El espacio de Javier Milei en Mar del Plata PIERDE SU ESTRUCTURA y podría quedar en la nada

La Libertad Avanza (LLA) cada vez encuentra mayores complicaciones para poder sostenerse hacia la competencia general del 2023, ¿Qué pasa?
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La Libertad Avanza (LLA) surgió como una opción potable para poder realizar el desembarco de una alternativa a la Casa Rosada, pero en menos de 2 años el sueño se derrumbó por peleas de egos, polémicas propuestas y un armado estructural de la alianza poco convencional. Lo cual, hizo que la imagen del diputado nacional y conductor ideológico liberal, Javier Milei, ya no sea tan tenida en cuenta.

Como sucede con toda coalición, la diversidad de posturas y figuras políticas se tornó en problemas, discuciones y desencuentros, ante la imposición de líderes partidarios como son el armador nacional Carlos Kikuchi y la “Jefe” del “León libertario”, Karina Milei. A partir de allí, oscuridad.

El diputado Javier Milei, su hermana Karina Milei y el armador nacional de La Libertad Avanza (LLA) Carlos Kikuchi.
El diputado Javier Milei, su hermana Karina Milei y el armador nacional de La Libertad Avanza (LLA) Carlos Kikuchi.

Amigos cercanos de Milei han llegado a comentarle a Data24 que “se alejó de todos y se encuentra demasiado solo, porque escucha a quiénes no debe”. Amén de que el diputado nacional también habría dejado que le “armaran” el espacio sin llegar a consultarle y terminó en manos de oportunistas y reciclaje de la “casta política” que tanto defenestró.

El costado de Juntos

Si bien Milei declara siempre que “jamás” realizaría una alianza con Juntos por el Cambio (JxC), la realidad es que cuenta con cierta “pata filtrada” de la oposición mayoritaria nacional. Desde un inicio, Unión por Todos (UpT) se ha convertido en la herramienta de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para poder trabajar en unidad desde ambos sectores.

Sin ir más lejos, en la ciudad de Mar del Plata el máximo referente de la “pata” que maneja Bullrich en la ciudad está en el subsecretario de Seguridad, Gustavo Jara, actualmente muy mal visto por el oficialismo local. Dentro de Juntos, quién le hace fuerza para desplazarlo como conductor del espacio, es el coordinador del Partido Nacionalista Constitucional – Unión para la Integración y el Resurgimiento (PNC-UnIR), Emilio Sucar Grau.

Retornando al LLA, otra de las patas del oficialismo local es el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), pero ha perdido fuerzas y se encuentran en búsqueda de referentes tras el fallecimiento de Héctor Aníbal Rosso. Aunque, en Mar del Plata resulta confuso que supuestamente se estarían fijando en gente proveniente del peronismo.

El difunto ex concejal y referente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Héctor Aníbal Rosso.
El difunto ex concejal y referente del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Héctor Aníbal Rosso.

El núcleo duro de Javier Milei

Cabe subrayar que La Libertad Avanza surgió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a través de Unión Celeste y Blanco, Partido Demócrata (PD) y Unite. A partir de allí resultó la candidatura de Milei y su compañera de fórmula, la intelectual Victoria Villarruel.

La martillera e intelectual derechista Susana Mezzadri es quién tiene consigo todas las fichas para poder servirse como precandidata a intendente, como consecuencia de su perfil poco conflictivo, currículum intachable ante la ausencia de historial partidario y político, y sumado a que es autoridad bonaerense del PD.

La autoridad bonaerense del Partido Demócrata (PD) Susana Mezzadri.
La autoridad bonaerense del Partido Demócrata (PD) Susana Mezzadri.

Mezzadri, a su vez, tendría el apoyo local del espacio Unión Celeste y Blanco, ya que este medio habló con el presidente del partido, Carlos Fabián Luayza Troncoso, y recalcó: “Como no tenemos una estructura fuerte en los 135 municipios del territorio bonaerense, en muchos casos nos alineamos con el Partido Demócrata y apoyaremos a sus precandidatos“.

El ex legislador porteño Carlos Maslatón fue también de las figuras políticas que habrían aportado considerablemente en la campaña del diputado nacional Javier Milei. En ese mismo sentido, es propicio dejar en claro que su referente máximo en Mar del Plata es el empresario gastronómico César Moraiz.

El empresario gastronómico y referente de Avanzan Los Aliados (ALA), César Moraiz.
El empresario gastronómico y referente de Avanzan Los Aliados (ALA), César Moraiz.

