VIOLENCIA Y SANGRE EN CHACO | Incendiaron edificios, saquearon comercios y lastimaron policías
Un grupo de aborígenes incendió varios edificios públicos, saqueó comercios y enfrentó a la policía en una localidad de Chaco.
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Momentos de extrema tensión transcurrieron en Misión Nueva Pompeya luego de que integrantes de comunidades originarias atacaron la comisaría local, el juzgado Multifueros y el palacio municipal. El motivo, según expresaron, es la “demora y los errores” de las autoridades a la hora de dar con el paradero de un adolescente de 16 años desaparecido.
El grupo “o es pagado por Capitanich o, la verdad, que no procuran frenarlos. Dejaron a los policías acuartelados y rompieron todo. Quemaron documentos importantes. El reclamo de la policía es que no se sienten protegidos por el Gobierno, porque los mandan a reprimir y después les tiran el quilombo encima”, comentaron fuentes chaqueñas a Data24.com.ar. Si bien los medios locales afirman que el grupo de aborígenes se identifica con la comunidad wichí, otra fuente consultada argumentó que se trataría de indios toba “que vienen siendo complicados y conflictivos con el tema de la ley”.
En la comisaría los policías locales vivieron momentos de máxima tensión cuando se encontraron rodeados de integrantes de los pueblos originarios que realizaron destrozos y comenzaron a incendiar el edificio de la comisaría.
Los incidentes comenzaron ayer sábado, En el transcurso del día la tensión iba subiendo de temperatura, y durante horas de la noche un comercio local sufrió saqueo y destrozos a manos de los integrantes. Las fuentes oficiales registran 12 policías heridos y casi 20 detenidos.
Recientemente, la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, confirmó que 100 efectivos de la Policía del Chaco y un escuadrón de Gendarmería Nacional se encuentran interviniendo en el disturbio.
EL MOTIVO: LA PELEA CON CAPITANICH
Fuentes señalaron que el desencadenante de “estas fuerzas políticas que armó Jorge Capitanich está demandando ambulancias e insumos para hospitales de la zona y no obtienen respuesta. Esto de Pompeya es un inicio, una antesala, del problema que se trasladará a otros poblados del Impenetrable porque la realidad es que se están muriendo. Está desmadrada la situación de los pueblos originarios. Los métodos violentos son gravísimos, pero el que generó el monstruo fue el gobernador”.
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El pasado domingo se llevó a cabo la primera jornada de festejos por el Año Nuevo Chino en la Plaza Parques Nacionales Argentinos, ubicada en el barrio porteño de Belgrano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Desde el sitio web oficial del Gobierno de la Ciudad se invitó a participar de “una jornada abierta para compartir en familia y dar la bienvenida al Año del Caballo de Fuego, símbolo de la energía, el movimiento y la renovación”. La actividad fue organizada por la Dirección General de Colectividades y Migrantes de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano, junto a Phoenix Dorada (una asociación de chinos comunistas que propagan la ‘Cultura del Partido’ en Argentina) y la Colectividad China en nuestro país.
Como todos los años, practicantes argentinos de la comunidad religiosa de la Escuela Buda Falun Dafa asistieron al evento. Lo hicieron vestidos con su tradicional camiseta amarilla y acompañados por su lema fundamental: “Verdad, Benevolencia, Tolerancia”. Sin embargo, de acuerdo con el material difundido por la organización, el evento no fue realmente abierto ya que personal de una empresa de seguridad contratada en los accesos les impidió el ingreso.
– Chinos tapan a Falun Dafa con una bandera del PCCh
Sucede que en China esta creencia está terminantemente prohibida y es brutalmente perseguida por el sangriento régimen comunista desde el año 1999.
Ante esa situación, los practicantes permanecieron fuera del predio repartiendo folletos informativos a quienes ingresaban al evento. Sin embargo, al atravesar los accesos, el personal de seguridad exigió a los asistentes que descartaran ese material en la basura. El episodio generó indignación entre varias personas y momentos de tensión que no escalaron en gravedad.
