunciado la usurpación de estos terrenos ya en 2022, pero la Justicia dictó una medida de “no innovar” que, en la práctica, permitió que la situación se mantuviera sin resolverse, quedando las denuncias en la Fiscalía N°2. Esta inacción judicial facilitó que continuaran las ventas ilegales de terrenos y el ingreso de nuevos ocupantes.
Fuentes municipales confirmaron que la comuna “en 2023 instó a la celeridad de la ejecución de desalojo por una denuncia de usurpación de terrenos en la zona en la que se produjeron los incidentes”, pero que la medida judicial “aparentemente no fue acatada vista la supuesta nueva venta de terrenos”.
“El día de las elecciones apretan para que voten al señor feudal bajo amenaza que serán desalojados, ¡Esto tiene que terminar de una buena vez!”, aseguró en la descripción de su posteo.
“Caen con sus camionetas, con alambrados, con postes y comienzan a hacer los pozos para hacer el cerco perimetral”, destacó, agregando: “Le venden los pedacitos de terreno a familias que sueñan con tener una vivienda propia. Y después, el título de propiedad nunca aparece.”
Según las investigaciones y testimonios recopilados, grupos organizados toman los terrenos tanto privados como públicos, generalmente durante la noche y venden el mismo a diferentes personas, “a la mañana se los venden a una persona y a la tarde, a otra”. Se designan intermediarios o “brokers” que manejan la organización y colocan a distintos grupos en función de la actividad ilegal, utilizando “amenazas de arma de fuego” y “amedrentan a los vecinos” para mantener el control de los territorios ocupados.
“Quieren tomar también la plaza donde juegan los pibes todos los fines de semana.”, subrayó Gianni.
En la plaza local, el Merval aumentó +4,3% en pesos a 2.202.667,32 puntos, mientras que se incrementó 4,7% en dólares, a 1.845,01 puntos. Entre los papeles líderes, las subas fueron lideradas por YPF (+6,8%), Transener (+6,0%), Telecom (+6,0%), Transportadora Gas del Norte (+5,9%) y Banco Galicia (+5,3%).
En Wall Street, los ADRs que más subieron fueron los de YPF (+7,7%), Telecom Argentina (+6,8%), Grupo Financiero Galicia (+6,1%), Banco Supervielle (+5,0%) y Edenor (+4,7%).
Por su parte, los bonos en dólares cotizaron en alzas encabezadas por Bonar 2041 (+1,5%), Global 2030 (+1,3%) y Bonar 2038 (+1,3%). En este contexto, el riesgo país se ubicó en 666 puntos básicos, marcando una caída de 3,2% con respecto a la jornada anterior.
Los mercados reaccionaron positivamente a las medidas anunciadas por el Banco Central, que avanzará en la eliminación de puts sobre títulos públicos en manos de bancos y volverá a ofrecer BOPREAL(Serie 4) para cubrir deudas comerciales y dividendos pendientes previos a 2025.
A esto se suma la decisión de dejar de emitir LEFI a partir del 10 de julio y canjear su stock por instrumentos líquidos y negociables como LECAPs. “Esta decisión marca un cambio hacia un sistema monetario más convencional, donde las tasas de interés son determinadas por el mercado en lugar de ser fijadas como instrumento de política”, señalaron desde el CEPEC.
El reporte elaborado por Tomás Rodríguez Zurro y Emilce Terré para la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que el sector agroindustrial aportó US$ 3.300 millones en derechos de exportación (DEX) durante los primeros seis meses de 2025, un incremento interanual del 25% pese a la reducción temporal de alícuotas y a precios promedio inferiores, sobre todo en el complejo soja.
El salto recaudatorio respondió al mayor volumen declarado: las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) alcanzaron cerca de 53 millones de toneladas, un 60% más que en el mismo período de 2024. En términos diarios, el fisco recibió unos US$ 18 millones.
A un mes de que venza el esquema de rebaja de alícuotas, el estudio proyectó que 2025 cerrará con casi US$ 6.500 millones recaudados, poco más de US$ 1.000 millones por encima de 2024, aunque todavía lejos de los niveles de 2021 y 2022, cuando los precios internacionales se ubicaron mucho más altos.
Los autores explicaron que, a diferencia de años previos, en 2024 y en lo que va de 2025 no se registraron DJVE adelantadas de la campaña nueva. Esa ausencia redujo la recaudación de 2024—parte de lo exportado tributó en 2023—pero elevó la de 2025, dado que la mercadería se vendió y gravó este año.
El complejo soja dominará el aporte anual: US$ 5.140 millones, el 80 % del total. Dentro de esa cadena, los subproductos liderarán con US$ 2.760 millones, seguidos por el aceite de soja con US$ 1.700 millones—rubro que mostró la mayor suba interanual gracias a un mayor flujo exportador—y el poroto con casi US$ 600 millones.
Para estimar las DJVE del ciclo 2025/26 en el segundo semestre, el equipo tomó la distribución registrada en 2024 y no el promedio de las cinco campañas anteriores, con el fin de reflejar el cambio reciente en los patrones de venta al exterior.
Una auditoría oficial reveló que el gobierno de Llaryora destinó $900 mil a la compra de sildenafilo para cárceles. En la misma factura figuran shampoo anticaspa, anticonceptivos y cremas.
No tiene sentido lo que dice el Gobernador. El ingreso del sistema financiero son los intereses de los préstamos que pagan los que toman crédito. Al aumentar IIBB sobre los intereses, sube el costo del sistema productivo que es el que dice defender. https://t.co/JU7ZMccZtm