El kirchnerismo y sus facciones “libertarias”

Amén de haber filtraciones desde el oficialismo local, por supuesto que hay una amplia gama de dirigentes filokirchneristas que se han hecho lugar en LLA. El famoso caso es el de la conductora de Crear Mar del Plata, Juliana Santillán, y su comodoro, el edil camporista Alejandro Carrancio. Ambos ex massistas buscan, desde un sello vecinalista, quedarse con la Quinta Sección Electoral bonaerense.

Más allá de ello, cuentan con el apoyo de otros espacios provenientes del kirchnerismo y massimo, como son el Partido Renovador Federal (PRF) y algunas “resacas” que no se logró llevar consigo el ex senador bonaerense Lucas Fiorini y el ex integrante del Consejo de la Magistratura bonaerense, Roberto Costa. Ambos serían parte del circo de Santillán y Carrancio.

La apoderada de Crear Mar del Plata María Cecilia Martínez, la coordinadora bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) Juliana Santillán, el diputado Javier Milei y el concejal Alejandro Carrancio.
La apoderada de Crear Mar del Plata María Cecilia Martínez, la coordinadora bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) Juliana Santillán, el diputado Javier Milei y el concejal Alejandro Carrancio.

Por otro lado, Unite tiene a la ex asesora del bloque Frente de Todos (FdT), Alicia Ledesma. Sin embargo, la misma también ofrece su apoyo a Crear Mar del Plata, a pesar de haber ido como precandidata en las legislativas del 2021. Por ende, han tomado el mismo camino de Avanzan Los Aliados (ALA), los cuales no cuentan con una línea K, pero si apoyan a la misma que lidera Santillán.

Finalmente, entre peronistas que pasaron por el kirchnerismo y el albertismo, se asoma Alternancia Republicana Federal (ARF), con una conducción estructural comandada por Jorge Coassini, quién durante la última elección presidencial ofreció su apoyo al ex ministro Roberto Lavagna. El referente local es el pastor Ariel Díaz y no muestra rechazo hacia la figura de Santillán.

Los ex candidatos a concejales de Crear Mar del Plata, María Cecilia Martínez y Fernando Navarra, junto a Alicia Ledesma (en el medio).
Los ex candidatos a concejales de Crear Mar del Plata, María Cecilia Martínez y Fernando Navarra, junto a Alicia Ledesma (en el medio).

Hay una línea que los une

Si bien no hubo expresiones de apoyo desde un inicio, o bien algo que se daba a entender, está claro que Milei cuenta con estos partidos que se alienan desde lo ideológico. Por ejemplo, desde el Movimiento de Integración Federal (MIF) se está muy claro que ingresan detrás del “León libertario”.

Asimismo, el Partido Libertario (PL) le debe su vida a Milei en la batalla cultural. Nunca habría tenido un apogeo de tal manera, ante lo que fue el efecto del ahora diputado nacional durante este último tiempo. Tanto en el territorio bonaerense como desde la ciudad de Mar del Plata, Facundo Dominoni es el nombre mayor de todo.

El ex juez Facundo Dominoni, actual referente del Partido Libertario (PL) en Mar del Plata.
El ex juez Facundo Dominoni, actual referente del Partido Libertario (PL) en Mar del Plata.

La hora de las peleas

Las internas están a la vuelta de la esquina. Con el inicio desde que Kikuchi buscó imponer figuras políticas irrelevantes en cargos preponderantes para dar bajadas de línea. De esta manera, tras poner “a dedo” al concejal Carrancio y su madrina política Santillán, Crear Mar del Plata emepezó a ganar protagonismo dentro de la Quinta Sección Electoral.

Intelectuales como Patricia Soprano y Pablo Parenti comenzaron a tener distancia de LLA en su seccional local. También el ingeniero Hernán Alcolea prefirió irse hacia otros espacios, ante semejante desprolijidad. En la misma línea, referentes alzaron la voz contra Kikuchi y Karina Milei, como fue el reconocido caso del referente del PL, Facundo Dominoni.

La activista provida Patricia Soprano, se encuentra apoyando a la precandidata presidencial Patricia Bullrich.
La activista provida Patricia Soprano, se encuentra apoyando a la precandidata presidencial Patricia Bullrich.

Luego, siguieron los ataques en modo de “enviados por las redes sociales” y, a tal punto, de llegar a querer difundir una Fake News sobre el PD, para poder rifar la precandidatura de Mezzadri en la ciudad de Mar del Plata. Como si ello fuera poco, hasta se buscó la manera de sabotear cualquier actividad del espacio que comanda la diputada Villarruel.