DATA24 tuvo acceso al comunicado difundido por la Asociación Civil Estudio de Falun Dafa en Argentina, allí se indicó que incluso se negó el paso a personas que tenían remeras amarillas siendo ajenas a Falun Dafa.
En ese marco, los practicantes de Falun Dafa afirmaron que la persecución que aún sucede en China se extendió también a la Argentina “con la colaboración de las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. En el gigante asiático, explicaron, sucede “una persecución sin precedentes en la historia, un genocidio perpetrado por el régimen comunista; que incluye diversas prácticas perversas como secuestros, torturas, campos de trabajo forzado, centros de reeducación y hasta sustracción forzada de órganos”.
La información aportada indicó que en Argentina existió “un historial documentado de más de dos décadas de episodios de violencia, discriminación y censura ejecida por agentes chinos que responden a su embajada y por fuerzas de seguridad metropolitana contra ciudadanos argentinos de bien”. Según el texto las acciones policiales fueron “ostensiblemente favorables a los intereses de la Embajada de China en Buenos Aires y contrarias a la seguridad ciudadana”, en el marco de una “persecución religiosa trasnacional” contra los creyentes de esa disciplina, “reconocida oficialmente como culto religioso en nuestro país”.
La presidenta de la Asociación, LiweiFu, declaró que “como practicantes pacíficos y creyentes en Dios, participamos en estos eventos para compartir y mostrar la verdadera esencia espiritual de la cultura china, no para confrontar. Pero la historia de violencias nos obliga a alzar la voz: no podemos permitir que un régimen totalitario extranjero siga persiguiendo a creyentes pacíficos argentinos en su propio país. Instamos a la prensa, la sociedad civil y las autoridades a pronunciarse en la defensa de la soberanía y la libertad religiosa. La rectitud de nuestros líderes traerá prosperidad a Argentina, rechazando el avance maligno del comunismo chino y protegiendo a sus ciudadanos”.
El comunicado también recordó antecedentes similares. Durante la celebración del Año Nuevo Chino del año pasado, “los practicantes argentinos de Falun Dafa sufrieron una persecución brutal sin precedentes, bajo órdenes de la Embajada de China”.
Clarin Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, es un movimiento espiritual de origen chino basado en los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia. Nació en China en 1992 y llegó a reunir a decenas de millones de practicantes antes de ser prohibido por el Partido Comunista Chino en 1999.
– Fuente: Clarín
Según se puede ver en los videos a los que también accedió este medio, agentes de civil argentinos y efectivos policiales de la Ciudad colaboraron con “las agresiones violentas” ejercidas por “patotas chinas”, mientras funcionarios y el propio embajador de China observaron desde el escenario principal “sin intervenir”.
Asimismo, sostuvo que esos hechos fueron denunciados judicialmente y que se esperaba que se sumaran a “las siete causas judiciales abiertas en Argentina” por “constantes golpizas perpetradas por matones de origen chino a practicantes argentinos en su propio país”.
En relación con ese historial, Fu agregó: “En ningún otro país del mundo ocurre una situación como la que vivimos en Argentina, donde ciudadanos son hostigados únicamente por ser creyentes espirituales de una fe que es brutalmente perseguida en China por el régimen comunista. Es una vergüenza que autoridades, funcionarios y fuerzas de seguridad hayan actuado en connivencia con ese régimen, a través de la embajada china, para perseguir a ciudadanos pacíficos. La persecución no ha cesado. La embajada continúa ejerciendo su influencia en el barrio chino, frente al consulado, presionando a la policía y a la Cancillería para restringir la libertad de permanencia en ciertos lugares a practicantes argentinos. Esta situación lleva más de 20 años. No debería permitirse que algo así ocurra en nuestro país, bajo un gobierno nacional que debe garantizar el debido respeto y la protección de creyentes espirituales pacíficos que actúan conforme a los principios de Verdad, Benevolencia y Tolerancia”.
Acerca de Falun Dafa
Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, es una creencia milenaria de la Escuela Buda basada en los principios universales de Verdad, Benevolencia y Tolerancia. Actualmente se practica libremente en más de 100 países e incluye ejercicios de qigong de alto nivel y una meditación que promueven la salud física y mental. En China, la disciplina fue difundida abiertamente al público por primera vez en 1992 y llegó a contar con más de 100 millones de practicantes en solo 7 años.
Este gran despertar espiritual en la población china de los años 90 fue tomando como una amenaza a la naturaleza atea del Partido Comunista chino (PCCh), que durante décadas buscó eliminar completamente la verdadera cultura tradicional china de 5000 años de historia, caracterizada por creer en Dios. Por eso, en 1999, el régimen comunista emprendió una enorme campaña para difamar y perseguir brutalmente a los practicantes de Falun Dafa, que continúa hasta hoy.
Esta persecución religiosa a gran escala incluye detenciones arbitrarias, torturas, campos de trabajo forzado y la sustracción forzada de órganos en vida a practicantes detenidos, calificada como un “genocidio silencioso” y “una maldad nunca vista en este planeta” por el abogado canadiense David Matas, nominado al Premio Nobel de la Paz.
La frontera norte de la República Argentina, específicamente el sector que delimita la provincia de Salta con el departamento boliviano de Tarija, atraviesa uno de los períodos de mayor erosión de la soberanía territorial en décadas. Este fenómeno responde principalmente a una compleja convergencia de expansión agrícola ilegal, desidia institucional histórica y la participación, en ocasiones explícita y en otras velada, de fuerzas de seguridad extranjeras en territorio nacional.
El Trementinal: la “anexión de facto” y el asedio a los pobladores
En el departamento salteño de San Martín, la comunidad Ava Guaraní de El Trementinal vive bajo un asedio territorial sistemático. Productores cañeros bolivianos ya consolidaron una ocupación de facto sobre 2.500 hectáreas de suelo argentino, convirtiendo selva nativa en plantaciones industriales sin control estatal. La cacica Natali Vásquez denunció que los invasores instalaron alambrados y portones en caminos comunitarios, bloqueando incluso el acceso al río Tarija.
La mecánica de la invasión es quirúrgica: durante el estiaje (cuando el río está “bajo”), cruzan el río con maquinaria pesada para ejecutar desmontes masivos en las Yungas, un ecosistema de altísimo valor biológico. Esta usurpación, que se intensificó por la falta de patrullajes y mantenimiento de mojones, ha dejado a las familias indígenas sintiéndose “encerradas en su propio país”.
Las Fuerzas de Bolivia contribuyendo en la invasión.
Ingeniería del contrabando y blindaje policial extranjero
El motor de la invasión es el mercado azucarero de Tarija. Se estima que 150.000 toneladas de caña producidas ilegalmente en Salta cruzan el río“a piso” cada temporada con destino al ingenio boliviano IABSA. Para asegurar este flujo, los usurpadores construyen escolleras y muelles de piedra que alteran la hidrodinámica del río Bermejo. Esta rudimentaria ingeniería busca desplazar la vaguada del río, criterio jurídico que define el límite internacional, para ejecutar una expansión territorial silenciosa.
La violencia es el brazo ejecutor. Productores extranjeros, a menudo armados, amedrentan a las familias guaraníes con disparos, machetes y matanza de animales para forzarlos al abandono de sus tierras ancestrales. La gravedad escala con la denuncia de la presencia de la Policía Marítima de Bolivia, que desembarca en riberas argentinas para proteger a los cañeros y amenazar con encarcelar en el país vecino a los referentes locales que intentan frenar el desmonte.
Cruce de Aguas Blancas.
Antecedentes y la “soberanía blanda” en el norte
La impunidad actual tiene raíces en precedentes de violencia militar. El 26 de octubre de 2010, una patrulla de 50 soldados del Ejército de Bolivia, al mando del coronel Willy Gareca, invadió el predio forestal “El Polvaredal” en Salta. Tras agredir a trabajadores argentinos, los militares sustrajeron maquinaria agrícola bajo la excusa de que el territorio les pertenecía. Pese a la crisis diplomática, el hecho se cerró con un sumario administrativo, alimentando la percepción de una frontera con “límites móviles”.