A esto le siguió la operación hacia el MIF, el cual abrió un local en la localidad de Mar del Plata para poder coordinar la labor partidaria e iniciar los trabajos de terreno. Ahora bien, Santillán habría tomado la medida de hablar con quiénes se encuentran administrando las redes sociales para “bajarle el evento” a Virginia Luján “La Rusita” Sosa. Según afirmaron a Data24, “no se lo dejaron subir a Twitter y Facebook, solo Instagram”.

La ex oficial de seguridad bonaerense y actual referente del Movimiento de Integración Federal (MIF), Virginia Luján "La Rusita" Sosa.
La ex oficial de seguridad bonaerense y actual referente del Movimiento de Integración Federal (MIF), Virginia Luján “La Rusita” Sosa.

¿En qué quedan las candidaturas?

El tema de las candidaturas marplatenses de La Libertad Avanza, se entendería que Santillán y Carrancio se encuentran visualizando la posibilidad de caer en Diputados de la provincia de Buenos Aires, o al menos ello esperan “rosquear”. Mezzadri tendría libre su postulación por la Intendencia de General Pueyrredón, mientras “La Rusita” Sosa podría llegar también a aspirar por ser legisladora bonaerense.

Moraiz, mano derecha de Maslatón, supuestamente llegaría a posicionarse en la lista de concejales del espacio de Milei, mientras Dominoni podría alcanzar las mismas aspiraciones, o bien pelear por entrar en Diputados. ¿Habría posibilidad de evitar internas y hacer que todos se integren en un armado de unidad?

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Un panelista de Carajo pidió esterilizar y bombardear el conurbano en vivo y una marca le retiró la publicidad

El canal de streaming Carajo nació a mediados de 2024, tras la llegada de Javier Milei al Poder Ejecutivo. Hasta ese momento, Daniel Parisini (“Gordo Dan”) conducía un espacio poco visto y de presupuesto ínfimo en Radio Madero —propiedad de Fernando Cerimedo, más tarde desplazado del espacio oficialista—. Sin embargo, con el desembarco del nuevo gobierno, el medio experimentó un salto desmedido en infraestructura, montando un megaestudio en Palermo Soho equipado con tecnología de punta y una amplia nómina de producción.

Este despliegue millonario generó inmediatas denuncias por el uso de recursos públicos para sostener la señal. Distintas investigaciones y declaraciones públicas —entre ellas las del periodista Tomás Díaz Cueto— expusieron que diversos empleados del canal perciben salarios abonados directamente por la administración nacional en áreas de Comunicación y Prensa, sumado a recurrentes seccionamientos que señalan el desvío de fondos reservados de la SIDE para financiar la estructura propagandística.

“La misa del Gordo Dan” justo antes de que Milei llegara al gobierno. En la foto Mariano Pérez (“Break Point”) y Daniel Parisini (“Gordo Dan”) junto a Juan Pablo Carreira (“Juan Doe”), actual Director Nacional de Comunicación Digital.

Es precisamente en este dispositivo financiado por las arcas públicas donde se desencadenó un grave escándalo por proclamas eugenésicas y racistas emitidas en vivo, protagonizado por figuras que responden directamente a la estructura orgánica y legal del oficialismo.

Entre los voceros estables de la señal destaca Alejandro Sarubbi Benítez, representante legal de Parisini y habitual panelista. Este sujeto —una de las voces principales de las recientes agresiones al conurbano— cuenta con antecedentes de sanción disciplinaria por parte del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), organismo que le aplicó una advertencia tras constatar que insultó a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, difundió datos personales privados (doxxeo) e incurrió en reiterados agravios discriminatorios desde sus redes sociales.

Alejandro Sarubbi Benítez junto a Karina Milei.

A su lado se ubica Isabella Mariana Compiano Machado, conocida en el entorno digital como “Kalina”, coautora del cuestionado episodio. La joven panelista milita activamente en La Libertad Avanza y responde de forma directa a Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes, dirigente que hasta 2023 era concejal y militaba en las filas del kirchnerismo y saltó al oficialismo para acceder a su banca nacional.

La inserción de Kalina en el armado de Almirón no es aislada. Su pareja, Ángel Manuel Niveyro Lozano —identificado en redes como “Azaelthus”—, también forma parte del esquema de militancia y prensa que orbita alrededor del legislador correntino, exponiendo el entramado político tradicional que nutre de contenidos al canal de streaming y da sustento a las polémicas que hoy acorralan al medio.

“Kalina” junto a Lisandro Almirón; y Almirón junto a Malena Galmarini (esposa de Sergio Massa), en su “época kirchnerista”.