Esta erosión territorial se complementa con una estrategia de “soberanía blanda” en parajes como Abra de Santa Cruz. Ante la desidia del Estado argentino, Bolivia avanza construyendo escuelas y rutas en suelo nacional. La presión es institucional: se intima a los pobladores argentinos a adoptar la doble nacionalidad para acceder a educación o mantener el uso de sus tierras. A esto se suma el fraude electoral en localidades como Aguas Blancas, donde el padrón registra 5.700 electores para una población real de apenas 3.600 habitantes.
Foto de la invasión de 2010, dirigida por Willy Gareca.
La respuesta del Estado Argentino
Ante la gravedad de las denuncias, el Gobierno Nacional lanzó el Plan Güemes en Salta. El despliegue integra a 310 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura Naval para patrullar el río Bermejo. La vigilancia suma tecnología crítica: drones de largo alcance, radares térmicos y helicópteros AgustaWestland AW169 para detectar maquinaria en las serranías de El Trementinal.
Complementariamente, el Ejército activó el Operativo Roca con el Regimiento de Monte 28 para tareas de apoyo logístico y vigilancia en áreas rurales. Bajo una política de “tolerancia cero”, el Ministerio de Seguridad busca incautar plantaciones ilegales y expulsar invasores sin residencia legal.El objetivo es restaurar la autoridad estatal en parajes donde la desidia permitió que extranjeros se sintieran “dueños de casa” en suelo argentino.
Tuit de la Senadora Nacional Patricia Bullrich, ex Ministra de Seguridad.
La relaciónentre Javier Milei y el multimillonario Eduardo Elsztain se selló bajo una absoluta opacidad financiera en el Hotel Libertador, propiedad del Grupo IRSA (propiedad del empresario). Durante más de 50 días, el mandatario ocupó una suite de lujo cuyo costo de mercado oscila entre los 360 y 450 dólares diarios, acumulando una cuenta que supera los 45.000 dólares.
Sin embargo, Milei sólo declaró pagos por montos inferiores, lo que la justicia electoral investiga como posibles dádivas o donaciones irregulares de un gran contratista del Estado. Elsztain, presidente de Banco Hipotecario desde 2009, no sólo puso el hotel; se sospecha que operó como el principal recaudador de aportes de campaña no declarados, acercando a los empresarios más poderosos del país para financiar el ascenso del fenómeno libertario bajo una estructura de aportes en la sombra.
Milei y Elsztain en una sinagoga.
La construcción del candidato
Este vínculo no fue una casualidad electoral, sino una inversión estratégica que comenzó en abril de 2023 durante el Foro Llao Llao. En la exclusividad de Bariloche, el empresario detectó en el candidato presidencial la herramienta para demoler el andamiaje regulatorio estatal y decidió sacarlo de los estudios de televisión para sentarlo en la mesa de los dueños del país.
Elsztain no sólo aportó logística, sino una validación institucional y espiritual clave, acercando al mandatario a la red de Jabad Lubavitch (movimiento del judaísmo ortodoxo) y sellando la alianza con el viaje al Ohel en Nueva York (santuario del Rabino Menachem Mendel Schneerson). La presencia de Elsztain en los balcones del Congreso durante la jura presidencial fue la imagen definitiva de una simbiosis donde el poder económico dejó de ser un actor externo para convertirse en el soporte central de la nueva administración.
Elsztain y los hermanos Milei en la tumba de New York.
Infiltración institucional y funcionarios “doble comando”
La influencia de Eduardo Elsztain en la estructura del Estado nacional se manifestó con claridad mediante el nombramiento de cuadros técnicos vinculados a sus empresas en puestos estratégicos dentro del Estado nacional. El caso más paradigmático fue la designación de Nicolás Pakgojz (actual legislador porteño) como titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo responsable de gestionar más de 46.000 inmuebles públicos.