Apología al exterminio y al racismo

Durante una emisión del programa La Trinchera, las agresiones alcanzaron un límite inédito cuando Alejandro Sarubbi Benítez afirmó en vivo que “la provincia de Buenos Aires, sobre todo con lo que tiene que ver con el Conurbano Bonaerense, la inmensa porción de gente, desde mi punto de vista ya no tiene salvación”. Tras sentenciar que “para mí no tiene vuelta la provincia de Buenos Aires”, el abogado detalló sus propuestas: esterilización masiva, expulsión del mapa nacional, levantar un muro perimetral con francotiradores y “todas las mañanas tirar napalm desde los aviones”. Para definir a quiénes perdonar, anticipó un criterio de “total arbitrariedad” guiado por la “portación de cara”, planteando dar aviso previo únicamente “a las personas que uno considera que hay que salvar”.

Lejos de moderar o repudiar el discurso de odio, la panelista “Kalina” intervino activamente en la escena exhibiendo ante las cámaras una cartulina que contenía una paleta de tonalidades de piel (una referencia a la serie “Family Guy“). Utilizando este muestrario cromático, la militante oficialista simuló establecer un criterio de selección eugenésica para determinar, según el grado de pigmentación del rostro, qué personas poseían derechos ciudadanos o podían “salvarse” de la ejecución arbitraria, señalando el cuadro de color más claro.

El discurso exhibido en el programa contrasta de forma severa con la propia realidad de sus protagonistas. Un relevamiento en las redes sociales personales de Alejandro Sarubbi Benítez (como su perfil de Facebook) deja al descubierto que la mitad de sus familiares y contactos directos de apellido compuesto “Sarubbi Benítez” provienen de Paraguay, país con una marcada impronta e identidad mestiza e indígena.

Visitando el Facebook de Alejandro, varios de los “Sarubbi” y los “Sarubbi Benítez” de sus contactos efectivamente son paraguayos.

La incongruencia resulta absoluta: un vocero de tez morena y raíces latinoamericanas promueve abiertamente postulados racistas, xenófobos y eugenésicos que, bajo los propios parámetros de la paleta de colores exhibida en su programa, lo ubicarían a él mismo y a su propio entorno familiar del lado de los discriminados y segregados.

Alejado de su actualidad: Sarubbi Benítez con su familia, cenando en la vereda.

Boicot, retiro de pauta y antecedentes

La paradoja del discurso alcanzó su punto máximo con la presencia publicitaria en el estudio de Sao Medialunas, una tradicional marca nacida en Mar del Plata. Mientras Sarubbi Benítez y “Kalina” proponían bombardeos y segregación para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, los productos de la firma bonaerense lucían exhibidos en la mesa como auspiciantes del espacio, financiando de forma directa la emisión.

La reacción del público no tardó en llegar: las plataformas digitales de la empresa se inundaron con cientos de mensajes de repudio que denunciaban el patrocinio a proclamas de exterminio, cuestionaban a la firma por financiar el odio hacia sus propios clientes y convocaban a un boicot masivo bajo el lema de no consumir productos que sostengan la violencia verbal del canal.

Ante la ola de indignación, la empresa emitió un comunicado oficial anunciando el cese del auspicio: “En relación con los comentarios realizados durante una transmisión en la que nuestra marca tuvo presencia publicitaria, queremos expresar que SAO Medialunas no comparte ni avala ningún mensaje discriminatorio, violento o que promueva el odio hacia cualquier persona o comunidad […] Lamentamos profundamente que esta situación haya generado malestar y por eso hemos decidido retirar nuestra publicidad”.

A pesar del retiro de la pauta, persistieron las críticas hacia la dirección de la marca por su tardía reacción. Sectores de la audiencia remarcaron que el canal Carajo estructuró su línea editorial sobre la agresión sistemática desde sus inicios, por lo que el auspicio comercial no podía considerarse un hecho ingenuo o ajeno al perfil del medio.

Las proclamas eugenésicas emitidas en La Trinchera no constituyen un hecho aislado, sino que forman parte del estilo editorial y la metodología habitual que despliega el canal. Entre sus antecedentes más graves figura el ataque homofóbico dirigido contra el diputado nacional Esteban Paulón en el programa La Misa, donde los conductores de la señal lo agredieron verbalmente y llegaron a imputarle al aire acusaciones de pedofilia y le atribuyeron “tener SIDA”.

A esta dinámica de descalificación personal se suma el uso sistemático de la exposición de datos privados (doxxeo) en transmisiones en vivo. A través de este recurso, los integrantes de la señal difunden números telefónicos, direcciones e información personal de usuarios opositores y periodistas críticos, incentivando el acoso masivo y coordinado por parte de sus seguidores en redes sociales.

Alejandro Sarubbi Benítez junto a Santiago Caputo.

El negacionismo frente al archivo

Tras la masiva repercusión mediática y el cimbronazo comercial, la respuesta de Sarubbi Benítez expuso la fragilidad de su propia narrativa. En lugar de argumentar que se trataba de una provocación humorística o de un recurso satírico, el abogado hizo un descargo en el que negó categóricamente haber hablado de la provincia de Buenos Aires o de sus habitantes.

Sin embargo, la estrategia de intentar desmentirse a sí mismo chocó de frente con el archivo audiovisual del programa, donde había explicitado de forma literal que la provincia de Buenos Aires “ya no tiene salvación”, antes de proponer los bombardeos, la segregación y la selección por pigmentación de piel.

Este episodio expone los límites y los riesgos de un modelo mediático montado sobre la provocación sistemática y el financiamiento estatal. Cuando el discurso traspasa la barrera del espectáculo digital para incitar al exterminio y a la eugenesia, la reacción de la audiencia y la fuga de marcas evidencian que ni la caja pública ni la protección política alcanzan para blindar un espacio frente al repudio social.

*Por Augusto Grinner

La deuda de la obra social de las Fuerzas Armadas superó los $213.000 millones

La deuda de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) ya trepa a $213.902.225.670 y abrió un nuevo conflicto entre Defensa y Seguridad. Ambas carteras se disputan quién debe hacerse cargo del pasivo de la obra social militar.

La definición parece haber superado el plano técnico y ahora queda en manos del presidente Javier Milei, en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

El cierre del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), la obra social que anteriormente reunía bajo una misma estructura a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, quedó trabado por una deuda de unos US$145 millones, de la cual el 65% corresponde a aportes impagos de Gendarmería y Prefectura, y ni el Ministerio de Defensa ni el de Seguridad quieren asumir el costo.

Todo comenzó en febrero de 2026, cuando Milei firmó el DNU 88/2026, que ordenó disolver el IOSFA —creado en 2013— y reemplazarlo por dos entidades separadas. Entre ellas OSFA, bajo Defensa (para Ejército, Armada, Fuerza Aérea y sus familias) y la OSFFESEG administrado por el Ministerio de Seguridad Nacional, (para Gendarmería y Prefectura). La medida buscaba resolver el “desequilibrio financiero persistente” que arrastraba el organismo por la suba de costos médicos y la heterogeneidad de su padrón, que llegó a tener 575.000 afiliados de las cinco fuerzas combinadas.

El decreto fijó un período de transición de hasta 365 días, designó como administrador al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, nombrado por Defensa para gestionar el cierre, y creó una Comisión Ad Hoc con representantes de Defensa, Seguridad, Salud, Economía y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para supervisar el proceso. Crucialmente, el artículo 12 del decreto dejó pendiente definir “el proceso para la cancelación de los pasivos” del IOSFA, sin resolver quién pagaría.

El núcleo del conflicto sería concretamente una cuenta pendiente por contribuciones patronales impagas que Gendarmería mantiene desde 2017, de acuerdo con el propio decreto 637/2013 que regulaba esos aportes. En abril de 2026, cuando la Comisión Ad Hoc empezó a reunirse, Guzmán detectó expedientes heredados de la gestión anterior del IOSFA que reclamaban esa deuda histórica de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que entonces rondaba los $212.000 millones.

Ariel Guzmán, designado administrador para la etapa de liquidación de IOSFA

Ahí se produjo la primera divergencia real, siendo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cancelaron su parte usando fondos del inciso 1 (partida de sueldos del personal militar), lo que permitió al ex IOSFA pagar deudas atrasadas a prestadores médicos, por ejemplo unos $1.999 millones a proveedores de Tucumán. Gendarmería y Prefectura, en cambio, se negaron a saldar la suya, que a fines de abril ya alcanzaba los $101.692.401.866 solo por parte de Gendarmería.

El crecimiento hasta julio de 2026

Cinco meses después de la primera reunión de la Comisión Ad Hoc en abril, y tras la quinta reunión, el panorama no mejoró en absoluto. La deuda consolidada creció a $213.902.225.670, con $139.057.260.804 correspondientes exclusivamente a las contribuciones impagas de Gendarmería y Prefectura. El representante de Seguridad, Fernando Domínguez, volvió a decir en la reunión que su ministerio “no dispone de los recursos” para afrontar esa obligación, repitiendo la misma negativa de meses anteriores.