Pakgojz, quien se desempeñó previamente defendiendo proyectos inmobiliarios de IRSA, impulsó desde el Ejecutivo auditorías masivas para poner en venta o concesionar activos estatales, una política que beneficia de forma directa a los grandes desarrolladores, con Elsztain a la cabeza, lo que recuerda fuertemente a las operaciones realizadas durante las presidencias de Carlos Menem (a quien Milei considera un prócer), en las que se vendía empresas y propiedades del Estado a los empresarios amigos del poder.
A esta red se suman figuras como el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, histórico abogado de empresas del Grupo IRSA, y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, guía espiritual de Milei y estrechamente vinculado a la red de contactos del empresario.
Nicolás Pakgojz, el empleado de Elsztain devenido en empleado estatal y en Legislador Porteño.
El botín minero y el escudo del RIGI
Bajo la arquitectura legal del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Eduardo Elsztain ha consolidado un blindaje normativo por 30 años para sus apuestas más ambiciosas en el sector minero. El empresario, que supo financiar el ascenso de Milei, hoy capitaliza beneficios fiscales y aduaneros inéditos para proyectos como Hualilán en San Juan y El Quevar en Salta. Este último, un yacimiento de “plata pura”considerado unarareza geológica mundial, ha registrado un crecimiento en su valor de mercado de hasta el 370% en apenas un año.
Mientras el gobierno deroga leyes de tierras para facilitar la extranjerización y concentración de recursos, Elsztain activa “gigantes dormidos” con rentabilidades extraordinarias, asegurando que el Estado no pueda alterar las reglas de su negocio hasta mediados de siglo. Es la culminación de un ciclo: el mecenas que pagó la suite presidencial y el ascenso de Milei, ahora cobra los dividendos en onzas de oro y plata.
Yacimiento de plata “El Quevar”.
La Argentina S.A.
La vinculación entre Eduardo Elsztain y Javier Milei representa mucho más que una coincidencia de intereses temporales; es la manifestación de un proyecto de país donde el Estado renuncia a su rol regulador para convertirse en un facilitador de la acumulación de capital concentrado. A través de una simbiosis institucional que coloca a ex empleados de IRSA en puestos clave y una arquitectura legal diseñada para blindar negocios extractivos y financieros, se ha consolidado una nueva élite que desplaza a los sectores productivos tradicionales.
El éxito del modelo mileísta aparece así intrínsecamente ligado a la capacidad de estos grupos económicos para transformar las reformas en flujos de inversión privada, a menudo a expensas de una mayor concentración de la riqueza y de la erosión de los controles democráticos sobre el patrimonio de todos los argentinos. En definitiva, el mecenas del Hotel Libertador ha logrado convertir su apoyo logístico y espiritual en un estatuto de privilegioestatal que redefine los cimientos de la economía nacional.
La justicia de Bahía Blanca dictó una condena de tres años de prisión en suspenso paraFiorella Damiani,consejera escolar de La Libertad Avanza, tras quedar probado que denunció falsamente a dos hombres por una violación grupal en 2017. La sentencia, que permite a la funcionaria suspendida mantener su libertad, desató la indignación de las víctimas y de la fiscalía, que había solicitado nueve años de cárcel efectiva ante la gravedad del daño causado y la reiteración de las mentiras procesales.
Damiani junto a Carlos Kikuchi, armador nacional de LLA en 2023.
La prueba irrefutable y la burla judicial
El caso dio un vuelco irreversible gracias a la tecnología, ya que Joaquín Pereyra y Ezequiel Álvarez, los denunciados, que pasaron días detenidos basándose sólo en el testimonio de la ex-consejera mileísta, lograron salvarse gracias a videos que grabaron durante el encuentro sexual. Esos registros, protegidos bajo una clave personal, desmintieron el relato de la funcionaria: mientras ella alegaba haber sido drogada y forzada, las imágenes mostraron un acto consentido y una total lucidez de su parte.