Esto llevó a Guzmán a elevar un informe al ministro de Defensa Carlos Presti donde reconoció el fracaso de la instancia técnica. Él afirmó en el escrito que “no se ha podido avanzar en la concreción de un plan para cancelar la [deuda]” y que “este tema deberá plantearse en otras instancias decisorias para su conocimiento e intervención” — es decir, admite que la comisión fracasó, que ya no puede resolverlo y que la decisión pasa a un nivel político superior.

Informe-de-la-5ta-reunion-de-la-comision-especial-Ad-hoc

El propio esquema institucional explicaría por qué el hecho sube tan alto en la jerarquía gubernamental. OSFA depende de Defensa y OSFFESEG de Seguridad, pero ambas nacieron del mismo decreto presidencial, y es el propio Poder Ejecutivo quien debe “instrumentar las medidas necesarias” para cancelar los pasivos que tenía IOSFA, según el artículo 12 del DNU 88/2026.

Como ningún ministerio (Defensa ya pagó lo suyo, Seguridad no puede o no quiere) resuelve el diferendo, y la Comisión Ad Hoc —integrada también por representantes de Economía, Salud y SIGEN— se declaró sobrepasada, la resolución final depende de una decisión presidencial que autorice una partida extraordinaria de recursos.

La particularidad es que el propio Estado nacional aparece simultáneamente como acreedor (a través del ex IOSFA, que reclama la deuda) y deudor (porque Gendarmería y Prefectura, fuerzas federales bajo su propio paraguas, son las morosas). Sin esa definición clara, el riesgo es que la liquidación se convierta en un proceso interminable, con proveedores médicos impagos, litigios judiciales y deterioro de la cobertura sanitaria tanto de militares como de gendarmes y prefectos por un tiempo indeterminado.

La situación parece no encontrar solución, ya que casi dos tercios del endeudamiento financiero de una obra social ya disuelta recaen sobre fuerzas de seguridad que dependen de una cartera —Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva— que asegura no tener presupuesto para afrontarlo.

La Secretaria de Malvinas nombrada por Milei que gestiona becas con la Embajada Británica para formarse en Londres

Desde el inicio de la gestión en diciembre de 2023, la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur quedó bajo la órbita de Paola Iris Di Chiaro, militante mileísta.

Mediante el decreto 43/2024, Javier Milei oficializó el cargo de Paola Di Chiaro.

Sin embargo, en paralelo a su responsabilidad central en la defensa de los intereses nacionales sobre las islas australes, la funcionaria sostiene una participación activa en el sector privado a través de la Fundación Argentina Global, una entidad dedicada a la articulación de agendas internacionales, principalmente con Reino Unido.

Sitio web oficial de Cancillería Argentina: Di Chiaro continúa en su cargo.

La coexistencia de estos dos roles abre un debate ineludible sobre la ética pública y la coherencia en la conducción de la política exterior argentina.

Cuenta de LinkedIn de Di Chiaro, admitiendo abiertamente ser fundadora de Fundación Argentina Global y mantener un cargo dentro de la organización.

La red de vínculos con el Foreign Office

La Fundación Argentina Global, entidad cofundada por Di Chiaro, concentra gran parte de su actividad pública en la promoción de agendas internacionales y el establecimiento de vínculos con potencias extranjeras. Entre sus iniciativas más destacadas figura la organización y difusión conjunta de programas de liderazgo y becas de especialización junto a la Embajada del Reino Unido y el programa Chevening, orientado a la formación de personas en territorio británico.

Sitio web oficial de Fundación Argentina Global donde, junto a otros dos hombres, exponen a Di Chiaro como fundadora.

A pesar de la sensibilidad de la cartera que encabeza Di Chiaro —vinculada de forma directa con la defensa de los derechos soberanos en el Atlántico Sur—, los registros institucionales, perfiles profesionales vigentes y memorias de fin de año de la propia organización confirman que la secretaria mantiene un rol directivo ininterrumpido en la estructura de esta ONG, entrelazando la gestión de intereses diplomáticos extranjeros con el ejercicio de la función pública en el Estado argentino.

Página principal de la web de Fundación Argentina Global exponiendo visiblemente la conexión con la embajada británica y el sistema de becas.

Repercusión política

En el ámbito legislativo, esta superposición de roles motivó la presentación de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación impulsado por la diputada Agustina Propato (Unión por la Patria) —esposa de Sergio Berni— para exigir explicaciones formales sobre el alcance de estas actividades en paralelo a la función pública.

Tuit reciente de Fundación Argentina Global publicitando las becas y el acuerdo con la embajada de Reino Unido.