El fiscal Mauricio Del Cero fue tajante al señalar que la mujer mintió al menos en tres oportunidades durante el proceso judicial. A pesar de la contundencia de las pruebas, el fallo del Tribunal en lo Criminal Nº 1 permitió que Damiani regrese a su casa.
Damiani junto a Sebastián Pareja, diputado nacional de LLA y armador en Buenos Aires.
Joaquín Pereyra, uno de los damnificados que vio su vida paralizada por años, calificó la sentencia como una burla y un mensaje peligroso que otorga vía libre para mentir. La fiscalía y la querella ya confirmaron que apelarán ante Casación para que la condena sea de cumplimiento efectivo, denunciando que en el ámbito judicial local existe un sesgo que vulnera las garantías constitucionales de los hombres.
El impacto político no es menor: Damiani accedió a su banca como consejera escolar por La Libertad Avanza en 2023, pero fue suspendida tras el avance de la causa por falso testimonio agravado. Durante el juicio, su defensa intentó sostener que ella no recordaba lo sucedido debido al consumo de sustancias, pero los peritajes médicos y las filmaciones demolieron la estrategia. La funcionaria, que ocupaba un cargo de responsabilidad en la formación de jóvenes, quedó expuesta como el engranaje de una acusación fabricada que pudo terminar en una condena de décadas para dos inocentes.
Damiani junto a su abogado, Sebastián Martínez.
El patrón del daño irreversible
El caso Damiani no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón sistémico donde el escarnio público y la falta de presunción de inocencia suelen preceder a la verdad judicial; el fenómeno de las denuncias falsas ya ha dejado un rastro de sangre en Argentina.
En 2018, Agustín Muñoz se quitó la vida en Bariloche tras un escrache por una denuncia falsa; a pesar de que la denunciante admitió su mentira contra el muchacho de 18 años, el daño social ya era irreversible. En 2024, el docente Facundo Díaz tomó la misma decisión en Caleta Olivia tras ser blanco de una acusación sin pruebas en el jardín donde trabajaba. La lista de víctimas fatales se extendió hasta 2025 con la muerte de Thomas Pérez Ruiz, un joven peluquero de 18 años de Almirante Brown que no soportó el acoso derivado de un escrache por una falsa denuncia de abuso.
Estos casos exponen las consecuencias letales de un sistema que, en ocasiones, prioriza la condena social inmediata por sobre el rigor investigativo. Mientras la defensa de Damiani intenta minimizar el hecho, la fiscalía insiste en que la impunidad frente al falso testimonio es el combustible que alimenta estas tragedias. Se espera que el tribunal de alzada defina si la consejera libertaria deberá cumplir su deuda con la sociedad tras las rejas.
Thomas Pérez Ruiz, el joven de 18 años que se suicidó en 2025 por una falsa denuncia.
Ignacio Torres abrió las sesiones ordinarias de Chubut con una frase que funcionó como marco de la jornada. “Esperemos que esta sesión no sea tan ordinaria como la que vimos ayer”, dijo, tomando distancia del tono de la Asamblea Legislativa nacional. Reclamó “respeto e institucionalidad”.
Horas después de finalizado el discurso la Legislatura aprobó la reforma de la Ley de Pesca que incorporó el régimen de “Ficha Limpia Pesquera”.
En concreto, el cuerpo legislativo provincial modificó la Ley de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable. La actualización exige la verificación previa de antecedentes fiscales y administrativos para el otorgamiento, la renovación o la transferencia de permisos, cuotas y habilitaciones pesqueras. El proyecto lo envió el Poder Ejecutivo chubutense y alcanzó a titulares, apoderados o representantes de permisos y autorizaciones de captura, además de directores, administradores y miembros de órganos de gobierno de las empresas del sector.
Al fundamentar el proyecto, el presidente del bloque oficialista, Daniel Hollmann, sostuvo que la Ficha Limpia “contempla la inhabilitación de personas humanas y jurídicas involucradas en defraudaciones dolosas, evasión tributaria y conductas graves vinculadas a la actividad pesquera. Este proyecto se suma a la agenda de transparencia y calidad institucional que propone el gobierno”. Por su parte, la diputada Karina Otero sostuvo que la norma “no debilita la actividad, la fortalece”, y remarcó que el acceso al recurso debía estar atado al cumplimiento de obligaciones legales firmes.