El texto solicita un detallado pedido de informes al Poder Ejecutivo —a través de la Cancillería— para que precise la vinculación actual de Paola Di Chiaro con la Fundación Argentina Global y el programa Chevening, evalúe posibles conflictos de intereses bajo la Ley de Ética Pública, informe si existe intervención o influencia del Foreign Office en su secretaría, detalle si hay personal formado por dicho organismo prestando servicios, y precise si la fundación o la funcionaria han recibido financiamiento o vínculos laborales con la diplomacia británica.

*Por Augusto Grinner

Dinero venezolano para la campaña de CFK: a 19 años del ingreso de las valijas de Antonini Wilson

El día 4 de agosto de 2007, una valija conteniendo casi 800 mil dólares ingresó al país a través del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. La negativa a dejarla pasar por parte de una agente de la PSA sería el comienzo de una pesadilla para el saliente Gobierno del presidente Néstor Kirchner y el entrante de su esposa, Cristina Fernández.

Pero empecemos por el final de la historia, para poder entender la trama. El miércoles 12 de diciembre de 2007, gracias a la detención de cinco ciudadanos venezolanos en territorio norteamericano (*), se supo que ese dinero estaba destinado a apoyar la campaña electoral de la otrora primera mandataria. Así lo contó el periodista Gerardo Reyes en el diario de Miami El Nuevo Herald: “Los $800,000 que contenía la valija confiscada al empresario venezolano-americano Guido Alejandro Antonini Wilson en Buenos Aires el pasado agosto estaban destinados a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, según se reveló en una corte federal de Miami. De acuerdo con una denuncia criminal, el gobierno de Venezuela, a través de cinco individuos acusados el miércoles por espionaje, trató de presionar a Antonini para que no revelara que el dinero salió de las arcas de ese gobierno y que la beneficiada sería la campaña presidencial de Fernández”.

Y añade: “‘El dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner’, dijo el fiscal adjunto Thomas Mulvihill. ‘Estos acusados recibieron instrucciones de mantener bajo el perfil de Venezuela’. A cambio del silencio de Antonini, Venezuela cubriría todos los gastos en que incurría por la acusación pendiente en Argentina, donde el empresario fue acusado de contrabando”.

La acusación menciona como parte de la conspiración para presionar a Antonini a la vicepresidencia de Venezuela y a la Dirección de los Servicios de Inteligencia Policiales (Disip), a la cual pertenece —como veremos más adelante— uno de los personajes clave de esta trama y que jamás ha sido mencionado en los medios de información.

Lo interesante del asunto es que, dos de los cinco arrestados en diciembre 2007 fueron testaferros del chavismo y supuestos “empresarios petroleros”, se trata de los venezolanos Carlos Kaufman, de 35 años, y Franklin Durán, de 40, conocidos de Antonini Wilson. Ambos estaban en Miami en medio de un batalla civil para recuperar unos $7 millones que les fueron congelados en un banco local y aprovecharon para presionar —amenazas mediante— a Antonini Wilson para que no hablara del destino de la millonaria valija incautada.

Manotazos de ahogado

No bien se supo que Antonini Wilson había revelado el real destino de la valija venezolana, los principales funcionarios argentinos salieron a tratar de defender a la ex primera dama. En realidad hablaron sólo los alcahuetes de siempre, Alberto y Aníbal Fernández, quienes aseguraron que la acusación se trataba de una “locura” y una “canallada”, respectivamente. Luego, la presidente iría aún más allá al asegurar que todo se trató de una “operación basura” para perjudicarla.

Lo cierto es que en aquellas horas la preocupación oficial era mayúscula, no sólo porque la acusación norteamericana era real y había pruebas de ello, sino porque empezaron a revelarse los negocios entre Argentina y Venezuela y el ingreso de otras valijas que sí llegaron a destino, enviadas también para la campaña electoral del kirchnerismo.

El dato se corroboró con el paso del tiempo: hubo más de diez viajes hechos por Antonini Wilson similares al del 4 de agosto, en los cuales se presume que vinieron valijas con montos similares al incautado. El dato surgió de la mismísima Dirección Nacional de Migraciones que ¿casualmente? dependía en ese momento de Aníbal Fernández.

El 11 de septiembre de 2007, Tribuna de Periodistas publicó parte de esta trama y anticipó antes que nadie la eventual colaboración de Antonini Wilson con la Justicia norteamericana. Así se  comentó entonces: “Las fuentes señalan además que Antonini, en un total de 15 viajes, transportaba dinero en forma regular hacia Argentina, Bolivia y Uruguay, todos con el supuesto objetivo de comprar e influenciar de forma corrupta a los gobiernos de los tres países. Según habría investigado la organización World Check, la fuente de estos fondos ilícitos parecería surgir de una combinación de ganancias por venta de drogas y desvíos ilegales de fondos de la petrolera PDVSA. El FBI ha investigado a Antonini Wilson, y se cree posible que éste se haya librado de ser sometido a juicio por delitos cometidos en Estados Unidos a cambio de información. El carácter de esa información es lo que seguramente preocupa a los gobiernos argentino y venezolano”.