Desde el bloque oficialista señalaron que la ley no habilitó bajas automáticas de permisos, sino que esas medidas solo podrían aplicarse cuando existieran resoluciones firmes. En ese marco, explicaron que las “causales de caducidad” son los motivos previstos por la norma para quitar o dar de baja un permiso pesquero, y afirmaron que el texto incorporó cambios surgidos en comisión y en reuniones con el sector privado.
Desde la oposición cuestionaron el alcance sectorial de la ley y el contexto en el que se trató. El presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, justificó el rechazo al sostener que el proyecto respondió a “una pelea sectorial”, mientras que su par Vanesa Abril pidió priorizar medidas frente a la “caída del empleo”. Otros legisladores advirtieron sobre una posible “estigmatización” del sector pesquero y plantearon que reglas similares debían aplicarse a todas las actividades extractivas.
LAS RETENCIONES A LA PESCA OSCILAN ENTRE 5% Y 9%
En su discurso de apertura, Torres ubicó a la pesca en el centro del debate económico y fiscal de la provincia. El gobernador afirmó que en 2025 Chubut alcanzó el mayor nivel de exportaciones de los últimos 20 años, con casi 4.000 millones de dólares, y remarcó el peso de la actividad pesquera en ese resultado. “Exportar más genera más trabajo y dinamiza la economía”.
En ese tramo del mensaje, cuestionó el esquema de retenciones y afirmó que de esas divisas “a la provincia le quedan cero pesos”, porque esos recursos se diluyeron en políticas nacionales que, según dijo, no regresaron al territorio.
También convocó a los legisladores nacionales a “dar la pelea en el Congreso” por el federalismo fiscal y anticipó que continuará gestionando la eliminación de las retenciones a la pesca, que oscilan entre el 5% y el 9% según la especie marina. Ese ahorro impositivo que obtendría el sector por una eventual baja de esos derechos de exportación podría destinarse a infraestructura portuaria para Chubut.
Para entender la patética imagen de un joven oculto bajo una capucha en pleno microcentro, es imperativo analizar cómo se gestó su descomposición pública. No es un evento aislado, sino la culminación de un naufragio que comenzó cuando la defensa de las ideas fue reemplazada por la sumisión del mandadero.
Entre 2020 y 2023, Iñaki Gutiérrez habitaba los sets de televisión con una soltura que hoy parece de otra vida; defendía principios sin mochilas pesadas y caminaba por la calle con la frente alta. Sin embargo, el roce con la estructura estatal dinamitó aquel idilio. El termómetro de la realidad marcó temperaturas hostiles mucho antes de su intento de disfrazarse de anónimo, con un asedio que se volvió constante, entre los que repasaremos algunos casos:
Marzo de 2024: El inicio del fin; Javier Milei debió denunciar públicamente el “bullying” y hostigamiento sistemático que Gutiérrez sufría en los pasillos de la Universidad de Belgrano, donde sus pares le recordaron que el prestigio no se construye con visualizaciones.
Mayo de 2025: En Oberá, Misiones, el repudio de productores yerbateros lo obligó a una retirada poco glamorosa bajo gritos de “vendepatria”, evidenciando que el interior del país no compraba su estética de redes.
Agosto de 2025: En Corrientes, la situación escaló a la violencia física y agresiones a la prensa durante una caravana, dejando en claro que el personaje ya no generaba admiración, sino un rechazo visceral.
Aquel joven que antes era frenado para una foto, hoy colecciona escraches como trofeos de una derrota cultural que no supo ver venir.
Iñaki Gutiérrez junto a Javier Milei.
La avestruz digital
Esta acumulación de repudio moldeó la conducta actual de Gutiérrez: la del fugitivo social. El reciente registro de un vecino interceptándolo en la vía pública es la prueba obscena de su decadencia. Allí, mimetizado con el pavimento, el joven que alguna vez pretendió ser la voz de una generación se exhibió bajo una capucha negra, en un intento tan desesperado como inútil por recuperar un anonimato que él mismo dinamitó.
Captura de Gutiérrez encapuchado.
La escena roza lo tragicómico: Iñaki, lejos de la verborragia punzante de sus años en la defensa de las ideas, optó por la mudez y el refugio en un audio de WhatsApp sostenido contra su oído como un escudo de kevlar. Ante el reclamo del ciudadano por el uso del disfraz para evitar el escrache, Gutiérrez ensayó una mirada perdida, lanzó una respuesta inaudible y se retiró con la premura de quien sabe que el territorio ya no le pertenece. Es la metamorfosis del avestruz: esconder la cabeza y esperar que el entorno desaparezca.
El video viral del escrache contra Iñaki Gutiérrez encapuchado, en octubre de 2025.
El ejecutor que dejó de pensar
La degradación de su imagen pública se aceleró al ritmo de una gestión plagada de torpezas. El primer gran síntoma de su desconexión con la realidad ocurrió en diciembre de 2023, cuando confundió el Memorial de las Piedras de las víctimas del Covid-19 con “escombros” dejados por la gestión anterior; una profanación por ignorancia que marcó su bautismo de fuego en el error.
Semanas después, en el brindis de Año Nuevo de 2024, utilizó la cuenta oficial de Casa Rosada para fines personales (subió una foto junto a su novia, Eugenia Rolón, y lo republicó con la cuenta oficial) bajo un presunto estado de embriaguez o de intoxicación con estupefacientes, lo que le valió el desplazamiento inmediato del manejo de las redes institucionales.
El retuit de Casa Rosada de la foto de Gutiérrez con su novia.
A este historial de negligencias se sumó el fuego amigo: en una interna feroz, Lilia Lemoineexpuso públicamente las supuestas adicciones de Gutiérrez, enviándolo vía X a “dejar las drogas” (porque Gutiérrez criticó un proyecto de Lemoine), y rompiendo el blindaje de impunidad del que gozaba; luego Lemoine pasaría a criticar a Javier Milei por su breve alianza con Luis Barrionuevo, por prometer cortar relaciones con el Vaticano, y por “hablar de vender niños y órganos”.
El golpe de gracia a su pretendida superioridad moral llegó en enero de 2026, cuando Eugenia Rolón, su novia, chocó un Honda Fit —propiedad del padre de Iñaki— en Mar de Ajó con 1.89 g/l de alcohol en sangre y sin licencia de conducir, resultando en una inhabilitación para manejar hasta el año 2099.
Hoy, despojado de la mística de sus inicios, el propio Gutiérrez terminó por sellar su acta de defunción intelectual en una entrevista televisiva. Allí, con una sumisión alarmante, admitió que su rol no es el de un cuadro político, sino el de un simple engranaje: “yo no estoy para pensar, estoy para hacer lo que me digan”. Es la confesión final de quien cambió la libertad de ideas por la obediencia de un jefe, y que ahora, encapuchado y en silencio, parece finalmente estar cumpliendo la orden de desaparecer.
El tuit de la ahora diputada Lemoine acusando a Gutiérrez de “drogarse”.
De la defensa de las ideas en el prime time televisivo a la humillación del anonimato forzado. El presente de Iñaki Gutiérrez, el joven que pasó de caminar libremente por la calle a esconderse bajo una capucha, cercado por el repudio social y un historial de torpezas y escándalos que ya ni su TikTok ni Lemoine pueden maquillar.
El joven fue identificado durante un control callejero en Puerto Tirol mediante el sistema SIGEBI. Tras confirmar la orden judicial vigente, la Fiscalía N° 10 dispuso su traslado a la unidad policial.
El secretario de Agricultura habló en San Nicolás y ató cualquier alivio impositivo al equilibrio fiscal. También defendió el cambio de rumbo oficial hacia el campo y repasó las rebajas que la gestión ya aplicó.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