Todos los hombres de Chávez

Más allá de los nombres publicados en aquellos días, no todos los responsables han sido mencionados y mucho menos investigados. Por caso, el noveno pasajero del vuelo que ingresó al país la valija maldita ha sido pasado por alto por los principales medios de información vernáculos. Se trata de Luis Avilán Díaz, un importante miembro del Gobierno de Chávez. El 10 de agosto de 2007 cuando el escándalo aún estaba fresco y ocupaba pocas líneas en los medios de comunicación, Tribuna de periodistas publicó en exclusiva la participación de este personaje y su foto“el hombre del maletín ya estaría identificado: se trata de un miembro activo de la Guardia Nacional de Venezuela… Al respecto, las fuentes venezolanas indican que es la fuerza armada de mayor confianza de Hugo Chávez, y han señalado que en la actualidad viene actuando como ‘una mafia dedicada a transportar dinero a los países ‘amigos’ del presidente’… Más aún, se ha informado que el hombre del maletín es un comando de Chávez para transportar dinero en efectivo para sus aliados en su proyecto político internacional (…) Podría tratarse de Luis Enrique Avilán Díaz, quien forma parte de la DISIP (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención), el organismo de inteligencia de Hugo Chávez que en el año 2000 contaba con 2.2l2 y aumentó la cantidad de los mismos en 3.057, ya que en este año 2007 cuenta con 5.269 agentes”.

— Julio César Avilán Díaz (Foto revelada en exclusiva por Tribuna de Periodistas el 10 de agosto de 2007)

Horas después de la publicación del artículo mencionado, organismos de Inteligencia solicitaron colaboración a este periódico y comenzaron a investigar la línea sugerida por Tribuna, especialmente en lo referido a Avilán Díaz, a quien se sindicó como el pasajero no registrado que se unió a los tres funcionarios argentinos y cinco venezolanos que viajaron desde Caracas a Buenos Aires en el Cessna Citation matrícula N5113S de la compañía Royal Class.

La ruta del dinero

Uno de los puntos más importantes en cualquier investigación periodística es el camino del dinero. Muchas veces, el hecho de seguir el rastro “dinerario” en un caso de corrupción, permite al hombre de prensa acercarse a la evidencia “material”. Este escándalo no es la excepción.

Si se sigue el recorrido de los dólares que ingresaron al país, podrá apreciarse que el destino final ha sido para las arcas del otrora matrimonio presidencial. El 26 de agosto de 2007, por caso, la ruta fue detallada por este medio de la siguiente manera:

Los casi U$S 800.000 tenían un destino inequívoco: la financiera Pasamar SA ubicada en la calle San Martín 580 1º A, autorizada a través del legajo 295 por la Secretaría de Turismo para operar en plaza y con el antecedente de aparecer en el lapidario informe que la Comisión Especial sobre Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados confeccionó en el año 2001.

Lo cierto es que, desde Pasamar,el dinero iba a ser reenviado al banco Credit Suisse First Boston, que a su vez lo reenviaría a Suiza, en una operación coordinada por el hombre que viene oficiando de “nexo”, Carlos Germán, y a quien los “valijeros” suelen llamar a su teléfono directo (4322-50…) desde que empezaron a llegar al país las maletas con dinero.

Un dato no menor: en el Credit Suisse reposan los 654 millones de dólares —que hoy superan los 1.000 millones— que el entonces gobernador Néstor Kirchner recibió en abril de 2003 y que son producto de regalías por la privatización de YPF.

El artículo de marras fue oportunamente traducido al inglés y publicado por un importante diario de Estados Unidos, lo cual provocó el consecuente interés de la Justicia de ese país

(*) Tres de los cinco fueron: a) Guido Alejandro Antonini Wilson, venezolano, 46 años de edad, nacido el 8 de abril de 1961, empreasrio, titular de la cédula de Identidad de Venezuela Nº 8.579.325, hijo de Guido Antonini y María Luisa Wilson, casado con Jaqueline Regnault.

b) Franklin Deivis Durán Guerrero, venezolano, 40 años de edad, nacido el 11 de septiembre de 1967, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 7.927.630.

c) Carlos Eduardo Kauffmann Ramirez, venezolano, 36 años de edad, nacido el 30 de diciembre de 1971, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 10.337.600.

*Por Christian Sanz – Tribuna de Periodistas

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